El próximo 3 de abril, el Senado de la Nación será el escenario de un importante debate político en el que se tratarán los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, oficializó la convocatoria tras un pedido del interbloque peronista, aunque decidió posponer la discusión para bajar la tensión con la oposición.
La intención inicial del peronismo era abordar este tema de manera urgente en una sesión especial este jueves, pero la decisión de Villarruel de fijar la fecha para principios de abril le permitió ganar tiempo y evitar un enfrentamiento directo con los sectores opositores. Esta estrategia también buscó descomprimir las críticas por la falta de actividad en el Senado, trasladando parte de la responsabilidad al Ejecutivo y a los legisladores.
El debate no estará exento de polémica. Los pliegos de García-Mansilla y Lijo ya cuentan con dictamen favorable y están listos para ser votados en el recinto. Sin embargo, el caso de García-Mansilla ha generado especial atención, ya que asumió su cargo en la Corte Suprema en febrero por decreto presidencial, una decisión que desató controversias. Tanto él como Lijo fueron designados por el presidente Javier Milei sin pasar previamente por el aval del Congreso, lo que provocó fuertes reacciones tanto dentro del oficialismo como en la oposición.
En este contexto, legisladores como Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro) impulsaron dictámenes que buscan regularizar estas nominaciones a través del Senado. Para el oficialismo, este debate será una oportunidad de consolidar las designaciones, mientras que la oposición intentará bloquearlas o, al menos, poner en evidencia lo que consideran una maniobra unilateral del Ejecutivo.
La sesión promete ser un momento de alta tensión política y un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el Congreso. Más allá de las diferencias partidarias, lo que está en juego es el equilibrio institucional y la legitimidad de las decisiones que afectan al máximo tribunal del país. Sin duda, el 3 de abril será una fecha clave para seguir de cerca.
