El oficialismo provincial y sus aliados bloquearon la iniciativa
La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó, por una amplia mayoría conformada por el oficialismo y sus aliados, el pedido de juicio político contra la vicegobernadora Hebe Casado. La iniciativa había sido impulsada tras las expresiones de tinte racista vertidas por la funcionaria respecto a la Selección de fútbol de Francia.
Durante la sesión en la que se debatió el proyecto, la propuesta obtuvo 33 votos negativos, 11 positivos y 3 ausencias. Este resultado impidió alcanzar los dos tercios de los votos que se requerían constitucionalmente para que el proceso avanzara en el ámbito legislativo.
Para frenar el enjuiciamiento, el oficialismo mendocino contó con el respaldo de los bloques del PRO y La Libertad Avanza. La vicegobernadora accedió a su cargo en la fórmula liderada por el gobernador Alfredo Cornejo a través del partido amarillo, aunque posteriormente se sumó a las filas libertarias. Esta situación generó tensiones en el Ejecutivo provincial, al punto de que el propio gobernador debió presentarse ante la embajada de Francia para aclarar que su administración no compartía las expresiones de su compañera de fórmula.
En contraposición, los 11 votos favorables al inicio del juicio político fueron aportados por las bancadas del PJ mendocino, Fuerza Patria y la Unión Mendocina.
El origen de la controversia y la denuncia
El conflicto se originó a partir de una publicación en la red social X realizada por la vicegobernadora Casado, quien tras la eliminación de la Selección de Paraguay del Mundial a manos de Francia, escribió: «Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe». Ante las repercusiones negativas, la funcionaria justificó su posteo enmarcándolo en el «folklore futbolero».
Dichas expresiones motivaron la reacción del embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien repudió la manifestación señalando que «el racismo no es una opinión, es un delito» y que «no hay lugar para el racismo en la cooperación franco-argentina». Asimismo, la declaración de la embajada consideró a la funcionaria como «persona no grata», impidiéndole el ingreso a la sede diplomática y la participación en actividades bilaterales a menos que medie una retractación oficial.
Frente a este escenario, 15 dirigentes de una facción disidente de la UCR mendocina formalizaron el pedido de juicio político bajo la acusación de «mal desempeño de sus funciones» y «conducta impropia», de acuerdo con el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. Los denunciantes fundamentaron su presentación citando la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Ley Nacional Antidiscriminatoria 23.592. Sin embargo, tras la votación en el recinto, la posibilidad de llevar a cabo el proceso de juicio político quedó definitivamente descartada.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
