La trágica muerte de Kobe Bryant, su hija Gianna y otras siete personas en un accidente de helicóptero ocurrido en 2020 impulsó un debate profundo sobre la privacidad de las víctimas y la conducta de quienes intervienen en los operativos de emergencia. Como respuesta a esta problemática, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una legislación específica que penaliza la captura de imágenes no oficiales en escenas de tragedias.
La reforma del Código Penal de California
La normativa corresponde a la Assembly Bill 2655 (AB 2655), un proyecto presentado por el asambleísta Mike Gipson. Aunque la propuesta fue aprobada por el gobernador el 28 de septiembre de 2020, sus disposiciones principales comenzaron a regir a partir del 1° de enero de 2021.
La medida incorporó la Sección 647.9 al Código Penal de California, tipificando como un delito menor que un primer respondedor en ejercicio de sus funciones tome fotografías de una persona fallecida. Esta prohibición aplica para cualquier propósito que no esté vinculado con un objetivo oficial de las fuerzas del orden o con un auténtico interés público. Hasta la sanción de esta norma, la ley estatal ya prohibía la difusión de imágenes tomadas por los forenses, pero no existía una restricción específica para el resto de los equipos de emergencia en el lugar de un accidente o crimen.
Sanciones y alcance de la prohibición
La restricción es de carácter amplio en cuanto a los soportes, ya que abarca tanto a los dispositivos electrónicos personales de los agentes como a los equipos que pertenecen a la propia agencia para la cual trabajan. Las infracciones a esta norma conllevan una sanción económica concreta, estableciendo multas de hasta 1000 dólares por cada violación a la ley.
Asimismo, la legislación define de manera explícita quiénes quedan comprendidos dentro de la categoría de «primeros respondedores» sujetos a esta restricción, limitando la conducta de estos funcionarios públicos en el ejercicio de sus tareas.
Privacidad y límites constitucionales
Durante el proceso legislativo, el análisis técnico de la norma abordó la tensión entre esta restricción y los derechos de libertad de expresión. Al tratarse de una limitación sobre la toma de fotografías —actividad resguardada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos—, el documento de votación aclaró que la medida fue diseñada de forma acotada. La ley solo alcanza a una categoría específica de funcionarios públicos que ejercen un cargo de confianza y se limita exclusivamente a imágenes de extrema sensibilidad obtenidas en el ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, se aclaró explícitamente que la ley no restringe ni modifica los derechos de los ciudadanos particulares, ni faculta a los agentes del orden a impedir que personas privadas realicen filmaciones o tomen imágenes que no estén alcanzadas por esta prohibición.
El fundamento de la iniciativa
El asambleísta Mike Gipson, autor de la norma, detalló los motivos que impulsaron el proyecto en los documentos legislativos del debate. Al respecto, señaló: «Todavía lloramos la memoria de Kobe Bryant, su hija Gigi y otras siete personas que perdieron la vida en un accidente de helicóptero la mañana del 26 de enero de 2020. Sin embargo, lo que descubrimos después fue inaceptable: quienes tenían la tarea de responder a esta tragedia distribuyeron de manera inapropiada imágenes que tomaron de la escena para su propio entretenimiento personal».
Gipson argumentó que este tipo de comportamientos no solo invaden la privacidad de las familias de las víctimas en momentos de extrema vulnerabilidad, sino que también representan un riesgo de generar daños civiles y responsabilidades legales para las propias agencias públicas involucradas.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
