El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley denominado «Inocencia Fiscal 2», una iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, para facilitar que los ahorros se formalicen en el sistema bancario sin penalidades. Sin embargo, el texto abrió un fuerte debate en el Congreso de la Nación debido a que habilita la adhesión de funcionarios y exfuncionarios públicos al régimen, un punto que genera amplio rechazo entre los bloques opositores.
La inclusión de estos sectores fue ratificada por Sonia Becherman, una de las tributaristas convocadas por el Gobierno para detallar el proyecto, quien confirmó que no existen exclusiones en la ley y que cualquier contribuyente que cumpla las condiciones podrá ingresar en el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Cuestionamientos y la «doctrina Adorni» desde Provincias Unidas
Las críticas opositoras se focalizan en los antecedentes inmediatos de la primera Ley de Inocencia Fiscal, bajo la cual Bettina Angeletti, esposa del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni, se adhirió al régimen simplificado. Al respecto, el diputado radical Pablo Juliano, del bloque Provincias Unidas, afirmó que «la doctrina Adorni sigue vigente» y recordó que durante el debate de la ley anterior solicitaron sin éxito la exclusión de los funcionarios. Juliano advirtió que la norma terminó siendo utilizada por Manuel Adorni, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Felipe Núñez y José Luis Espert.
En sintonía, la jefa de la bancada de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, expresó su desacuerdo con la habilitación a funcionarios y adelantó que insistirán con modificaciones para «excluir a las PEP (Personas Expuestas Políticamente)». Desde el mismo espacio, el diputado Esteban Paulón (Partido Socialista) criticó lo que denominó «impunidad libertaria» e insistirá con un proyecto de su autoría para marginar de los beneficios a funcionarios, magistrados, legisladores y sus cónyuges.
Por su parte, el diputado Martín Lousteau había calificado el régimen original como «un blanqueo a medida de los más ricos» que perdona el pasado sin indagar el origen de los patrimonios.
La postura de la Coalición Cívica y de Unión por la Patria
Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro apuntó que la legislación previa benefició a evasores y alcanzó tanto al entorno familiar de Adorni como a Lázaro Báez en el fuero penal económico.
En el peronismo, los cuestionamientos también se hicieron oír. El diputado nacional Agustín Rossi (Unión por la Patria) calificó de «vergonzoso» el nuevo proyecto y acusó al oficialismo de diseñar una ley a medida de los funcionarios. Su compañero de bloque, Guillermo Michel, anticipó que el justicialismo planteará la exclusión de los funcionarios públicos en el dictamen de comisiones o en la votación en particular. Michel sostuvo que la iniciativa es inconstitucional porque el Estado no puede renunciar a fiscalizar, aunque aclaró que la ley no exime a los funcionarios de responsabilidades penales ni de la figura de enriquecimiento ilícito.
La mirada de los aliados y la cautela de la UCR y el Pro
Por fuera de la oposición dura, el diputado Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo), aliado habitual del oficialismo, dirigió críticas al ministro de Economía al plantear dudas sobre el origen de los fondos de su familia en el exterior, aunque diferenció la evasión simple de aquella que proviene de actividades ilícitas.
Mientras tanto, los bloques de Pro y la Unión Cívica Radical (UCR), que acompañaron la primera ley en diciembre, se manifestaron con cautela. Desde el macrismo indicaron que coinciden con el espíritu de la norma pero que aún no analizaron los artículos, mientras que en el radicalismo señalaron que es prematuro fijar una postura definitiva sobre el nuevo articulado.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
