Un proyecto de ley que propone incorporar el delito de «ecocidio» al Código Penal y crear un nuevo capítulo dedicado a los delitos contra el ambiente comenzó a ganar visibilidad en el Senado de la Nación. La iniciativa, que ya obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, contempla severas sanciones penales para quienes provoquen daños ambientales graves o irreversibles, lo que ha desatado una fuerte controversia en distintos sectores productivos del país.
Detalles de las sanciones y el régimen de penas propuesto
El proyecto de ley plantea la creación de un nuevo Título XIV en el Código Penal, denominado «Delitos contra el ambiente», bajo el cual se incorpora de manera específica la figura del ecocidio. Se define como tal al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de protección ambiental.
El régimen de penas propuesto es uno de los puntos que genera mayor debate:
- Daños graves, extensos y duraderos: Se prevén penas de prisión de tres a diez años, además de multas de carácter económico.
- Daños irreversibles: Las sanciones se elevan a penas de prisión de cinco a 15 años, acompañadas de multas más altas.
- Consecuencias fatales: Si el delito provoca la muerte de una persona, la pena de prisión será de cinco a 25 años. En caso de que se produzca la muerte de dos o más personas, el mínimo de la escala penal se elevará a los 10 años.
- Agravantes para funcionarios públicos: Si en los hechos interviene un funcionario público, las penas aumentarán un tercio en su mínimo y su máximo, sumado a una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
- Responsabilidad de las empresas: Se establece la responsabilidad penal empresaria con multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido, suspensión de actividades, pérdida de beneficios estatales y restricciones para contratar con el Estado.
- Conductas culposas: El proyecto también incluye la figura culposa, determinando que el ecocidio puede configurarse por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a cargo, aunque con penas reducidas en comparación con los casos de dolo o intencionalidad.
Fundamentos de la iniciativa
La propuesta fue impulsada por la senadora por Chubut Edith Terenzi (Despierta Chubut) y cuenta con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, sectores provinciales y legisladores vinculados al peronismo. Entre quienes acompañaron el dictamen se encuentra Patricia Bullrich, mientras que los legisladores Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Romina M. Almeida (Entre Ríos) y Bartolomé E. Abdala (San Luis), de LLA, también manifestaron su apoyo.
Por otro lado, la senadora por Santa Fe (UCR) Carolina Losada suscribió el texto en disidencia, acompañada por Nadia Márquez y Maximiliano Abad.
En los fundamentos del proyecto, Terenzi sostiene que actualmente existe un vacío legal en la legislación argentina, ya que el Código Penal no contempla los delitos ambientales como una categoría autónoma. Argumenta que la creciente degradación de los ecosistemas exige una respuesta clara y eficaz por parte del derecho penal, y cita como antecedentes internacionales las legislaciones de Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de normativas de la Unión Europea.
Fuerte rechazo del sector agropecuario
La iniciativa ha generado una inmediata reacción de rechazo en el sector productivo. Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su director, Andrés Costamagna, calificó la propuesta de «desastre» técnico y legal. Según el dirigente, el proyecto carece de rigor y utiliza conceptos difusos que podrían criminalizar cualquier actividad productiva. «No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental», advirtió, señalando además que la medida ahuyentará a los inversores.
Costamagna también criticó el proceso legislativo, denunciando que no se llamó a consulta pública y que el dictamen se realizó de manera cerrada, vinculando el impulso de la ley a una reacción del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ante los incendios en su provincia.
Por su parte, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, manifestó su preocupación por la falta de definiciones precisas sobre qué constituye un daño «irreversible» o «especialmente grave», lo cual podría quedar sujeto a interpretaciones arbitrarias de fiscales o jueces. Rivara alertó que la norma expone a productores y empresas a una gran inseguridad jurídica por normativas locales sin base técnica y criticó las penas a funcionarios: «Ante la duda, cualquier funcionario va a preferir no aprobar una inversión antes que correr el riesgo de enfrentar consecuencias penales».
Aclaraciones y posturas de los firmantes
Frente a los cuestionamientos, Patricia Bullrich aclaró que la firma del dictamen tuvo como fin habilitar la discusión del proyecto en el recinto, pero anticipó que el texto definitivo sufrirá modificaciones sustanciales. «Prácticamente va a ser otro proyecto», afirmó, asegurando que el objetivo principal es sancionar los incendios intencionales y que de ninguna manera se buscará perjudicar al sector agropecuario.
En sintonía con la necesidad de regular la materia pero disconforme con la redacción actual, la senadora Carolina Losada ratificó su firma en disidencia. Si bien coincidió en que debe existir una figura legal para proteger el ambiente, advirtió que el texto, tal como está planteado, genera temor y ahuyenta a los inversores.
Foto: La Nación. Fuente original: La Nación.
