La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a dos proyectos de ley clave el pasado 27 de agosto de 2026: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la implementación del régimen tributario denominado Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas legislativas obtuvieron el respaldo de la Cámara baja y fueron giradas al Senado de la Nación para su tratamiento y eventual sanción definitiva.
Independencia y cambios en el rol del Banco Central
La reforma de la Carta Orgánica del BCRA fue aprobada en general con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene como objetivo principal otorgar a la entidad monetaria una mayor independencia funcional y financiera, estableciendo la preservación del valor de la moneda como su principal misión. Asimismo, busca eliminar definitivamente los mecanismos de financiamiento monetario al sector público.
Durante el debate, la iniciativa sumó apoyos y observaciones de diversos sectores. El diputado Santiago Pauli defendió el proyecto manifestando que la reforma pretende que el Banco Central «vuelva a defender el valor del peso argentino». En sintonía, la diputada Sabrina Ajmechet calificó la medida como «una ley fundamental y extraordinaria, de un gobierno limitándose a sí mismo», mientras que el diputado Diego Hartfield la consideró como una norma que «viene a cambiar la historia». Desde el bloque PRO, la diputada Daiana Fernández Molero apuntó que el debate busca sentar las bases para hacer de la Argentina «un país normal» y dejar atrás parches fallidos.
Por otro lado, el diputado Eduardo Falcone se mostró de acuerdo con la orientación de la reforma, la independencia de la entidad y el fin del financiamiento al Tesoro, aunque propuso que el Directorio de la institución cuente con una «adecuada composición federal». Por su parte, el diputado Nicolás Massot reconoció el acierto de la interrupción temprana de los adelantos transitorios, aunque remarcó que «es muy difícil de separar como objetivo la estabilidad de precios de la estabilidad sistémica del sistema financiero». A su turno, el diputado Maximiliano Ferraro planteó reparos técnicos al señalar una contradicción con el mandato único e inclinarse por una propuesta de «mandato múltiple pero jerarquizado».
La oposición expresó marcadas críticas al proyecto. El diputado Itai Hagman manifestó el rechazo total de su bloque argumentando que la reforma le quita instrumentos al Estado para resolver los problemas nacionales. Desde la izquierda, la diputada Romina del Plá denunció que se trata de una reforma de la Carta Orgánica «que pide el FMI». Por último, el diputado Martín Lousteau anticipó la abstención de varios de sus pares tras sostener que el oficialismo utiliza la Carta Orgánica como una «batalla cultural» ocultando otras modificaciones en la norma.
Avance del Régimen de Inocencia Fiscal II
En la misma sesión, Diputados aprobó el proyecto de ley conocido como Inocencia Fiscal II, referido a la modalidad simplificada de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, prescripción tributaria y un nuevo Régimen Sancionatorio. La iniciativa recibió 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, pasando también a la Cámara de Senadores.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado argumentó en favor del dictamen señalando que el proyecto busca «confiar más en el contribuyente que trabaja» y no tratarlo como un sospechoso por haber resguardado sus ahorros en la informalidad durante períodos de alta inflación.
No obstante, la oposición cuestionó duramente la propuesta. El diputado Ariel Rauschenberger advirtió que la iniciativa representa un «cuasi blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias» y que ejerce presión sobre la Unidad de Información Financiera (UIF) para modificar las pautas de prevención del lavado de activos. En esta línea, la diputada Mariela Coletta fundamentó su rechazo en razones técnicas y morales, aduciendo que los beneficiarios directos del proyecto serán «los sectores que planifican la evasión» y «defienden la fuga de capitales». Finalmente, el diputado Nicolás Del Caño afirmó que el régimen planteado «premia a los evasores, a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad».
