Andrea Pochak, comisionada argentina y actual vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue denunciada ante el juez federal Julián Ercolini por un presunto conflicto de intereses en un caso contra el Estado argentino. El pedido de investigación es por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionaria pública, prevaricato, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino, en el marco del denominado caso Catella.
El origen del conflicto y el caso Catella
Según la denuncia, Pochak incurrió en un conflicto de intereses debido a su desempeño previo como directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entre los años 2002 y 2011, período en el cual dicha organización actuó como peticionaria en el caso de la exjueza bonaerense Marta Susana Catella ante la CIDH. La presentación judicial sostiene que esa vinculación previa comprometía su imparcialidad y que, además, se ocultaron “30 kilos de pruebas” que favorecían la postura de la defensa del Estado argentino.
El expediente cuestiona la legalidad de la destitución de Catella como magistrada y sostiene que el Estado argentino violó sus garantías judiciales al removerla mediante un jury de enjuiciamiento. Sin embargo, el actual representante del Gobierno de Javier Milei ante la CIDH sostuvo que Catella ejercitó plenamente su derecho de defensa con patrocinio letrado, tuvo acceso a diversos recursos judiciales y que, por lo tanto, no existió violación alguna de la Convención Americana.
Señalamientos de inacción y la respuesta de la CIDH
El actual funcionario argentino también afirmó que durante el período del gobierno de Alberto Fernández hubo una “inacción absoluta e inexplicable” por parte del área competente del Estado, la cual habría omitido enviar unos treinta kilos de expedientes a la CIDH para sostener la defensa de la Argentina. Además, señaló que el área estatal encargada de responder ante la CIDH estaba dirigida, en ese momento, por una funcionaria que había intervenido previamente en el mismo caso, pero como representante de la peticionaria y miembro de la organización que promovió la denuncia.
Por su parte, la CIDH informó que Pochak no intervino en la audiencia del caso ni en el tratamiento de los asuntos vinculados con la Argentina. No obstante, el actual representante argentino destacó que no existía constancia alguna de que Pochak se hubiera excusado o apartado formalmente del caso a pesar del presunto conflicto de intereses.
Vínculos con otros exfuncionarios y causas
Las críticas y la denuncia también alcanzan al exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti —actual diputado de Fuerza Patria— y a la exfuncionaria Gabriela Kletzel. Ambos, junto con Pochak, tuvieron responsabilidades directas en la estrategia jurídica del Estado argentino ante los organismos internacionales de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fernández.
De acuerdo con la denuncia judicial, esos funcionarios tuvieron participación en al menos tres causas emblemáticas ante organismos internacionales: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera. En dichos expedientes actuaron las mismas organizaciones no gubernamentales que, según los denunciantes, podrían haber resultado beneficiadas. La presentación vincula estos antecedentes con lo que denomina el “negocio de las soluciones amistosas” promovidas contra el Estado argentino durante los gobiernos kirchneristas.
Trayectoria de la funcionaria y normativa de la CIDH
Pochak fue directora adjunta del CELS —organización que fue presidida por años por el periodista Horacio Verbitsky— entre 2002 y 2011. Posteriormente, se desempeñó como subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos entre 2019 y 2023, período en el cual la CIDH admitió el caso Catella. Tras dejar ese cargo, asumió la vicepresidencia de la CIDH luego de haber sido propuesta por el gobierno de Alberto Fernández.
El reglamento de la CIDH establece que sus comisionados deben ser “personas de alta autoridad moral”. Como antecedente, la presentación recuerda que en noviembre pasado el comisionado Arif Bulkan presentó su renuncia precisamente por un conflicto de intereses.
Foto: Clarín. Fuente original: Clarín.
