Taquigráfica del debate del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo

Más allá de las posturas personales, el debate del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo dejó posturas de distinto peso. Aquí compartimos la versión taquigráfica de la sesión

Régimen de interrupción voluntaria del embarazo (C.D.-22/18.)

Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde habilitar el tratamiento del expediente C.D.- 22/18, que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario.- Se trata del expediente C.D.-22/18. Proyecto de ley en revisión sobre régimen de interrupción voluntaria del embarazo.

Sr. Presidente (Pinedo).- Entiendo que el proyecto está habilitado por la preferencia sin despacho votada por más de dos tercios del cuerpo en la sesión anterior.

Corresponde que por Secretaría se confeccione la lista de oradores para su posterior aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición de los presidentes de las comisiones intervinientes.

Tiene la palabra el señor senador Mario Fiad, presidente de la Comisión de

Salud.

Sr. Fiad.- Muchas gracias, señor presidente. Estamos tratando un proyecto cuyo grado y calidad de participación demostró que la temática, ciertamente, nos atraviesa horizontal



y verticalmente como sociedad, porque nos interpela desde la tragedia que significa el aborto y que pone en tensión derechos que son fundamentales. De la manera en la que resolvamos esa tensión, estaremos determinando los derechos que nos reconocemos.

Hoy estamos aquí para definir si aprobamos o no el proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados, con el texto propuesto por esa Cámara de origen, con las definiciones allí realizadas y con las implicancias que de su letra derivan.

En principio, debo decir que el proyecto es claramente violatorio de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país e incorporados a nuestro derecho con jerarquía constitucional. También lo es de las normas legales sancionadas en el contexto de una vasta tradición jurídica ligada a una interpretación única y compartida que hoy se pretende poner en dudas. No voy a ahondar aquí, porque ya hemos escuchado largamente sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Constitución Nacional, el Código Civil, que reconocen a la persona por nacer como sujeto de derecho, y todas las normas que con toda claridad podemos resumir en una sola frase: el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción.

No obstante, hemos escuchado interpretaciones y razonamientos forzados, largos y complejos a los que se agregaron argucias conceptuales con la clara intencionalidad  de hacer ver que lo que es, realmente no lo es, que todo lo que se dice en estas normas, verdaderamente no lo dicen. Porque, ciertamente, hay que esforzarse para aseverar, por ejemplo, que cuando el artículo 19 del Código Civil dice que el comienzo de la existencia de la persona es desde la concepción no ha querido decir eso, y que esa norma es perfectamente compatible con legalizar el aborto durante cualquier tiempo de gestación y en supuestos de un amplísimo marco, como propicia esta iniciativa. Pero no voy a detenerme en la inconstitucionalidad e “inconvencionalidad” del proyecto, porque seguramente mis pares lo harán con mayor solvencia, como corresponde a su condición de profesionales del derecho. Pero no quería dejar de hacer una referencia, teniendo en cuenta que reconocer el derecho a la vida como derecho fundamental es la base de nuestro ordenamiento jurídico, porque todos los demás dependen de él.

Ahora bien, en los debates no quedaron dudas respecto del origen de la vida, que no es otro que desde el momento de la concepción. Tanto los expositores que alegaban en apoyo a la norma como los que no, aunque algunos de manera remisa y con cierta resistencia, todos coincidieron en que la vida comienza allí. Dicho esto, desde mi punto de vista, se convertiría en abstracto decidir entonces desde cuándo vamos a proteger el derecho de la vida.

Sin embargo, aquí es donde los caminos se separan, pues se propone en el texto en examen una variada gama de momentos y razones que justificarían la elección del mismo, evidenciando la discrecionalidad que conlleva a convertirnos en arbitrarios decisores sobre el inicio y fin de la vida del otro. Así podemos ver que en el proyecto que vino de Diputados se establece este momento en la semana 14; otros legisladores que propiciaban modificaciones hablan de la semana 12; en algunos países se extiende a la semana 18, y así asistimos a una variedad de momentos que parecieran estar dotados de un poder mágico que permite convertir a un conjunto de células, según algunos, en personas, y que recién allí, aunque de manera precaria, según el texto del proyecto, les estaríamos reconociendo un endeble derecho a la vida.

También hemos escuchado, señor presidente, que la calidad de persona depende de diferentes opciones: del desarrollo del sistema nervioso, del nacimiento, del deseo de la madre –hubo quien nos dijo que si la madre percibe su gestación como un hijo es una persona, pero si no lo desea, solo es un grupo de células–, o de la posibilidad de un ser

 

 

autónomo. Pero, ¿el embrión o el feto no dependen de la madre después de la semana 14? ¿Y después del parto el recién nacido puede valerse por sí mismo? Aquí se crean categorías de sujetos de derecho y se excluye a la persona por nacer.

El derecho a la vida se ha convertido en una convención que depende de lo que en cada momento y en cada lugar los Estados estén dispuestos a reconocer. Esto significa que el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos, el más relativo, el más frágil, el más manipulable.

El proyecto venido en revisión establece la legalización hasta la semana 14 sin ningún tipo de razones que lo justifiquen, más que el deseo de la mujer o persona gestante. A partir de allí podría pensarse que está penado, pero los supuestos de excepción favorecen una interpretación tan amplia que en la práctica estamos hablando de una legalización absoluta. Así, el inciso que refiere a la salud o riesgo de la mujer, entendida la salud como derecho humano fundamental, nos lleva a afirmar que  cualquier situación de enfermedad, pero también de angustia o aflicción, podría llegar a ser invocada para traspasar el límite establecido y demandar la realización de la práctica abortiva en cualquier momento del embarazo, aun cuando se tratara de fetos fiables.

Esta afectación de la salud, entendida como cualquier circunstancia que afecte el máximo grado de bienestar físico, psíquico y social, prevista como causal en el modificado artículo 86, inciso 2, del proyecto, puede convertirse en una vía que permita la realización de aborto en diferentes etapas del embarazo, y además puede impulsar una suerte de prácticas eugenésicas, lo que significaría un evidente retroceso de nuestro país en materia de los derechos para las personas con discapacidad.

Pero el proyecto también vulnera o precariza otros derechos que ya están reconocidos como, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia, instituto redactado en términos que lo desdibujan por completo, porque en definitiva se termina responsabilizando al objetor de conciencia que no realice finalmente la práctica abortiva. Esto, además, quedará registrado e inscripto en listas que de hecho operarían con efecto discriminatorio en su ámbito laboral. Hemos escuchado durante el curso del debate a quienes se han manifestado afirmando que los objetores de conciencia no tendrían que trabajar en los hospitales públicos. Me pregunto si están pensando que si sale esta ley habrá que echarlos, habrá que impedir que ingresen a trabajar.

Tampoco se permite la objeción de conciencia institucional, lo cual atenta igualmente contra la libertad de asociarse, la libertad de pensamiento, la libertad de trabajar sobre la base de un ideario que impulsa y da razón a una institución de carácter privado en un avance arbitrario del poder público sobre los derechos. Además de eso, se configura un tipo delictivo abierto e impreciso que sanciona con la fuerza del derecho penal al médico, al médico que demora u obstaculiza injustificadamente la realización de un aborto, conduciendo al equipo de salud y a la mujer por un único e indeclinable camino en donde no hay margen para otra decisión que no sea la del aborto.

La relación médico–paciente, medida así por la expresa prohibición de dar consejos y por la amenaza latente de la acción punitiva del Estado, quedará vaciada de contenido y limitada a una respuesta aséptica y automática. Yo soy médico y a los médicos se nos forma para tener especial cuidado con la paciente que se encuentra cursando un embarazo. La buena práctica clínica indica que durante el embarazo deben extremarse los cuidados ante la prescripción de un fármaco por la posibilidad de que este tenga efectos secundarios sobre el feto.

El propio Ministerio de Salud efectúa recomendaciones relacionadas con lo perjudicial del hábito de fumar en leyendas que se ven en las etiquetas de cigarrillos, que hacen expresa referencia al hijo. Y es allí, en este contexto de la relación médico-

 

 

paciente, donde se plantea esta enorme contradicción, porque el único margen es la indicación del aborto.

La consejería se centra en la cuestión, como única opción, cuando la decisión de abortar se presenta en el marco de una crisis personal o está condicionada por múltiples factores que van desde lo emocional, pasando por lo familiar, social, económico y hasta lo cultural.

¿Es inmodificable la decisión de abortar? No lo sabremos, porque aquí se nos indica que hay un camino único que ni siquiera le permite al médico aconsejar a la mujer.

Por otro lado, entre los argumentos que enmarcan la pretensión de avance del proyecto, se plantea la clandestinidad del aborto en mujeres en condiciones de vulnerabilidad sobre la base de estadísticas que han sido fuertemente cuestionadas. Pero que no se oculte esta realidad: son las políticas contra la pobreza y la exclusión social las que mayor impacto tendrán en la reducción de la tasa de aborto, de muerte materna por aborto y en la mortalidad general.

En el mismo sentido, en nuestro país no pudimos implementar mínimamente la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y hoy estamos pretendiendo legislar sobre las consecuencias que dicha omisión produce.

Como en otras políticas públicas universales, las primeras personas beneficiarias serán aquellas que tienen las competencias, las habilidades y los recursos para gestionar el acceso a estas prácticas, es decir, las más aventajadas de la sociedad. Y acá se reproducirá la brecha de desigualdad que existe entre los subsectores de nuestro sistema de salud y aquella que se da también entre las zonas urbanas, las rurales y las rurales remotas o profundas.

Para una mujer vulnerable que por cuestiones culturales aberrantes no siempre tiene relaciones sexuales consentidas en el marco de la pareja o que no usa métodos anticonceptivos, también por estar sometida, o que no tiene posibilidades económicas y sociales que le permitan criar un hijo, la decisión de abortar no va a modificar en absoluto sus condiciones de vida.

Y este es el verdadero drama que no se visibiliza en este proyecto: no estamos resolviendo las cuestiones y condiciones de exclusión, vulnerabilidad, sometimiento, relaciones de poder asimétricas, pobreza, ausencia de recursos de toda índole que generaron un embarazo no deseado, solo estamos ocupándonos de dar fin a su consecuencia.

Como médico, no puedo estar a favor del aborto a demanda, ante cualquier circunstancia, por cualquier razón y según las veces que la mujer lo decida, porque, repito, con este proyecto no estamos resolviendo ninguno de los problemas que se han puesto en debate y que algunos invocan como fundamento.

No puedo dejar de señalar, no en lo que se refiere a la reforma del Código Penal, que claramente tiene que surgir de la iniciativa de este Congreso, pero sí en lo que refiere a los marcos normativos sobre los temas de salud, que son facultades que las provincias no han delegado a la Nación. Prueba de ello es que todas las leyes que refieren a cuestiones de esta materia llevan siempre una norma invitando a las provincias a adherir a la ley.

Nosotros somos los representantes de los estados provinciales y ceder de esta manera competencias que resultan propias de nuestras jurisdicciones no parecería que fuese compatible con nuestra función.

Los hospitales son provinciales o municipales. Escasas son aquellas jurisdicciones nacionales con algunos hospitales nacionales. De manera que legislar

 

 

sobre tiempos de atención, modalidades y demás cuestiones que hacen a la práctica resulta atentatorio de las autonomías provinciales.

Finalmente, he visto con preocupación y desagrado que el debate sobre la legalización del aborto se haya planteado con esta ya naturalizada forma de ver las cosas en blanco y negro que nuestra sociedad adquirió y que se pone en práctica cada vez que se instala un tema en el que las visiones son acostumbradamente binarias.

Preocupa la violencia ejercida y alentada, preocupa la intolerancia promovida y envilecida, preocupa la ceguera provocada y la no asumida, preocupan las condiciones sobreevaluadas y las devaluadas, más aún cuando esto es producto de la intransigencia que toma forma, justamente, de violencia, pero que algunos llaman pomposamente rebeldía o resistencia.

Quiero terminar haciendo referencia especial al tema recién mencionado que se relaciona con las convicciones.

No solo se ha devaluado el valor de la vida en este debate, también se ha devaluado el valor de las convicciones, como si estas se trataran de mitos o de delirios fetichistas.

Durante estos meses, hemos escuchado que se ha dicho muchas veces que hay que dejar las convicciones de lado, porque esta es una cuestión de salud pública. ¿Cómo es posible que un legislador de la Nación, en un tema de tanta sensibilidad y responsabilidad, pueda dejar de lado sus convicciones?

Señor presidente: yo estoy sentado en esta banca por mis convicciones, porque me afilié a la Unión Cívica Radical, sumándome a la política, porque tengo la convicción de que la política es una herramienta transformadora al servicio de la sociedad.

Estoy en esta banca porque tengo la firme convicción de que la democracia es el mejor sistema y porque creo en la República, en la división de poderes y en nuestra responsabilidad para tomar decisiones que enaltezcan a esta sociedad defendiendo los derechos de todos. Y no que la degraden recurriendo a eufemismos y a interpretaciones construidas sobre falacias para limitar y relativizar el derecho más importante que tenemos los seres humanos que no es otro que el derecho a la vida.

Tengo la convicción de que el derecho a la vida es el que debe vertebrar el resto de los derechos humanos fundamentales porque, si no garantizamos y protegemos adecuadamente este primer soporte elemental de los otros, mal podremos hacernos cargo de amparar los demás.

La gente que me votó para ocupar esta banca lo hizo porque conoce mis convicciones y por eso cree en mí, porque sabe que no estoy dispuesto a renegar de ellos y porque son esas convicciones las que, de manera cotidiana, transformo en responsabilidades políticas, públicas y personales, y las que me han hecho comprometerme con estos temas y siempre en defensa de la vida.

Por eso, tengo un proyecto presentado hace tiempo para garantizar las condiciones obstétricas neonatales y esenciales para reducir la morbimortalidad materno infantil. Asimismo, soy autor de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y es de mi autoría también la ley nacional de educación para la donación de órganos, además de uno de los proyectos que forma parte de la modificación integral de la ley de trasplante de órganos, sancionada recientemente por el Congreso.

Sr. Presidente (Pinedo).- Su tiempo se acaba, senador.

Sr. Fiad.- Termino, presidente.

Son esas convicciones las que van a hacer que cada día me comprometa más para seguir trabajando para resolver los problemas de fondo, los proyectos que

 

 

verdaderamente garanticen derechos.

Por todas estas razones expuestas −jurídicas, médicas, científicas y de índole política y social−, adelanto mi voto negativo al proyecto venido en revisión y termino diciendo que, en el curso de los debates en el plenario, se ha dicho que la fuente laica de la moralidad en nuestra sociedad son los derechos humanos. Bueno, señor presidente, si esto es así, seguramente el derecho humano a la vida es el capítulo inicial.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.

La Presidencia no quiere interrumpir el uso de la palabra a los señores senadores, pero les voy a pedir por favor que traten de atenerse a lo acordado en labor parlamentaria.

Tiene la palabra el señor senador Pedro Guastavino.

Sr. Guastavino.- Gracias, presidente.

Realmente, como…

Sr. Presidente (Pinedo).- Senador, le piden una interrupción. ¿O no?

Sr. Aguilar.- No, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- No. Perdóneme, senador Guastavino. Sigue en uso de la palabra.

Sr. Guastavino.- Como se viene diciendo, estamos siendo protagonistas de un debate histórico. Toda la sociedad hoy lo está siguiendo, no solamente los que están en la calle, sino los que nos están mirando por la televisión. Se trata de un debate trascendente, quizás equiparable a los debates que vivió la República Argentina cuando el entonces presidente Alfonsín decidió, más allá de su creencia, habilitar el debate por el divorcio vincular; al debate trascendente que mantuvimos en nuestro gobierno de un tema también trascendente, como fue el matrimonio igualitario, y también al de la Ley de Identidad de Género.

Creo que también el mundo nos está mirando. Desde mi punto de vista, creo que el mundo nos está mirando y está pensando que vamos a caminar hacia adelante, que vamos a ir dejando atrás situaciones de nuestro país que queremos modificar. Seguramente, desde mi punto de vista, la Argentina será un poco mejor si hoy tenemos aprobada esta ley.

Ha habido un debate intenso que ha atravesado transversalmente la sociedad. Lamentablemente, ha habido algunas otras cuestiones. Yo quiero comentar que, en el día de ayer a través de mi cuenta de WhatsApp he recibido innumerable cantidad de mensajes mediante los que, en nombre de Dios, me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera que realmente es irreproducible. La verdad es que en el día de ayer me pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que quizá sea el mismo que, cuando nos desaparecían y nos torturaban, daban vuelta la cara. Debe ser un sector de la Iglesia que también, cuando torturaban a nuestras compañeras embarazadas en detenciones clandestinas, miraban para otro lado. Deben ser los mismos sectores de la Iglesia que, cuando mi madre se entrevistaba con algún obispo para preguntar sobre su hijo desaparecido, para que le dieran una mano para encontrarlo, miraban para otro lado o comentaban “algo habrá hecho”. O serán también sectores de la Iglesia a los que representaba aquel cura que, cuando yo estaba preso en la cárcel de Coronda, en Santa Fe, me preguntaba si no quería arrepentirme y no tenía algo “para confesar”, entre comillas. Realmente, es lamentable este tipo de cosas.

En mi foto de perfil de WhatsApp estoy teniendo alzada a mi nieta, a mi primera nieta de los cuatro que tengo. También se metieron con mi nieta. Obviamente, voy a guardar todos estos mensajes que me han escrito por WhatsApp para que, cuando mis

 

 

nietos sean grandes, se los pueda mostrar y les pueda explicar que esa era la Argentina que dejamos atrás.

Dicho esto, señor presidente, quiero decir que cuando se inició el debate, cuando se habilitó el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, mi primera postura fue estar en contra, pero también dije públicamente que tenía la cabeza absolutamente abierta a escuchar todos los argumentos, todas las exposiciones, para que al final de ese debate yo adoptara una posición ante este tema de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Mis hijos me habrán escuchado decir más de una vez que siempre estuve en contra del aborto. Me habrán escuchado decir más de una vez que no podía encontrar argumento que justifique que una mujer tomara la decisión de interrumpir su embarazo. Me habrán escuchado también decir, cada vez que se producía un aborto, que yo estaba convencido de que estábamos ante un hecho absolutamente doloroso, porque se truncaba una vida que se estaba gestando y porque, además, la mujer que tomaba la decisión de abortar, por las razones que fuera, seguramente lo hacía desde un costado doloroso y, seguramente, esa decisión dolorosa que tomaba la iba a acompañar por largo tiempo de su vida.

En verdad, en estos cuatro meses de debate intenso que ha habido tanto en la Cámara de Diputados como aquí, en la Cámara de Senadores, comprendí que la única forma de abordar correctamente la problemática del aborto es desde el lado de la salud pública. Aquí tuvimos al ministro de Salud y a dos exministros de Salud, también, en otros gobiernos, que se han manifestado con mucho acierto y con mucha contundencia, y nos han aportado datos que hablan de estimaciones. Estamos hablando de estimaciones porque, como el aborto está penado, no hay estadísticas adecuadas, porque son sobre los abortos que se producen en la clandestinidad. Se estiman entre 370.000 y

520.000 abortos por año en la Argentina; entre 44.000 y 53.000 ingresos hospitalarios anuales por abortos con complicaciones. El 70 por ciento de ellos corresponde a abortos practicados en condiciones inseguras. Y hay más de 3.000 muertes por abortos inseguros desde la vuelta de la democracia.

Claro, observarán que existe una brecha de la información estadística disponible, porque estamos hablando de estimaciones. Como le decía, esto responde a una cuestión obvia: como el aborto está penado –como decía– por lo previsto en el artículo 86, hoy es un delito, y, como tiene una pena, la práctica se realiza en forma clandestina.

Señor presidente: la clandestinidad no solo es responsable de que tengamos que hacer estimaciones, sino que, ante todo, pone en riesgo la vida de todas aquellas mujeres que, ante un embarazo no deseado, recurren y seguirán recurriendo a esta práctica en condiciones muchas veces infrahumanas. En los países donde las leyes son restrictivas respecto del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la mayoría de esas prácticas son inseguras y las tasas de aborto son más altas.

En cuanto a los costos –que fue un tema que siempre estuvo en el debate en el plenario de comisiones– que deben absorberse en el sistema de salud, disminuyen drásticamente en un escenario de aborto legal, seguro y gratuito. Es que hay que tener en cuenta que no solo se reduce abruptamente el costo del aborto medicamentoso, sino que prácticamente se eliminan las internaciones por abortos con complicaciones y, con ello, los recursos destinados a este supuesto. Hemos escuchado a muchas expositoras médicas, hospitalarias y sanitaristas que planteaban esta situación en base a sus experiencias vividas en las guardias de distintos hospitales públicos. Pero, sobre todo, se elimina la muerte materna por complicaciones.

Ese es el horizonte que miramos todos los que apoyamos este proyecto: la

 

 

mirada desde la salud pública. Como bien nos dijo el ministro Rubinstein, la interrupción voluntaria del embarazo es un problema de salud pública porque produce muertes y morbilidad evitable en mujeres jóvenes, sanas; en mujeres pobres, obviamente.

Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores: la realidad nos indica que hoy no estamos aquí discutiendo aborto sí o aborto no. No hay aquí, desde mi punto de vista, un bando a favor de la vida –o a favor de las dos vidas, como dicen– y un bando a favor de la muerte. Lo único que podemos decidir en este recinto es terminar de una vez por todas con el aborto clandestino, con las muertes y las secuelas que éste provoca en miles de mujeres y personas gestantes año a año.

Es que, aun sin ley, señor presidente, ante un embarazo no deseado, ellas, las mujeres –algunas mujeres–, seguirán entregándose a escondidas a las manos de un pseudocirujano o de un curandero, arriesgando su vida. Es una decisión que toman, como mujeres o personas gestantes, acompañadas por sus afectos o no, amparadas por la ley o no, con el Estado presente o ausente; y van a seguir tomando esa decisión sea lo que sea que suceda de aquí al final de la jornada. Esa es la realidad que nos interpela. Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué hacemos nosotros, senadores y senadoras, ante esta realidad?

Debemos asumir que estamos ante el mismo escenario que planteaba Simone Veil ante la Asamblea Nacional en Francia, en el 74. Decía: “la mayor parte de ustedes siente y sabe que no se pueden impedir los abortos clandestinos y que tampoco se puede aplicar la ley penal a todas las mujeres a las que cabría imponer su rigor.” Nadie se ha animado en estos meses a contradecir esta cruel realidad. Lo que quiero decir es que más allá de todos los debates y las discusiones que hay sobre el plano constitucional, jurídico, científico, ético, religioso, moral, cuando se disipan todas estas cuestiones –que alguna mencionaba el senador Fiad–, cuando se disipa la nebulosa, ¿qué es lo que vemos? Esta realidad de mujeres que deciden abortar y como son criminalizadas, como son penalizadas van a lugares donde terminan muriendo en esos abortos o terminan con lesiones que son gravísimas. Esa es la realidad.

Entonces, considero que ante estas mujeres, que ya ejercen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo que humanamente se impone es no ignorarlas ni dejarlas a su suerte, y mucho menos señalarlas con el dedo y estigmatizarlas con una pena.

Eso es lo que hace hoy nuestro marco legal vigente en la Argentina: ignorarlas, desampararlas, empujarlas a la clandestinidad y, como si esto fuera poco, castigarlas, tratarlas como criminales. Porque si bien hay quienes puedan acceder a clínicas privadas para hacerse con comodidades y obviamente con seguridad científica y médica sus abortos, ellas también son criminales a los ojos de la ley. Así y todo son las más afortunadas en este desgraciado escenario.

También están aquellas que llegan a improvisados quirófanos, que todos lo sabemos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, armados en departamentos o en garajes, manejados por inescrupulosos que cobran una pequeña fortuna para realizar estas prácticas, poniendo en riesgo su vida y su integridad. O peor aún, están quienes, ante la desesperación y la falta de recursos, recurren a un curandero, a los consejos de un conocido y terminan seriamente lastimadas, cuando no muertas. Ellas están en el último círculo del infierno para nuestro derecho penal: criminales y pobres.

Entonces, tenemos que pensar qué hacemos en el marco normativo del aborto, el vigente y el que pretendemos implementar con este proyecto de ley. Venimos hablando de realidades. La realidad es que muy pocos de quienes se han pronunciado en contra de este proyecto, vociferando una supuesta inconstitucionalidad, han explicado que el

 

 

aborto no es punible en la República Argentina desde 1921, hace casi 100 años. No solo no es punible, sino que en las causales que enuncia el artículo 86 del Código Penal, el aborto puede practicarse en cualquier momento del embarazo. No hay plazo. Ni doce semanas ni catorce semanas, ni veinticuatro. No hay plazo. Porque no existen derechos absolutos y ponderando los derechos en juego se prioriza el bienestar de la madre. Ese artículo estaba vigente al momento de reformarse la Constitución Nacional en el 94; al momento de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 75, inciso 22); al momento de sancionar el nuevo Código Civil y Comercial. Ya estaba vigente.

Aun así, ciertos sectores se han empeñado en discutir puntillosamente la redacción del artículo intentando impedir que mujeres violadas ejercitaran su derecho. Entonces, apareció lo que se ha denominado el fallo “F.A.L.” En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos entregó este fallo. Allí confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en marzo del 2010, autorizó un aborto a una joven de 15 años de edad, quien había quedado embarazada como consecuencia de una violación de su padrastro. El voto mayoritario –y me parece interesante que lo pongamos a la vista– nos dejó tres reglas claras: la Constitución y los tratados de derechos humanos no solo no prohíben la realización de esta clase de abortos, sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación. Los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal, en la que manifiesta que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico.

Asimismo, la Corte también exhortó a las autoridades nacionales, provinciales, municipales de la ciudad de Buenos Aires a implementar protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual. Protocolo con el que, aún hoy, la mitad de las provincias no cumplen. Y es que se siguen buscando excusas. Excusas, porque sabemos que no hay derechos absolutos, que pueden entrar en conflicto con otros derechos y allí debe resolverse de acuerdo a la regla de la proporcionalidad. Excusas, porque cada uno de los organismos competentes a nivel nacional e internacional se ha expedido ratificando la constitucionalidad y la convencionalidad del aborto.

Bueno, podría hablar también del fallo “Artavia Murillo” que también ha dejado muy en claro que la protección del derecho a la vida con arreglo al artículo 4.1 de la Convención Americana no es absoluta, sino gradual e incremental, según su desarrollo; algo que explicó con enorme solvencia jurídica la doctora Kemelmajer cuando estuvo exponiendo en el plenario de las comisiones.

El propio Comité sobre los Derechos del Niño nos ha recomendado adoptar medidas urgentes para reducir la mortalidad materna, relacionadas con el aborto, y esto es lo que venimos a hacer aquí. El aborto legal, seguro y gratuito es la única forma de terminar con la muerte de más mujeres con embarazos no deseados.

Hemos tenido que debatir mucho, transversalmente, por fuera de toda bandera partidaria para llegar a este recinto con un texto que reúna los consensos necesarios. Y acá me estoy refiriendo al texto modificado que intentamos que fuera dictamen, aunque no alcanzamos las firmas suficientes, pero también es un dictamen con modificaciones

 

 

que responde a algunas de las cuestiones que estaba planteando el senador presidente de la Comisión de Salud.

Estas inquietudes las transformamos, y lo digo rápidamente, en garantizar el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo a su solo requerimiento hasta la semana doce, inclusive, del proceso gestacional. Aquí receptamos una de las observaciones que se nos acercaron y modificamos la catorce, que preveía el proyecto original, por semana doce;  coincidiendo con el término del primer trimestre de gestación, tal cual está establecido actualmente.

No me vaya a retar, presidente, porque me estoy extendiendo. Ya termino.

Asimismo, se mantiene, sin plazo –como desde 1921–, las causales ya establecidas o vigentes en el artículo 86 del Código Penal, retomando en cuanto al peligro a la salud la definición actualmente vigente.

El acceso a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo se garantiza en un plazo máximo de cinco días corridos desde la solicitud de la mujer.

En el mismo sentido de lograr los consensos necesarios para el avance de este proyecto, eliminamos en nuestro dictamen el propuesto artículo 85 bis para el Código Penal que establecía penas y sanciones a los médicos que dilataren injustificadamente, obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto en los casos legalmente justificados. Lo sacamos.

Los casos de las niñas menores de 16 años y personas con capacidades restringidas se consideran especialmente, de manera que puedan prestar su consentimiento de acuerdo a lo que prevé la normativa vigente en razón de su especial vulnerabilidad.

Además, se han previsto instancias para que la decisión sea debidamente razonada e informada y se ofrezca la contención adecuada. Se exige así el consentimiento informado y se implementan consejerías donde se asesorará tanto sobre el IVE como sobre las políticas existentes.

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, senador. Si quiere, solicíteme dos minutos más y se los concedemos.

Sr. Guastavino.- Dos minutos más y termino. Estaba manifestando las distintas modificaciones que introducimos.

Sr. Presidente (Pinedo).- Usted es miembro informante, así que puede tener un poco de tolerancia adicional.

Sr. Guastavino.- Gracias, presidente.

Por otro lado, también se exige a nivel nacional, provincial, municipal y de la ciudad de Buenos Aires, la efectiva implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, como así también la definitiva instrumentación de programas de educación sexual integral.

Se crea un registro estadístico que permitirá el monitoreo de los casos de embarazos no deseados, consultas sobre IVE efectuadas, prácticas realizadas, objetores de conciencia. Con datos públicos y fidedignos podemos ir moldeando las políticas públicas adecuadamente.

En cuanto a los objetores de conciencia e ideario, también hemos receptado las observaciones de muchos sectores e incorporamos la posibilidad de que las instituciones de salud privadas puedan acogerse al objetor de ideario por adscripción a determinada religión, confesión o culto.

 

 

Finalmente, cabe aclarar que todas las prestaciones previstas en este proyecto quedan incorporadas al Programa Médico Obligatorio y deben ser cubiertas por el sistema público de salud, obras sociales y prepagas.

Para garantizar una efectiva aplicación, proponemos incorporar la obligación a cargo del Estado nacional de garantizar la provisión y abastecimiento de los medicamentos necesarios a las instituciones, obras sociales sindicales y de salud pública en el país.

Como verán, señor presidente, señores senadores, con este texto que hemos modificado hemos arribado, merituado y corregido las deficiencias que se señalaban a la media sanción. Sin embargo, está claro que desde la postura contraria solamente hemos encontrado el rechazo liso y llano.

Pero no nos engañemos, señor presidente. Los que piden más educación sexual fueron los que paradójicamente se oponen a que se realicen en los establecimientos educacionales este tipo de cosas; los que proponen programas de atención a las mujeres con embarazos no deseados son los que implementan políticas de ajuste brutal y desfinancian a la educación y a la salud pública; los que exigen a las mujeres que se cuiden o, peor aún –he leído ahí, perdonen la expresión–, “que cierren las piernas” son los mismos que luego condenan el libre ejercicio de la sexualidad y la utilización de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si hasta tuvimos la desagradable experiencia de escuchar a un médico cuestionar la eficacia del uso del preservativo en el siglo XXI. ¡Una locura!

Entonces, ¿qué es lo que realmente proponen? Nada. No hacer nada. El simple rechazo.

Y, la realidad, señor presidente –como le decía y estoy terminando–, nos indica, lo que la realidad nos pone a la vista, efectivamente, a todos nosotros y que nos interpela, es lo que decía al principio: esto está penalizado, esto genera abortos clandestinos. Y hoy la cosa pasa por si salimos de esta situación y empezamos a vivir en otra Argentina o si tiramos la realidad debajo de la alfombra.

Yo voy a tener el orgullo de haber defendido la posibilidad de que el Estado efectivamente tome la decisión adecuada en el siglo XXI de terminar con algo que venimos viendo, mirando y haciéndonos los distraídos, de que hay gente –como decía al principio– que muere por abortos clandestinos, por distintas razones; y esto el Estado tiene que evitarlo. Y esta es la forma de evitarlo, por más que se debatan diez mil millones de cosas sobre el embrión, sobre si esto es vida, si aquello no, bla, bla, bla, la constitucionalidad, la cuestión religiosa, etcétera. La realidad es esta.

Entonces, señor presidente, senadoras y senadores, que haya ley; repito: que haya ley. Yo me voy a sentir absolutamente orgulloso de que, en mi responsabilidad como legislador nacional, como senador nacional, aporté para que realmente se resuelva, para que se comience a solucionar una cosa que golpea tanto, que es la muerte, las lesiones, la criminalización de la mujer que decide, por las razones que sea, interrumpir su embarazo.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.

Les voy a pedir a los señores senadores que no exijan tanto la tolerancia de esta Presidencia en el uso de la palabra. Tengo dos pedidos de palabra: el senador Aguilar… Sr. Pichetto.- ¡No hagamos interrupciones!

Sr. Presidente (Pinedo).- Estoy de acuerdo

Sr. Pichetto.- Me parece que interrumpir…

 

 

Sr. Presidente (Pinedo).- Estoy de acuerdo. Señor senador Aguilar, usted pidió la palabra por algún motivo.

Sr. Aguilar.- Para lo contrario, señor presidente.

Mire, en cada una de nuestras provincias están esperando nuestra posición fundamentada en este tema; en todo el país. De tal manera que yo no quisiera ser interrumpido. Está bien la tolerancia, están bien los acuerdos de labor parlamentaria, pero yo no quisiera dar un discurso de cinco o diez minutos; porque hay muchísima gente esperando saber qué pensamos nosotros sobre esto.

De tal manera que le voy a pedir no solo tolerancia, sino extrema tolerancia cuando nos toque usar la palabra.

Sr. Presidente (Pinedo).- Eso lo resuelve el cuerpo, señor senador.

 

1.    Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giacoppo (S.- 2.683/18.)

Sra. Giacoppo.- Pido la palabra.

Senadora Giacoppo.

  • Por falta de audio, no se alcanzan a percibir las palabras de la oradora.

Sr. Presidente (Pinedo).- Espere que no tiene audio.

Sr. Pichetto.– ¡Estamos en el medio del debate! ¡Las cuestiones de provincias, debátanlas en las provincias!

Sra. Giacoppo.- Señor presidente: solicito un segundo y le pido disculpas al cuerpo porque, como representante de mi provincia, pido una cuestión de privilegio, porque se han tocado los intereses de mi provincia.

  • Varios señores senadores hablan a la vez. Giacoppo.- ¡Porque se habló de la Justicia de mi provincia! Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpeme, senadora.

Sra. Giacoppo.- ¡No es extemporáneo, porque se han planteado cuestiones personales y se atacó a la provincia a la cual represento; y como representante de la provincia tengo que defender la República y el accionar de la Justicia de mi provincia!

  • Varios señores senadores hablan a la

Sr. Presidente (Pinedo).- Les pido silencio, por favor.

Señora senadora: quiero ser ecuánime en esto y aplicar el reglamento. Cuando se pide la palabra para una cuestión de privilegio, esa palabra desplaza a las demás. Pero las cuestiones de privilegio se refieren a los privilegios del cuerpo, no a cuestiones de las provincias; porque acá no defendemos los privilegios de las provincias, defendemos los privilegios de los senadores o del cuerpo.

Sucede también, senadora, que las cuestiones de privilegio no se discuten. Entonces, un senador planteó una cuestión de privilegio referida a él mismo. Y las cuestiones de privilegio no se pueden discutir, se discuten en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sra. Giacoppo.- Por esa razón, presidente, quiero que quede asentado y que conste, le solicito al senador Snopek que acredite lo que dijo en su…

  • Varios señores senadores hablan a la

Sra. Giacoppo.- ¡Que pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales! Estoy pidiendo una cuestión de privilegio para defender las instituciones de mi provincia, en este caso, el Poder Judicial, la composición del Poder Judicial, porque a eso hizo referencia con una cuestión netamente personal y familiar.

 

 

Sr. Presidente (Pinedo).- Muy bien. Tenemos en cuenta su manifestación.

Sra. Giacoppo.- Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Se discutirá en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

 

2.    Régimen       de      interrupción      voluntaria      del      embarazo      (C.D.-22/18.) (Continuación.)

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Mera, que es miembro informante como presidente de la tercera comisión interviniente en este tema.

Sr. Mera.- Gracias, presidente.

Voy a intentar atenerme a las reglas, que parece que es algo que nos cuesta mucho a los argentinos.

Primero, quiero agradecer a todos los equipos de trabajadores de las comisiones que han llevado un trabajo arduo, importante; ordenando un debate complejo, difícil, con muchos expositores y que se ha realizado en forma absolutamente ecuánime. También, quiero agradecer fundamentalmente a los expositores de mi provincia, a los expositores de Catamarca, los cuatro que han venido también han cumplido con las reglas de los tiempos que se habían impuesto en la plenaria y plantearon desde su punto de vista y desde su profesión las visiones que tenían respecto de esta media sanción que está en discusión.

– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.

Sr. Mera.- Quiero agradecer a las escuelas de mi provincia, a las que pude visitar cuando esta media sanción llegó al Senado y entendí que para mí, para construir mi voto era importante preguntarle a los jóvenes, aquéllos que están terminando la escuela secundaria, aquéllos que están siguiendo estudios terciarios, aquéllos grupos preuniversitarios, porque, como bien les decía a ellos cada vez que me presentaba, esto que estamos discutiendo más bien va a aplicar a esas generaciones que a las nuestras. Y quiero agradecer, señora presidente, porque a partir de esas conversaciones he podido ir consolidando una postura previa que tenía sobre una discusión que como hemos visto nos atraviesa a todos, que es difícil; y también me tocó hace doce años, siendo representante de un departamento de mi provincia, iniciar actividades que llamamos en su momento “las olimpíadas del saber” y que las hacíamos con los jóvenes que estaban terminando la escuela secundaria: construíamos un agenda común y empezamos hace doce años a discutir con ellos el aborto.

Con los chicos del departamento de Valle Viejo, con los chicos de Catamarca hace doce años discutíamos la violencia intrafamiliar, las adicciones, el aborto, el embarazo no deseado, el medio ambiente; porque entendíamos que eran temas que había que abordar. Así que quiero hacer un especial reconocimiento para todos ellos.

Hoy nos están siguiendo muchos ciudadanos a partir del acompañamiento de la prensa, de los que nos están filmando en la primera galería, siguiendo esta discusión importante y este debate importante.

Primera galería o galería central que el año pasado le pedí al Cuerpo que impusiéramos el nombre de Fray Mamerto Esquiú, un gran catamarqueño, un gran franciscano. Ha habido en nuestra historia sacerdotes de todo tipo, buenos y malos, no sé si somos los de la política los que estamos en condiciones de levantar el dedo acusador. Hemos sido, desde la política, cómplices en muchas de las cosas que nos han pasado en este país y tampoco creo que sea el debate en cuestión. Pero lo que quiero decir es que también hubo de los buenos. Fray Mamerto Esquiú, en 1853 –cuando

 

 

discutíamos el ordenamiento del Estado nacional, si íbamos a tener un orden jurídico o no lo íbamos a tener–, era un franciscano, un sacerdote que andaba por el pueblo de Catamarca, cuando se dio con la Constitución este franciscano que expresaba la libertad de culto en 1853, presidenta. ¿Sabe cuántos sacerdotes estuvieron involucrados como diputados en la Declaración de la Independencia? De veintinueve, once fueron sacerdotes; no nacimos de un repollo. La historia se va construyendo en un Estado laico y en buena hora que en 1853 empezó a construirse un Estado laico y empezó el Estado a hacerse cargo de muchas de las cosas que hasta entonces se hacía cargo la iglesia.

Y este sacerdote, fray Mamerto, tuvo la clarividencia de decir que en 1853 estas vigas, estos cimientos que estábamos construyendo que era la Constitución Nacional, nos tenía que amparar a todos, y entre esas cosas garantizaba la libertad de cultos, garantizaba la libertad de pensamiento, garantizaba la vida para todos. Garantizaba fray Mamerto Esquiú que las sagradas escrituras no eran la Biblia, como podían ser para él. Estas (exhibe una ejemplar de la Constitución Nacional) eran las sagradas escrituras, presidenta, a partir de 1853: la Constitución Nacional.

Esto es lo que juró nuestro poder originario, sobre estas bases y sobre estos cimientos. A los tumbos y con la historia que todos conocemos estamos construyendo este país que nos cobija a todos, pensemos como pensemos, tengamos el credo que tengamos y seamos de la raza, del sexo que fuere.

Cuando empezó esta discusión también tenía –como decía el senador Guastavino– dos ideas. En principio, en la primera leída, suponía que este texto que estamos discutiendo era inconstitucional, que chocaba con el bloque de constitucionalidad; y, en segundo término, suponía o entendía que la despenalización de la mujer no había resuelto el problema y no servía como remedio legislativo para solucionar ninguno de los conflictos que representa el tema del aborto.

Pues bien, también quise poner en crisis o puse en crisis y seguí el debate atentamente de cada uno de los expositores para entender a aquellos que reclaman esta media sanción como solucionadora de estos extremos; de que el aborto es seguro, de que va a dejar de ser clandestino y de que el aborto no va a criminalizar a la mujer.

Vamos a empezar haciendo un análisis breve de constitucionalidad. No me voy a referir mucho a los títulos II, III y IV de la media sanción, porque termina planteando que es de orden público. Está clarísimo que aborda facultades concurrentes de las provincias, facultades no delegadas por nuestra provincia en nuestra Constitucional Nacional.

Revisé los antecedentes. Así lo hicimos en la ley “Justina” –gracias a Dios hemos tenido esa ley–, pero por ser facultades concurrentes invitamos a las provincias a adherir; mismo vicio que tiene el proyecto encomiable que los senadores y colegas de Córdoba han trabajado para encontrar un punto en común para tender un puente, pero también aborda esta problemática desde la obligación para todo el territorio nacional rompiendo con el sistema federal que impone nuestra Constitución.

También quiero decir, que uno de los puntos que me llamó la atención fue el título II, artículo 6º: ahí ya empecé a sospechar la inconstitucionalidad, porque el artículo 6º del título II declara constitucional la ley: “Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados…”, etcétera. Busqué las últimas cien leyes, presidenta, que sacó el Congreso de la Nación, las últimas cien –repito–; en ninguna declaramos la constitucionalidad de lo que estamos votando; y lógicamente no la declaramos. Nosotros no declaramos las leyes constitucionales o convencionales, o inconstitucionales. Sí le hacemos un test de

 

 

constitucionalidad; sí, previamente, nos enfrentamos al texto y decimos: ¿Esto será efectivo para el día de mañana o vamos a pasarle un problema al Poder Judicial?

Ya lo hizo este Congreso, presidenta, un día había mucha gente en la plaza y vino una persona que había padecido la muerte de su hijo en un secuestro y nos encontramos con las leyes “Blumberg”. Muchas de ellas a sabiendas –había que dar una respuesta– de que chocaban con la Constitución; le pasamos, le transferimos el problema al Poder Judicial de la Nación. ¿Cómo terminó eso? Con la declaración de inconstitucionalidad de muchísimas de esas leyes.

Y en el fondo el problema irresuelto, el problema de la seguridad de la Argentina sigue siendo hoy un problema para todos los argentinos. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones simplistas, si abordamos ese camino, seguramente, nos vamos a equivocar.

Y voy al título I, que es lo que la Constitución nos permite. La Constitución a este Congreso le permite nada más y nada menos que legislar en los códigos de fondo, y la media sanción, en el título I, aborda esta cuestión. Y esta cuestión, ¿choca o no choca con el bloque de constitucionalidad? Bueno, lo primero que hace, en el artículo 3º de la media sanción, es decir: no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer, Es decir, hasta la semana 14 inclusive la mujer o persona gestante a la que el médico le realizare un aborto, con su consentimiento, no será punible. Lo deja a expensas de la simple voluntad de la mujer o la persona gestante.

Lo mismo hace el proyecto de los senadores por Córdoba, nada más que lo reduce a las 12 semanas. No he podido escuchar en el debate qué sustancia mágica, qué proceso biológico se provoca ni en la semana 12 ni en la semana 14, para que una vida valga más o menos a partir de ese momento preciso. No lo he podido escuchar.

Hemos escuchado, como bien decía el senador Fiad, exposiciones de grandes biólogos. No los voy a cuestionar, pero, en la verdad, le pregunté a todos los médicos que conocí y me dijeron: “Sí, a los nueve meses nace una persona humana”. No sé qué discusión abordamos respecto de qué hay en el vientre de una mujer o de una persona gestante. Hay vida, hay un ser humano. No encontré en la legislación argentina nada  que tenga que ver con el valor incremental de la vida. ¿Qué vale más: un joven que un viejo? ¿Cuál es el valor incremental de la vida? No lo encontré; en nuestra legislación, no lo encontré, presidenta. No lo encontré en la Constitución, no lo encontré en ninguna de nuestras leyes. No encontré el valor gradual de la vida.

Tenemos fallos también, presidenta, que acreditan que a partir de la concepción hay una vida. Tenemos fallos importantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha reconocido esta realidad. Por ejemplo, en el caso de Elvira Sánchez contra el Ministerio de Justicia, en el 2007, la Corte le reconoció a la señora Sánchez doble indemnización. Una, por María del Carmen Pérez, su hija secuestrada y muerta por la represión y, otra, por su nieta no nata, asesinada en conjunto con ella. Reconocido fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y así le podría hablar de otros tribunales, como en el caso de Córdoba, Marcos Antonio, donde también la Cámara Federal de Casación reconoce en la tragedia de Once la muerte de un niño por nacer. O el caso famoso de Carolina Píparo, que todos conocemos, donde también se reconoce la vida desde el embarazo. Y el embarazo es uno.

Los que traen a colación a “Artavia Murillo”, perfectamente… La única disquisición que existe en la ciencia es si la fecundación o la concepción se dan desde ese momento que se unen el espermatozoide con el óvulo y forman esa nueva identidad o se da días después, desde la anidación. Esa es la única discusión científica, razonable,

 

 

valorable que hemos encontrado; que evidentemente cuando hablamos desde el embarazo, dicen los médicos, que es desde el momento de la anidación.

Ahora, no hay ninguna posibilidad de acuerdo, como bien lo explicó el senador Fiad, no hay posibilidad de que nosotros interpretemos que no hay vida en el embarazo desde la concepción, o hasta las 12 semanas, o hasta las 14 semanas. No hay forma de decirle a un médico, presidenta, que hasta el día de la semana 14 tiene que practicar la eliminación de ese feto –llamémoslo como queramos– y el día después, si lo hace, va preso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió en esa realidad biológica que un día es un servidor público y al otro día es un asesino? ¿Cómo le explicamos a un médico? Mire, usted hasta la semana 14 tiene que practicarlo, porque así lo disponemos desde el Congreso de la Nación. Y tiene que hacerlo, por más que haya jurado lo que haya jurado, por más que se haya formado. Ahora, si lo hace un día después, lo vamos a salir a buscar, porque es un asesino. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo podemos resolver este problema desde esta media sanción? Pareciera que tampoco lo resuelve, presidenta.

Es claro nuestro texto constitucional. Es clara la adhesión a la ley, cuando desde la ley nos adherimos a los tratados internacionales relativos a los derechos del niño.

Acá nos acompaña el senador Menem. Él era presidente cuando le propuso a este Congreso de la Nación que nos adhiriéramos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Acá tengo el Diario de Sesiones correspondiente. En las expresiones del Poder Ejecutivo que manda en aquel entonces dice, expresamente, la interpretación desde cuándo va a considerar la Argentina al niño, para que valga ese tratado y se aplique ese tratado en la Argentina. Dice: desde el día de la concepción.

¿Qué dice el inciso 23 del Artículo 75 de nuestra Constitución? Lo quiero leer, presidenta, si me permite. Porque yo lo veo bastante claro al artículo 75, inciso 23 y a la adhesión que votó este Congreso. Voy a leer el último párrafo nada más.

El artículo 75 se refiere a las potestades que tenemos nosotros, el Congreso. No tenemos otras. No somos soberanos. Tenemos un mandante, que es nuestro poder originario, que nos permite hacer hasta un límite. ¿Es la garantía para quién? Es la garantía para el ciudadano común. Nuestra Constitución, nuestras bases, nuestros cimientos nos dicen a nosotros y a todos los poderes públicos: Ustedes pueden, pero hasta acá. No pueden más de eso. Y eso es lo que nos vuelve iguales ante la ley.

¿Qué dice, presidenta, en su último párrafo, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional? No lo deja al libre arbitrio. Dice: “Dictar [usa el término imperativo] un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo…”.

Busqué cincuenta definiciones científicas de embarazo. Todas me llevan al momento de la anidación. Y parecería que ahora nosotros, a partir de lo que hemos escuchado de algún que otro jurista –reconocidos todos y, en verdad, no le falto el respeto a ninguno–, parecería que ahora la Constitución no dice todo esto; parecería que la Constitución, lo que dice es una recomendación de un organismo internacional que sigue la aplicación de tratados que expresamente dicen que tenemos que defender la vida desde la concepción.

También me ocupé de buscar unos fallos, porque también entré en duda sobre cómo debe ser una ley. Este también es un fallo de la Corte, presidenta. Dice que la primera regla de interpretación es que corresponde atenerse al texto de las disposiciones aplicables sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de ella. Pues la exégesis de la norma debe practicarse sin violencia de su texto o su espíritu.

Así le podría leer a usted y a todas las senadoras y senadores, 20 fallos de la Corte en el mismo sentido. ¿Qué le vamos a decir nosotros al ciudadano? ¿Que la ley es

 

 

una construcción intelectual de interpretación de juristas especialistas en convencionalidad, que a partir de leer recomendaciones de organismos internacionales nos van a decir lo que realmente dicen nuestra Constitución y nuestras leyes?

¿Alguien puede suponer que está mal leído, que está mal escrito? Y como si fuera poco, presidenta, tuvimos entre los expositores al presidente de la Constituyente de 1994, donde incorporamos los tratados al bloque de constitucionalidad, entre ellos, los derechos del niño. Y también tuvimos al miembro informante. Estuvo acá el doctor García Lema, que fue la persona que informó, que dijo cuál era el espíritu de la Convención Constituyente. Dijo que nunca se habló del aborto. Dijo que no se pudo incluir el tema del aborto porque no estaba contemplado en el núcleo de coincidencias básicas.

Nos lo dice la Constitución, nos lo dicen los tratados internacionales, nos lo dijo el miembro informante, nos los dijo el presidente de la Convención, nos lo dice el Artículo 19 del Código Civil. Pero no dice eso. Lo que dice es que hay una recomendación en algún organismo que sigue la aplicación de los tratados, que nos dice que todo lo que leemos no es así, que es al revés.

También, presidenta, quería dejar claro que si esta media sanción saliera, como también se dijo en el debate, lo que estaríamos garantizando es una catarata de impugnaciones judiciales. No le estaríamos resolviendo el problema a nadie. Nos estaríamos sacando el problema de encima, como pareciera cuando hablamos tanto de los pobres. En verdad, presidenta, yo recorro mi provincia, recorro los barrios de mi provincia. La verdad es que si encima a los pobres, que desde que volvió la democracia no les podemos llevar luz, no les podemos llevar agua, no les podemos dar educación de calidad, no les podemos dar seguridad, no les podemos dar salud, vamos a decirles: tengan cuidado, no tengan hijos; en esta ampliación de las posibilidades de practicarse el aborto por voluntad propia, esta cuestión de la condición social… Porque esto también lo dijo el senador Guastavino. Hizo referencia a dos exministros de Salud y al ministro actual de Salud. Los tres fueron contestes. Esto es un problema central para la salud pública, dijeron los tres. Ninguno de los tres, presidenta, con las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de colegislador, presentó un proyecto en este sentido. Ninguno de ellos, cuando fueron ministros, ni el actual ministro, promovieron esta media sanción. Y ahora, dicen que esta es la panacea y la solución para resolver un problema.

Esta media sanción es inconstitucional.

Sra. Presidente.- Perdón, senador, lo voy a interrumpir un segundo. Está casi dos minutos pasados. Si puede ir redondeando.

Sr. Mera.- Cómo no, presidenta.

No resuelve el problema de la clandestinidad. Del día cero, lo pasa a la semana catorce. Después de la semana catorce, pasa a ser clandestino. Sigue legislando en el Código Penal y no despenaliza a la mujer. Animémonos a despenalizar a la mujer. Esta media sanción no la despenaliza. Lo único que hizo fue bajar la escala penal. No se atrevió a despenalizar. Animémonos a despenalizar a la mujer.

Voy a citar a otro catamarqueño, brevemente, para terminar, presidenta. Luis Franco, un gran escritor. 1962.

Escuchaba al senador Guastavino que hizo referencia a un hermoso discurso que hace la ministra de Salud de Francia cuando presenta el proyecto en 1974.

A veces vemos mucho a Europa y no lo que dicen nuestras provincias. A veces, nos obnubilamos con los discursos de afuera y vemos poco de lo que hablan los argentinos.

 

 

1974, el discurso, importantísimo, por cierto, de la ministra de Salud de Francia. 1962, doce años antes, Luis Franco escribe un libro que se llama La Hembra Humana. Así, descarnado es el título. ¿Qué dice Luis Franco? “También, se irá viendo que la sociedad y el juez que condenan a un delincuente forzado, son más criminales que él”. Esta es la situación de la mujer. Es alguien que está forzado. Es una persona gestante, mujer, que llega a un dilema que no tiene solución feliz. Tiene un enorme problema. Hay que despenalizar a la mujer. Animémonos.

¿Cuándo dice esto Luis Franco? A posteriori del siguiente párrafo. “Sabido es que si la mujer, por razones más que justificadas, trata de sustraerse al tributo de la maternidad, tiene que vérselas con la sanción religiosa y el Código Penal. Pero ya se irá viendo que la sencilla aceptación de la práctica anticoncepcional, no solo eliminará de suyo toda ocasión de aborto y de tortura gratuita para la madre y el hijo presunto, sino que elevará de suyo en varios grados el nivel de la moral humana”. 1962, Luis Franco. Era un revolucionario. Había que decir esto en 1962. Nunca habló de aborto. Habló de educación sexual. Desde 2006, tenemos la ley. Ni los anteriores ni este gobierno han podido mandar un proyecto de reglamentación de la ley. Esta Cámara les está exigiendo que reglamenten la ley. Los jóvenes exigen que reglamenten la ley.

Para terminar, presidenta, voy a hacer referencia a una de las expositoras: Verónica Camargo, fundadora de Ni una menos. Ella fue muy contundente antes de terminar su exposición. “Que no haya ni una menos, ni de las que están, ni de las que están por nacer, ni de las que están por venir”. Trabajemos en ese sentido”. Eso es lo que manda la Constitución. Si hay gente incómoda, si hay gente que no se siente bien porque está reclamando un derecho, démoselo en el marco legal, en el marco de nuestra sagrada escritura, que es la Constitución Nacional. No afectemos los cimientos. No afectemos las vigas, que después, la casa se cae y cuando la casa se cae, se nos cae encima de todos.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senador.

Vamos a leer por Secretaría la lista de oradores y vamos a ver si están todos los que van a hablar. Luego, votamos la lista de oradores y seguimos con los senadores a los que les toca ahora, que ya no son miembros informantes.

Sr. Secretario (Tunessi).- La lista está integrada por los senadores y senadoras que a continuación se mencionarán.

Sra. Presidente.- Lea despacio para que todos puedan ver si están.

Sr. Secretario (Tunessi).- Cómo no.

Durango, Brizuela y Doria, Almirón, Bullrich, Solanas, Alperovich, Ianni, Urtubey, Kunath, Solari Quintana, Ojeda, Itúrrez, Catalán Magni, María Teresa González, Nancy González, Boyadjian, Mirkin, Cobos, Mayans, Schiavoni, Snopek, Pilatti Vergara, Montenegro, Pereyra, López Valverde, Tapia, De Angeli, Caserio, Braillard Poccard, Aguilar, Blas, Verasay, Basualdo, Sacnun, Fernández Sagasti, Giacoppo, Gladys González, Pinedo, Pais, Rozas, Rodríguez Machado, García Larraburu, Perotti, Poggi, Fuentes, Romero, Ernesto Martínez, Uñac, Luenzo, Varela, Lovera, Castillo.

Cierres: Closs, Crexell y Fiore Viñuales, que comparten el tiempo, Odarda, Rodríguez Saá, Cristina Fernández, Pichetto, Elías de Perez y Naidenoff.

Sra. Presidente.- ¿Está bien? Están todos. Entonces, votamos el cierre.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente.- Aprobado.

Ahora le toca a la senadora Durango.

 

 

Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores legisladores. Soy mujer y peronista por convicción política, porque creo en la justicia social y en la igualdad de derechos y, sobre todo, en la libertad de elegir. Vengo y represento a una provincia que ha sido pionera en reconocer los derechos de las mujeres. Hace años que acompaño al colectivo que, en La Pampa, ha trabajado al igual que en el resto del país por el aborto legal, seguro y gratuito. Mi banca, hoy, es de ellas y de las compañeras  que siendo legisladoras en nuestras provincias y aquí, en este Senado, avanzaron con coraje y convicción para que las mujeres tengamos más protección, menos violencia y dejemos de morir.

No estoy a favor del aborto. Estoy a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Por muchas razones y por una fundamental: las mujeres abortan. Y lo hacen poniendo en riesgo su vida sin el acompañamiento del Estado, en condiciones inseguras, en un marco de clandestinidad que, nosotras y nosotros, como legisladores, no podemos permitir más.

No soy médica ni soy abogada. Pero, no podemos permitir más una muerte clandestina. Esta es nuestra responsabilidad.

Estas mujeres que vinieron aquí y que nosotros no sentimos porque estamos dentro de este recinto, pero que están en la calle bajo la lluvia, con un pañuelo verde, nos están pidiendo a las y los legisladores que legislemos para ellas, para su realidad, porque quieren aborto legal para no morir. Están gritando por un cambio y debemos ser capaces de escucharlas en este recinto, como se escuchó en la Cámara de Diputados hace un mes.

Quiero recordar las palabras de Evita cuando manifestaba: “Nosotras las mujeres peronistas de hoy no hemos olvidado que fuimos también las mujeres de ayer”. De ese ayer vergonzoso de todas las negaciones sufridas calladamente y lo decía en relación al voto femenino, pero lo podemos adaptar perfectamente a lo que hoy estamos debatiendo. Asistimos, como ya se ha dicho acá, a un debate histórico que viene a saldar una deuda con los derechos de las mujeres y las personas con la capacidad de gestar. Nos debíamos este debate, señora presidenta, que salga hoy la ley o no salga, nada será igual en la Argentina. Estamos debatiendo la posibilidad de generar las herramientas normativas e institucionales para que las mujeres y las personas gestantes puedan decidir una maternidad voluntaria y, sobre todo, deseada.

Frente a un marco regulatorio restrictivo que, en parte, obstaculiza el acceso a la salud y el derecho a vivir una vida libre de violencias y discriminaciones. Aquí se está discutiendo cómo se protege a las mujeres en el sistema de salud. Lo que votamos hoy es la necesidad de atender a un problema de salud donde la respuesta debe ser garantizar la atención adecuada a quienes quieren interrumpir sus embarazos. Las mujeres, en todo el mundo todavía padecemos la desigualdad de oportunidades por el hecho de ser mujeres. No me canso de decirlo: no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la legalización del aborto. No es un juego de palabras, es una postura política e ideológica. Repito: hoy esta banca no es mía, esta banca es de las mujeres, sobre todo, de las mujeres que han luchado durante tanto tiempo y por tantos otros derechos y que hoy están luchando por este. Hoy, y frente a este tratamiento en particular, es de las mujeres más que nunca, porque este tema es un tema de igualdad y debemos tratarlo con perspectiva de género. Se trata del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, se trata de la salud de las mujeres, se trata de la vida de las mujeres y de si pueden o no ejercer con libertad la decisión de maternar. Porque la maternidad, señora presidenta, será deseada o no será.

 

 

Hoy estamos acá considerando la media sanción que vino de Diputados y este es un tema que ha dejado de ser agenda exclusiva del feminismo. Hoy es un tema de la agenda social y política.

Traigo a colación las palabras de Dora Barranco, que todos conocemos y valoramos, socióloga e historiadora feminista que dice, textualmente: Es imperioso que las mujeres sean auxiliadas en la decisión libre de procrear o de no hacerlo y es una obligación del Estado de derecho, garantizar la individuación y la autonomía.

Las mujeres deben gozar del derecho pleno a la soberanía sobre sus cuerpos y la penalización del aborto se encuentra entre los resabios más oscuros del imperativo de sometimiento a un destino inexorable. Se trata, justamente, de la vida y de su disfrute digno. Los grados de libertad se angostan extraordinariamente cuando las condiciones de vida son abrumadoras, cuando faltan los recursos y sobran las precariedades.

Y para aquellas que toman la decisión e interrumpir un embarazo con medios inapropiados en los que se expresa la sordidez de su contexto de vida, lo más seguro es la muerte; estamos atravesadas y atravesados por este tema, que es transversal y ha sido puesto en palabras por la fuerza militante de las mujeres que hoy están en la calle, alrededor de esta casa de la democracia que decidirá si legisla para ellas o las deja sin ley para que continúen con la ilegalidad, expuestas a un negocio como es el aborto clandestino, riesgoso y sin cuidados médicos, solas y desamparadas, o legisla para acompañarlas y asistirlas frente a una decisión que, seguramente, igual asumirán.

No puedo dejar de nombrar, aquí, a Liliana Herrera, que esta misma semana, murió en Santiago del Estero por un aborto clandestino y acaban de darme, al ingresar, su foto. Otra más.

La penalización del aborto tiene un impacto diferenciado entre las mujeres y las personas con capacidades de gestar pobres y jóvenes; en las mujeres de las clases medias y altas, el aborto se hace, aún en la clandestinidad. Todos lo sabemos, todos y todas lo sabemos. No seamos hipócritas: el aborto existe y, si uno tiene dinero, va y lo paga. El problema, acá, son quienes no pueden hacerlo; no seamos hipócritas. En cambio, las mujeres de los sectores populares, cuando sufren complicaciones pos aborto, pagan con sus vidas la decisión de interrumpir el embarazo en condiciones sanitarias muchas veces –la mayoría– de extrema precariedad. La discusión hoy es si le damos condiciones dignas o si seguimos en la clandestinidad y en el mercado negro que todas y todos los que estamos aquí conocemos, porque nuestras provincias no son tan grandes como para no saber.

La discusión no es aborto sí o aborto no. La discusión es aborto legal o aborto clandestino; en el entendimiento de la superioridad de lo colectivo sobre lo personal como legisladora, sentí y siento la obligación de escuchar las razones de los distintos sectores. Y así lo hice. Estuvimos, junto a varias compañeras de todos los partidos políticos, escuchando los debates a favor y en contra y, en las últimas semanas, muchas de nosotras hemos tomado –algunas de las que estaban en la duda–, posiciones en este sentido. Independientemente de mi opinión personal, porque no voy a hablar de mis convicciones aquí, hay un derecho que va más allá de mí.

Hace falta libertad para decidir, que se cumpla con buenos e integrales programas de educación sexual; estamos de acuerdo en que falta más educación sexual. En mi provincia el Ministerio de Educación tiene un departamento especialmente ocupado por este tema. Pero los que están en contra del aborto, muchos de ellos, también están en contra de la educación sexual. También en esto somos hipócritas y también las políticas públicas de salud para proteger a quienes deciden abortar.

 

 

Afortunadamente, la lucha ha sido transversal a los partidos políticos y ha tenido sus frutos. Hoy hablamos de un tema que forma parte del diálogo intergeneracional, que va a escribir un capítulo importante en la historia de la conquista de los derechos y de la libertad de nuestro país. La sociedad está expectante, necesitamos darle una respuesta en este sentido. El pedido de aborto legal, seguro y gratuito es uno de los reclamos centrales de los movimientos de mujeres en la Argentina. ¿Quién lo puede negar? Se leen pancartas en las redes sociales, en las paredes y los pañuelos verdes son el ícono de esta lucha. Debemos conseguir hacer realidad esta consigna. El mundo nos está mirando y, como bien dijo el senador preopinante, a veces tomamos el mudo para nuestro propio beneficio. A veces son países en vías de desarrollo, a veces son países desarrollados, pero los países más desarrollados son los que han legalizado el aborto, son los que están protegiendo a sus mujeres y hoy son países que, en algunos casos, tienen una gran impronta religiosa; me refiero a Italia o a Irlanda y a cuántos otros.

Hay una realidad que se suma a la ya terrible situación de una mujer que no desea seguir adelante con el embarazo; mayoritariamente, están solas, porque el varón no tiene que pasar por ese problema; él lo aborta antes y, desapareciendo, y muchas veces –la mayoría señora presidente–, no haciéndose cargo de esta situación tan dolorosa. El problema es exclusivamente de las mujeres; otra vez el problema sigue siendo, exclusivamente, de nosotras.

Señoras y señores senadores, señora presidenta: los abortos se hacen y miles de mujeres abortan y mueren clandestinamente. Insisto, el debate hoy es “legal o ilegal”.

Esta ley no obliga ni recomienda a nadie abortar. Esta ley lo único que hace es defender el derecho a elegir. Si no hay ley, vamos a contribuir a la clandestinidad, al negocio de algunas clínicas, de algunos médicos, a la venta insegura y carísima del misoprostol. También esto lo sabemos todas y todos. La ley habilita un derecho, que es la práctica segura.

Entiendo que nadie aquí está a favor del aborto, porque el aborto es una tragedia, es doloroso; tomar esa decisión duele, y seguramente deja más dolor en el alma, pero es una tragedia que sucede y que sucederá más allá de la sanción o no de la ley. No permitamos que siga siendo clandestino. Digámosles a las mujeres que legislamos por la igualdad de derechos y que sus cuerpos no son una cosa sobre la que se puede decidir.

¿Vamos a seguir sosteniendo el aborto clandestino? ¿Vamos a dejar que las cosas sigan como están, compañeras, compañeros? ¿Vamos a seguir diciendo eso? ¿Esta es nuestra función como legisladores? No, no es nuestra función. Debemos legislar sobre esta realidad, y la realidad es que las mujeres no tienen medios. Y están expuestas.

Ya termino.

Sra. Presidente.- ¿Sí? Bueno.

Sra. Durango.- Sí.

La realidad es que las mujeres mueren por abortos no seguros, y frente a esto no es determinante si es una o cien, como algunos lo han querido plantear. Ninguna mujer debe morir por decidir sobre su propio cuerpo.

Que sea ley, señora presidenta, y que nosotros salgamos orgullosos, hoy, de este recinto.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra Inés Brizuela.

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Muchas gracias, señora presidenta.

Quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, a los dueños de la banca que hoy circunstancialmente me toca ocupar, que son los riojanos, el pueblo de mi provincia.

 

 

Quiero agradecer a los miles de argentinos que a lo largo y ancho de la República nos han hecho saber su compromiso irrevocable con la vida. Quiero agradecer también a los profesionales, a los técnicos, a los expertos en las distintas materias que estuvieron todo este tiempo desinteresadamente trabajando con nosotros y para nosotros defendiendo esta causa. Quiero agradecer a esa mayoría silenciosa que durante el último fin de semana se convirtió en bulliciosa y nos hizo sentir el amor que nuestro pueblo tiene por la vida; a los senadores de los distintos partidos, junto con nuestros asesores y nuestros equipos, ya que nos hemos convertido realmente en un equipo de lujo, con un mismo hilo conductor; y al equipo de trabajo de mi oficina, que “se ha puesto la diez” –como dicen los chicos–; a los radicales: senadores, diputados, dirigentes, mayores, de juventud, por hacernos saber que los representamos; y especialmente a la juventud radical de mi provincia por el apoyo y por el respeto en las diferencias.

Hoy nos toca debatir un tema muy difícil para nuestra sociedad, señora presidenta, muy sensible, y en buena hora que lo hayamos traído al debate político, y pretendo hacerlo con todo el respeto, el respeto profundo por los que piensan distinto. Porque mi convicción sobre mis propios valores también está unida a saber que existen otros valores igualmente válidos.

El aborto es un drama –como ya se ha dicho acá–, una tragedia que nos  interpela, que nos demuestra el fracaso total del Estado y las políticas de educación y de salud; que nos muestra también la indiferencia de una sociedad, de gran parte de una sociedad, que le ha dado la espalda a la mujer en situación de vulnerabilidad. Yo quiero intentar, a través de esta exposición, romper esa falsa disyuntiva en la que nos pretenden colocar respecto a que es incompatible defender los derechos de la mujer y defender al mismo tiempo el derecho del niño por nacer. Creo que lo primero que tenemos que tomar de este debate son las coincidencias, que son enormes, señora presidenta. Y la primera, que también se ha dicho acá, la primera cuestión en la que han coincidido todos, salvo honrosas excepciones, todos los expositores, tanto los que apoyan una posición como otra, es en que hay vida desde la concepción.

Yo había preparado para desarrollar la cuestión constitucional, pero la verdad es que lo ha hecho tan bien el colega y amigo presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador Mera, que me va a ahorrar bastante tiempo. Quiero mencionar el artículo 19 del Código Civil, donde no queda ningún tipo de duda. Está ubicado en el Libro Primero bajo el título que nomina “Persona humana”, y dice “Comienzo de la existencia” con absoluta contundencia: la existencia de la persona humana comienza con la concepción.

Como nos dijo la doctora María Angélica Gelli: nos puede gustar o no gustar, pero la letra de la ley es clarísima. Por más que hayan venido algunos a decirnos acá que hay un trasfondo, que hubo otra intención y que la ley no dice lo que dice, la ley dice lo que dice, nos guste o no nos guste.

Solo quiero agregar al desarrollo de la cuestión constitucional que hizo el senador Mera que la posición que él ha sustentado, y que nos fue contada a nosotros por los mismos protagonistas de la historia de la reforma del 94, tiene también sustento en grandes constitucionalistas, la mayoría de los mejores constitucionalistas que tenemos en el país, como la doctora María Angélica Gelli, Gregorio Badeni, Néstor Pedro Sagüés, Fernando Toller, Alfredo Vítolo, Vanossi, entre otros.

Y quiero traer también a este debate una frase que me quedó marcada de la exposición del doctor Eduardo Menem. Él nos dijo que el bloque de constitucionalidad argentino es un canto a la vida, y estoy absolutamente convencida de que es así. Y también estoy absolutamente convencida de que el artículo 75, inciso 23 de la

 

 

Constitución nos da un claro mandato, un mandato que es prístino. Nos dice: cuiden a los grupos más vulnerables de la población; cuiden a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los discapacitados. Y, yendo más adentro, la segunda parte de ese inciso 23 del artículo 75 nos da una manda que, lamentablemente, todavía está incumplida: dicten un régimen de seguridad social para proteger al niño y a la mujer. Distingue dos sujetos de la protección constitucional: uno es el niño. ¿Desde cuándo? Desde el embarazo. Coincidente, como ya se dijo acá, con la reserva argentina a la Convención sobre los Derechos del Niño: desde el embarazo hasta el preescolar. El otro sujeto es la mujer: protéjanla. ¿Desde cuándo? Desde el embarazo hasta la lactancia. De manera que yo afirmo, sin temor a equivocarme, que cuidar las dos vidas es un mandato constitucional. El proyecto pretende, como decía hace un rato, generar un conflicto entre el derecho del niño por nacer, el derecho a la vida del niño por nacer, y el derecho de la mujer al ejercicio de la autonomía de su voluntad. Y frente a este conflicto la media sanción que estamos tratando propone sacrificar la vida en gestación y privilegiar la autonomía de voluntad de la mujer. Es decir, frente al dilema de un embarazo no deseado, no esperado, no planificado en situación de vulnerabilidad de una mujer que no esperaba esa situación, en lugar de buscar herramientas o medios para abordar el problema de manera integral y atacar las causas que llevan a la mujer a esa situación, el proyecto, con esa falsa disyuntiva, nos dice: elegimos a uno sobre otro. Es un atajo, claramente un atajo. Y propone legalizar la práctica que va a terminar con la vida del niño por nacer, una práctica que –como también se dijo acá– no es buena, no es

deseable para ninguna mujer.

Han dicho que para justificar esta decisión de privilegiar la autonomía de la voluntad de la mujer por encima del derecho a la vida del niño por nacer, existiría una procreación incremental del ser humano.

Señora presidenta: el ser humano no es incremental. Lo que puede ser incremental es la capacidad jurídica de acuerdo a determinadas circunstancias como la edad, pero se es persona humana o no se es. Nuestro sistema jurídico determina la existencia de personas o cosas. O se es persona o ser humano, o no se es ser humano. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo por el principio lógico de la no contradicción.

Las teorías que sostienen esta cuasi personalidad, que las hemos escuchado en el plenario, para mí, señora presidenta, son cosas del pasado. Esto fue sostenido por una conocida y renombrada civilista como la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, que habla de la cuasi personalidad. Estas son cosas del pasado en el Derecho. Sucedió a lo largo de la historia de la Humanidad con los negros, con los pueblos originarios y con los judíos. Razones de orden étnica o religiosa llevaron a justificar el sometimiento o la extinción de determinados grupos de personas.

Esto sería un claro retroceso en materia de Derechos Humanos. Una actitud, una teoría que no tiene nada de progresista, sino que es claramente retrógrada y, además, sería violatoria del principio de progresividad en materia de Derechos Humanos.

Consagrar, señora presidenta, esta garantía que ofrece el artículo 4º del proyecto en revisión, sería dejar la vida de un ser humano –del ser humano no nacido–, a merced de la voluntad inapelable de otro ser humano. Y estos actos están prohibidos por el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional. Y lo peor es que dejaríamos la vida del ser humano por nacer a merced de la voluntad de la misma persona que conforme nuestro sistema jurídico es una de sus representantes legales.

Pensar siquiera también en la posibilidad de que exista una obligación internacional a cumplir por nuestro país –como bien lo detalló el senador Mera–, sería aceptar que empezamos a abdicar de nuestra soberanía como pueblo. En nuestro sistema

 

 

es inadmisible renunciar a la soberanía que tenemos como Nación para darnos −el pueblo a través de sus representantes− las leyes que rigen la vida de los argentinos.

No existe ninguna norma que nos obligue a legislar de una u otra manera. Y si existiera una norma de carácter internacional que pretendiera imponernos la legalización del aborto, no podríamos seguirla porque estaríamos violando nuestra propia Constitución y toda nuestra organización jurídica.

Señora presidenta: quiero decir también que legalizar no es lo mismo que despenalizar. Que el proyecto en revisión no despenaliza a la mujer, sino que legaliza la práctica y pretende garantizar un derecho que, por cierto, no existe; conforme nuestro sistema constitucional es imposible que exista.

Y también penaliza a la mujer después de la semana quince de gestación. Con lo cual, dicho esto, queda destruido este objetivo o este fundamento que pretenden presentar, en el sentido de que la despenalización es necesaria. Este proyecto al menos no la establece.

Señora presidenta, la segunda coincidencia que no quiero dejar de  resaltar: todos, todos los expositores dijeron: “El aborto es un drama.” “El aborto no es bueno”. Ninguna mujer va contenta y feliz a abortar. El aborto tiene consecuencias disvaliosas, tanto para la mujer como, por supuesto, para la vida del niño en gestación.

Nos han dicho que sería una medida progresista, que significaría ampliar derechos. En nuestro sistema jurídico no podemos hablar de ampliación de derechos cuando para hacerlo se produce la negación de otro derecho.

Progresismo. El progresismo suele ser sinónimo de novedoso, pero no todo lo nuevo es bueno. Es sabido que hay novedades que atrasan. Una medida es progresista, cuando con sus efectos se logra un mayor grado de bienestar para el mayor número posible de personas. No es el caso con la medida que se propone.

Tengo mucho para decir y se me ha consumido el tiempo, pero quiero dos minutos más, señora presidenta, para expresar el porqué de mi voto.

Represento al pueblo de La Rioja, como ya saben, y este es un pueblo que ha sabido hacerse cargo de su destino. Un pueblo que en un momento determinado de la historia supo ponerle el cuerpo a la cosa y supo decir con mucha fortaleza y con mucha claridad que el agua vale más que el oro y que la vida no se negocia.

Ese pueblo es el que nos ha elegido en forma mayoritaria para representarlos en este Senado de la Nación, para traer su voz, para traer sus valores más profundos, para traer también sus dolores y sus problemas.

He escuchado a todos, porque es mi obligación como representante del pueblo escuchar todas las posiciones. A aquellos que hoy sienten que no los estamos representando, porque creen que la media sanción es la herramienta para resolver el problema que tenemos como sociedad, les hemos dicho, y ratificamos hoy, que queremos trabajar juntos, que queremos seguir para adelante con todo lo que hemos encontrado de coincidencias, para intentar reparar tantos años de abandono.

Son muchos años de abandono, muchos años de desidia y enormes las deudas que tiene la democracia con nuestro pueblo y con las causas que llevan a la situación de vulnerabilidad que terminan en el aborto y muchas veces en la muerte de la mujer: la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, la falta de acceso al sistema de salud y al sistema educativo.

Quiero decir que, en cumplimiento de ese compromiso, hemos presentado en el día de ayer, señora presidenta, dos proyectos, que voy a pedir, conforme el 165 que se reserven en Secretaría. Estos llevan el número de expediente: S.-2.679/18 y S.-2.680/18. Ambos intentan avanzar con la manda del 75, inciso 23), es decir, un proyecto de ley de

 

 

garantía de alimentos durante el embarazo y otro de protección integral de la maternidad vulnerable. Son herramientas que vamos a trabajar.

Quiero decir que nos imputan por ahí que nos oponemos a la media sanción,

pero…

Sra. Presidente.- Senadora…

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Cierro.

Sra. Presidente.- Senadora, le pido disculpas, pero realmente no quiero ser imparcial y ya se está pasando demasiado.

Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Cierro, presidenta.

Nos dicen que no hicimos nada. Seguramente muchos no hicimos nada por salvar vidas, pero muchos sí. Muchos argentinos silenciosamente trabajaron durante todos estos años y nos han demostrado que se puede salvar las dos vidas; y lo que queremos es establecer ese ejemplo, esa acción concreta, como política de Estado.

Señora presidenta: quiero decirle que la defensa de la vida para mí, además de ser un mandato constitucional, es una firme convicción. Y como decía mi amigo y correligionario, Mario Fiad, no nos pidan que dejemos de lado nuestros valores, nuestras convicciones, que son los que hacen que seamos quiénes somos y estemos donde estamos, ya que el día que tengamos que actuar en contra de nuestras convicciones seguramente no vamos a servir para ninguna causa.

Finalmente, señora presidenta, estoy convencida, convencida de que tenemos un destino de grandeza como Nación; y que ese destino de grandeza solamente lo vamos a conseguir si seguimos esa hoja de ruta tan clara, tan concreta, que es la Constitución de la Nación, que nos ordena y nos interpela a trabajar en defensa de las dos vidas.

Gracias presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Creo que me equivoqué cuando hablé. Dije: “No quiero ser imparcial”. Creo que dije eso, así que “Quiero ser imparcial” es la frase y, entonces, por favor, les pido que no me fuercen a tener que estar todo el tiempo diciendo que corten.

Ahora le tocaría, entonces, a la senadora Almirón. Tiene la palabra la señora senadora Almirón. Adelante.

Sra. Almirón.- Gracias, señora presidenta.

Mucho se ha hablado en estos últimos meses, en Diputados, acá en el Senado, en los programas de televisión y en las redes sociales.

Se plantea la discusión entre los que se proclaman pro vida y entre los que, según esto, serían pro aborto. Por un lado, manifiestan que la realidad de la discusión sería aborto legal o aborto clandestino, porque los abortos seguirán ocurriendo. De un lado, lo hacen con consignas como “Salvemos las dos vidas”; por el otro, “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Pañuelos celestes, pañuelos verdes; marchas, manifestaciones, conversatorios, audiencias públicas.

Y llegamos a este día, en este recinto, donde hoy me presento como mujer, como madre, como la militante que soy día a día, que en los últimos años pudo cambiar una mirada respecto de esta temática; como una de las tantas ciudadanas que hasta hace tres años estaba en contra de esta iniciativa. Y que hoy, después de un lago largo y no fácil debate y proceso, puedo anticipar que voy a votar a favor de esta ley, porque pude dejar de lado a mis creencias religiosas. Debo contarle que me reuní con la máxima autoridad religiosa de mi provincia, quien escuchó mi posición y entendió con mucho respeto, monseñor Stanovnik. Porque pude dejar mis vivencias personales de lado y entender que este debate no es sobre el comienzo de la vida, no es sobre los derechos de las

 

 

personas por nacer, sino que estamos hablando de salud pública.

La sociedad ha ido evolucionando, ha ido construyendo progresivamente un nuevo paradigma respecto de la igualdad de los derechos, del respeto de la diversidad de los pensamientos y del cuestionamiento a las verdades absolutas que nos fueron impuestas por tradición y no por convicción. Nos demandan un nuevo enfoque por el que hoy estamos tratando este tema de interés.

Hoy vivimos el tiempo de las mujeres en el mundo. Son ellas las que están empoderadas, las que están fuera de las puertas de este Congreso de la Nación y en todas las plazas de nuestro país exigiéndonos a nosotros que hoy aprobemos esta ley; que quieren decidir sobre su cuerpo; que quieren decirnos cuándo quieren ser madres, cómo, y que no se quieren morir en el anonimato y en la clandestinidad.

Nosotros y nosotras, senadores y senadoras de la Nación, representamos a las provincias. Mi provincia, la provincia de Corrientes, se declaró pro vida en 2011, a través del decreto 2870, firmado por el entonces gobernador Ricardo Colombi. Pero el 6 de junio de este año, nos levantamos con este titular: “Murió una mujer en Goya por complicaciones tras un aborto”.

  • La señora senadora Almirón exhibe un

Sra. Almirón.- TN lo publicó: “Murió desangrada tras un aborto en Corrientes”.

  • La señora senadora Almirón exhibe un

Sra. Almirón.- Desconocemos el nombre de la chica; solo sabemos que tenía dos hijos y 27 años. El director del hospital nos manifestó que desconoce si se trataba de un aborto inducido o espontáneo.

El 27 de ese mismo mes, junio, nos despertamos con otro titular: “Posible mala praxis en un legrado provocó la muerte de una joven madre”.

  • La señora senadora Almirón exhibe un

Sra. Almirón.- Era una chica de 31 años, que falleció por una infección generalizada.

Solamente dos casos en el último mes. ¡Quién sabe cuántos tuvimos silenciados y se ocultan en los últimos años!

Esta es la salud que tenemos en mi provincia pro vida; esta es la realidad que tenemos en Corrientes: una tasa de mortalidad materna que cuadruplica la nacional, 13,5 puntos, y tenemos una tasa de mortalidad neonatal del 9,7 por mil.

En mi provincia pro vida, el coordinador de hospitales públicos declaró en medios radiales provinciales estar en contra del aborto, de los anticonceptivos y de la educación sexual.

En mi provincia pro vida, tuvimos un ministro de Salud que, cuando fue consultado por los embarazos adolescentes –que más que adolescentes eran infantiles, porque aunque suene trágico tenemos chicas embarazadas de 10, 11 y 12 años–, respondió, y acá cito textualmente: Algunas se embarazan porque tienen un recurso económico como premio.

Mi provincia pro vida no adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas por el Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, que publicó el Ministerio de Salud en 2015.

En mi provincia pro vida, el mismo gobernador que firmó el decreto declarándola pro vida vetó la ley de electrodependientes.

Entonces, yo les pregunto: ¿qué vida estamos cuidando? Defender la vida no puede ser solamente estar en contra de la interrupción voluntaria del embarazo; es cuidar la vida en todos sus ámbitos y en todos sus estadios. Es asegurar, a través del Estado, el acceso a la salud pública, a la educación sexual, a los métodos anticonceptivos. Es ayudar a los hombres y también a las mujeres a tener una

 

 

planificación familiar responsable.

Les pregunto: ¿cómo cuidamos a las mujeres que deciden realizar un aborto? Porque ninguno de los que estamos en estas bancas decide; deciden las mujeres que están allá afuera. Primero, la desterramos a la clandestinidad y, después, la escoltamos a la comisaría o a la morgue. Entonces, hoy proponemos que esas mujeres y personas gestantes puedan estar acompañadas, que estén seguras y tengan una asistencia médica y psicológica.

La Argentina fue pionera en legislar el aborto, desde el siglo XX, en 1921; oh, casualidad, durante un gobierno radical. El aborto se legalizó en la Argentina. La sociedad de ese momento entendió, ya un siglo atrás, que en colisión de derechos y en determinadas circunstancias debía prevalecer el derecho de la mujer antes que el de la persona por nacer. En ese momento, en el momento en que se debatió esto, fueron los hombres los que tomaron esta decisión sobre nuestros cuerpos, porque la mujer no tenía ni siquiera el derecho a votar, ni siquiera representación en estas bancas. Hoy, nosotras, sentadas en estas bancas, retomamos esta misma discusión.

Yo no creo que la mujer tenga un derecho absoluto a la autonomía sobre su cuerpo y tampoco creo que el feto tenga derecho absoluto sobre la vida. Como abogada, debo decir que los derechos son todos relativos.

Esta iniciativa también recepta eso: el feto va adquiriendo más derechos y más protección en la medida de su desarrollo. Por eso, durante las primeras catorce semanas prima la autonomía de la voluntad de la mujer y, luego de las catorce semanas, solamente se autoriza en determinadas circunstancias. Es igual a la protección que hoy ya tiene nuestra legislación. El Código Civil hace una diferencia entre las personas por nacer y la persona nacida; está establecido y está supeditado a su nacimiento con vida  en el artículo 21. También nuestro Código Penal; si no, ¿cuál sería el motivo por el cual tenemos una pena menor en los abortos punibles en relación con el homicidio simple?

Esta ley no obliga a nadie a abortar. Ya vimos que la penalización o el castigo no han impedido que la práctica hoy se lleve a cabo, se realice. Se pretende sencillamente que todas las mujeres y personas gestantes tengan garantizada una intervención en forma segura. Es la clandestinidad la que las lleva a generar lo traumático en su decisión, lo clandestino, lo oculto. Y la verdad es que, si sale a la luz, se la estigmatiza.

Por último, para no extenderme más, no quiero dejar de mencionar que esta lucha es una demanda histórica del movimiento de mujeres, que logró una transversalidad en el tiempo y en todo el mundo. Esta discusión llegó a cada plaza, a cada oficina, a cada mesa de los argentinos, a las escuelas secundarias, a las universidades.

Pero este debate no llegó por una simple conspiración; lo trajeron y lo llevaron miles y millones de mujeres que le pusieron el cuerpo y la voz a esta pelea que no la dan solo por ellas mismas, sino por el conjunto.

Son conscientes de que reclaman su libertad para su vida personal, pero lo trascendental y conmovedor de este movimiento, que llegó para quedarse, es que no luchan solamente por sus derechos, sino por todo el conjunto: las que elegirían hacerlo y las que no. No es una lucha solo por mí, sino por la que está al lado, por la que ni siquiera conozco, por la que estuvo antes y por las que van a venir. Es una lucha que refleja la juventud comprometida, a la que involucró en su máxima expresión.

Una vez, el que hizo que me enamorara de la política dijo que cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Y este debate ya no tiene marcha atrás: sea cual fuere el resultado de esta votación, el salto fue enorme, porque el tema

 

 

dejó de ser tabú para hablarse en todos lados.

Hoy, agradezco a mis compañeras de La Cámpora Secundarios por darnos charlas, por educarnos. Es de ellas esta ley. Es de cada chica que fue al colegio con un pañuelo verde, porque ellas lo pusieron sobre la mesa, lo lograron, lo militaron, lo defendieron. Y hoy nos piden a nosotras que ratifiquemos lo que ellas ya ganaron en las calles. Sea como sea, ya lo entienden como un derecho adquirido, que es la posibilidad de elegir.

Quiero decirles a las mujeres que con esta ley vamos a poder ser un poco más libres y más iguales, porque lograr la igualdad también es tener soberanía sobre nuestros cuerpos. Vamos a romper con ese sistema que nos fue impuesto, porque esta lucha la damos todas juntas desde distintas generaciones y desde distintos ámbitos; y ya lo estamos haciendo.

Dijo un gran médico argentino: Con esta ley no va a haber más o menos abortos, lo que va a haber son menos chicas muertas. Lo demás es educar y no legislar.

Señores senadores y señoras senadoras, no nos quedemos afuera de esta historia.

Que sea ley.

Sra. Presidente.- Muchísimas gracias, senadora y, sobre todo, por respetar el tiempo.

Es el momento, ahora, del senador Esteban Bullrich.

Sr. Bullrich.- Gracias presidenta.

Quiero comenzar con una pregunta: ¿qué es la vida? La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Sin vida el resto no existe. Así de importante es la vida. Sin vida no hay Pacto de San José de Costa Rica; sin vida no hay Constitución Nacional; no habría Senado; sin vida no existiría la sanción de las leyes; la lucha de géneros; no hay nada. La vida es un prerrequisito para todo. Y este debate moviliza tanto, porque estamos hablando de la vida, de su inicio, de su valor, de los derechos que la vida trae consigo.

Y frente a ese debate tenemos dos alternativas: podemos construir debatiendo o destruir discutiendo; podemos construir desde el debate tolerante o destruir disputando sin escuchar. Y este Congreso le da marco a ese debate. Y me parece importante, en estos debates, tender el puente, escuchar al otro, reconocer la diferencia, tratar de comprenderla, aprender de esa diferencia. Este debate fue para mí un enorme aprendizaje, una enorme oportunidad de comprensión del otro, del problema, de la situación sobre la cual debemos legislar.

Quiero, por eso, comenzar tomando el testimonio no de un expositor que vino a presentarse a favor de la posición que yo sostengo en contra de la sanción, sino a favor del aborto, a favor de la legalización del aborto y de esta sanción. Es un biólogo que planteó que el ser humano era un mamífero placentario y, al ser un mamífero placentario, el embrión dependía, por estar dentro de la placenta, de la madre. Era indivisible. Incluso mencionó que había células del embrión que circulaban por la sangre de la madre. Y en esa indivisibilidad fijaba él la posición para decir que solamente había autonomía de vida después del nacimiento; y nos planteaba que todo el resto de los pensamientos e ideas que tuviéramos sobre ese proceso eran convenciones a las que habíamos llegado a partir de convicciones religiosas, sociales, ideológicas y que, para legislar correctamente, debíamos dejar de lado esas convenciones.

Eso me llevó a la reflexión, porque creo que son esas convenciones las que nos diferenciaron a los seres humanos del resto de los mamíferos placentarios. Son esas convenciones las que nos llevaron, a pesar de compartir un 99 por ciento de nuestro ADN con los chimpancés, a no resolver las disputas como los chimpancés: no nos matamos ni nos canibalizamos. Tenemos un cuerpo como este Senado, que es una

 

 

convención. Son esas convenciones las que nos diferenciaron del resto de los seres vivos en este planeta tierra.

Esas convenciones que nos permitieron construir una sociedad que progresó; convenciones basadas en la compasión, en el reconocimiento y en el amor por el otro. Son esas convenciones las que nos hacen estar hoy acá debatiendo, tratando de buscar si hay o no que cambiar algunas de esas convenciones.

Esas convenciones están basadas en convicciones, en principios, en ideas; y no las podemos dejar de lado. Empobrece a nuestro Senado que haya senadores que nos hayan pedido, a lo largo de este debate, que alguno de nosotros dejáramos de lado nuestros principios y nuestras convicciones. Porque, entonces, las convenciones que construimos no respetan las diferencias y son justamente las diferencias las que fortalecen las convenciones.

Yo no le pido a alguien que tiene una ideología peronista que la deje antes de ingresar acá, aunque sea un tema de justicia social lo que vayamos a discutir. Porque debatir con su ideología me enriquece a mí. Este Senado se enriquece en la diversidad. Esas convenciones, esos principios y esas convicciones son parte integral de nuestra democracia; y respetarlas fortalece nuestra democracia.

Respetar esa diferencia fortalece nuestra democracia. Pero también encontrar los puntos en común. Porque, finalmente, entre dos principios como el “Ama a tu prójimo como a ti mismo” y el “Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino” no hay tanta distancia, presidenta. La discusión es si en ese vientre materno hay un prójimo a quien amar o un argentino a quien defender, si nos ponemos de acuerdo en que allí hay un prójimo a quien tenemos que amar y un argentino a quien tenemos que integrar a la comunidad desde la concepción.

Nosotros, por supuesto, creemos que es así; y lo hacemos reconociendo una realidad. Reconocemos la realidad que planteó el senador miembro informante del proyecto de la media sanción. No desconocemos la realidad. Sabemos que hay mujeres que toman la trágica decisión de ir a un aborto, porque creen que es un desafío que no pueden superar, una situación que es más grande que ellas mismas o una molestia o un estorbo en su proyecto de vida.

Pero eso no es un fracaso de esa mujer, es un fracaso de nuestra sociedad. Es un fracaso de cada uno de nosotros que haya mujeres que lleguen a esa decisión, porque la maternidad no debería ser un problema. Deberíamos reconocer ese fracaso para entender que el aborto es un fracaso. No es una política pública, no es una política de salud; el aborto es un fracaso social. El aborto es un fracaso social.

La decisión de una mujer de abortar, todos consensuamos, como hemos dicho – creo que es uno de los consensos más amplios que hemos tenido–, que es una decisión trágica. Debe ser el foco de este debate: cómo evitamos que una mujer llegue a esa situación.

Y allí, sin diferenciar entre verdes y celestes, deberíamos trabajar en conjunto para encontrar los caminos, las políticas públicas que han demostrado en el mundo –lo reconoció el mismo ministro Rubinstein aquí frente a una pregunta que le hice– que hay políticas específicas, que no son la legalización –y que reducen los abortos en los países desarrollados que tanto se mencionan en este debate–, que tienen que ver con el acompañamiento, con la contención, pero también con la construcción de una sociedad que no ve a la maternidad como un problema, que no discrimina a la madre, que no ve en la maternidad un problema ante una carrera profesional, que no plantea una discriminación de esa maternidad que es la garantía de futuro que tenemos, porque sin maternidad no tenemos futuro.

 

 

Y este proyecto de ley, que es malo, no apunta a reducir el aborto; no apunta a reducir esa tragedia, la legaliza. Legaliza el fracaso. Eso es lo que hace este proyecto de ley: legalizar un fracaso.

Yo quiero creer que si entendemos todos que, como dijo recién la senadora Durango, el aborto deja huellas y deja dolor, no puede creer que la solución sea que lo hagamos en una condición mejor, que iluminar algo oscuro va a hacerlo menos trágico. No, no es así. No vamos a hacer menos trágico el aborto porque se haga en un quirófano. Va a ser igual de trágico y va a dejar el mismo dolor.

Aspiremos a más. No nos resignemos. No me resigno a que el aborto es la única salvación, que siempre va a haber aborto. Y no tendríamos que hacerlo como legisladores, porque hay muchas tragedias en la Argentina; y el camino a resolverlas no es iluminarlas, no es darles un lugar donde puedan ocurrir sin problema. El camino a resolverlas es trabajar en conjunto como sociedad para que se terminen las tragedias, para que no haya abortos en la Argentina. Ese es el objetivo, eso es aspirar a más. Somos dirigentes de este país.

Nos están mirando. No podemos seguir el camino de resignación cuando legislamos. Aspiremos a más. Construyamos juntos los consensos para construir políticas de largo plazo que apunten a mejorar la educación seguramente, a garantizar el acceso a una salud sexual reproductiva, como dice la ley, pero también a crear políticas que acompañen a esa mujer, para que demos respeto y dignidad a las dos vidas, para trabajar en conjunto para salvar las dos vidas; y en ese camino salvar a nuestra querida República.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Alperovich, ¿puede ser acá…? ¿El senador Alperovich está? No.

Entonces, la senadora Ianni.

Sra. Ianni.- Muchas gracias, señora presidenta.

Un libre pensador patagónico, que me interpela continuamente, me dijo: Mamá, si esta ley le permite a la mujer decidir y elegir libremente, votá por el sí; votala a favor. Si esta ley le va a otorgar el derecho a decidir responsablemente sobre su cuerpo, acompañala.

Si buscará que se deje de estigmatizar a la mujer, que las mujeres dejemos de ser víctimas, si va a buscar que se las acompañe, que se las cuide, que se las contenga, cuando acudan a pedir ayuda, no la podemos negar. Pero para eso necesitamos un Estado que sea promotor de la salud, que prevenga, que eduque, que acompañe, para que decidir abortar sea la última decisión que tenga que tomar una mujer.

Yo abogo por que el trabajo tiene que ser antes de tomar la decisión del aborto y porque la educación sexual en nuestro país tiene que volver a ser lo que no hace mucho tiempo fue.

Yo agradezco que mis hijos siempre hayan tenido palabras desde la escuela y desde sus pediatras que les inculcaron en la educación, en la prevención, por el cuidado y el amor a su cuerpo. Pero, ¿saben qué? Quiero que esa sea la experiencia de todos los pibes y de todas las pibas de mi país.

Esto no es votar y lavarnos las manos e irnos para casa, sino que también esto nos obliga con las cosas que tenemos que comprometernos a cumplir y a hacer cumplir como Estado que somos.

Por eso, yo les pido, y en este sentido voy a usar las palabras de un doctor –que no sé si estoy autorizada a nombrar, pero le pido disculpas– que en su presentación en

 

 

audiencia nos pidió muy claramente: No impidamos una política pública que pueda cambiar la realidad. Basta de hipocresía. Llamemos a las cosas que existen, aun en la clandestinidad, por su nombre. Hemos visibilizado con este debate una práctica que duele, que mata.

Por eso, para ser muy breve y para finalizar, yo la verdad es que me alegro de que este debate haya sido hoy; no sé si hace un tiempo atrás hubiéramos estado o hubiéramos podido resolver y tomar una definición. Me alegro por el tratamiento en su diversidad de ideas y en los distintos bloques políticos.

Y, si me permiten, hoy que el pueblo está movilizado y el debate se ha enriquecido en la plazas, en los encuentros con amigos, en las escuelas y hasta en la mesa de las familias, quiero también agradecer a aquellos que con respeto –con respeto–, compartieron conmigo sus pensamientos y sentimientos; a los hombres, pero sobre todo a las mujeres de mi provincia, porque gracias a sus aportes hoy me permiten expresar con libertad un voto que es resultado de una construcción colectiva.

Hoy espero que el Senado de la Nación, que nuestro Senado, esté a la altura de  la madurez social y dé un debate tolerante y respetuoso por las ideas de cada uno; y que logremos la mejor ley posible. Porque todas y todos estamos a favor de la vida. Por eso, señores senadores, que sea ley.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora; y sobre todo por su resumen. Le toca ahora… ¿El senador Alperovich está? No. Le toca al senador Urtubey.

Sr. Urtubey.- Gracias, señora presidenta.

La verdad es que voy a ser breve. Ha habido un muy buen encuadramiento de muchos senadores, sobre todo de los expositores de la comisión y de los presidentes de la comisiones en su exposición inicial.

Yo quiero referirme sí a algunos aspectos. El primero de ellos es la cuestión de las convicciones. Se nos dice: Hay que dejar de lado las convicciones e ir a la cuestión pragmática o práctica de una situación determinada de salud pública. Y yo le quiero decir –lo decía el senador Fiad– que convicciones tenemos todos.

Mire, el aborto es una cuestión en la que se entrecruzan todas las grandes inquietudes y todas las grandes cuestiones de la humanidad: la vida, la muerte, el nacimiento, la procreación. Creo que desde la antigua tragedia griega, desde Edipo rey hasta Shakespeare, pasando por las grandes religiones, las grandes filosofías paganas, este es un tema que forma parte de las convicciones de toda la humanidad y del debate de toda la humanidad. De manera tal que plantear que las convicciones deben ser dejadas de lado, me parece una cosa que no resiste el menor análisis.

Además, concretamente, en esta cuestión hay dos posiciones en las cuales hay convicciones, señora presidenta. No solamente hay convicciones, sino que hay dogmas. Uno será laico, otro será de origen religioso –si se quiere–, pero es tanto un dogma la posición del derecho absoluto a la vida, como la posición del derecho absoluto a decidir, de disponer de la vida que uno lleva adentro; es decir, los dos son convicciones y los dos llevan dogmas atrás.

Es más, yo podría decirle –quizás es aventurado–, que cada vez que hay un derecho absoluto, hay un dogma atrás; es decir, si yo considero que hay un derecho absoluto, es porque hay un dogma atrás. Y, en realidad, me parece que si uno mira la civilización, esta marca un tránsito del derecho absoluto al derecho relativo. En la antigüedad romana, el acreedor tenía un derecho absoluto sobre el deudor, podía cruzar el Tíber y venderlo como esclavo. El propietario de la tierra, del fundo, tenía un derecho

 

 

absoluto sobre su propiedad. Hoy, nadie en su sano juicio, sostiene la propiedad como derecho absoluto, menos la doctrina social de la iglesia.

Es decir, es el tránsito de los derechos absolutos a los derechos sociales, a los derechos relativos. Yo creo que acá este es el debate. Por eso, yo no coincido personalmente con el aborto libre, discrecional y sin causas, porque es una expresión de derecho absoluto y yo no creo que en una sociedad civilizada pueda sostenerse la existencia de un derecho absoluto.

Por eso creo, por el contrario, que hay una evolución del derecho argentino, que se expresa concretamente en el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, que por vía de interpretación extensiva, empieza a avanzar sobre el tema del aborto por causas.

Quizás el debate sea ese. Yo creo que ese es el debate correcto, el aborto por casus por supuesto. Lo deseable sería que los legisladores, de alguna manera, pudiéramos discutir esto, hacer un esfuerzo, y pasar de una cuestión jurisprudencial, de un estatuto jurisprudencial, que siempre es debatible y que admite una especie de dispersión en donde cada uno lo interpreta como quiere, en términos provinciales – entonces hay protocolos en un sentido y protocolos en el otro–, a una norma general que le dé otro estatus a la jurisprudencia de la Corte.

Yo creo que este es el camino. Yo creo en la cosa evolutiva, quizá por mi pertenencia política, y estaría entre la evolución y la revolución. Yo creo que en la cosa evolutiva. Creo en el Derecho como evolución. Y creo que la sociedad argentina estaba para este paso. Y que este paso que propongo, del aborto causado, no hubiera provocado este estrépito que se produce cuando hay una ruptura cultural. Es decir, cuando uno quiere poner una norma que no se compadece con el estado de evolución de una sociedad, si no, no estaríamos con este debate.

Y me quiero introducir en ese tema, porque creo que acá hay tres grandes cuestiones, cuando hemos visto este tema de la discusión del aborto. Una cuestión es si se puede o no se puede; la cuestión jurídica: se puede o no se puede. Hay otra gran cuestión que ha sido: se debe o no se debe; en el orden de la ética, la bioética, la filosofía. Pero hay una tercera cuestión, que es la que quiero abordar hoy como político, que es la estrictamente política, es decir, si hoy, en el estado actual de la sociedad argentina era oportuno, conveniente o necesario avanzar en este proyecto que estamos analizando.

Y yo la verdad es que creo que no. Que este proyecto, así como está, no era oportuno, no era conveniente ni necesario. Voy a hablar acá de la necesidad, porque acá ha habido dos grandes pilares de apoyo a la media sanción. Uno ha sido lo que hablamos recién, es decir, la postura filosófica de concebir el derecho a decidir como un derecho absoluto de la mujer o de la persona gestante, a disponer en términos absolutos sobre la vida que lleva adentro. Este es uno de los pilares, con el que ya dije que no coincido, en términos de convicciones que obviamente juegan en el debate.

Y el otro gran aspecto, señora presidente, ha sido el de la salud pública. Hay muchos que han adherido a esta media sanción no por tener un compromiso con la postura filosófica del derecho a decidir como derecho absoluto, sino que han llegado por otra vía, por una vía –si se puede decir pragmática, entre comillas–, que es real en la sociedad argentina y que está relacionada con el  aborto clandestino, con los males que el aborto clandestino provoca y con cuáles son los remedios para solucionarlo.

Entonces, habiendo hablado del tema filosófico, voy a hablar ahora del aspecto pragmático, es decir, la otra gran columna de este planteo. Y yo de verdad, vuelvo a insistir, en que me parece que lo coherente para luchar contra este flagelo por supuesto que es hacer que la ley de salud reproductiva funcione y se reglamente adecuadamente.

 

 

Yo creo que una de las virtudes de este debate ha sido también… Porque había sobre la ley de salud reproductiva una mirada prejuiciosa y una mirada oscurantista, por así decirlo, cuya consecuencia quizá fue esto de que la falta de implementación de la ley de salud reproductiva incidió seguramente en el número de abortos no intencionales o no deseados. Entonces, creo que después de este debate está claro que nadie en su sano juicio puede plantear en la Argentina una postura reaccionaria en esta materia, porque una cosa lleva a la otra.

Y yo creo mi gran amigo y compañero Ginés González García, cuando estuvo acá en la comisión –después de haber tenido muchas charlas con él en otras circunstancias–, mostró el gran dolor –yo diría la gran bronca– que tenía por no haber podido implementar cuando fue ministro esta ley de salud reproductiva, como debió haber hecho. Y él se lo asigna, de alguna manera, a estas fuerzas conservadoras que han impedido esta implementación.

Por eso creo que deberíamos avanzar en un proyecto, y exhorto a ese trabajo – posterior por supuesto a esta sanción y en otras circunstancias quizá no vinculadas a una campaña electoral–, vinculado con una modificación del Código Penal, por un lado, y en una implementación sería y responsable del aborto causado.

Y nos tendremos que poner a discutir sobre cuáles son las causas. Tenemos que salir de una interpretación extensiva, que es bastante laxa, porque uno no sabe, cuando habla de riesgo en la salud, cuál es el límite, a qué se refiere, cuáles son los plazos. Una cosa es el peligro en la vida, que está clara en su formulación; la inviabilidad de vida después del nacimiento, que también está clara en su formulación; o la violación, que por supuesto está clara en su formulación, aunque yo creo que realmente habría que ver determinados casos en los que la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco de consentimiento, sino de una subordinación o sujeción. Con lo cual, creo que en esta discusión de las causas sería sano avanzar en la ausencia de voluntariedad, entendida con cierta amplitud y no solo la violación clásica.

Por otro lado, en el riesgo sobre la salud tendríamos que trabajar ya no en el peligro en la vida, que está clara su formulación, sino en el riesgo a la salud física o psíquica de la mujer embarazada y hablar sobre qué entendemos realmente por esos riesgos, tratar de tipificarlos, para que no queden librados a la libre interpretación del ejecutor del programa en cada provincia y tendríamos que ponerlo en una norma de carácter general y obligatoria a nivel nacional.

Este es un poco el planteo por el cual voto por el no, pero exhorto a que trabajemos en una efectiva solución del problema que aqueja a la Argentina hace muchos años. Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Gracias a usted senador.

Les cuento que el senador Alperovich ha decidido no hablar, por lo que no lo vamos a seguir llamando.

Le toca ahora a la senadora Kunath.

Sra. Kunath.- Gracias. La verdad es que la discusión de este tema a mí, como a tantos y tantas, me ha generado contradicciones a lo largo de mi vida. Creo que esto ha sido también una reflexión que varios y varias nos hemos dado por estos días.

Pero la verdad es que he tomado una posición de acompañamiento a este proyecto, a esta media sanción. Y lo hago desde una mirada desde lo colectivo, entendiendo también muy especialmente el rol que nosotros los senadores y senadoras

 

 

de la Nación, como lo han tenido los diputados y diputadas cuando discutieron y dieron media sanción a este tema. Creo que esta también tiene que ser la perspectiva para la fundamentación de este tema, al menos en lo personal y en lo que a mí respecta.

Quiero también reflexionar sobre cómo ha sido el camino o cómo han sido estos tiempos en los cuales se llegó a dar este debate. Se llegó a dar este debate en términos legislativos. Este es un debate que tenía pendiente el Congreso, pero que venía latente en la sociedad y en distintos grupos desde hacía ya muchísimo tiempo. Entonces, creo que también hay que reflexionar sobre qué ha pasado en nuestra sociedad y cómo nos interpela la sociedad a la clase política, en cuanto a la modificación o a la incorporación de temas en nuestras agendas.

Creo que esto no tiene retorno, más allá de qué pase hoy en la votación. Creo que inexorablemente este tema queda incorporado en la agenda de políticas públicas y creo que también es una interesante oportunidad que tenemos los legisladores y legisladoras de profundizar y de visibilizar la agenda de género que, si bien venimos sosteniendo algunos y algunas, tal vez no haya tenido la repercusión que quisiéramos.

Quiero pensar también y quiero hablar sobre lo que sucede en este momento en la calle. Lo que ha sucedido hace unas semanas cuando fue la votación en Cámara de Diputados. Una cantidad enorme de gente movilizada. La verdad que esto también invita y convoca a la reflexión. Son argentinos y argentinas movilizados, insisto, interpelando a sus instituciones y promoviendo también a que demos respuestas. La manera en cómo estos debates se van dando y lo que va sucediendo, también son cuestiones que quedarán para una reflexión, sin dudas, posterior a ésta.

Y también quiero hablar de algunas cuestiones que nos han tocado, como aquí  ha dicho el compañero entrerriano Guastavino. La verdad es que también hemos notado del debate en Cámara de Diputados al debate en Senado, un cierto cambio en el tono de la discusión, en las exposiciones, pero fundamentalmente en la repercusión que esto ha tenido: medios de comunicación, redes sociales, expresiones, manifestaciones. Y la verdad es que esto un poco sorprende; y acá también quiero hacer una apelación al respeto, al profundo respeto que todos y todas nos debemos como senadores y senadoras, pero fundamentalmente como ciudadanos, al respeto y a la convivencia entre distintas posiciones.

Especialmente también quiero hacer una reflexión sobre algunos sectores de la Iglesia Católica, porque tampoco quiero generalizar; sería un error generalizar, Pero digo, también llama la atención el énfasis que se pone, o el énfasis selectivo que existe en motorizar algunos temas. Porque, por ejemplo en mi provincia, una provincia que viene siendo castigada –por ser sutil en el comentario– con distintos casos de abuso sexual infantil en los cuales están involucrados miembros de la Iglesia Católica, no hemos tenido ningún tipo de manifestación en este sentido. Entonces, también digo que habría un énfasis selectivo en estos temas, respetables profundamente, pero también digo, frente a estos temas no ha habido ni siquiera expresiones. En este sentido, apelo al respeto, a la convivencia, a que también podamos construir con nuestras disidencias democráticamente y a legislar.

También quiero reflexionar sobre qué estamos debatiendo hoy. Hoy estamos debatiendo una media sanción que proviene de Cámara de Diputados con algunas modificaciones, que quienes acompañamos el proyecto también hemos propiciado la firma de un dictamen; que no alcanzó por una las firmas necesarias para ser considerado formalmente hoy.

Pero también quiero decir que tenemos una legislación penal en nuestro código, en el Código Penal, vigente desde hace casi cien años. Hay artículos que se refieren a

 

 

esta temática, al aborto, y donde están puntualmente previstos los casos de aborto no punible.

Esta legislación tiene casi cien años. Y también hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al que varios han hecho referencia –yo también lo haré–, al fallo “F.A.L.”, que de alguna manera vino a reglamentar una legislación que estaba vigente.

Entonces, también es bueno que reflexionemos, más allá de las posturas personales –que son esto, posicionamientos personales–, pero digo, estamos hablando de una legislación que está vigente en nuestro país y que hay un fallo de la Corte que también establece y ordena cómo deben ser los protocolos para que el acceso a estos derechos sea posible. De hecho, este fallo viene a dar respuesta frente a las situaciones concretas en las cuales no podía hacerse efectivo este derecho.

Digo, porque también si nosotros le damos un marco o acotamos de qué estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es la propuesta legislativa con media sanción; no la legislación que está vigente desde 1921.

Yo entiendo claramente que este tema es de salud pública. Es un tema en el que están involucrados especialmente los derechos de las mujeres; es un tema que involucra muertes que son evitables, lesiones que son evitables. Estamos frente a una realidad que no nos gusta, nos duele, pero que nos interpela.

La existencia del aborto clandestino es una realidad ineludible frente a la cual nosotros, al menos yo, quiero aparecer dando una respuesta. Y lo que es uniforme en todas las situaciones de las mujeres que abortan, es la situación de clandestinidad. Lo que viene a diferenciar las consecuencias, casi siempre frente a este tipo de situaciones, es la desigualdad: las condiciones económicas, la situación de vulnerabilidad y la posibilidad de acceder a otro tipo de condiciones para proceder al aborto.

Entonces, digo, en este sentido, es donde me parece que el Estado debe estar presente de manera enfática para igualar los derechos y para hacerse cargo de una realidad que existe.

No estamos tampoco, con esta propuesta legislativa, promoviendo el aborto. Nadie está de acuerdo con el aborto. Estamos simplemente afrontando una realidad que existe, que es compleja, que tiene una enorme cantidad de atravesamientos, pero decimos que con la responsabilidad y con las posibilidades que tenemos, asumamos esta realidad y demos un paso frente a estas situaciones.

También hablemos del rol del Estado. El rol del Estado que debe estar presente con todas las herramientas posibles para aquellas personas que toman una dificilísima situación. También queremos un Estado presente para la aplicación de la educación sexual, para la provisión de insumos. Otra de las cuestiones que venimos reclamando sistemáticamente en este recinto, señora presidenta, es qué pasa con los programas del Ministerio de Salud que van a las provincias y que han sufrido detracciones de fondos en los últimos tiempos. Esto también es una reflexión que es pertinente hacerla en este momento.

También me pregunto qué pasa con aquellas personas, con aquellas mujeres, con aquellas personas gestantes que deciden no llevar adelante su embarazo. Me pregunto cuál es el rol de la sociedad y desde lo colectivo para juzgar a estas personas. ¿Cómo podemos nosotros, de qué manera podemos desarmar lo que nosotros haríamos, lo que pretenderíamos, con lo que esta persona está decidiendo?

Son interpelaciones que van apareciendo en esta discusión que, insisto, está atravesada y tiene innumerables cuestiones de contradicciones y atravesamientos. Lo que estamos discutiendo hoy es una media sanción. Existe una campaña que promueve

 

 

el aborto legal, gratuito y seguro desde hace trece años. Se ha presentado el proyecto por séptima vez. En la confluencia de esta media sanción hay diez proyectos de la Cámara de Diputados, más todo el posterior debate que se dio también en el Senado, con también estas cuestiones a las que nosotros hacíamos referencia y que tienen que ver con ciertos puntos que propusimos en este dictamen, que vinieron a recoger algunas de las cuestiones que también se habían escuchado a lo largo de las distintas exposiciones.

¿Qué queremos? ¿Cuál es el objetivo con esta ley? Queremos que los abortos que forman parte de la cotidianeidad de la sociedad no sean clandestinos, no sean oscuros, no sean castigadores y no sean estigmatizantes. Que la salud pública se ocupe de la salud pública de todas y que haya una respuesta en igualdad de condiciones para quienes tomen esta dificilísima situación.

Sobre los atravesamientos a los que hacíamos referencia, que sería un debate tal vez inagotable, atravesado por creencias religiosas, por mandatos culturales, absolutamente respetables todos. Pero quiero referirme a este tema también desde la mirada de la profunda desigualdad que aún existe en nuestro país y tal vez en muchos lugares del mundo en cuanto a las mujeres y los varones.

Creo que también esta es una enorme ocasión para hablar de qué pasa con los derechos de las mujeres, qué pasa con el mandato cultural al que parece estar sometida la mujer de cómo debe ser, cómo debe actuar, cómo debe vestirse, cómo debe hablar y qué profesión debe tener. Tampoco pensemos que por acceder a determinados lugares  se ha terminado de visibilizar esta problemática. Creo que aún falta muchísimo por hacer.

Muchas a lo largo de nuestras vidas también vamos sintiendo, pasando o viendo cómo otras pasan por situaciones de prejuicio, por situaciones de ninguneo, por situaciones de avasallamiento que tienen como trasfondo la enorme desigualdad que aún tenemos. Entonces, sobre esto también a mí me parece interesante reflexionar, porque estas situaciones, no por repetidas, deben ser naturalizadas, no las debemos banalizar. Es muy importante, también, que podamos desarmar estas profundas situaciones de desigualdad entre mujeres y varones.

Traigo este tema de las desigualdades históricas, porque la verdad es que toda vez que hablamos de los derechos de las mujeres ineludiblemente esto aparece  y aparece también como un indicador de todo lo que está faltando por hacer. Entonces, también digo que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de prevención de los embarazos o de la falta de prevención de los embarazos, pareciera que siempre la culpa la tiene la mujer que no se cuidó…

Sra. Presidente.- Senadora…

Sra. Kunath.- Sí, ya voy terminando.

Sra. Presidente.- Para que vaya redondeando.

Sra. Kunath.- Sí, gracias.

Que no se cuidó, que no tomó los recaudos suficientes. Esta también es una mirada desde el prejuicio, porque también me parece que es muy importante que, además de hablar de los derechos de las mujeres, empecemos también, de una vez por todas, a hablar de cuáles son los derechos que los hombres no tienen y que sin embargo ejercen como si los tuvieran. ¿Qué pasa con aquellos hombres que obligan a sus parejas o que les prohíben usar métodos anticonceptivos? ¿Qué pasa con los hombres cuando en una relación sexual se niegan a tomar medidas de prevención, a usar un preservativo?

¿Qué pasa con esto? ¿Acaso simplemente esta es una responsabilidad de la mujer?

 

 

También hablemos de los derechos que los varones no tienen. Esta también, sin dudas, es una de las cuestiones que quedarán pendientes para profundizar. Digo también que no le tengamos miedo a los derechos de las mujeres, a la libertad de las mujeres. Nosotras formamos la mitad, o tal vez un poquito más, de la sociedad de nuestro país. Entonces, si existen estas herramientas, tampoco imaginemos un escenario de abuso en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo como un método anticonceptivo, como hemos escuchado. No le tengan miedo a la libertad de las mujeres; todo lo contrario. Me parece que en la búsqueda de la igualdad también debemos tener presente la ampliación de derechos.

Me parece que esta también es de las cuestiones frente a las cuales tenemos que dejar algunas miradas de hipocresía o que tienen que ver con los mandatos culturales. Yo hoy quiero dar una solución, dar una respuesta a mujeres que han sufrido, que sufren y que seguirán sufriendo, quiero estar a la altura de las circunstancias tomando una posición, definiéndome por el acompañamiento a esta ley, porque más allá del reclamo, creo que es un derecho. Creo que también nosotros estamos acá para legislar, para poder cambiar, para poder transformar la sociedad y la vida de las personas. Si nosotros no obtenemos la sanción de esta ley, estaremos manteniendo el statu quo, no estaremos haciendo nada frente a una cuestión que ya hemos diagnosticado todos.

Esto sería un paso hacia la igualdad. La verdad es que –y ya para terminar, presidenta– hoy traigo el pañuelo de la campaña, que es un símbolo, como dijo la compañera Durango. Yo no he formado parte de la campaña, pero lo traigo porque me parece que nosotros estamos dando el debate porque hubo quienes se animaron a plantear este tema mucho antes que nosotros. Quiero mencionar muy especialmente a Nelly Minyersky, quiero mencionar también a Dora Barrancos; dicho sea de paso, ella me prestó su pañuelo. Dora Barrancos frente a una pregunta, una consulta periodística sobre si tenía expectativas de que esta ley salga, contestó: “Soy vieja, no tengo más remedio que ser optimista”. También quiero citar Marta Dillon que escribió una reflexión a pocas horas de la media sanción en la Cámara de Diputados y dijo: “Después de las víctimas que no tendrían que haber sido”.

Entonces, presidenta, miremos a las víctimas, miremos a las mujeres optimistas en la lucha y por estas mujeres, por estas víctimas que no deberían haber sido y por el optimismo que nos trae a nosotros también sabernos unidas en la causa: que sea ley.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora Kunath.

Ahora tenemos a Solari Quintana.

Sra. Solari Quintana.- Muchas gracias, señora presidente.

Primero y antes que nada, mis agradecimientos a todas las personas que nos han acompañado a los legisladores y a esta legisladora en este proceso, a los más cercanos, a los que vinieron, a los que expusieron y a las personas que están afuera también, fundamentalmente, que representan al pueblo.

Antes que nada, quisiera pedirle la incorporación, le he dado a nuestro prosecretario unos documentos donde constan pormenorizadamente todos los fundamentos con los cuales un grupo de senadores, que se sabe estamos en contra de la legalización del aborto… Lo hemos elaborado y enriquecido entre todos. Quiero que esto quede muy claro: no es un documento mío, yo lo estoy presentando, simplemente.

También quiero pedirle a la señora presidente que tengamos la posibilidad los distintos senadores… Yo lo pongo a disposición para quien quiera una copia recibida por usted, por este Senado.

Sra. Presidente.- Gracias.

 

 

Sra. Solari Quintana.- Porque considero que puede ser un documento histórico, es un día muy importante.

Cierto es que el lugar más cómodo sería hablar de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la norma y no me alcanzarían los diez minutos que tengo, así que voy a ser breve.

Creo que sí es necesario que haga algunas consideraciones para que se escuchen. A este respecto, yo tengo muy claro que para mí el ordenamiento jurídico nuestro, la Constitución y los tratados que ella recepta, tienen como momento a partir del cual se es persona y sujeto de derecho, la concepción.

Dicho esto, también quiero aclarar que ampliamente veo y considero que este Senado –sabemos– refleja las posturas de quienes están en contra y de quienes están a favor. No pienso de ninguno de mis pares –de las personas que han llegado con el voto de cada uno de sus pueblos, de su gente, a este recinto– consideren que están vulnerando –los que piensan a favor, por ejemplo– la Constitución y el orden. Tenemos puntos de vista claramente diferentes y cada uno de nosotros los fundamos.

Creo que acá, en el análisis que yo hago, es importante ver lo que está pasando afuera. Me encanta que haya mucha gente afuera, pero el tema que tenemos que resolver los argentinos es que hay unos que tienen pañuelo verde y otros que tienen pañuelo celeste. Yo creo que esta diferencia es irreconciliable para aquellas personas como yo, que creen que esta norma, este proyecto que vino en revisión al Senado, es altamente inconstitucional e inviable, porque sería vulnerar el ordenamiento jurídico fundamental que nos permite, inclusive, estar discutiendo ampliamente este tema hoy en el debate y en la sociedad. Esa división que tenemos para mí es infranqueable. Si no se modificara la Constitución, si no se denunciara la reserva que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, yo no podría levantar la mano en este recinto y legalizar el aborto, porque voy a seguir pensando que es inconstitucional.

También digo “¿Qué mensaje tengo además del fundamento?”, porque yo me dedico a la política, señora presidente, desde hace muchos años ya, y creo que la política es de consensos. Entonces, cuando veo esto, y que las personas que están en favor del aborto, que claramente no creen que esto sea inconstitucional, y más allá de que yo considere que es una cuestión ideológica y que se trata de acomodar en doctrinas con las que yo obviamente no coincido y estoy absolutamente en contra, digo “¿Cómo conciliamos? ¿Cuál es nuestro punto de unión?” Porque la política se trata de poder tener un punto de unión que zanje estas terribles diferencias que tenemos. ¿Cómo franqueamos esto? Creo que ese es el enorme desafío que tenemos, todos y cada uno de los dirigentes políticos que hoy ocupamos una banca en el Senado o somos legisladores en la Cámara de Diputados, nacionales, provinciales y quienes también ejecutan las políticas: los dirigentes que ocupan el Poder Ejecutivo.

Creo que a nosotros nos ha faltado política. Nos ha faltado hacernos cargo. Por eso, yo hoy elijo hablar de lo que más incómoda, porque es muy humano no afrontarlo y dejarlo para mañana. Pero, nosotros tenemos una sociedad afuera que nos está diciendo que no hay más mañana para nosotros. Tiene que ser hoy la respuesta. Entonces, digo y me hago cargo de que nosotros hemos fallado para dar respuesta en el lugar que hayamos estado. Creo que ninguno de nosotros llegó a senador sin haber atravesado otras instancias, sea como legislador o como parte de un Poder Ejecutivo. Algo habremos hecho en la política para estar acá. Yo hice muchas cosas.

Ayer tuve dos llamados. Una entrevista de una periodista que está a favor de la legalización, que fue absolutamente rica, donde yo descubro que ella no sabe que este proyecto, luego de las catorce semanas, habilita con laxas causales, desde mi punto de

 

 

vista, que se pueda abortar hasta los nueve meses. Me lo negaba. Una defensora del proyecto me lo negaba. Eso me da un pulso de la realidad, de la información.

Y tuve el llamado, ella sabe quién es y se lo agradezco, de una funcionaria judicial de carrera y de fuste de mi provincia, que me dijo: respeto tu postura. Una persona que yo he visto defender la Constitución todos los días de su vida, el Estado de derecho. Excelente. Me dijo: yo soy abortista. Pero, lo mío es ideológico. Ideológico. Fue la única persona que me dijo que lo de ella era ideológico. Evidentemente, para mí, es ideológico para quienes están a favor del aborto.

Pero, cuando digo que tenemos el desafío, el enorme desafío de dar una respuesta, es el único lugar donde encuentro un punto de unión, del que todos los políticos nos tenemos que hacer responsables, desde mi punto de vista. Yo tomo esa responsabilidad, porque sea cual fuere el resultado que tengamos hoy, todos tenemos que trabajar para que la mujer no llegue al estado de vulnerabilidad en el que la coloca la vida misma. Esa es nuestra responsabilidad.

Digo que responsabilizo a todos en el pasado, porque hubo sectores que no quisieron que se implementara tal política, hubo personas que, obviamente, dentro de los poderes ejecutivos consintieron, no enfrentaron, no dieron la batalla y faltó la respuesta. Y creo que esa falta de respuesta es la que se ve hoy en la calle. Se ve hoy entre nuestra gente. Y duele. Creo que nos duele a todos ver eso. A mí me dolería no tener una respuesta para todas esas personas, que somos nosotros mismos los argentinos y cada uno en su pueblo, en su provincia, en su lugar. Nuestra gente merece que nosotros nos ocupemos del tema y creo que no tenemos margen para hacernos los distraídos nunca más.

Además, en este proyecto, veo una inconstitucionalidad de la que no se ha hablado, porque siempre estamos hablando, quienes estamos en contra, de ese derecho a la vida que es absoluto. Para mí es absoluto el derecho a la vida desde la concepción. Yo no puedo matar a alguien porque me molesta. Lo que pasa es que parece que se visualiza más un ser humano cuando está completo. Y no se visualiza el humano cuando es un embrión.

Digo que tampoco hemos mirado siquiera la enorme vulnerabilidad que tiene este proyecto respecto de aquello que nosotros tomamos como niño, la definición. Cuando leo este proyecto y veo que a la edad de una criatura, de una niña, que le sucede quedar embarazada puede ir con una persona, que no son sus padres, y practicarse un aborto; honestamente, me parece una locura. Me parece un exceso tan enorme, que de lo único que me habla es de cuánto hemos fallado en la política.

Señora presidente, mi compromiso con el pueblo de mi provincia, mi amada tierra colorada a quien represento es hacer desde esta banca todo lo que esté en mí para poder legislar, crear, controlar aquello que está legislado y en su momento no se reglamentó. Tenemos la obligación de instar todos los procesos que tengan que ver con la implementación de políticas públicas que no lleven a las mujeres a tener que practicarse un aborto. No niego ninguna de las realidades. Todo lo contrario, y si de algo me he ocupado es de escuchar todo el tiempo al que piensa diferente. Estas son mis conclusiones de por qué hemos llegado a esto y cómo deberíamos poder resolverlo.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra el senador Ojeda.

Sr. Ojeda.- Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidente.

Primero, quiero agradecer a todos los que de uno y otro sector me han aportado con su punto de vista. Los respeto a todos. A los que me han agraviado de uno y otro

 

 

sector, les deseo lo mejor. Pero, en particular, quiero expresar mi malestar por la actitud de una senadora del Movimiento Popular Fueguino, miembro del interbloque Pro, de mi provincia, que públicamente pidió a la gobernadora y al vicegobernador de mi provincia que intercedan para que yo cambie mi voto; menospreciando mi conciencia, el convencimiento y el sentimiento que tengo al momento de tomar una decisión y de votar.

En este sentido, ya que la senadora pide y pide por la vida, una forma de aportar a la vida es pedirle que su partido no le quite las asignaciones familiares a los que menos tienen y, en especial, en la Patagonia.

Me preguntaba, además, qué pasa hoy si no se aprueba la ley. ¿Qué cambia el accionar político, ese que tanto pregonamos, el que debe cambiar la realidad de la sociedad, el que debe atender los problemas de la gente? La realidad es que nada va a cambiar si esta ley no se aprueba. No va a cambiar nada. Va a seguir igual. Las mujeres que decidan abortar, cualquiera sea la razón, seguirán viéndose obligadas a arriesgar su vida, porque como Estado no fuimos capaces de brindarles ninguna respuesta; que de no mediar ningún profesional de la salud, esos embriones o como queramos llamarlos, no tendrán tampoco ninguna oportunidad de vida. No habremos salvado ninguna vida. Por el contrario, perderemos con seguridad una y arriesgaremos la otra.

Lamento que no se hayan podido introducir las modificaciones que surgieron en las comisiones durante el tratamiento de la media sanción. Por ejemplo, exceptuar el cumplimiento de la ley a las instituciones privadas con adscripción religiosa. Entiendo que hay que respetar todas las posturas.

Otra modificación que no prosperó es que se establecía el deber de informar sobre la interrupción voluntaria del embarazo y sobre las políticas de maternidad. Considero que esto era una oportunidad para salvar una vida, la vida del embrión.

Un punto importante sobre el que me quiero detener es el artículo 7º donde se establecen tres supuestos de interrupción legal del embarazo. Y dice textualmente en el proyecto: “fuera del plazo dispuesto, más allá de las 14 semanas”. En las exposiciones que se realizaron dentro del debate en el plenario de comisiones, dos médicos especialistas, una mujer, Stella Maris Manzano y Feiralla, ellos opuestos en su forma de ver, coincidían en que por su definición en términos médicos, el aborto puede ser practicado en un plazo máximo de 22 a 24 semanas, entendiendo que, a partir de allí, lo que se practican son partos inmaduros o prematuros, considerando que, antes de ello, es casi nula la vida extrauterina del feto, avalando lo estipulado en el protocolo para la atención de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo dictado por el Ministerio de Salud en el año 2010 y actualizado en 2016, el que fija hasta un máximo de 22 semanas para la realización de la práctica, regulando el artículo 86 del Código Penal, que tampoco establece un plazo. Les recuerdo que esto se encuentra hoy vigente, funcionando sin conflicto con la Constitución Nacional.

Otro punto destacable es que se prevé la intervención de consejerías, las que contribuirán a que las personas gestantes puedan acceder a la totalidad de la  información que deben conocer en forma previa a la realización de la práctica. Realmente creo que se puede brindar desde el Estado la contención necesaria proporcionando las distintas opciones y respetando lo que la mujer elija, evitando así que caigan en manos de quienes solamente pretenden lucrar con su desesperación y dándole una oportunidad de vida a las dos vidas, puesto que esto de ninguna manera va a ocurrir en la clandestinidad.

Creo que hay que acompañar a esta iniciativa para dar igualdad de condiciones a aquellas personas que decidan interrumpir un embarazo, de lo contrario, no hacemos

 

 

que contribuir a la desigualdad, ya que el que dispone de recursos económicos puede acceder a las condiciones médicas de seguridad y contención que se requieren para este tipo de intervenciones. Y, por el contrario, las que no la posean se ven confinadas a realizar estas prácticas en lugares deplorables, sin profesionales de la salud, aumentando considerablemente, el riesgo de vida. En este mismo sentido, se expresaba el médico más emblemático que ha tenido la Argentina en cuanto a salvar vidas, reconocido en este Senado con la entrega de la Mención José de San Martín, el doctor René Favaloro.

¿Quién puede poner en duda su hombría de bien y la sinceridad de sus palabras? Todos los aquí presentes queremos salvar vidas, pero diferimos en cómo hacerlo. Personalmente, no creo que la solución sea dejar el tema en la clandestinidad, el Estado no puede mirar hacia otro lado frente a esta gran problemática que afecta a tantas mujeres. Seguiremos peleando, mujeres y hombres por sus derechos. La falta de ellos ha provocado miles de injusticias, pero lo que es peor, se ha llevado miles de vidas. Los que votan a favor de la continuidad del aborto clandestino, votan, aceptan y validan el riesgo de muerte, que mujeres por distintos motivos personales e internos aceptan y optan por lo que considero una decisión tremenda, difícil y dolorosa.

Por último, soy padre de tres hermosas hijas, a ninguna le aconsejaría un aborto, por el contrario, la alentaría a seguir adelante en todos los casos, excepto ante el riesgo de vida; en ese caso, no.

Por eso les pregunto a los que son padres y madres, los que tienen hijas, si por cualquier circunstancia cualquiera de ellas decide interrumpir un embarazo como padres, con una mano en el corazón, les pregunto: ¿en manos de quién preferirían que esté su vida? ¿En manos de un partero clandestino o en un hospital, con profesionales, debidamente cuidada? Pensémoslo, votemos con la razón y el corazón.

Y, por último, a los que están esperando en la plaza, más allá de cualquier resultado, les pido que lo tomemos con paz y en calma. Adelanto mi voto positivo al proyecto y los jóvenes que no se olviden de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Nada más, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senador Ojeda.

Tiene la palabra la senadora Ada Itúrrez.

Sra. Itúrrez de Cappellini.- Gracias, presidenta.

No digo nada novedoso si afirmo que estamos protagonizando un momento histórico, que esta es una sesión histórica y que nos encontramos abocados al tratamiento de un tema sumamente especial, de un tema de extraordinaria gravedad y superlativa trascendencia. No es casual que la plaza frente al Congreso esté llena de pañuelos celestes y verdes, apoyando unos una postura y otros la otra. Y, para nosotros, como senadores, sin lugar a dudas, la jornada de hoy es trascendente. Porque es un día de enorme responsabilidad, porque los que estamos aquí, representamos a la mayoría del pueblo de las provincias y, en este caso, de Santiago del Estero, y tenemos la obligación de decidir.

Y el primer interrogante que me impuso esta iniciativa fue: ¿existe o no ser humano vivo dentro del vientre materno? Y, a la luz de las múltiples exposiciones compartidas en los plenarios, y más allá de la terminología que hayamos escuchado: embrión, feto, niño por nacer, porta un ser humano y porta un ser humano, cuya existencia comenzó al momento de la concepción. Y el niño por nacer tiene corazón, tubo neural, pies, manos, columna vertebral, aparato respiratorio, o sea que desde su comienzo es una persona humana. Es claro que es único e irrepetible.

Así las cosas, su destrucción en cualquier etapa importa sesgar la vida de un ser humano nuevo, distinto de sus progenitores, poseedor de un ADN propio, al cual solo le

 

 

falta tiempo y alimento para madurar. En suma, de acuerdo con la ciencia y desde el momento de la concepción, hay vida.

Bastando afirmar que la persona por nacer es un ser humano distinto a su madre, cuya dignidad debe ser reconocida y cuya vida debe ser protegida. A ello debo agregar, a modo de refuerzo, que creo que también tiene alma desde la concepción. Consecuentemente, mi voto no puede ser otro que rechazar la media sanción que viene de Diputados. Y este voto no es en contra de nadie, sino a favor de la vida. Es mi convicción y la convicción de la mayoría de los santiagueños, porque debo expresarme en este sentido y en esta representación.

Fue fabulosamente extraordinaria la exposición del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el doctor Mera Figueroa, cuando hablaba puntualmente de los fundamentos constitucionales de este proyecto, del artículo 75, inciso 23, que nos impone cuidar al niño y también, en situación de desamparo, desde el embarazo.

Yo entiendo que para esta postura no solamente me respalda la legislación nacional, sino también los tratados internacionales suscriptos por nuestro país y que revisten jerarquía constitucional –la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos– que consagran a la vida como un derecho humano fundamental del que no se puede ser privado arbitrariamente.

Hay que aclarar también que es el primero de los derechos humanos y, por lo tanto, en mi humilde opinión, el aborto constituye un feroz ataque a la vida, ataque que, a mayor escándalo, se produce en el momento de mayor inocencia, de mayor indefensión y de mayor vulnerabilidad de este mismo ser, que no puede hacer nada, solamente crecer.

Quiero detenerme en esto que también se plantea en cuanto a que estamos coartando el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Y este planteo también me da otra visión: la mujer embarazada lleva adentro a otra persona, que merece el reconocimiento de su dignidad y la protección jurídica como tal; está establecido en el sistema legal argentino y son los valores también de nuestra sociedad. No constituye una exageración afirmar que sesgar la vida de ese ser humano implicaría destruir el contrato social que nos permite vivir en comunidad, y que estaríamos violentando el ordenamiento constitucional. Y en este proyecto, que por ahí pareciera establecer una suerte de superderecho supraconstitucional, yo creo entender que lo que nos permite es la destrucción del ser concebido por voluntad de su madre, y decir que vivir o morir dependerá de la voluntad de un tercero. En este caso, el niño parece un bien disponible por cualquier otra persona.

Y también me preocupa que se pretenda establecer esta prestación obligatoria tanto para el Estado como para cualquier tercero que brinde servicios de salud, a los que además se obliga a practicar el aborto con plazos perentorios, y también con la prohibición de la intervención judicial o la defensa por la presión que recibe el médico o personal de salud que obstaculice la realización del aborto, agravándose la pena si la persona por nacer permaneciera viva.

La verdad es que escuchamos, que también se sostiene, que el aborto ya está contemplado en nuestro derecho por el artículo 86 del Código Penal, pero al respecto preciso es decir que los supuestos de aborto terapéutico o eugenésico no constituyen más que dos excepciones minúsculas, rigurosamente acotadas y que obedecen a situaciones especialísimas. Además de que esa normativa está muy lejos de consagrar al aborto como un derecho, o lo despenaliza, y se limita a establecer la no punibilidad en sendos supuestos en razón de las peculiarísimas circunstancias de los mismos.

 

 

Más allá de todo esto, la legislación es perfectible, pero tengamos en cuenta que lo que falla no es la ley, sino los hombres. Y si hablamos de la intervención discrecional de la vida de la persona por nacer, no hay razones para justificarla. Creo que es una cuestión irrazonable, porque tampoco entiendo que empoderemos a la mujer en estas situaciones tan críticas, factibles, y creíbles. La salud argentina, la salud pública argentina, es verdad, necesita…

Sra. Presidente.- Senadora: con todo respeto, ya tenemos que ir redondeando.

Sra. Itúrrez de Cappellini.- Termino.

…propuestas que cuiden a la madre y al hijo por nacer. Pero el aborto clandestino es en verdad un problema sanitario, y nosotros tendremos que buscar mejores medidas preventivas, paliativas y curativas. Y en este sentido –quiero terminar, presidenta; no quiero abusar de mi tiempo para exponer–, estoy en contra de esta media sanción que viene de Diputados, que intenta promover el aborto y no fomentar el nacimiento con vida. Y podría fundamentar desde el punto de vista político. Yo vengo del Justicialismo y tengo muy claros los principios de nuestros líderes y conductores, pero le puedo comentar que no dejaron de conmoverme las palabras que me hiciera llegar un niño de mi provincia, que decía: “Me llamo Tomás. Tengo trece años, y no tengo tanto conocimiento sobre esto, pero sé que en la panza de las mamás hay vida. Le pido que vote con el corazón y que no se deje llevar por otras cosas. Recuerde que el aborto es un homicidio. Confío en usted y le pido que salve las dos vidas.”.

Con mucho respeto por los pensamientos de todos los colegas de este cuerpo, esta es mi posición. Y agradezco y valoro el trabajo que hemos realizado en este equipo que se constituyó yo no creo que para fortalecer una decisión, que ya la hemos tomado apenas se arrojó este tema, sino que ha servido para estar en contacto, para conocernos más, y creo que para trabajar también en beneficio de la democracia.

Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted, senadora.

Le toca ahora al senador Catalán Magni.

Sr. Catalán Magni.- Gracias, señora presidenta.

En principio, voy tratar de traerlo más al llano, más a lo cotidiano; no dar un examen como creo que cada uno de nosotros da cuando nos sentamos en estas bancas y tenemos que salir a argumentar o a defender un proyecto, una ley o una idea.

Porque me parece que claramente estamos frente a un momento histórico de algo que nos atraviesa a todos. Y creo que, es más, uno está más allá del lugar y del rol institucional que ocupa, que es de una enorme responsabilidad, con una mirada y una voz personal.

Y, desde mi lugar, no siento que un focus group, que una encuesta, que lo que impacte en mi provincia o no, que lo que piense la mayoría de la sociedad o no, cambie mi mirada. Es decir, cambie lo que yo siento y mi concepción, y cómo creo que hay que abordar este tipo de cosas.

Claramente, tuvimos la posibilidad de acceder a muchísima información. En la Cámara Baja hubo más de setecientos expositores, durante dos meses y medio de debate. Por ello, creo que surgió una media sanción válida, un punto de partida muy válido, luego de veinte horas en el recinto y de un mes de trabajo en el plenario de comisiones que lo debatió en la Cámara Alta con una enorme responsabilidad.

Felicito a los tres presidentes de las comisiones, porque hicieron un trabajo enorme y, en particular, al senador Guastavino, porque la exposición, la presentación que hizo hoy, sin ninguna duda, fundamenta desde lo personal y desde lo técnico algo que realmente es refutable.

 

 

Luego, también debemos entender que a partir de ese punto de partida y de esto que les comentaba y que les relataba, creo que debemos, claramente, entender si estamos nosotros hoy representando lo que la mayoría de la sociedad espera de nosotros.

Me parece que hoy, cuando una mujer tiene una decisión tan difícil que tomar, por distintas cuestiones, por la Constitución provincial, por la Constitución Nacional, porque cuesta un peso más, porque cuesta un peso menos, porque en mi provincia no lo toman a bien, porque la otra provincia es más conservadora, nunca le damos respuesta. Siempre el Estado niega estar cerca de la gente en momentos que, sin duda, son muy duros. Muy duros, muy sensibles y por los que me parece que uno no puede negar una realidad que existe y que debe ser abordada con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza del Estado.

Creo que lo que se planteó en el plenario de comisiones, las modificaciones que se realizaron, claramente, daban una luz cierta de poder convertir el proyecto en ley. Y después de discutir, llevarnos una ley para que a todas esas mujeres que tienen que tomar decisiones, sin duda, muy duras, muy sensibles, el Estado no las estigmatice y no les ponga todo el peso de la ley encima. Y, al contrario, las ayude, en lo previo, en el momento, en lo posterior, a fin de que tenga un apoyo psicológico como corresponde. Un ámbito de salud como corresponde y un Estado que las ayude, que las ayude.

Creo que todo ese camino que, bueno, que se había allanado y que se planteó en el plenario de comisiones claramente terminó poniendo “verdes o celestes”, “verdes o celestes”. Entonces, salimos afuera y es “verdes o celestes”. Y me parece que volvemos a ponernos en un lugar en el que no creo que esté bien hacerlo. No creo que esté bien. No creo que esté bien.

Yo creo que hoy no se trata de porque uno no esté a favor de las dos vidas, que esté en contra de la vida. No siento que sea así. Yo no siento que sea así.

Entiendo que poner como identificados más con la vida las dos vidas y el pañuelo celeste hace que del otro lado nos pongan a nosotros como que no quisiéramos que la vida prospere y que no quisiéramos que la vida avance. Y nadie está hablando de eso.

Acá estamos hablando claramente y, para hacerlo simple, de aborto legal y aborto ilegal. No estamos hablando otra cosa.

Después le podamos dar todos los matices que queramos: de las constituciones, del artículo, de la ley, de lo que dice o si vino el ministro de Salud de la Nación y dijo que era más barato o más caro. Y es respetable, pero no me parece que se sesgue a ese tema tan liviano para un tema tan sensible y tan duro.

Ahí es donde la política debe buscar claramente un camino, un punto de encuentro que nos permita debatir en serio, a fin de no dilatarlo.

Contémosle a la gente que, si esto hoy no se convierte en ley, vuelve en agosto del año que viene, cuando recién se le podría volver a dar estado parlamentario, es decir que empezaríamos de vuelta, en un año electoral, reitero, en un año electoral, con lo cual, seamos sinceros: la verdad es que es muy difícil que prospere, que el año que viene vuelva a estar en la agenda. Y coincido mucho con mis pares: creo que uno lo lleva mucho a la situación personal.

Yo tengo cuatro hijos: dos mujeres y dos varones. Las dos puntas son mujeres y los dos del medio son varones. Los cuatro −arrancando de 26 años a 14 años− me dicen lo mismo: “Papá que salga, papá que salga”.

Te hablo de 26 años a 14. “Papá que salga”. Creo que, más allá de lo que votemos, nosotros hoy, y la respuesta que nos llevemos o no, ante un momento tan, tan

 

 

importante de nuestras vidas, de todos los que estamos formando parte de este momento de la historia de la Cámara Alta, lo que no vamos a poder hacer, de ninguna manera, es para lo que viene. Claramente se trata de lo que viene, porque los adolescentes y los chicos lo piden, lo reclaman. La sociedad reclama que el Estado esté presente, que el Estado pare de negar lo que pasa y que no porque uno piensa diferente debe estar estigmatizado.

Vengo de una familia muy conservadora, una sociedad muy conservadora y seguramente esto en mi provincia va a generar y genera una enorme controversia.

Recién hablaba el senador Ojeda sobre la posición que ha tomado otra par nuestra, la senadora Boyadjian, planteando que la gobernadora interceda entre nosotros para ver qué posición tomamos… No, muchachos, no, no; la política no es eso y menos esto, y menos esto. Indudablemente, no estamos entendiendo nada de lo que la gente reclama de la política y cada vez la ponemos más lejos de la sociedad. Cada vez la ponemos más lejos desde el tecnicismo de la Constitución, de lo que cuesta, de lo que no cuesta, de lo que vale, de lo que no vale con lo que el ciudadano pide y demanda de nosotros.

Y lo peor que podría pasar hoy es que termine el momento de nuestras exposiciones −de lo que cada uno siente y manifiesta, como le parece que está bien− y que no pase nada, que nos vayamos de acá sin haber hecho nada. Y ahí es donde tenemos que replantearnos claramente el lugar que estamos ocupando, qué grado de responsabilidad tenemos: si nos da un voto más o menos en nuestras provincias, si sirve de alguna manera un momento electoral para romper el bloque de enfrente y ver si ahí muestro mi poder y cómo desarticulo, entonces, aparecen los encuestadores y los grandes operadores de los medios monopólicos nacionales o provinciales.

Yo creo que el debate es mucho más profundo y siento que debemos abordar seriamente este tema. Creo que claramente debemos sentirnos identificados con la mayoría de la sociedad que pide que lo debatamos responsablemente. Y la media sanción vino de la Cámara baja al plenario de comisiones, donde se accedió claramente a hacer modificaciones, porque teníamos en claro que el espíritu era que debía ser ley, que debía ser ley. Ese es el espíritu. Por eso se accedió en el plenario de comisiones a debatirlo responsablemente. Y ahí pusimos: no, no, no, no, no, no, no… No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo.

Nos alejamos cada vez más de la sociedad. Ahí es donde creo que cada uno de nosotros debemos entender que no siempre es ganar o perder. No siempre se trata de que: “Me salió bien, logré dos votos más”. En mi provincia gana el celeste en la mía el verde. No, no, no; no es así.

Creo que, claramente, la sociedad pide otra cosa. La sociedad pide que  la política esté más cerca de la realidad, de la sociedad y que debatamos responsablemente temas tremendamente sensibles que cruzan transversalmente a la sociedad. Y la Cámara baja en todo el debate que tuvo, junto a su presidente, hizo un enorme trabajo. Y acá con el presidente de la Comisión y con el plenario de comisiones también lo hicimos para lograr la mejor ley. Y ojalá que hoy, cuando llegue el momento de votar, termine quedando plasmado, más allá de lo que uno piense. Y lo que en realidad por lo menos en lo personal siento es que lo peor que nos puede pasar es que hoy nos vayamos sin haber hecho nada.

Gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.

A continuación, tiene la palabra la señora senadora María Teresa González.

Sra. González (M. T.).- Señora presidenta: muy buenas tardes.

 

 

En primer lugar, vengo representando con esta banca a la provincia de Formosa. Y quisiera hacer un agradecimiento a todo el pueblo de Formosa que en este momento estoy segura está escuchando y está viendo a través mío un parecer que se expresa no solamente en la capital de la provincia de Formosa, sino también en todo el interior provincial.

Luego, quiero referirme, específicamente, a este proyecto de ley que hoy nos convoca a todos. Y realmente debo ejemplificar, en este caso, a muchísimos grupos y equipos, tanto de salud como de educación y otros tantos que trabajan de manera silenciosa día a día, tratando de estar al lado del que menos tiene; tratando de estar al lado del que más lo necesita; tratando de estar al lado y contribuyendo a su inclusión para una vida digna y justa.

Nosotros venimos implementando una política en donde trazamos, dentro del programa integral que viene desarrollando la provincia, una línea de vida. Debajo de esa línea de vida ningún formoseño debería estar. Con ese objetivo claro venimos trabajando de manera interesante e incansable en todas las áreas.

El tema de la interrupción voluntaria del embarazo no es solamente un tema de la salud pública; es, realmente, una problemática interdisciplinaria. Y a través de políticas públicas de manera interdisciplinaria se tiene que actuar y se tiene que trabajar a corto, a mediano y a largo plazo.

Yo insisto –y, a través de mío, muchísimos formoseños– en que seguimos apostando por la vida, en que seguimos apostando por los nuevos soñadores de esta gran patria argentina y de esta pequeña provincia joven, que viene empujando sin pausa este crecimiento. Un crecimiento que a veces se hace más lento y más costoso, pero dentro de todo hay que valorar los grandes equipos de trabajo que van día a día, de manera interdisciplinaria, abarcando e incluyendo a más población: a más población indígena, a más población indigente, a gente de la tercera edad, a discapacitados. Es precisamente en esas políticas públicas donde nosotros tenemos que centrarnos. Es en esas políticas públicas en donde nosotros tenemos que aumentar y, ahí sí, volcar absolutamente todo el presupuesto: en los niños, en los jóvenes, en los soñadores. Como decimos nosotros en nuestra provincia de Formosa, apostamos por los nuevos soñadores. Venimos peleando de manera interesante por los nuevos soñadores para que tengan, efectivamente, las necesidades básicas satisfechas y cumplimentadas; para que tengan una educación completa, incluida una educación sexual; para que tengan una salud pública integral, en donde en este momento se contempla a la mujer embarazada.

Es fundamental destacar –y, en ese sentido, me gustaría leerlo– lo que dice la Constitución de mi provincia al respecto. La misma en el artículo 5º dice: “Los derechos, declaraciones y garantías enumerados en la Constitución Nacional y que esta Constitución da por reproducidos, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal, como individuo y como integrante de las formaciones sociales en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes ineludibles de solidaridad y seguridad política, económica y social, siendo los mismos operativos.

Todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de su concepción y a su integridad psicofísica, espiritual y moral. El Estado provincial propenderá a la concientización de las responsabilidades inherentes a la generación de la vida.”

Es lo que reza nuestra Constitución provincial. Y venimos trabajando de manera fuerte e incansable por lograr esa línea de vida.

Por lo tanto, ya que en el marco constitucional e institucional ya se han expedido

 

 

mis colegas senadores, simplemente me queda por decir lo siguiente: por los jóvenes formoseños, por las madres que en este momento siguen apostando por una vida justa y libre, mi voto es en contra.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la diputada Nancy González… perdón, senadora Nancy González.

Sra. González (N. S.).- Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Perdón, le voy a explicar por qué me salió “diputada”: porque estábamos hablando de la Cámara de Diputados. Es por eso, nada más.

Sra. González (N. S.).- No hay problema, señora presidenta.

Primero, tengo que agradecer y felicitar a las comisiones que han trabajado en este proyecto: a los presidentes de las tres comisiones, ya que realmente se ha podido llevar un debate con total pluralidad y respeto; a los integrantes de las comisiones que participamos; a aquellos senadores que estuvimos en todos los debates y, más allá de las diferencias y de las distintas posturas, nos supimos respetar y nos supimos escuchar.

Hemos escuchado, a veces, cosas con las que no estábamos de acuerdo. Escuchamos barbaridades, porque en ciertos momentos de las exposiciones vinieron especialistas que realmente hablaron barbaridades. Y escuchamos también a los que estaban del lado nuestro, con la postura de defender a las mujeres.

También tengo que agradecer al pueblo que me votó por estar sentada hoy aquí dando este debate histórico, por el que hoy todos podemos hacer historia. Con este debate histórico y con esta votación hoy podemos hacer una sociedad más igualitaria, porque la democracia se mejora con más democracia, no con menos democracia. Votando este proyecto de ley estamos ampliando la democracia.

También tengo que agradecer a los colectivos de mujeres, que gracias a ellas también estoy sentada hoy debatiendo este proyecto, que por años, años y años lucharon por instalar este tema y hoy están en la calle. Hoy están en la calle esperando una respuesta nuestra. Hoy están en la calle defendiendo sus derechos.

Tengo que agradecer también a los que me agredieron durante todo este tiempo, a los que me pidieron que mate a mis hijos y a mis nietas, porque me fortalecieron; porque me convencieron de que lo que estaba estudiando para votar y lo que estaba dentro de mis convicciones para votar, no estaba errado.

Les quiero decir a todos que soy católica, pero cuando me votaron no me votaron por católica: me votaron para que legisle para todos los ciudadanos argentinos, los católicos y los no católicos. Y lo hago con una profunda convicción; una profunda convicción que me da el peronismo, que es la ampliación y la conquista de derechos.

He escuchado a muchos senadores, a muchos expositores, decir que las mujeres pobres no abortan. Y la verdad, según la estadística que tenemos, es que las mujeres pobres son las que abortan y las que mueren. Las mujeres que tienen poder adquisitivo y pueden hacerse un aborto seguro, pagando un buen médico, no mueren. Aquellas que se lo van a hacer de manera clandestina, y en el garaje de la casa de la vecina, sí mueren.

Hoy estamos –dije– en una jornada histórica; una jornada casi histórica como allá en el año 87, cuando se debatió la ley del divorcio, donde todo era extremismo; donde todo el mundo se iba a divorciar; donde no iban a existir más las familias; donde la iglesia se opuso totalmente a ese proyecto, un proyecto del presidente Alfonsín, que gracias a Dios hoy tenemos. Se podían divorciar, pero no se podían volver a casar. Ustedes piensen: si esa ley no se hubiera aprobado, hoy más de uno que se ha

 

 

divorciado no podría estar casado. Yo me puse a leer los periódicos de esa fecha y era el extremismo: se terminaba la familia, todo el mundo se iba a divorciar.

También les tengo que decir que estoy a favor de la ley, pero no estoy a favor  del aborto. Voy a votar esta ley totalmente convencida, pero no voy a salir a promover los abortos. No es que mañana todos los que votamos esta ley vamos a agarrar mujeres por la calle y decirles “tienen que abortar”. Estoy a favor de esta ley para que las mujeres puedan decidir por sus derechos, para que no haya más mujeres que mueran y para que no haya más hijos huérfanos; como la mujer que murió el domingo en Santiago del Estero y dejó tres hijitos por hacerse un aborto clandestino.

Si esta ley no sale hoy muy pronto va a salir porque creo que esta ola verde no la podemos parar; y no la para nadie.

Señores senadores: no seamos conservadores. ¿Qué estamos esperando? ¿Que a este recinto venga otra generación para que vote esto? Esto, a la larga o a la corta, y en muy poco tiempo, va a ser ley.

Maternar es político. Maternar no puede quedar en un mandato biológico. Las mujeres deben elegir: deben elegir cuándo quieren maternar. No se lo tenemos por qué imponer.

También, me voy a referir muy brevemente –ya lo hizo la senadora Kunath– al rol de los hombres. Acá hablamos solamente de las mujeres y, para que un embarazo se produzca, también participan los hombres; y hay hombres que, en vez de apoyar a esa mujer que quedó embarazada, las acompañan hasta la puerta del garaje de la vecina a hacerse los abortos clandestinos. Entonces, no tenemos que mirar para el costado ni tenemos que ser tan hipócritas a veces.

Hemos escuchado varios testimonios del trato inhumano que en algunos hospitales les propician a las mujeres que van con complicaciones luego de hacerse abortos clandestinos. Hemos hasta leído en las redes sociales: “Si llegan acá, no les damos ni un vaso de agua; no les alcanzamos ni un vaso de agua a la mesita de luz”.

¿Me dicen que eso no es desigualdad de clase? ¿Me dicen que eso no es atentar contra el derecho de las mujeres?

Estoy convencida de que es un tema de salud pública; totalmente convencida de que es un tema de salud pública. Me lo terminó de reafirmar cuando vino el ministro de Salud y dio su exposición, tan responsable.

Cuando este proyecto empezó a debatirse en Diputados me puse a escuchar algunas exposiciones –nos pusimos a escuchar también con mi equipo de trabajo, al cual agradezco enormemente– y todo el mundo decía “va colapsar el sistema de salud; el sistema de salud no podía sustentar este proyecto”. Bueno, un día nos sentamos y les dije: “Chicos, la verdad es que tenemos que estudiar un poquito más el tema porque realmente, si vamos a hacer colapsar un sistema de salud, tenemos que ver de qué manera subsanar esto.” Nos pusimos a estudiar con el equipo económico que trabaja conmigo e hicimos un informe; un informe que en su momento ofrecí a todos ustedes para que lo puedan leer, lo puedan tener y, por ahí, no puedan mentir; porque también he escuchado mentiras sobre lo que es el costo en Salud Pública.

Yo les quiero decir que tengo el informe. Todavía se los puedo acercar, así lo pueden leer antes de que voten. Lo que sí les puedo mostrar (Exhibe un gráfico.) es que hoy el sistema público atiende 50.000 internaciones al año; que tenemos un presupuesto público de 1.000 millones. Si aprobamos esta ley, compañeros senadores, con un aborto legal, seguro y gratuito, el presupuesto disminuiría un 43 por ciento; y si tuviéramos la producción pública del misoprostol disminuiría en un 55 por ciento. Son las mismas cifras que nos brindó el ministro de Salud cuando vino a exponer a este Senado. Esto no

 

 

incrementa el gasto en Salud Pública y, si lo incrementara, nunca la Salud Pública es un gasto.

¿Sabe qué, señora presidenta? Si hay algo que me indigna –y me indigna mucho; me enoja y, a veces, hasta me hace levantar la voz; no en este recinto, pero cuando converso mano a mano con otra persona– es la hipocresía; la hipocresía de muchos; la hipocresía de muchos que hoy están con el pañuelo celeste y acompañaron a algún familiar o a alguna noviecita a hacerse un aborto; la hipocresía de aquellos señores mayores que acompañan a sus novias a hacerse un aborto; la hipocresía de algunos médicos –¡que claro que quieren que este proyecto no salga–, que ahora tienen la objeción de conciencia. ¿Pero sabe por qué muchos médicos quieren que este proyecto no salga? Porque no van a poder cobrar más 30.000 pesos o 40.000 pesos por un aborto clandestino. Por eso es que hacen lobby contra estos proyectos.

También, me enoja la hipocresía a veces de la Iglesia católica, porque están hablando de las dos vidas, están hablando de defender a los niños, pero no hablan de la misma manera, señores senadores, cuando hablan de los curas pedófilos, que es mucho más grave –¡que es mucho más grave!–, que hacen oídos sordos y nadie se hace una autocrítica. ¡Eso es hipocresía, señores senadores!

¡Entonces, cuando hablemos, hablemos todo con la verdad! ¡No hablemos de que matando! ¡Nosotros no somos asesinos! Nosotros no somos genocidas, como nos dijeron algunos expositores que vinieron. Nosotros estamos a favor de la vida igual que ustedes, pero no queremos que mueran más mujeres por hacerse abortos clandestinos. Y queremos que todas las mujeres tengan el mismo derecho: aquellas que tienen un poder adquisitivo alto, como aquellas que son humildes y no pueden pagarse un aborto seguro.

Voy a terminar porque me pasé, perdón, señora presidenta.

Por último quiero decir, señora presidenta, que estoy convencida de que esta ley tiene que salir; que estoy convencida de que muchas mujeres están esperando una respuesta nuestra.

Pero voy a decir, por último, por todas aquellas mujeres que hoy pudieron hablar, sacarse su angustia de encima al poder contar que se habían hecho un aborto, porque hoy este tema se puede hablar; por aquellas mujeres que murieron en la soledad y en la clandestinidad por haberse hecho un aborto; y por las futuras mujeres que quieren decidir por su cuerpo y por su maternidad, ¡que hoy sea ley! Gracias.

Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.

Tengo a la senadora Boyadjian.

Sra. Boyadjian.- Gracias, señora presidenta; gracias por este tiempo.

Y en honor al tiempo, antes de comenzar con el tema que nos convoca hoy, quiero hacer referencia primeramente a las palabras de los senadores de mi provincia y aclarar que nunca quise ofender: por el contrario. No quiero que lo tomen a mal. Ellos saben muy bien que siempre mis planteos y mis posturas son en defensa de la vida, pero jamás voy a atacar a nadie que piense lo contrario. Soy una mujer tolerante.

Simplemente, dentro de los agradecimientos que les hice a la gobernadora y al vicegobernador en la “Marcha por las dos vidas”, donde miles y miles de personas marcharon en mi ciudad, agradecí esa participación y me adherí a las palabras del vicegobernador en las que nos solicitaba a los tres senadores de la provincia de Tierra del Fuego que defendiéramos el derecho de las dos vidas. No quiero que esto signifique una ofensa. Si esto fue así, les pido disculpas. No soy una mujer confrontativa, pero también quiero decir que, si interceder en favor de las dos vidas es ofensivo, vale la pena.

 

 

Por otro lado –para terminar ya este tema–, siempre he intercedido por los trabajadores de mi provincia, como planteé en los medios de comunicación cuando intercedí ante Nación durante estas últimas semanas en las que se les quitó la zona a los trabajadores en las asignaciones familiares: tanto a los trabajadores de la Patagonia como a los de mi provincia; y todos saben que intercedí por ellos; nada más, señora presidenta.

Ahora, paso al tema que nos trae.

En primer lugar, quiero agradecer –ya cambio el tono (risas)– a los presidentes de las comisiones, que realmente tuvieron un protagonismo y trabajaron con mucha responsabilidad y respeto; sobre todo al presidente de la Comisión de Salud, al senador Fiad, porque realmente con todo compromiso se pudieron realizar todas las reuniones del plenario. Y de igual manera quiero agradecer a los casi 140 expositores que nos permitieron conocer y enriquecernos en este debate.

Señora presidenta: es la primera vez que este tema tan complejo, tan sensible, ha llegado a este Senado, ha llegado a este recinto. Y en honor a la verdad, si usted me pregunta si era el mejor momento para debatir un tema tan controversial como es el del aborto, yo creo que tengo mis dudas. Teníamos una grieta muy grande los argentinos y creo que no era el tiempo de generar otra, porque es un tema muy sensible y complejo.

Hoy tenemos afuera una plaza repleta de gente, una vez más dividida y vallada entre verdes y celestes; y es una verdadera lástima que los argentinos constantemente tengamos la necesidad de enfrentarnos en veredas opuestas. De todos modos, lo cierto es que este tema ya se instaló en la sociedad y debemos hacernos cargo, como lo estamos haciendo ahora con todo respeto, de una manera tolerante y respetuosa.

Lo que sí celebro de este debate es que, algo que estaba silenciado y de lo que todos hablaban, hoy se puede debatir en este recinto; y no tenemos miedo de ese debate. Yo creo que venimos sufriendo por este tema. Sobre todo, lo digo como mujer. Y considero que la sociedad se está expresando porque es un debate que abarca la conciencia colectiva de la gente y este es un punto de inflexión: hoy nadie quedó sin opinar sobre este tema. Lo podemos ver en las redes sociales, a favor o en contra: con adhesiones, rechazos, algunos nos dicen cosas que no nos gustan, otros nos felicitan, pero estamos acá todos debatiendo con seriedad.

Ahora, hablar de este tema es doloroso para cualquier mujer. Es un tema muy sensible, con muchas voces diferentes y todas respetables. Nos enfrenta en una colisión de derechos y nos pone en un dilema. ¿Quién no tuvo un dilema con este tema? ¡Todos, creo! Nos hacemos planteos. Una de las expositoras en el Senado lo expresó textualmente: “El aborto es una lucha de poder donde se enfrenta el niño por nacer, que reclama el derecho a la vida, y a la madre, que reclama el derecho a elegir si quiere o no continuar con esa vida. El error está en poner en igualdad de condiciones dos derechos que tienen jerarquías diferentes; y el verdadero desafío está en buscar las soluciones superadoras que contemplen y protejan ambas vidas.”

Yo quiero decir que como mujer siempre he pregonado y he trabajado por los derechos civiles, y he trabajado por avanzar en estos derechos, los derechos que cada mujer necesita para dignificarse.

Si acá empezamos a hablar de los espacios en los que nos costó quizá ubicarnos dentro de la política –un espacio que era particularmente reservado para los hombres–, yo creo que acá todas las colegas deben haber tenido alguna experiencia de luchar por ese espacio entre hombres: ¡esa es una de las experiencias! Por eso, siempre he pregonado y he tratado de fortalecer cada política de Estado en favor de exaltar y honrar

 

 

los derechos de las mujeres, y buscar el empoderamiento de cada una de nosotras, porque siempre nos costó.

Y no desde lo discursivo lo digo: desde la comisión que presido he impulsado y he acompañado cada propuesta. Hemos trabajado en favor de la paridad de género en la Corte; en la declaración de la emergencia contra la violencia de género; en la imprescriptibilidad de los delitos de trata de personas; en la ley Brisa, que repara económicamente a los hijos de madres víctimas de femicidio. ¡Y cuántas fuimos ese día por la causa Ni Una Menos –ese día que llovía tanto– hasta Plaza de Mayo!

Todas somos defensoras de los derechos. Ahora, como Cámara revisora y después de analizar esta media sanción que viene de Diputados, creo que acá no hay un avance de derechos. Por el contrario: si lo analizamos profundamente, considero que en su esencia se está negando y ocultando uno de los derechos. Se niega y oculta la presunción a la vida; a la existencia del niño o niña por nacer desde la concepción. O sea que no hay un derecho: hay dos derechos. Y el valor jurídico que acá tenemos que defender es la vida misma. Eso es lo primordial, y no tenemos que olvidar: es la vida misma; y esa la debemos resguardar.

La ciencia ya ha demostrado que la vida humana se inicia desde el instante mismo de la concepción. El embrión, jurídicamente, es una persona no nacida. Tiene ADN propio; es único e irrepetible, y diferente al de sus progenitores. Entonces, ¿vamos a negar que existe vida?

Si seguimos avanzando en los articulados, los artículos 13 y 7º mencionan –o plantea este proyecto– que se puede realizar un aborto sin justificar antes de la semana

  1. Yo me pregunto, señora presidente: ¿qué pasa en el instante antes de la semana 14?

¿Y qué cambio ocurre que se convierte, de repente, en persona?

Después, en los plenarios también escuchamos sobre la teoría de la progresividad aplicada al derecho a la vida. La verdad es que no concuerdo con esa teoría.

Por otro lado, si lo planteamos por cuestión constitucional, creo que avasallamos totalmente la Constitución nacional, la que juramos cada uno de nosotros cumplir y hacer cumplir en todos los articulados. Esa Constitución nacional, con sus pactos internacionales; y no me quiero detener mucho; algunos ya hablaron de esto. Puedo mencionar el Pacto de San José de Costa Rica; el artículo 6º de la Convención sobre los Derechos del Niño; incluso el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que se necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento. ¿Y de qué protección estamos hablando si lo único que estamos planteando es el aborto legal?

Y si mencionamos el artículo 19 del Código Civil, apenas hace tres años que se aprobó; muchos de ustedes eran diputados y senadores. El artículo 19 también mencionaba la concepción del niño… O sea, la vida del niño desde la concepción, y lo aprobaron. Esto, en la gestión anterior. ¡Apenas hace tres años! ¿Qué cambió desde hace tres años a esta parte, que muchos piensan diferente? ¡Perdón que lo pregunte así!

Si hablamos de que estamos en la “casa de las provincias”, donde representamos a nuestras provincias, y es un debate federal, creo que este proyecto en cuestión también vulnera la Constitución de trece provincias, inclusive la mía, que en el artículo 14 dice que todas las personas gozan del derecho a la vida desde la concepción. Por eso yo, como senadora fueguina, no puedo acompañar ninguna iniciativa en la que no se respete este derecho, aunque sea la única representante que se manifieste de esta forma.

Señora presidenta: si seguimos examinado el proyecto, la verdad es que tendríamos mucho para hablar; tiene muchos vicios. Pero pregunto: ¿dejaremos que sea

 

 

ley la posibilidad de practicar un aborto durante los nueve meses y hasta el día anterior al nacimiento? Me pregunto. Porque de acuerdo con los artículos 3º, 7º y 18, ¿no estaríamos abriendo una puerta muy peligrosa y a malas interpretaciones si así lo hacemos? ¿Y quiénes somos nosotros para decidir si una vida vale más que la otra y ponerle categoría a la vida? Por otro lado, si lo hacemos en embarazos avanzados, ¿qué método usarían los médicos para las gestaciones avanzadas para sacar a ese niño?

Por otro lado, hablamos de avasallamiento de derechos, y dejamos que esta ley hable de la penalización de los médicos y del personal de la Salud por negarse a hacer abortos. En principio, antes de ser ley, estaríamos planteando la penalización si lo hace. Al otro día se hace ley y lo estaríamos penalizando al médico por no hacerlo. ¡Miren qué contradictorio!

Todos hemos recibido cientos de firmas de muchos médicos de todas las provincias, donde se sienten muy preocupados por esta media sanción porque se sienten con derechos avasallados.

Sra. Presidente.- Senadora…

Sra. Boyadjian.- Y con esa preocupación…

Sra. Presidente.- Discúlpeme, pero en cualquier momentito tiene que terminar.

Sra. Boyadjian.- Voy redondeando, señora presidente.

Sra. Presidente.- Okay.

Sra. Boyadjian.- Lo que pasa es que hay mucho para hablar.

Sra. Presidente.- ¡Sí, sí! Lo que pasa es que hicimos un ordenamiento…

Sra. Boyadjian.- Con esa preocupación de los médicos juraron y prometieron servir para salvar vidas y no lo contrario; y esa prohibición de que no haya objeción de conciencia institucional, sin respetar el ideario fundacional.

Y si le damos prioridad al aborto durante los cinco días, ¿qué prioridad le damos a otras prestaciones de salud cuando los hospitales públicos están colapsados? ¡No hay ni siquiera lugar o turnos para otras operaciones: oncológicas, de vesícula o de otras prestaciones!

¡Ni siquiera hablar de las chicas de 14 o 15 años que van sin consentimiento de los padres! Incluso, se habla sobre la posibilidad de que alguien de la familia ampliada la pueda acompañar. Al dar la posibilidad de que vaya con una persona de esa familia,

¿no podría pasar que el embarazo de esa chica sea fruto de una violación, y que el mismo que la acompaña y da el consentimiento sea el violador? ¿Estaríamos encubriendo ese delito sin querer? Esto pasa, porque esta es la Argentina real; y el 80 por ciento de los casos de violencia suceden dentro de la vida intrafamiliar.

El aborto legal, que es una deuda de la democracia, no lo considero. ¡Ni siquiera se ha reglamentado o se ha materializado la protección integral como dice el artículo 75, inciso 23 de la Constitución nacional!

Quiero ir resumiendo. ¿Por qué no vamos mejor al problema de fondo? ¿Por qué no vamos a las causas de por qué una mujer hace un aborto y llega a esta situación de pensar en el aborto ante un embarazo no deseado? ¿Por qué no pensamos en el resultado el día de mañana, y nos unimos todos juntos en ver qué mirada le podemos dar y qué solución podemos dar? Esto significaría encolumnarnos todos juntos. Esta es la verdadera deuda de la democracia: promover un cambio cultural que luche contra la pobreza, contra la marginalidad, contra la exclusión, contra la ignorancia. Pero para eso necesitamos un Estado presente. Nosotros somos parte de ese Estado presente y nos debemos hacer responsables; un Estado presente que contenga las políticas de Salud; que les dé las herramientas e igualdad de oportunidades a todas las mujeres; un Estado presente, que genere educación sexual responsable, tanto a la mujer como al hombre,

 

 

para que no haya enfermedades de transmisión sexual; un Estado presente que no solo prevenga embarazos no deseados, sino también que ayude y acompañe a las mujeres que quieren continuar con ese embarazo y las contenga.

Sra. Presidente.- Senadora…

Sra. Boyadjian.- Un Estado presente que promueva un cambio cultural en los hombres para que no abandonen ni dejen solas a las mujeres cuando quedan embarazadas; un Estado que mire el sistema de adopción que hay que cambiar, porque es muy burocrático en los procedimientos. ¡Hay tantos miles de personas que quieren adoptar, y miles de niños que quieren un hogar!

¡Esto es lo que necesitamos, señora presidenta: una verdadera unidad!

Mire: acá traje dos pañuelos (exhibe dos pañuelos). Uno verde y uno celeste.

¡Nosotros no necesitamos como Estado tener dos colores ni una plaza dividida: necesitamos unirnos; trabajar con políticas de Estado que fortalezcan y que le den igualdad, dignidad, a las mujeres y a los niños por nacer, a los niños que no tienen voz! De esta forma, solamente, vamos a saldar esta deuda de la democracia.

¡De esta manera, señora presidenta, vamos a unir esta plaza que está dividida y con vallas; de esta manera, señora presidenta, vamos a saldar esta grieta que tenemos los argentinos! Nada más, señora presidenta; gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Mirkin.

Sra. Mirkin.- Buenas tardes, señora presidenta: muchas gracias por otorgarme el uso de la palabra.

La senadora preopinante me ha cambiado un poco el esquema de mi exposición y también el tono de mi voz. ¡Porque la verdad es que plantearse la consigna –como consigna política en la calle– de “aborto sí”, “aborto no”, “salvemos las dos vidas”, sirve solamente para que sigamos igual! ¡Sirve solamente para que sigamos teniendo abortos clandestinos!

¡Y yo no voy a aceptar estar ni con el verde ni con el celeste:  estoy como patriota luchadora por los derechos de las mujeres, sentada hoy acá para legislar! ¡Para eso me votaron: para legislar! ¡Porque la ley no es pétrea: la ley se cambia, la ley puede mejorar las condiciones de vida de los conciudadanos y de las conciudadanas!

¡Y la verdad que acá en la Argentina se aborta, se aborta clandestino y se aborta también en los sanatorios! ¡Yo lo he visto, porque he trabajado en los sanatorios a los 18 años; he trabajado en neonatología cuando recién estaban las incubadoras! ¿Y saben qué? ¡Veía libros donde decía: legrados uterinos; muchos más legrados uterinos de los que ustedes se imaginan que eran verdaderos, que eran abortos espontáneos!

¡Entonces, yo les pido y me pido mi propia calma, porque he visto chicos recién nacidos que eran anencefálicos, y que han obligado a sus madres a tenerlos a los nueve meses de embarazo! ¡Esas son enfermedades incurables que queremos modificar con esta ley!

Y a aquellos que no están con el proyecto venido de Diputados: ¡yo tampoco estaba y también intenté, con un conjunto de senadores y senadoras, plantear un proyecto nuevo! ¡Pero acá todo es no: no al proyecto, no a las modificaciones! ¡Todo no!

¡Entreguemos los hijos a los 9 meses! ¿Qué somos? ¿Somos vientres las mujeres o somos seres humanos con derechos? ¡Igual que los varones, que no son hombres: son varones! ¡Hombres somos todos los de la humanidad, para cambiar también el lenguaje que utilizamos acá!

 

 

Miren: este tema nos interpela. ¡A mí me duele horrorosamente! ¡Milito desde los 14 años; soy fundadora de una organización de mujeres que están invisibilizadas, que están en las casas y que no tiene derechos; que no les quieren dar derechos! ¡Nadie les quiere dar ingresos; y nosotros luchamos para que tengan obra social! ¡Y no estoy hablando en nombre de esa organización, porque hay mujeres a favor de mi posición y mujeres en contra! ¡Y es una organización de mujeres! ¡Lo que sí, estamos todas a favor de que tengan vida las mujeres, no solamente cuando estén embarazadas: que tengan vida siempre; que puedan dar de comer a sus hijos; que puedan vivir dignamente; que puedan estudiar; que puedan avanzar; que puedan existir! ¡Porque en los proyectos que llegaron se habla de tenerlos y entregarlos en adopción! Miren: ¡la verdad, que si hay algo que me pone la conciencia ya sacada es que planteemos eso!

¡Estuve en el Poder Ejecutivo de mi provincia y he visto los chicos que no se aceptan en adopción; y no es porque la justicia los demore: es porque no los quieren a los chicos si son negritos, es porque no los quieren! ¡Quieren chicos elegidos! ¡No es la mejor casa para ese niño!

¡Y hay niñas madres que están en los hogares de mi provincia! Ahí están, embarazadas…

Sra. Presidente.- Senadora…

Sra. Mirkin.- ¡La verdad es que yo no acepto estas cosas, como no acepto que esto sea el holocausto, como se lo plantearon al senador Alperovich!

Sra. Presidente.- ¿Senadora, me deja decirle algo?

Sra. Mirkin.- Sí, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Me da miedo que le haga mal estar…

Sra. Mirkin.- No, no se preocupe. Mire: ya me ha hecho mal. ¡Todos estos meses me hicieron mal!

Sra. Presidente.- Bueno, ya sé; porque es un tema muy delicado…

Sra. Mirkin.- Voy a tratar de terminar esta parte tan dificultosa para mí, pero es muy doloroso lo que estoy escuchando.

Sra. Presidente.- Solamente desde lo humano se lo digo.

Sra. Mirkin.- La verdad es que yo creí –yo creí– que con las exposiciones… Yo no soy parte de las comisiones, pero creí, viniendo a esas exposiciones, que yo iba a aprender y he aprendido. Algunas cosas creo haber aprendido, algunas cosas han consolidado mi punto de vista y algunas cosas, la verdad, me dan vergüenza, pero me dan vergüenza ajena.

Miren: quiero saber si salimos de acá sin ley. Les pregunto a todos porque me lo pregunto a mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer mañana? Es evidente que la legislación actual no lo resuelve, porque los embarazos no queridos existen y los abortos clandestinos también. Me pregunto: ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a seguir penalizando a las mujeres cuando llegan a los hospitales con abortos provocados y en situación de riesgo? ¿Vamos a seguir haciendo eso? ¿Va a ir la policía y le va a preguntar primero de dónde viene, cómo hizo, etcétera, antes de que la pueda atender un médico? ¡Ocurre todos los días, en aquellos que aceptan atenderlas!

Yo no estoy a favor de que no haya objeción de conciencia, pero usted no me vino a plantear que votaría conmigo si existiera eso, señora senadora. No me lo vino a plantear. No vinieron a plantear otro proyecto. Nos dijeron: “No; es este proyecto o no”. Cuando quisimos sacar un nuevo dictamen es “no”, es “no”.

Pregunto: ¿debemos centrarnos en la prevención? Porque hay niñas de 11 años madres. ¿Están maduras para ser madres?

 

 

– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Federico Pinedo.

Sra. Mirkin.- ¡Están sin pareja, obviamente! Esto ocurre con las adolescentes, cada vez a edad más temprana en mi provincia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguir esperando calladas o callados? Yo creo que tenemos que informar, que proveer recursos, que ponderar y proteger la salud. La maternidad, no de la boca para afuera: la maternidad en serio; maternar, como dijo acá una senadora. ¡Eso es otra cosa! El cuidado de varones y mujeres, de nosotras mismas y también de los otros.

Yo creo que tenemos que ampliar posibilidades, no restringirlas.

La ley no obliga a ninguna mujer a abortar. En todo caso, lo que hace la ley es obligar al Estado a hacer lo que tiene que hacer para que no haya más abortos clandestinos. ¡No queremos abortos en la Argentina! Eso es lo que no queremos ninguno. Por lo tanto, tenemos que actuar.

Quiero decirles –porque me tomé el trabajo de ver algunos datos– que me duele horrorosamente que el Poder Ejecutivo haya vetado la ley de la trombofilia. ¡Y se los digo porque tengo dos nietos! Mi hija pudo hacerse los estudios para tenerlos porque le pagó la obra social. ¿Pero saben qué? También es un embrión que muere… ¡Claro, antes no se sabía! ¡Con Vélez Sarsfield no se sabía que había una enfermedad! Pero la ciencia avanza y se sabe que es una enfermedad, y que provoca abortos espontáneos porque produce un trombo. ¡Y nosotros ahora, frente al veto de la ley de trombofilia, no dijimos nada! ¡Nada! Y es un estudio. ¡No dijimos nada!

Y les voy a decir una cosa más: ¿saben ustedes cuánto es la reducción en la distribución de preservativos desde el año pasado en la provisión de insumos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en las salas? Bueno, no son de cerámica, son de látex los  preservativos:  en  el  año  2015,  30.000.000  de  preservativos;  en  el  año  2017,

20.000.000 de preservativos. En el Programa de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual se pasa de 11.000.000 a 7,7 millones… ¡Perdón! En el anterior que nombré, de 30 a 20; y, en el de Asistencia de Salud Sexual y  Reproductiva, de 11 a 7.7.

¿Quién de los que estamos acá puede pensar que uno quiere estimular esta situación? Porque yo escucho acá algunos discursos que pareciera que voy a salir mañana o dentro de un rato y voy a empezar a decir “¡a ver, pónganse en fila a ver quién quiere…!” ¡Por favor, si el problema de lo que estoy viendo es terrible! ¡Lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy escuchando y lo estoy observando aunque no esté a favor, porque lo que no quiero es que siga ocurriendo!

Entonces, ¿ustedes creen que alguna de las mujeres que consulta va con alegría a hacerse un aborto? ¡Ni siquiera pagando, ni siquiera en sanatorios! ¡Nadie, nadie! Porque distinguimos qué es tener un embarazo en curso, pero hay otras condiciones que hacen que las mujeres vayamos a hacernos abortos. Hay otras situaciones que nos obligan: ¡tal vez porque estamos solas; tal vez porque nos dejaron; tal vez porque no soportamos; tal vez porque no quisimos; tal vez porque no podemos hacernos cargo!

Muchas cosas ocurren, y muchas cosas de este debate de que quienes hoy están acá, parecen parte del debate que yo escuchaba de la ministra de Salud de Francia en 1974, Simone Veil. Me refiero a cuando el Poder Ejecutivo presentó el proyecto, no cuando habilitó el debate. El Poder Ejecutivo de Francia presentó el proyecto y, entonces, ella fue a defenderlo como ministra de Salud, porque había chárter a  Inglaterra para ir a abortar y volvían. Entonces, les dijo –y yo he pedido la incorporación acá de algunas partes de su discurso– que la ley piénsenla, debátanla; puede durar cinco años, puede durar tres, puede durar uno o no, pero hagamos algo, porque la negativa no es ninguna respuesta a las mujeres…

 

 

Yo voy a acompañar este proyecto de ley porque no me permitieron acompañar el dictamen que no tuvo las 27 firmas. Voy a acompañar porque quiero que esto cambie. Y voy a decirles también que si esto no es así, si acá no se permite esta posibilidad, esta oportunidad –con todos los argumentos legales que también puedo rebatir, pero que más lo pueden hacer y lo han venido haciendo los legisladores; sobre todo, los constitucionalistas–, voy a seguir trabajando como lo vengo haciendo, como le dije al obispo de Concepción con el cual me entrevisté. Y no soy de la Iglesia católica, pero no voy a aceptar que se me ponga… Como se hizo en dos oportunidades en mi propia casa, en un departamento de San Miguel de Tucumán, donde se ingresó. ¡Yo sé quién ingresó y pedí custodia! ¡Eso no lo voy a permitir!

¡Tampoco voy a permitir los carteles del holocausto, como ya lo dije! ¡Acá no es un holocausto! Es una palabra muy cara a todos los países del mundo como para venir a decir que quienes estamos a favor de terminar con el aborto clandestino estamos a favor de la muerte.

Por eso doy mi voto favorable a este proyecto; muchas gracias.

Varios señores senadores se acercan y saludan a la señora senadora Mirkin.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias a usted, senadora.

Senador Cobos, tiene la palabra.

Sr. Cobos.- Gracias, señor presidente.

Creo que el tema que estamos tratando por ahí nos sensibiliza. Ha captado y movilizado a la sociedad argentina; y es un tema que tenemos que tratar con total responsabilidad.

Lo cierto es que a este tema –por ahí se discute si es el momento oportuno o no– la realidad nos llevó a tratarlo, señor presidente; y esta realidad nos hizo ver que la respuesta que estamos dando cada uno de los legisladores y que se dio en Diputados trasciende los partidos políticos, trasciende las edades, trasciende la cuestión social, trasciende a los constitucionalistas, a los médicos, a los psicólogos, a los periodistas. Es decir, arrasa transversalmente; inclusive a la propia mujer. Porque cuando hemos  tratado temas de igualdad de género hemos logrado no solo acompañarlas, sino también que la postura de las mujeres ha sido unánime en la defensa de sus derechos.

Este es un tema distinto; y es por eso que en la Cámara de Diputados se logró la media sanción, que es el proyecto que hoy estamos tratando. Se logró con el resultado necesario: un voto define. Bueno, ahí fueron cuatro o cinco votos; no recuerdo la diferencia. Las mujeres votaron 50 a 49, casi en partes iguales; y por lo que vengo escuchando –cada una de las exposiciones, también desde el punto de vista de las senadoras– va a ocurrir algo similar aquí; en menor número, obviamente, porque somos menos.

¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto, señor presidente? Porque, bueno, mire: estamos con un dilema. Lo decía una senadora: un problema puede o no tener solución. Cuando estamos en un dilema de tensión de derechos, cuando estamos en el dilema del aborto, cualquiera de las alternativas de acción que surja luego de esta votación no va a conformar a todos. Va a originar algún tipo de pérdida en aquellos que lo están evaluando, siguiendo de cerca y nosotros tratando de dar esta respuesta.

Por eso debemos ser muy medidos, muy cautos y tolerantes con la opinión de cada uno. Yo descarto que acá, cualquiera sea la postura –se esté a favor del aborto o se esté en contra de una vida–, el tema es que nos inclinamos cada uno de los senadores por privilegiar, a lo mejor, un derecho sobre otro. Lo decía el senador Urtubey.

 

 

Es muy difícil que haya derechos absolutos, inclusive hasta el de la vida. Fíjense que tiene la limitación en el Código Penal nuestro: en caso de violación o riesgo de salud hay una prioridad por la cual se elige a la mujer. Entonces, esto nos obliga a evaluar primero el punto de vista constitucional. Cualquier ley que nosotros sancionemos puede modificar otra ley. Podemos modificar el Código Civil, pero no podemos modificar la Constitución con una ley. Hay que reformar la Constitución.

La Constitución la integran todo su articulado y todos los pactos internacionales anteriores a la Constitución y aquellos –como lo establece nuestra Constitución– que se puedan ir sumando. Si logran determinados niveles de aprobación se transforman también en artículos constitucionales. La Constitución establece esto y le da la mayoría de dos tercios para que tenga rango constitucional un acuerdo.

Hemos escuchado a un montón de constitucionalistas. Yo, en lo personal, he escuchado más en contra del proyecto, pero también he respetado a constitucionalistas que han dicho que esto no es inconstitucional. Pero, bueno: a raíz de la exposición de motivos de cada uno de los invitados, nosotros debemos tomar nuestro propio juicio de valor.

Uno hace un resumen de los tratados que datan de la Reforma de 94 y están: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Todos estos hablan del comienzo de la vida desde la concepción.

Quiero leer nada más dos, muy sintéticamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Queda claro que no resulta arbitraria, a mi entender, nuestra legislación vigente; y más aún el fallo “F.A.L”, que estableció y nos obligó y nos pidió, tanto al gobierno nacional como a los provinciales, establecer los protocolos no solo para el caso de violación, sino también para riesgo de salud con un criterio bastante amplio. De hecho, hoy estamos en falta porque solo en diez provincias rige. Por eso, también entiendo las inquietudes del senador Urtubey, independiente del resultado que fuera. Si este proyecto fuera rechazado, hay que avanzar en la interrupción legal del embarazo –o ILE, si abreviamos– para que, justamente, tengamos en cuenta este fallo que hoy se aplica en algunas provincias; inclusive en algunos municipios con ordenanzas, como es el caso que se ha expuesto del municipio de Rosario, que ha logrado disminuir a cero prácticamente el riesgo de vida materna.

Resalto la Convención de los Derechos del Niño, que tras su ratificación se hizo una declaración unilateral, imponiendo una interpretación especial en el término “niño” para protegerlo desde la concepción hasta los 18 años.

Estos son los aspectos que un legislador tiene que contemplar en la sanción de una ley. Porque no estamos modificando una ley, sino que, por ahí, estamos trasponiendo la barrera de los límites que nos establece la Constitución argentina.

Le decía, señor presidente, que el fallo “F.A.L.”, de la Corte Suprema, logró esclarecer algo que la verdad era incomprensible, por una coma, en el sentido de cómo se interpretaba. Quiero leer muy rápidamente algo que dice en el punto 29 del fallo: En razón de ello, corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de

 

 

remover todas las barreras administrativas o fácticas del acceso a los servicios médicos. En particular, deberán contemplar pautas que garanticen la información y la confidencialidad, y evitar así demoras. Y sigue hablando.

Esto es lo que está pendiente por parte de nosotros. Creo que, independientemente de lo que suceda, siempre hay algo positivo que queda. Creo que debemos avanzar en este sentido para contemplar y dar un marco legal al aborto no punible, como lo establece el fallo de la Corte; pero, además, una adecuada prevención, adecuada educación sexual, que parece que estaba aletargado, dormido. Se ha hablado acá del incumplimiento de la Ley de Salud Reproductiva. Y este debate sirve para poner, por lo menos sobre la realidad, en lo que estamos en falta.

Lo cierto es que la mayor tensión se nos produce en este debate en lo que es la libertad del derecho a decidir de la mujer sobre la continuidad o no de una vida: una vida que se desarrolla en el propio vientre de la mujer. Acá creo que está el principal dilema de discusión, por lo cual ni siquiera hemos podido llegar a un despacho de comisión y hoy, por el compromiso que hemos asumido, lo estamos tratando prácticamente sobre tablas.

Considero que existen alternativas previas para evitar llegar a este punto de tensión y en garantía de los derechos a decidir sobre su propio cuerpo. La mujer debe tener el derecho a decidir los métodos anticonceptivos: ¡todos los métodos anticonceptivos! Hay una gran evolución. Pero también debemos tener presente la realidad. Por ejemplo: hay implantes subdérmicos de duración y efectividad de tres años…

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo el tiempo, señor senador.

Sr. Cobos.- …Que no todas las obras sociales reconocen. Aquí sí debemos bregar por que llegue a todos los sectores de la sociedad.

Conclusión, señor presidente: entiendo que nadie, absolutamente nadie, está ni puede estar a favor del aborto. No podemos resignarnos y aceptar que interrumpir una vida es una solución. Llegar a este punto es aceptar que fracasamos y que nos resignamos rotundamente en los pasos previos: en la educación sexual, en la prevención y en todas las acciones que obran sobre las causas de un embarazo no deseado.

Estos meses deben servir para avanzar con medidas de acción concreta. Es imprescindible avanzar con la implementación del protocolo y una ley en tal sentido.

Espero que si esta ley –por voluntad de los senadores– se aprueba, el Estado esté a la altura de este desafío y tenga todas las alternativas para garantizar el proceso: para desalentarlo en pos de la vida de ese niño o niña por nacer, y erradicarlo como práctica.

Para finalizar, treinta segundos. Señor presidente: este fue el debate en las elecciones. Lo debatimos. Quiero ser consecuente con lo expresado en dicha oportunidad.

Asumí la responsabilidad de representar en el Congreso a aquellos mendocinos que entendemos que la interrupción de la vida, del embarazo, es pagar un precio muy alto. Esto pienso y lo comparto. No sé en qué porcentaje de los mendocinos, pero seguramente serán muchos. Y me siento responsable de representar la voluntad de este sector de la sociedad mendocina.

Por lo tanto, no voy a acompañar este proyecto de ley que hoy estamos discutiendo, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador. Senador Schiavoni, tiene la palabra.

Sr. Schiavoni.- El debate que estamos dando hoy es un debate que los argentinos nos merecíamos largamente. Sin duda es una de las grandes deudas que ha tenido la

 

 

democracia. Un debate que –ahora lo vemos con más claridad– fue siempre silenciado por factores políticos y religiosos porque nadie quería hablar de este tema, de una realidad que duele. Más de cuarenta mujeres mueren por año y miles se ven obligadas a abortar en la clandestinidad. Porque tenemos que ser sinceros y dejar la hipocresía de lado: los abortos se realizan, más allá de que nos guste o no; y más allá de que sea legal o ilegal.

La criminalización del aborto ha fracasado. Con una vigencia de prácticamente cien años de la norma que lo penaliza, se pueden contar con los dedos de una mano los casos que han llegado a los estrados judiciales por esta causa.

Es una realidad cruel porque se realizan de la peor manera posible: con un grave daño para la salud de la mujer; con un grave daño, en muchos casos, para la salud reproductiva; y, sobre todo, un grave daño para la salud moral de esta mujer. Nunca se sale indemne de estas experiencias. Eso lo tenemos que tener claro.

Y más allá de que existen muchos métodos y mecanismos que deberían evitarlo, lo cierto es que su implementación va a llevar mucho tiempo y las muertes por abortos hechos en clandestinidad se producen día a día. El último caso, registrado el 6 de agosto en Santiago del Estero, fue el de una madre de 22 años que murió por una infección generalizada a causa de un aborto clandestino. Esto está pasando ahora y es nuestra responsabilidad como legisladores resolver una cuestión que es de política pública de Salud.

¿Por qué los argentinos miramos para el costado durante tantos años? La gran mayoría de los países ha resuelto este tema de Salud Pública hace muchos años; incluso, países que tienen una raigambre religiosa muy fuerte como España o Italia, de quienes en general descendemos en nuestro país.

El gobierno tomó nota de un reclamo social que existía y que venía cobrando cada vez más fuerza. Todos fuimos testigos de la movilización que hubo el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer, donde el leitmotiv era la legalización del aborto. O sea que este no es un tema que se haya impuesto artificialmente, es un tema que venía desarrollándose en el seno de la sociedad. Más allá del resultado de esta iniciativa, ha sido un debate histórico donde pudimos contrastar argumentos sólidos y datos estadísticos que nos han enriquecido en las reflexiones que cada uno tiene sobre este tema.

Tenemos que dar respuesta a una pregunta que es clave: ¿vamos a consagrar el aborto legal o vamos a mantener sin alteraciones el manto de oscuridad sobre el aborto clandestino eternizando la condena a miles de mujeres que se niegan a llevar adelante un embarazo en contra de su voluntad?

Quiero compartir algunas estadísticas. Entre el 2010 y el 2014 se produjeron en todo el mundo alrededor de 25 millones de abortos peligrosos, casi la mitad de los abortos totales. Según un relevamiento de la Organización Mundial de la Salud el 97 por ciento de esos abortos peligrosos se registró en países de África, Asia y nuestra América latina. Nuestro continente tiene el registro más alto de abortos del mundo: 44 abortos cada 1000 mujeres, contra 20 en Europa y 17 en América del Norte. Y es justamente una región en la que predomina la prohibición total o con excepciones para la interrupción del embarazo.

En Misiones, mi provincia, más del 70 por ciento de las adolescentes menores de 19 años que quedan embarazadas declaran en el posparto que su embarazo no fue deseado. Muchas de ellas se niegan a seguir adelante con ese embarazo. Y más grave aún, mi provincia tiene una de las tasas más altas de fecundidad en niñas de entre 10 y 14 años. De cada mil niñas de esa edad, en Misiones 3,8 de ellas tiene un hijo, mientras

 

 

que la tasa nacional es del 1,4. Es decir, menos de la mitad. Y eso, lo sabemos, en gran mayoría son producto de abusos.

Una realidad similar vemos en los adolescentes de entre 15 y 19 años. En Misiones la tasa de fecundidad para este grupo es del 87,1 por ciento, mientras que para el total del país es del 55,9. Y digo algo más, Misiones es la provincia con mayor cantidad de embarazos adolescentes de la Argentina. Son datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia.

¿Qué tenemos que hacer ante esta realidad? ¿Vamos a obligarlas a sostener el embarazo a estas niñas adolescentes y mujeres y dar a luz en contra de su voluntad? Las convicciones religiosas o los mandatos confesionales podrán formar parte de la reflexión de aquellos legisladores que los tengan incorporados como componente de su estructura de valores, pero personalmente, y con todo respeto, no considero que deban ser determinantes a la hora de legislar para toda la sociedad y en un tema en el que la preservación de la salud es el eje central de lo que estamos hablando. No podemos aceptar que los fundamentalismos nos impongan sus postulados de fe como si fueran verdades reveladas. No impulsemos una legislación para que pacifique nuestra conciencia o para que quedemos bien con los factores de poder que operan en nuestras provincias.

En aquellos países donde se legalizó el aborto, los resultados fueron claramente favorables. En Uruguay, las muertes maternas por esta causa prácticamente cayeron a cero, queremos impulsar la ampliación de derechos porque ahora las mujeres que no se avienen a continuar con la gestación tienen restringidos sus derechos para decidir. ¿Son las personas gestantes sujetos de derecho de segunda categoría? No es lo que sostiene la jurisprudencia local e internacional.

Las sociedades avanzan a partir del reconocimiento y la ampliación de sus derechos. No vayamos en contra de una tendencia que es mundial. Legalizar el aborto no significa obligar a nadie a abortar. No quedemos prisioneros de falsas premisas, nadie quiere que una mujer pase por este trauma. Sería deseable que ninguna mujer aborte pero, insisto, es una realidad que más allá de nuestra voluntad se constata en la práctica. Muchos de los senadores que estamos aquí debatiendo, aun con posturas diferentes, coincidimos en que no debe haber cárcel para una mujer que se practique un aborto, pero despenalizar tampoco es suficiente. Es necesario que el aborto seguro no sea solo un recurso al alcance de las que más tienen y siga dejando al margen a los sectores más vulnerables.

Personalmente y siendo muy respetuoso de todas las opiniones que se han vertido, tanto en los plenarios como en el recinto hasta ahora, creo que cuando hablamos de la constitucionalidad tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a nuestra Constitución el organismo que interpreta las normas, las leyes y la Constitución es la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, en el caso “F.A.L.” ha dispuesto que el aborto, en ciertas condiciones, no es inconstitucional.

Por lo tanto, señores senadores, señor presidente: creo que este es un debate que no tiene marcha atrás y, aunque se apruebe o no el aborto legal en esta sesión, seguramente la sociedad va a avanzar en este sentido en los próximos años. Creo que tenemos que rescatar el valor del debate, el valor de la seriedad, el valor de la contundencia de los argumentos que se han vertido y sentirnos orgullosos de ser protagonistas de este momento.

En lo personal, porque esto no es una cuestión de bloque ni de partido, voy a apoyar la despenalización del aborto y su legalización con las modificaciones que se han introducido a partir del aporte de los tres senadores por Córdoba.

 

 

Antes de terminar, quiero solidarizarme con todos aquellos que han sufrido agravios, escraches e infinidad de manifestaciones por haber expresado una posición al respecto, de uno y de otro lado, pero fundamental y particularmente con dos compañeras del Senado que han tenido la valentía y la honestidad de expresarse: me refiero a Gladys González y a Laura Rodríguez Machado, que han sido ofendidas en su honor.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias a usted, señor senador.

Tiene la palabra la señora senadora Pilatti.

Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del H. Senado, senador Julio César Cleto Cobos.

Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente, señores senadores y senadoras: nobleza obliga reconocer que la postura que vengo a sostener hoy en este Senado no es la misma, como lo dijeron otros senadores, que sostenía hace unos años. Y, a decir verdad, las dudas e inquietudes que en su momento tenía respecto del tema fueron primero despejadas por mis propios hijos.

Yo tengo hijos varones, hoy de 26 y 28 años, y hace unos años, cuando este tema empezó a debatirse públicamente con la posibilidad de que llegara a Diputados, fueron ellos los que me sentaron, me abrieron la cabeza, el corazón y los ojos para que pueda entender este tema en la real complejidad de la realidad. Obviamente, a este enfoque inicial ayudaron posteriormente las miles de mujeres que a lo largo y a lo ancho del país han militado la legalización del aborto y han levantado esta bandera y de los jóvenes, mujeres y hombres de temprana edad, pibes y pibas que salieron a militarlo y salieron a expresarse y salieron a convencernos y a explicarnos, a formarnos e informarnos y a hacerse escuchar; a tal extremo, que siempre repito algo que alguien dijo cuando esto se trataba en Diputados, acerca de la complejidad, de los agravios y de las injurias que se podían recibir –no recuerdo quién es, por eso no lo nombro–, dijeron algo así como: “Yo entiendo el temor de los diputados en el sentido de su voto, porque en muchas provincias, los diputados que voten a favor de este proyecto no van a poder entrar a sus provincias, pero, al mismo tiempo, esos diputados, si votan en contra de este proyecto, no van a poder entrar a sus casas.”. Y la verdad es que, trayendo a colación mi caso personal y el de tantos senadores y senadoras que han reconocido situaciones parecidas y de gente de mi generación a la que le pasa exactamente lo mismo, piense o no piense como yo, la postura de estos jóvenes y de estas jóvenes nos hace ver que estamos tratando un tema de las nuevas generaciones. Y, como lo dijo Juana, la presidenta del Centro de Estudiantes del Nacional de Buenos Aires, en el plenario días atrás, tal vez nosotros tengamos que entender que no estamos legislando para nosotros, que estamos legislando para ellos, y que ellos tienen otros valores, otros paradigmas, que no son los mismos valores ni los mismos paradigmas de la juventud de nuestra época.

Obviamente que esta posición fue también ratificada por la cantidad de profesionales que hemos escuchado en el plenario, agradeciendo también a los tres presidentes de comisiones esas largas jornadas, tanto médicos, como biólogos, como abogados, constitucionalistas, feministas, a favor, en contra. La verdad es que después de escuchar al doctor Ginés González García, ministro de Salud; al doctor Daniel Gollán, ex ministro de Salud; al actual ministro de Salud de la Nación, el doctor Rubinstein, y a tantos otros y otras, yo creo que, como a mí, a la mayoría de todos nosotros estas exposiciones nos ayudaron a ratificar, a fortalecer la idea originaria que teníamos sobre el tema.

 

 

Y tan es así que se despejaron muchísimas dudas, y cada uno tomará la postura que más le quepa en cuanto a por qué las 12 semanas o 14 semanas; en cuanto a si hablamos de embrión, o hablamos de niño, o hablamos de ser humano; si aborto legal, si aborto inseguro, si objeción de conciencia; derecho internacional, o sea, quienes están en contra se aferran a los tratados internacionales que incorporamos a nuestro derecho positivo de derechos del niño. Nosotros nos aferramos a los tratados que se incorporaron sobre los derechos de las mujeres, incluso a los tratados que tienen que ver contra la tortura, porque la obligación de llevar adelante un embarazo indeseado también es una forma de tortura según la legislación internacional. Digo, cada uno echa mano a la parte de lo que pudimos recibir en todos estos días, de acuerdo a cada una de nuestras posturas.

Hay algo que quiero aclarar: quiero que sepan que yo respeto profundamente a la gente que toma una postura contraria a la legalización del aborto basada en fuertes creencias religiosas, en fuertes prácticas religiosas. Yo soy católica, creo en Dios, creo en la Virgen, pero mi relación de fe la manejo sin intermediarios y sin falsos intérpretes. Porque si es por los intérpretes de la Iglesia, y ante embestidas o pedidos de excomunión, como nos está pasando en nuestra provincia a quienes nos manifestamos a favor, yo ya vengo a ser algo así como una pecadora consuetudinaria, porque hace 37 años atrás tuve la brillante idea de enamorarme y casarme con un hombre divorciado, con lo cual para la Iglesia pasé a ser algo así como una partícipe necesaria del peor sacrilegio que mi marido pudo haber cometido. Por lo cual no me pueden excomulgar porque nunca me dejaron comulgar, a pesar que desde ese entonces, hace 37 años, tengo una hermosa familia, unos hermosos hijos, unos hermosos nietos, una familia, en fin, de la que todos y cada uno nos sentimos plenamente orgullosos.

Y digo esto, hago hincapié en esto, porque así como hoy la mayoría de sectores importantes o de la jerarquía eclesiástica se oponen a esta ley, también fueron ellos, también fueron estos sectores, entre otros conservadores, retrógrados, que no están siempre a la altura de los avances culturales de los pueblos, los que se opusieron oportunamente a la ley de divorcio, a la Ley de Matrimonio Igualitario, a la educación sexual en las escuelas, a la salud reproductiva.

Entonces, digo: a ver, hoy todos se llenan la boca y muchos se negaron a estos programas, a estas leyes con aquello de “hay que evitar el aborto a cualquier precio: con educación, con profilaxis, con cuidado”; los hay de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las formas. Perfecto. Pero, ¿saben qué? Eso es poesía pura, es poesía, y la vida real no tiene nada que ver con la poesía. Es más, les puedo asegurar que en las provincias endeudadas y empobrecidas, como la que yo represento, hasta es  difícil poder armar una prosa. Los quiero ver en los centros de salud de El Impenetrable chaqueño si es tan fácil conseguir profilácticos, si es tan fácil conseguir métodos anticonceptivos para que nuestras mujeres y nuestras niñas –y nuestras niñas– no queden embarazadas. Los quiero ver si me pueden asegurar que en todos los establecimientos educativos del país y transversalmente se dan clases de educación sexual integral. Lo dijo Milagro: en Salta, ni siquiera eso. Y como en Salta, en otras provincias. Y en otras provincias que sí se da, también hay que reconocer que depende de la buena voluntad y del criterio de los directivos o del perfil institucional o del proyecto institucional de la escuela.

Alguien dijo, lo dijeron muchos, y una palabra autorizada, como la de Martha Pelloni, en un programa de televisión: “bueno, si quedan embarazadas y no lo quieren tener que lo regalen, que me lo den a mí”. Perfecto. ¿Saben qué? Hay 57 chicos de 0 a 17 años en la provincia del Chaco esperando que alguien los adopte, tal cual como dijo

 

 

la senadora Mirkin: dejemos de ser hipócritas. Solamente el año pasado en el Chaco, 1880 casos de mujeres que fueron atendidas en el hospital público por derivaciones, con gravísimas consecuencias, de abortos clandestinos, y 9 de ellas murieron. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciéndonos los distraídos? ¿Vamos a seguir hablando sobre el statu quo ideal? No más aborto, todos estamos en contra del aborto, apostemos a la educación, apostemos al cuidado. Perfecto. Todo eso existe a medias, como en la Argentina, y más aún en la Argentina del ajuste. Mientras tanto, ¿qué? ¿Vamos dejar que se sigan practicando los abortos clandestinos? ¿Vamos a seguir dejando que se nos mueran las mujeres? ¿Vamos a seguir dejando que lleguen a los hospitales públicos con semejantes hemorragias, con úteros perforados por malas prácticas, por prácticas clandestinas que le impiden no solamente tener este embrión, sino volver a tener en su vida un hijo deseado, buscado, querido, protegido, soñado?

– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Federico Pinedo.

Sra. Pilatti Vergara.- Yo insisto: respeto absolutamente todas las posturas, pero acá estamos hablando de que con ley los abortos serán cuidados con pastillas en servicios de salud, y sin ley los abortos seguirán siendo clandestinos, quirúrgicos y riesgosos. Que cada uno actúe de acuerdo a sus creencias y a su conciencia, pero que sepan quienes votan hoy en contra de la posibilidad de sancionar el aborto legal en nuestro país que con su decisión dejan libres la libertad, la salud y la vida de miles de mujeres que, queramos o no, sigan decidiendo practicarse un aborto.

Quienes venimos de provincias y de ciudades chicas sabemos además, porque conocemos desde chicos, quiénes, cómo, dónde, de qué manera practican los abortos.

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, señora senadora.

Sra. Pilatti Vergara.- Un minuto más, presidente.

¿Por qué nadie en todos estos años fue capaz de denunciar a la doctora tal o al doctor cual, si todos sabemos en qué clínica, en qué sanatorio o en qué consultorios los realizan? Resulta que ahora, cuando queremos legislar al solo efecto de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la salud pública y de poner a todas en un estricto pie de igualdad, nos rasgamos las vestiduras por las dos vidas.

Mire, señor presidente, quiero terminar leyendo la parte final de una carta que hoy un padre joven hizo pública por las redes sociales dirigida a su hija. Si bien él la hizo a su hija, yo la voy a leer en plural, porque se las voy a dedicar a todas esas pibas, a todas esas mujeres que están afuera como consecuencia de haber militado durante años la legalización del aborto, la libertad de las mujeres, el derecho a decidir, porque sé que haya o no haya ley, ellas son las únicas merecedoras del reconocimiento de que este tema hoy se esté tratando en el Senado.

Y para terminar leo las palabras de este padre cordobés que, dirigiéndose a su hija, le dice: “Si el Senado entiende que el debate es por el aborto legal o el aborto clandestino, me animo a darte un consejo: llénate los sentidos de lágrimas, abrazos, aromas, imágenes; llénate los pulmones del aire de la libertad. Pocas personas tienen el privilegio de ser parte anónima de un movimiento histórico que suma libertades y derechos civiles como lo fueron los revolucionarios del Parque de 1890, los reformistas de 1918, los trabajadores de 1945 o los y las jóvenes de 1983. Si el Senado opta por mantener en la clandestinidad a miles de mujeres, si prefiere que las argentinas aborten como las burkinesas, ghanesas o sudanesas; si el Senado cree que las argentinas tienen menos derechos que las italianas, españolas, alemanas, británicas, irlandesas, canadienses, estadounidenses, uruguayas, derrama todas las lágrimas de impotencia que tengas. Si el Senado prefiere que las mujeres argentinas aborten en la clandestinidad, te

 

 

esperaré para darte todos los abrazos que necesites y ofrecerte masajes en los pies hasta que te duermas. Sí, los necesitarás relajados para volver a caminar, a explicar, a persuadir, a argumentar, a reclamar: educación sexual integral desde el jardín para decidir, anticonceptivos a demanda para no abortar y aborto legal para no morir, en esa secuencia lógica. Ojalá jamás estés en la encrucijada de tener que decidir abortar. Ojalá vos y todas jamás tengan que siquiera pensarlo, pero si por las vicisitudes o las malditas vueltas de la vida alguna vez estás en ese lugar y decidís abortar, lucharé para que sea en el hospital, cuidada, contenida y abrazada, con ecografías, controles y pastillas. No lo dudes: más temprano que tarde, será ley.”.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.

Senador Montenegro, tiene la palabra.

Sr. Montenegro.- Muchas gracias, señor presidente.

Una primera consideración: me parece que el embarazo no deseado es un fracaso de nuestra sociedad. Además, también quiero decir que nosotros, como legisladores, representamos a las provincias en esta Cámara de Senadores; y a mí no me parece mal que cada legislador tome en cuenta la posición de sus electores en cada una de las provincias. Y a mí, en forma particular, me han votado los electores. No me han votado mis hijos; no estoy aquí por los votos de mis hijos.

Además, también, cuando uno hace campaña política sale a buscar el apoyo de sus electores en base a su militancia, a su historia política que, en mi caso personal, proviene del peronismo. Así que estimo que todos aquellos que me han votado por ser peronista saben, claramente, que tenemos marcada una doctrina sobre este tema específicamente.

No puedo menos que reflexionar de dónde venimos como partido político y como sociedad y hacia dónde queremos ir. Por eso, es importante recordar que la protección de la mujer y del niño tuvo su impulso legislativo y constitucional en la Constitución de Perón del 49. Desde allí, nuestra doctrina fue forjando el camino y la educación para proteger cada vez más, con mayor integralidad, no solo al hombre y a la mujer adultos, sino a los niños, quienes eran el desvelo permanente de nuestra querida Evita.

Así transcurrieron distintas leyes protectoras de la mujer y del niño que portaba en su seno desde el momento de su concepción, hasta llegar a la Constitución del 94 donde se incluyen, con rango constitucional, los tratados que protegen a los niños, a las niñas y a los adolescentes sin distinguir entre los derechos del niño nacido del no nacido.

Pero aún más, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución atribuye y manda al Congreso a legislar y promover medidas positivas que garanticen igualdad de trato y pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en particular respecto de los niños, mujeres y ancianos.

Esto es claro: el primer derecho de un niño es a la vida. Quitado ese derecho, no existe otro derecho por proteger. El artículo de la Constitución continúa diciendo que el Congreso de la Nación debe dictar un régimen de protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Como vemos, la Constitución Nacional y los tratados internacionales protectores de la niñez no dejan margen para el debate en este sentido: al niño se lo protege desde el embarazo o concepción, y el más importante derecho a proteger es su vida.

Consecuentemente, nuestro Código Civil –y más aún la última modificación reciente– dispone, claramente, en su artículo 19, que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Abonando más este argumento, diremos que todas las

 

 

leyes sobre Asignación Universal por Hijo que dictó este Congreso tienen como eje central la protección del niño desde el embarazo.

Centrar estas bases constitucionales y jurídicas sobre la existencia y protección de los derechos de las personas desde la concepción, cualquier norma que fuera contraria a esta protección es claramente inconstitucional. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de legislar correctamente contra el derecho a la vida de la persona por nacer sin, al mismo tiempo, ir en contra de la Constitución y de las leyes vigentes en el país.

Al margen de esta cuestión planteada, también quiero expresar que el aborto implica la muerte del ser humano. Entonces, no puede ser la solución de un embarazo no deseado.

Aunque parezca raro, si nos detenemos, sin prejuicios, a mirar las argumentaciones de unos y de otros, vemos que han asumido posiciones muy extremas. Ambos extremos han pretendido moralizar el problema, llevándolo a un campo de batalla donde se debatía quién de ellos defiende mejor la vida o la otra, ingresando involuntariamente en un planteo de asimetrías: ¿quién es mejor que quién?, ¿quién tiene el mejor derecho?, ¿cuál de las pretensiones es la más justa, la tutela de la vida de la mujer o la del niño? Me pregunto si los argentinos necesitábamos una grieta más.

Lamentablemente, el debate así planteado no fue debate: se llenó de falacias, golpes bajos, argumentos cargados de estadísticas y testimonios altamente improbables, dejándome, en particular, muchas dudas. Fueron monólogos colectivos frente a los cuales no tengo reproche alguno, pero que resultaron, a mi juicio, insuficientes; y así persisten mis dudas.

También entiendo que en el proyecto que vino de la Cámara de Diputados hubo intolerancia, por ejemplo, al pretender que instituciones religiosas se vieran obligadas a practicar abortos cuando priva a las personas jurídicas, algunas de ellas confesionales, de invocar la objeción de conciencia, obstrucción innecesaria de un derecho subjetivo que no impediría, de votarse, la posibilidad real de la implementación de la ley.

¡Qué notable es que ambas posturas, abortistas y no abortistas, queden enmarcadas en una misma práctica, aunque con posturas filosóficas enfrentadas! ¿Será quizá que ambas dudan de la posibilidad de que en la diversidad se pueda generar la unidad de un país, donde sea posible decidir qué es mejor para todos, no obligando o debatiendo qué derecho es el mejor, sino habilitando posibilidades sin distinguir si vienen de un lado o del otro?

Lamentablemente, este no fue el camino de este debate. Nadie trató de lograr los acuerdos para llegar a la mejor ley posible. Usamos el tiempo no para debatir, sino para vencer, silenciando la voz del otro.

Siento que detrás de este debate quedó oculto el verdadero problema. La primera cuestión que debería plantearse de forma previa a la legalización del aborto, como opción de política social, es el de la pobreza crítica y estructural que condena a casi ocho millones de chicos de nuestro país a vivir en condiciones de marginalidad y exclusión, ello seguido por la escasez del trabajo, la indignidad de la vivienda, la ausencia de servicios esenciales, la carencia de medicina gratuita, la mala alimentación, en suma, la pobreza en todas sus formas materiales y morales.

Siento que, a pesar del tiempo transcurrido, el desinterés por las mujeres sin acceso a la salud se circunscribe a castigar o a disculpar a la mujer que aborta, pero poco o nada hacen ayudarla a tener a su bebé en paz. Parece que la pobreza y la hipocresía van de la mano, porque francamente creo que solo una cultura basada en la solidaridad, en el respeto y en el verdadero humanismo es la que salva vidas.

Por otra parte, también quiero plantear que la construcción de políticas de

 

 

Estado de largo alcance requiere necesariamente estar fundados en amplios consensos sociales que la sustenten. Por ello, la resolución precipitada, circunstancial y oportunista, sujeta a mayorías parlamentarias que durante el proceso de campañas electorales no transparentaron a sus potenciales electores su opinión previa no es el camino adecuado para establecer una política duradera y eficaz en una cuestión de altísimo contenido valorativo, que va a transformar radicalmente la relación del Estado con los individuos.

Para ir finalizando, considero que, lejos de propiciar el aborto, hay que  promover una verdadera y eficaz educación sexual involucrando a mujeres y a varones en adecuadas técnicas destinadas a evitar la concepción. También hay que educar no solo desde el Estado, sino desde las familias, “desbanalizando” la sexualidad y terminando con una visión puramente hedonista de la misma. No se trata de volvernos arcaicos; deberíamos hablar y llamar a las cosas por su nombre. El problema del aborto constituye un drama que conmueve a la sociedad argentina.

El análisis de la coherencia entre la solución propuesta y el problema planteado nos lleva a manifestar que tampoco resulta coherente diseñar como un instrumento de disminución de muertes de mujeres en edad fértil la legalización del aborto y su práctica legal, segura y gratuita.

Señor presidente: por mis convicciones personales y en defensa de la vida desde la concepción, por las bases doctrinarias de mi partido, por ser inconstitucional las disposiciones del proyecto que estamos tratando y por la falta de oportunidad política – que, en lugar de buscar consensos sociales, se divide al país y a las familias argentinas–, voto en contra en el proyecto que viene con media sanción de Diputados.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el señor senador Pereyra.

Sr. Pereyra.- Gracias, señor presidente.

Antes de fundamentar mi voto, deseo hacer algunas consideraciones que surgen del pensamiento de distintas reuniones que he realizado en la provincia del Neuquén cuando se inició este debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. De allí surgieron distintas opiniones. Me reuní con la Iglesia católica, con los evangélicos, con los trabajadores y trabajadoras, en fin, con distintos grupos, y en dichas reuniones surgieron distintas consideraciones que quiero resaltar.

En esas reuniones la gente no solo tocó el tema de la interrupción del embarazo, sino que ve a la Argentina con mucha preocupación y con mucha esperanza: con esperanzas fundamentalmente de que esto cambie, de que esta situación que vive nuestro país desde hace mucho tiempo pueda cambiar para bien de todos los argentinos; con preocupación por la situación socioeconómica que vive nuestro país, nuestro pueblo. Y de ninguna manera, por más interesante que sea este debate que hoy estamos dando aquí, en este Senado, podemos ocultar lo que realmente está pasando en nuestra Patria.

Así que el tema central es que mañana, cuando ya no estemos sentados en estas bancas, podamos sentarnos para buscar la solución de algunos temas que quiero enumerar, como es la galopante inflación, que no nos deja crecer y nos agobia, a pesar de las promesas que se hicieron. Dijeron que íbamos a llegar a un dígito de la inflación, y hoy vemos con mucha preocupación que esto no es así y que estamos muy complicados y que el salario de los trabajadores se va socavando cada vez más y más.

Otro de los temas es la pobreza. Escuchábamos con mucha alegría y con mucha esperanza cuando nos prometían pobreza cero, cosa que todavía aún no se ha logrado. Y este flagelo de la pobreza vemos que se va profundizando, tal cual lo indican las

 

 

estadísticas del INDEC y también las de la Universidad Católica Argentina, que da a conocer todos los meses las variables de la pobreza. Este es un compromiso electoral, porque escuchábamos en ese entonces hablar de esta pobreza cero.

Pero otro de los temas, señor presidente, es el tema del tarifazo, las tarifas que cada vez son mayores. Las tarifas tuvieron un aumento en estos dos años y medio, de aproximadamente 1.400 por ciento. Esto ha llevado a que, por un lado, los salarios de los trabajadores apenas han superado el 80 por ciento. Entonces, cuando dicen que hay que ponerles techo a los salarios, creo que no es así, porque los salarios no generan la inflación; la inflación la generan, la empujan, justamente, las tarifas. La inflación es incontrolable. Y también quiero decirle que esto ha llevado a que pequeñas y medianas empresas estén cerrando sus puertas, a que los comercios estén cerrando sus puertas, porque no pueden soportar estas tarifas.

Entonces, que no nos saquen del foco de la cuestión, de lo que está ocurriendo. Este debate es interesante. Esto ha abierto la cabeza a toda la sociedad argentina, pero no debemos descuidar el otro, el de mañana, donde debemos enfocarnos en seguir trabajando en esto que realmente nos preocupa a todos los argentinos.

Quienes integramos la clase política, señor presidente, tenemos una enorme responsabilidad. Y no vaya a ser cosa que, al enfocarnos puntualmente en estos temas de actualidad –como el que estamos tratando–, el árbol no nos deje ver el bosque, como es el tremendo ajuste que están sufriendo las provincias, cada vez más ajuste. Es un torniquete que se va aplicando día a día, el cual también está condicionando el crecimiento de todas las provincias. Esto nos detiene y nos atrasa. También tenemos que poner en debate este tema; por eso estoy diciendo que esto termina, pero mañana tenemos que estar en otros temas interesantes para nuestro país.

Es difícil también estar sentado en esta banca tratando este tema de la interrupción voluntaria del embarazo cuando, de repente, en el Congreso de la Nación se instala este tema sin que previamente los grandes partidos políticos hayan asumido en sus compromisos electorales la incorporación de este tema. No incorporaron esto, se mantuvieron todos callados. Parecía que era un tabú, que no se podía porque corríamos el riesgo, quizá –pensaban–, de perder las elecciones si tomaban una posición por el sí o por el no respecto del tratamiento de esta ley.

Pero también hubiera sido interesante que en vez de poner el tema en manos del Congreso de la Nación –y así no tendríamos hoy esta cantidad de mujeres y de hombres aquí enfrente reclamando por el sí o por el no respecto del tema que estamos tratando enfrente del Congreso–, previamente se hubiera convocado a un plebiscito en el que hubiera tenido la oportunidad de expresarse toda la gente, toda la ciudadanía, a ver si estaba o no estaba de acuerdo con esto. Este tema ha creado una tremenda grieta que es muy difícil de cerrar. Ahora hay que trabajar para eso.

Un tema aparte es lo que hoy escuchaba de un señor senador con respecto al comportamiento de algunos sectores de la Iglesia. Yo coincido con el senador miembro informante, que dijo que habría que recordar que un sector de la Iglesia, durante la dictadura militar, en las sesiones de tortura que sufrían las mujeres previamente a haber sido violadas, embarazadas, en esas torturas se las hacía abortar violentamente con la presencia de la Iglesia. No hace falta más que leer el libro Nunca Más, en el que un monseñor de La Plata, capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, monseñor Plaza y quince sacerdotes más presenciaban las sesiones de tortura. Un sector de la Iglesia guardó un silencio cómplice respecto de esto. Hoy levanta la voz, pero no se acuerda, no recuerda todo esto.

 

 

Aquí yo quiero rescatar al monseñor Jaime Francisco de Nevares, don Jaime, monseñor del Neuquén, quien al frente de las Madres de Plaza de Mayo reclamaba aparición con vida. Estoy hablando del otro sector de la Iglesia; el que mencioné anteriormente era un sector minúsculo.

La pena fue que no hubo una expresión unánime de toda la Iglesia. Por eso estoy hablando de un silencio cómplice que tuvieron estos sacerdotes; realmente, esto nos preocupa a todos.

Como atenuante, este Senado, y la Cámara de Diputados también, ha escuchado distintas opiniones, en distintas direcciones, de especialistas que se han expresado en un sentido y en otro. Después de haberlos escuchado, me queda una reflexión, presidente:

¿y después de esto qué? Supongamos que no sea aprobada la ley, ¿qué es lo que pasará?

¿Seguirá existiendo el aborto o no seguirá existiendo? Esta es una reflexión que nos tenemos que hacer todos

Va a seguir existiendo, claro que sí, pero en forma clandestina, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Entonces, no creo que sea para defender las dos vidas, la otra expresión. Hay que defender las dos vidas de esta manera: que si la mujer, voluntariamente, decide interrumpir su embarazo –eso es defenderla a ella–, pueda hacerlo con asistencia médica, como corresponde.

Por eso, señor presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto venido en revisión, y en la consideración en particular haré algunas observaciones, por ejemplo, respecto del artículo 2º, que penaliza a los profesionales de la salud y a las instituciones de la salud que se nieguen a practicar el aborto. También plantearé que se lleve el embarazo de 14 a 12 semanas, lo cual argumentaré en su momento.

Por último, señor presidente, quiero mencionar lo que está pasando con las obras sociales…

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, senador.

Sr. Pereyra.- Me queda un minuto.

Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, cómo no.

Sr. Pereyra.- Todas las patologías que son aprobadas por este Congreso se las derivan a las obras sociales, y las obras sociales ya están desfinanciadas. Por ejemplo, les “tiran” a los jubilados de origen, que deben ser atendidos por las obras sociales –190 pesos paga el PAMI por cada uno de los jubilados, cuando son grandes consumidores de prestaciones de salud, de medicamentos–, a los monotributistas, a los monotributistas sociales. Las obras sociales han contribuido con 8.000 millones de pesos para el CUD, para que se los reintegren posteriormente, y todavía no se los han reintegrado. Se han transformado en 11.000 millones de pesos.

Por último, señor presidente, me gustaría que me diera un minuto más para leer algo que dijo el doctor Mario Sebastiani, que es profesor adjunto del Departamento de Tocoginecología del Instituto Universitario de la Escuela de Medicina del Hospital Italiano, en Buenos Aires, en su libro Aborto legal y seguro. Él dice: Los autotitulados defensores de la vida son los que, de acuerdo con el relato de la Iglesia católica, justifican que las leyes responsables de la salud sexual y reproductiva siempre anden con muletas. En lo personal no critico a la Iglesia católica. Están en su derecho de pensar, opinar e interpretar la palabra de Dios a su antojo. Estos se dejan guionar y con sus palabras y actitudes criminalizan la salud y dignidad de las mujeres. Como instrumentos de la pro vida desfinancian los programas de salud reproductiva, invierten en la compra de insumos pero no custodian la llegada de los métodos anticonceptivos a toda la población, fomentan la denuncia del personal de salud hacia las mujeres que confiesan en la guardia la realización de un aborto; encarcelan a mujeres y estimulan

 

 

bajo la mesa el mercado negro y la cadena de corrupción que se encuentra alrededor del aborto clandestino; leen algunas bibliografías confesionales pero evitan conocer otras basadas en la evidencia científica. Dicen proteger la vida del embrión desconociendo la dimensión de lo que significa para una mujer llevar adelante un embarazo no deseado. Tienen doble estándar: modifican sus posturas si alguien de su entorno tiene un embarazo no deseado puesto que poseen poder y dinero. Son los que hablan con liviandad sobre el síndrome pos aborto e infunden miedo a las mujeres. Esto es parte del libro del doctor Mario Sebastiani.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.

Senadora López Valverde.

Sra. López Valverde.- Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero destacar que, a través del notorio trabajo de los presidentes de las comisiones que han tenido que estudiar este tema, creo que todos nos hemos enriquecido y hemos podido confirmar tal vez nuestra posición o, en todo caso, también cambiarla.

Desde ya, creo que trabajar sobre estos temas, que han formado parte desde hace mucho tiempo de grupos feministas, nos enriquece, nos hace bien como sociedad democrática, como una sociedad que respeta el pluralismo. Creo que nos hace muy bien en lo que respecta a la cultura política de los argentinos; nos enriquece, en definitiva.

Cuando hablamos del aborto, parece algo muy concreto porque tenemos estadísticas, se puede verificar, se puede cuantificar. Pero creo que quedarnos en esto no es que esté mal, porque no se puede tapar la realidad ni se puede tapar el sol con una mano, como dice el refrán, sino que tal vez no nos permita profundizar en variables que mantienen una relación no diría de causa y efecto, pero sí de interdependencia con esto que es un síntoma y una consecuencia social: el aborto, la necesidad que sienten las mujeres ante un embarazo no deseado de abortar.

Creo que en esto no importa el resultado que hoy se obtenga, si es a favor o en contra. Ninguna de las dos posturas tendrá éxito si no se aplican políticas de Estado –lo que quiere decir políticas a largo plazo, activas, con presupuesto– en muchas cuestiones, desde la calidad educativa apostar fuertemente a la educación sexual que nos debemos – esa es una cuota que nos debemos como sociedad–, apostar a la disminución de la pobreza, apostar a la mayor seguridad que da la vivienda y el trabajo. En fin, un sinnúmero de variables que no digo que sean una causa directa, pero que en gran modo determinan un contexto que forma un caldo de cultivo apropiado para que la mujer llegue a estas tristes determinaciones y decisiones.

Como mujer –seguramente, muchas de mis compañeras de género lo deben haber sentido igual–, y creo que también los hombres –porque yo creo que este es un tema que tiene que ver con la vida, y la vida está formada por hombres y mujeres–, me referiré particularmente a la sensibilidad que una siente como mujer. Hemos escuchado permanentemente que es un tema de mujeres, y la verdad es que nos ha puesto en una encrucijada y nos ha llevado a revisar nuestra biografía, nuestra historia de vida, las historias de vida de muchos conocidos, y a llegar a una conclusión.

Pero yo estoy convencida de que mis cuestiones personales, mis convicciones personalísimas y subjetivas, mis ideas, no pueden ser un argumento y aplicables al resto de la sociedad. En eso coincido. Pero también como humana, como un ser social y como un ser cultural, no puedo obviar tener ideas, no puedo obviar tener creencias, no puedo obviar estar en un mundo atravesado por las ideologías.

Ya lo decía Ortega y Gasset que las ideas se adueñan con nosotros, y desde otro extremo ideológico, desde la escuela crítica, Marcuse nos decía que las ideologías no

 

 

solo sujetan al hombre, sino que también lo convierten en sujeto; en el sujeto más deseado o no es otro tema, pero obviamente siempre hay relaciones de poder de por medio.

Es por eso que, a pesar de que es muy difícil para los humanos ser objetivos, voy a tratar de hacer un ejercicio con mucha responsabilidad de extrema objetividad –o al menos busco eso– y de asepsia con respecto al tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quiero que mis cuestiones personalísimas y subjetivas sean el argumento de mi fundamentación y de mi voto, que desde ya adelanto que es negativo.

Este voto negativo será porque soy conservadora, será porque me quedé en el tiempo, será porque tengo mis años, no lo sé, tal vez, pero algo tengo seguro, y es que el voto que emitiré acá tiene que ver con mi función parlamentaria.

Un gran porcentaje de sanjuaninos me eligió para que estuviese aquí, y a lo largo de las campañas en mi trayectoria política, donde ejercí como intendenta y como diputada, nunca negué mi postura al respecto; así que, en ese sentido estoy tranquila. Pero estoy doblemente tranquila porque la mayoría de la sociedad a la que yo represento hoy, de quien yo tengo que ser vocera –porque no puedo ensimismarme en mí, insisto–, la mayoría de esa sociedad, tal vez porque sea conservadora, tal vez porque entre en estas categorías que hoy se han nombrado –y que no voy a ponerlas en tela de juicio–, está en contra de la despenalización del aborto. Lo indican las encuestas; bueno, las encuestas por ahí tienen margen de error, pero también lo ha indicado –y se ha expresado así– la Legislatura provincial de mi provincia, que con absoluta unanimidad se ha declarado en contra de la legalización del aborto. Lo ha hecho el Foro de Abogados de mi ciudad, lo han hecho distintas ONG y yo lo he podido percibir, sentir, a lo largo de cada rincón de mi provincia. Porque soy dirigente política y hoy me toca estar acá, pero hemos conversado estos temas en cada rincón de mi provincia, y aquellos que me conocen saben que he alentado muchísimo la educación sexual integral en mi provincia, no con los resultados que yo hubiese deseado.

Yo presidí en algún momento la comisión de ley de educación de la provincia, y la educación sexual integral está contemplada por ley desde el ciclo inicial, obviamente acorde a cada etapa evolutiva de los infantes o de los alumnos.

Otro de los motivos que fundamentan mi posición negativa, en el que no voy a ahondar porque yo no soy una especialista, es que creo que hay pactos contractuales en la sociedad que hay que respetarlos hasta tanto no se cambien. También coincido en que esos pactos a lo largo del tiempo pueden variar, pero, de hecho, señor presidente, hoy tenemos una Constitución, tenemos legislación y tenemos todo un andamiaje jurídico que respeta y que protege la vida del ser humano desde la concepción y le da dignidad. A esto se suman los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Por el momento existen; serán antiguos, serán retrógrados, habrá que cambiarlos, el tiempo lo dirá, pero nosotros, como legisladores y como personas que estamos dispuestas a legislar, a dar normas para que la convivencia cada día sea mejor en la sociedad, no podemos dejar de respetar la Carta Magna, las leyes y los tratados internacionales. Nos debemos al derecho, debemos actuar conforme a derecho.

Es más –y voy a avanzar–, no quiero dejar de lado que también como provinciana que soy, en cierto modo acá yo noto que vuelve a darse un enfrentamiento entre las grandes urbes y las provincias, porque, bueno, aunque somos todos argentinos hay estructuras culturales, hay imaginarios distintos. Cada cultura necesita tiempo, necesita madurar, digerir determinadas temáticas, y desde el punto de vista jurídico en este momento existe un avasallamiento con respecto a las autonomías federales.

Ya se dijo acá que 14 provincias contemplan en sus constituciones el derecho a

 

 

la vida desde el momento de la concepción, y una de ellas es San Juan.

Quisiera profundizar en otros aspectos que tienen que ver con mi formación como historia de vida. No soy médica, no soy abogada, vengo del mundo de la academia, y este tema también me ha llevado a leer bastante, a informarme, aunque por ahí en las redes ha trascendido que yo voto por la negativa porque no he estudiado el tema; bueno, no quiero pensar en malas intenciones, quiero pensar en una mala interpretación.

Yo he visto con mucha preocupación, tanto en la Cámara baja como acá, que  hay una tensión permanente entre dos valores: la libertad y el derecho a la vida. Por mi historia política, por pertenecer a un partido –en este caso el Partido Justicialista–– al que siempre le ha preocupado mucho el bienestar general –más antiguamente Santo Tomás de Aquino diría “el bien común”–, yo considero que esa tensión no debe existir. Es más, señor presidente, para desafiarme a mí misma y tratar de cumplir con lo que en un principio he dicho de tratar de ser objetiva y ecuánime, voy a citar a un autor que por excelencia nadie se animaría a decir que pertenece al justicialismo, que comulga con esa forma de ver la realidad: Rawls.

Rawls sostiene que en toda comunidad política hay tres valores imprescindibles, que son la estabilidad del sistema, la vida y la libertad. Obviamente, por ser libertad él  le da preeminencia a la libertad y no a la vida. Pero, a pesar de eso, este autor dice que, para poder ser estable, para poder vivir, toda sociedad necesita girar, necesita vivir, compartir una serie de ideas del bien; y ahí, entonces, cuando él también nos habla – respecto ya de la despenalización del aborto– que se llegará a eso cuando sea viable. Es el camino que estamos siguiendo. ¿Será hoy? ¿Será mañana? No sé, no soy futurista, yo hablo por los elementos que tenemos en el presente. Y fíjese que Rawls es uno de los inspiradores y de los que ha alimentado el pensamiento de aquellos que están a favor de la despenalización, porque obviamente –insisto– da preeminencia a la libertad sobre la vida.

Pero yo quiero hacer hincapié en que, a pesar de esa ideología, Rawls nos habla de un conjunto de elementos, de un conjunto de valores que nos hablen del bien, y con esto ya estoy entrando en una perspectiva que me parece que no se ha tocado, que es la de la responsabilidad social y de la ética…

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, senadora.

Sra. López Valverde.- Sí. Ya termino, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Sí; cómo no.

Sra. López Valverde.- La ética nos dice qué está bien y qué está mal. La ética no es lo mismo que la religión; la ética supone relaciones con otros pares, con otros seres humanos, mientras que la religión establece una relación con una trascendencia, con un ser superior. Por lo tanto, hablar de la ética no es meternos en el mundo de las creencias, en el mundo de la religión, que insisto forma parte de las esferas privadísimas y subjetivas de cada uno de los ciudadanos y no puede imponerse acá como fundamento.

En torno a ese eje de valores, en mi ciudad, en mi provincia, en el distrito al que yo pertenezco se valora como una cuestión inescindible del ser humano el valor a la vida; está dentro de lo que llamamos “ético”, está dentro de las conductas que llamamos “buenas”.

Y finalmente ya, porque veo que me está indicando que termine, desde el punto de vista de la responsabilidad, quiero decir que hablamos de “responsabilidad” porque tenemos libertad, porque estamos en un mundo de ética, en donde podemos definir lo bueno y lo malo, y libertad significa optar y hacerse responsable. Y no estoy acá diciendo que las mujeres tienen que hacerse responsables porque se equivocaron,

 

 

porque realmente cuando el sistema no es propicio, cuando el contexto no es propicio, no podemos hablar de responsabilidades particulares. En este caso yo quiero hablar de  la responsabilidad social desde un plano que plantea un filósofo alemán judío, al que yo suelo leer con frecuencia y al menos a mí me arroja luz. Él habla de una responsabilidad social a futuro. Solamente la humanidad puede hacerse cargo de la humanidad. Es más, los planteos de este autor inspiran, encuadran y movilizan a la acción a aquellos que defienden la vida extrahumana. Me estoy refiriendo con este término a la ecología, a todo lo que nos rodea, que también es vida.

Estos son los fundamentos con los cuales yo sustento mi posición y, finalmente, contradiciéndome tal vez, yo dije que no iba a exponer cuestiones personales, pero ahora voy a tomarme la licencia.

En determinados momentos la vida nos pone en ciertos lugares. Tal vez, si yo hubiese ocupado esta banca hace treinta años atrás, con el ímpetu de mi juventud, con una mirada muy inmediata y en lo que me beneficiaba en forma inmediata habría votado a favor, señor presidente. Pero los años no vienen en vano. Yo ahora cada día valoro más la vida desde el momento de la concepción, valoro mi propia vida, valoro la vida de los que vienen. Porque como dice Hannah Arendt con su criterio de natalidad, cada ser nuevo que viene es una esperanza para crear cosas nuevas. ¿Y por qué no pensar que esas cosas nuevas pueden ser mejores si los contextos son mejorados?

Por la vida de los que se fueron y que me dieron la vida, y esto es muy personalísimo, hoy se cumplen nueve meses del fallecimiento de mi madre, quien muy joven, con dieciséis años, con muy pocos recursos, me crió, me acunó y me dio mucho amor. Por la vida de mis hijos y de tantos que están en este mundo que merecen no solamente vivir, sino vivir con calidad y con dignidad, y por las del futuro, es que yo ahora reafirmo y digo no a este proyecto.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Tapia.

Sra. Tapia.- Señor presidente: quiero expresar en pocas palabras la razón por la cual votaré de manera negativa este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que viene desde la Cámara de Diputados.

Durante estos meses estuvimos escuchando centenares de exposiciones respecto del proyecto que nos convoca desde las diferentes ópticas: legal, jurídica, científica, religiosa, médica, psicológica, sociológica. Pero todas las miradas coinciden en que a partir de la fecundación o concepción hay vida, ya sea que se mencione el niño por nacer, un ser humano en potencia, como se quiera llamar, pero en esa instancia hay  vida.

Entonces quiero enfocarme en un aspecto abordado en las exposiciones, en el cual radica el motivo de mi negativa. La legalización de lo que considero es una tragedia. Este aspecto es el psicológico y para eso voy a citar licenciados en psicología que pasaron, psiquiatras, especialistas. Todos coinciden en que al aborto niega una verdad, una realidad; la existencia de un hijo. La existencia de ese hijo en el cuerpo y en el inconsciente de la mujer deja una huella, una marca y es ese registro biológico y emocional el que se va a encargar, en el caso de interrumpir voluntaria o involuntariamente ese proceso, de sacar a la luz esa verdad en algún momento de la vida de esa mujer y a través de diversos síntomas. El aborto deja consecuencias siempre, independientemente de lo convencida que esté la mujer en realizarlo y de la legalidad o no de la práctica.

 

 

Desde la psicología, todo el proceso biológico que se dispara a partir de la concepción tiene un correlato emocional. Es decir que al mismo tiempo que los cambios físicos se van sucediendo, a nivel inconsciente se alimenta el lazo y la conexión emocional de esa madre con ese hijo. Para cuando la mujer se entera de que está embarazada ya pasaron al menos quince días. Ese vínculo existe independientemente  del deseo de la mujer o de la situación en la que fue concebido; y ese vínculo actúa como una barrera natural que protege a ese niño de cualquier daño que pudiera sufrir por parte de su madre.

Para abortar, la mujer necesita vencer esa barrera y lo hace mediante los mecanismos de deshumanización, negación, racionalización; cosifica, se desconecta del vínculo y de esa manera es que tiende a verlo como un conjunto de células, de tejidos, etcétera.

Al enfrentarse con el aborto la mujer está divida interiormente. Desde lo racional puede afirmar que no lo quiere tener, pero desde lo inconsciente, desde lo instintivo y desde lo corporal está involucrada afectivamente con el desarrollo de ese hijo aunque ella lo desconozca.

Ninguna mujer quiere abortar. El aborto atenta contra su propia naturaleza, contra sus instintos más profundos. Las consecuencias del aborto, el síndrome post- aborto, a pesar de que se niegue o se quiera ocultar, tiene que ver con la respuesta instintiva al dolor provocado por la muerte de ese hijo.

Cuando el duelo por la pérdida de un hijo no se elabora pueden aparecer síntomas que no están directamente asociados con el aborto, como la depresión, la apatía, el cansancio, el desgano, la desesperanza, el insomnio, la tristeza, las ganas de llorar, dolores físicos. Además, después de la muerte previene la culpa, porque fue realizada por ella misma, por su decisión; atentó contra un individuo de su propia especie que en todos los casos dependía de la asistencia de su madre.

Si la culpa no es elaborada pueden aparecer comportamientos autodestructivos como el consumo de drogas, alcohol, nuevos abortos, intentos de suicidio, baja autoestima, incapacidad de relacionarse con otros y, en general, con otros hijos.

Posteriormente a todos esos síntomas aparece la ira por la pérdida, la cual se transforma en enojo y suele descargarse en episodios de rabia… –estoy citando textualmente, en muchas ocasiones, lo que dijeron los profesionales– hacia situaciones o personas que nada tienen que ver. Y así podríamos seguir enumerando traumas y síntomas posteriores al aborto.

Además se relevan daños físicos y mentales en los niños, en los otros hijos que tiene esa mujer que abortó, y en los varones que participaron en la decisión de realizar ese aborto.

Entonces, señor presidente, no puedo ver nada más lejano al empoderamiento y al derecho de las mujeres que tanto pregonamos como este proyecto que tiene media sanción.

Tras este debate que enmarcó de alguna manera la ciudadanía toda, porque o nos tocó vivirlo o tenemos un pariente, un amigo, un conocido a lo largo de cada una de nuestras historias, nos llevó a estar en un punto de inflexión en el que verdaderamente nos tenemos que preguntar qué tipo de sociedad queremos.

Ese es el punto de conexión, la genuina preocupación por la mujer que se encuentra frente a un embarazo no deseado o inesperado en el contexto que sea. Nos cabe a nosotros, como legisladores, darnos cuenta de que con la legalización del aborto no estamos ayudando para nada a la mujer, sino todo lo contrario; la estamos  empujando al abismo de vivir con un profundo dolor. Y como Estado, después de

 

 

legalizarlo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Estamos, como sociedad, dispuestos a que nuestras mujeres –nosotras– padezcamos legalmente todas estas patologías o daños? ¿Es nuestro derecho terminar sufriendo de esa manera? Me resisto a pensar que por este lugar pasan los derechos de las mujeres.

Insisto, señor presidente, como Estado no podemos ofrecer el aborto como alternativa ante cada embarazo no deseado o no planificado. Me niego a aprobar una ley que más que solucionar un problema, el de las muertes por abortos clandestinos, lo que va a generar es todo lo contrario: incrementar el riesgo de mortalidad materna enormemente por este tema.

Todos coincidimos en que nos preocupa la vida de las mujeres. Todos coincidimos en que no estamos de acuerdo ni aprobamos la práctica del aborto, pero con la aprobación de esta ley, como sucede con toda ley que otorga un derecho, va a generar un fomento, una promoción de esta práctica que, en definitiva, no es lo que todos queremos que suceda. Claramente, es una contradicción. Si queremos que no suceda, no debemos aprobar una ley que lo permita.

Frente a esto, mi planteo es: trabajemos desde las coincidencias, que las encontramos, para que la mujer libre –el derecho que tanto se reclama–, valiente, responsable –y no coincido con eso de que antes había unos valores y ahora hay otros; los valores los tenemos que tener como seres humanos, sea en la etapa que sea de nuestra vida– no llegue a tener que estar en la situación de necesitar realizarse un aborto; con educación sexual; involucrando a las familias e instituciones; y teniendo en cuenta nuestras tradiciones y cultura.

Y aprovechemos las coincidencias, esos puntos de encuentro, porque todos los sectores insistimos y creemos que tenemos que educar para prevenir, educar en la responsabilidad –como dice la Convención de los Derechos del Niño–, educar en valores, respeto, solidaridad con el otro, y que verdaderamente se cumpla en cada rincón de nuestro país el acceso a la salud pública.

En ese sentido, el desafío es grande y tenemos que preguntarnos qué país queremos. Yo sé en qué país quiero vivir y en qué país quiero que vivan mis hijas: un país que incluya, donde a todos se nos respeten los derechos y todos respetemos el derecho fundamental que es el de la vida; un país donde los valores que se inculquen sean la solidaridad, la igualdad y la libertad; una sociedad que erradique la violencia, el materialismo y el individualismo; donde no prime la supervivencia del más apto; y donde todos tengamos posibilidades de realizar nuestros sueños y proyectos.

Por último, señor presidente, déjeme decirle que celebro la libertad. Considero que es el segundo derecho más importante. Pero el primero siempre es y será la vida. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora. Senador De Angeli: tiene la palabra.

Sr. De Angeli.- Gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y pido autorización para insertar.

Estamos ante un día histórico, una jornada histórica, una sesión histórica. Por eso, quiero reconocer el trabajo de las tres comisiones, de los presidentes y de todos los integrantes. Porque en estas largas horas de debate, muchos de nosotros, y en el caso mío particular, nos pudimos ilustrar, pudimos tomar mucho conocimiento de las cosas que pasan y escuchar a académicos, de un lado y del otro.

Y la verdad es que tengo que valorar y reconocer el apoyo de nuestro presidente, y que haya puesto y apoyado esta discusión en el Congreso de la Nación, acá en la casa de las leyes.

 

 

Voy a argumentar, muy brevemente, por qué estoy en contra de este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados.

La verdad es que cuando llegué acá como senador electo por mi provincia, me paré enfrente y juré ante la Constitución Nacional respetarla y defenderla. Y en esto voy a seguir con esas convicciones.

Segundo, sabemos también que la Constitución de mi provincia, en el artículo 16, también tiene previsto que se considera la vida desde el momento de la concepción. Así que si votara a favor de este proyecto de ley, estaría también faltando a mi juramento como senador de la Nación. Esos son los valores institucionales que me mueven como para ir en contra de esto.

Pero también sabemos que el Estado ha estado ausente y que nada va a ser igual a partir de mañana. Y ahí sí los legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, tenemos que trabajar fuertemente para que no se llegue a la fatalidad de un aborto. Y miren, estamos hablando de aborto, cosa que hace un año o dos atrás se hablaba en voz baja. Eso es libertad.

Pero, por supuesto, yo estoy en contra del aborto. Sí tenemos que trabajar fuertemente para que políticas públicas, tanto nacionales, como provinciales y municipales acompañen a la mujer en ese drama, porque como se ha dicho acá, ninguna mujer va contenta a practicarse un aborto.

Sin dudas, muchas porque están desprotegidas; y otras no han sido comprendidas, porque venimos de una sociedad donde era tabú. Porque venimos de una sociedad que quedó atrás.

Escuché a algunas senadoras que sin duda van a votar a favor. Pero eso no  quiere decir, en mi conciencia, que tenemos que ir a favor del aborto. Por eso, hay un compromiso: tenemos que trabajar fuertemente y acompañar a esa mujer; garantizarle que va a poder seguir estudiando, por más que esté embarazada; garantizarle que va a seguir trabajando; que no la van a despedir del trabajo porque está embarazada. Tenemos que garantizarle que va poder criar a su hijo; que la vamos a apoyar con leyes; y el Estado tiene que acompañarla a ser una madre feliz.

Digo esto, porque los que venimos de una familia numerosa, como tantas familias –en el caso mío, de diez hermanos– valoramos mucho el encuentro. Valoramos mucho el encuentro familiar. Y lo vemos en el interior profundo de nuestras provincias, a esas familias numerosas donde jamás se le pasó por la cabeza a la madre abortar a un hijo. Y lo criaron con humildad, le hacían la ropa, no tan prolija, pero nos vestían. Y vuelvo de vuelta: ¿cuántas veces a mi madre la vi sentada frente a la máquina de coser haciéndome la ropa o haciéndonos el pan casero, porque éramos muchos y no alcanzaba? ¡Dos o tres amasijos por semana! ¡No nos dejaba faltar nada! Y jamás se le hubiera pasado por la cabeza –como a mi madre, a tantas otras madres– practicar un aborto. Y no era porque eran religiosas, no era por eso; era por la dignidad de ser madre. Hoy tuve la suerte de que un senador me presentara a su hija, que está embarazada de mellizos. ¡Qué alegría, dije yo! Qué valentía estar esperando eso. Yo también soy mellizo. Y se sigue la tradición en muchos de los casos, de que cuando se enteran que una mujer está embarazada, se va con alegría a felicitarla y se le regala una planta para que vaya creciendo y vea la imagen de su hijo. Esas son las cosas que no

podemos perder nosotros.

Por eso, señor presidente, yo voy a votar en contra. Creo en las dos vidas. Jamás estaría de acuerdo en acompañar a una mujer en ese drama. Por supuesto, la voy a acompañar en lo personal y en lo colectivo para que ella dignamente pueda ser madre. Y

 

 

que cuando vea a ese hijo, como tantas madres que tuvieron muchos hijos –algunos hoy son abogados, doctores de familias humildes, maestros– hoy están contentas

Acá se citaron filósofos, escritores, médicos. Yo voy a citar a Ercilia, una mujer de ochenta años, jubilada, maestra de un pueblo del interior. Y el domingo, toda esta semana estaban de los dos lados, los que sí y los que no. ¿Y por qué no, Alfredo? ¿Y por qué sí, Alfredo? Yo me senté con ella y le digo: Ercilia, ¿usted qué piensa? Con todo respeto a los que citaron académicos, ella me dijo: Alfredo, fui maestra muchos años y me jubilé como maestra en un pueblo muy chico, ¿y sabés qué? Las pobres chicas se los sacaban de acá (se señala el abdomen), pero hace cuarenta años que no se lo pueden sacar de acá. (Se señala la cabeza.)

Por eso, tenemos que acompañar a esa mujer embarazada, para que tenga tranquila la conciencia, que la va a dejar dormir tranquila y en paz.

Por estos que son mis fundamentos, señor presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley, sabiendo que tenemos un compromiso político, ético y moral de no dejar a esa mujer sola, de acompañar a esa mujer que está en un drama y que no sabe qué hacer. Tenemos que estar firmes desde la política y desde los distintos estamentos del Estado para acompañarla.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.

Senador Caserio, tiene la palabra.

Sr. De Angeli.- Ah, perdón…

Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Caserio: le pide una interrupción el senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- Así como el senador Schiavoni se hizo solidario con las otras dos senadoras, quiero hacerme solidario con la senadora García Larraburu, que fue agredida en la casa y que ha pasado malos ratos. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.

Senador Caserio.

Sr. Caserio.- Muchas gracias, señor presidente.

Como ya se ha dicho acá y lo dijo antes el senador Pereyra, creo que es ya conocido que los senadores de Córdoba, sumados a otros senadores, el mismo Guillermo Pereyra, el senador Aguilar, de Chaco, hemos trabajado para hacer algunos cambios a la media sanción que viene de Diputados; y lo hicimos con el fin de que pensamos que era mejor para la ley, era mejor para la gente y de que esos cambios pueden ayudar.

El senador Pereyra ya los enumeró, pero los quiero enumerar rápidamente. Los cambios que nosotros proponemos son que el aborto se pueda hacer hasta la semana doce; es decir que sea punible después de esa semana. Hoy, el senador Mera Figueroa nos preguntó, la verdad, con ironía, a mi compañero y amigo, no sé si fue porque no lo conocía y dijo: “No entiendo por qué los senadores cordobeses ponen la semana doce cuando era catorce”. Yo tampoco entendí su pregunta porque él está por el no.

Pero, bueno, por si a alguien le quedan dudas, yo tengo un concepto propio en esto. Creo que cuando hay tantas cuestiones y se habla de ciencia, y se expresa gente preparada, científicos, abogados, evidentemente se produce mucha contradicción en los pensamientos, pero yo siempre en la vida traté de utilizar el sentido común. Entonces yo digo: si a las doce semanas una mujer puede, en tiempo y forma, llegar a deshacerse de su embarazo, ¿para qué esperar más? ¿No es cierto?

Después, cuando nos pusimos a ver, nos dimos cuenta de que no es un pensamiento nuestro ni argentino, sino que es universal. En los ciento diez países que el

 

 

aborto está despenalizado, en el 70 por ciento de ellos está permitido hasta los tres meses o las doce semanas.

Otro tema es el de los médicos: la despenalización absoluta que nosotros pretendemos con la eliminación del artículo 2º. Pensamos que no tiene sentido despenalizar a la mujer y perseguir a los médicos. Todos sabemos que los médicos ejercen una profesión noble, en la que hay que poner mucho esfuerzo; y vemos como nuestros médicos en todo el país van a siete, ocho o diez lugares para tener un salario digno. Nos parece que es totalmente innecesario perseguirlos en el caso de que ellos no hayan asentado en una planilla que tenían objeción de conciencia. Creemos que puede ser discutido o penalizado de otro modo, pero que no hace falta para nada poner a los médicos en el Código Penal porque no cumplan con esta ley o no se hayan inscripto. Y esa es una cuestión meramente administrativa.

Por otro lado, la objeción de conciencia institucional pensamos que es razonable, porque además es exclusivamente para la actividad privada, no toca al hospital público. Esta ley, que es de cumplimiento obligatorio, evidentemente todo lo público hay que cumplirlo perfectamente.

– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.

Sr. Caserio.- Si hay una institución que tiene idearios en su formación, en la cual, de entrada, han planteado que este es un tema que no quisieran tocar, a nosotros nos parece racional no presionar.

En cuanto a los recursos, quiero decir dos palabras nada más, porque mucho se ha hablado de ello: qué hace falta, qué no hace falta. Toda prestación en la Argentina requiere de un presupuesto. Nosotros no hemos puesto ningún monto. Hemos puesto simplemente que tenga un reflejo presupuestario, para que los hospitales públicos provinciales, las obras sociales de los trabajadores, tengan a dónde recurrir en una discusión sana con el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud provinciales, por si hacen falta los recursos para que esta ley se cumpla.

No tenemos dudas de que hace falta, porque solamente hoy acceder a la droga abortiva que se está utilizando, el misoprostol o cualquier otra, requiere de un volumen de dinero muy importante. Si bien el ministro, en su última presentación –no lo había hecho en Diputados– dijo que lo iba a proveer el Estado nacional, evidentemente es una cosa muy necesaria. Primero, porque se transformó en un negocio. Todo lo que es ilegal en la Argentina es un negocio, entonces, vale mucho más de lo que realmente debería valer. Segundo, porque el Estado, en última instancia, puede fabricar la monodroga, si no tiene un acuerdo con las droguerías o con las instituciones, que valga lo que corresponde.

Todos estos cambios que nosotros propusimos son un poco para sacarle dramatismo al debate. Pero está claro que nosotros estamos por el sí, queremos que la ley salga. Creemos que la ley es una gran necesidad para la Argentina de hoy.

Y yo quiero dar un ejemplo de lo que significa ver esto con menos dramatismo. Quiero dar un solo ejemplo. Tomemos Italia, el país del mundo donde evidentemente las raíces católicas deben ser de las más fuertes. Hace cuarenta años que Italia permite esto y despenalizó el aborto. Hace cuarenta años que, en el país donde la iglesia católica es una de las más fuertes del mundo, lo hizo el Estado, lo hizo la gente y no se cayó el mundo. No hay que dramatizar esto. No se cayó el mundo.

Las mujeres que deciden tener este derecho, lo utilizan. Y las mujeres que consideran, por distintas circunstancias, que no lo tienen que utilizar, no lo hacen. Los médicos trabajan en libertad y no son perseguidos. Las instituciones tampoco. La

 

 

sociedad sigue funcionando y así funciona en casi todo el mundo. Ciento diez países del mundo, donde están los más desarrollados, han llevado adelante esta ley ya hace muchos años, porque saben que es un crecimiento en la visión, en la defensa de los derechos de los seres humanos que no se puede parar más.

Nosotros estamos convencidos de que si no sale esta ley, no cambia nada; que las miles de mujeres que hoy deciden por su cuenta, sin interpretar lo que nosotros pensemos, lo que diga la iglesia católica, lo que digan los evangelistas, lo que diga quien sea, siguen haciéndolo, siguen en un sistema de indignidad, desprotegidas, fuera de la salud pública argentina.

Entonces, yo digo: si no hay ley, ¿en qué mejoramos? Seguimos diciendo cuestiones que hablamos hace muchos años: “Que debería ser distinto…” “Que no debería pasar…” Pero pasa y cada vez va a pasar más, porque está muy claro que todo lo que se mueve en la ilegalidad… Pero cuando la mujer, la persona, siente que es un derecho natural, se va a seguir haciendo cada vez más.

Está claro que en los países que lo han reglamentado con una ley, eso va disminuyendo; y las mujeres no son delincuentes, no son indignas, no tienen que esconderse, las que tengan o las que no tengan plata, porque evidentemente la mujer que no tiene recursos está moviéndose en un sistema de indignidad; encima, ni siquiera la podemos socorrer o atender en la medicina pública y, evidentemente, esa mujer vulnerable está en muy malas condiciones.

Pero la mujer que sí puede pagar, porque es parte de la hipocresía argentina, donde montones de clínicas realizan la prestación a pesar de que no está legalizada, a pesar de que tengan plata para estar protegidas por el sistema de salud, siguen haciéndolo de un modo indigno como si fueran delincuentes. Esto hay que considerarlo.

Y esto es lo que nosotros pensamos, y es lo que debemos tener en cuenta, porque la mujer de hoy no es la mujer de hace cincuenta años, que cuando iba a hacer un trámite, le preguntaban y ya ponían “ama de casa” sin preguntarle si era profesional, si trabajaba. Este es un mundo que ha evolucionado. La mujer está luchando por sus derechos para estar a la par del hombre; además, lo está consiguiendo y lo merece; porque hoy la mujer no es la de antes, donde los núcleos familiares, en general, duraban toda la vida. Hoy una mujer, a lo mejor es joven y tiene dos hijos, tiene que trabajar y tiene que cumplir con lo que hace cualquier madre en su casa, pero además de eso no tiene el tiempo necesario para ser la ama de casa de aquellos tiempos.

A esta mujer hay que comprenderla y hay que reconocerle los derechos, porque esos derechos, tarde o temprano, van a llegar, más allá de lo que votemos hoy. Van a llegar porque es digno, porque es lo que corresponde, porque es la evolución del mundo.

Estoy convencido de que si hay algo que no se puede hacer, más allá de todos los discursos, es tapar el sol con la mano. Los derechos de las mujeres van a seguir creciendo. Por eso hay miles de mujeres afuera, porque piensan y razonan que tienen que ser tenidas en cuenta, que tienen que elegir. ¿Y saben qué? Aunque pareciera que… o en nuestro criterio, nosotros mandamos a matar a los chicos, no es verdad eso. Es un criterio injusto y equivocado, porque la ley no obliga.

Si nosotros tenemos una ley, van a estar protegidas las que consideran que tienen ese derecho, que hoy, de todos modos, miles de mujeres lo están haciendo sin preguntarnos nada. Nadie piensa en ellas. Y las que no quieren hacerlo, las mujeres que consideran que es una cosa que no deben hacer, no lo van a hacer. Entonces, esta ley equipara derechos.

Hoy, los únicos derechos son los que ustedes, los senadores que apoyan el no, están considerando que es injusto. Esos son los únicos derechos que hoy están

 

 

concebidos. Porque hoy, evidentemente, el que piensa distinto al no, pasa a ser un delincuente y está fuera del sistema de salud.

Digo esto con todo respeto, no lo tomen como ninguna cuestión personal. Lo digo porque lo veo así desde mis más íntimas convicciones.

Creo que, de una vez por todas, hay que reconocer estos derechos para ponerlos al lado del mundo que está evolucionando. A veces, los argentinos dramatizamos todo y pareciera que lo nuestro termina acá. ¿Ustedes creen que si el 80 por ciento del mundo adelantado, del mundo donde las culturas y las situaciones y la economía han sido trascendentes, lo tiene permitido es porque está equivocado? ¿En todo el mundo, a lo largo de todos los años, se matan miles de chicos? No es así. Y perdónenme que tenga un criterio distinto.

Ceo que necesitamos reconocer todo esto. Si no hay ley, nada cambia. Si hay ley, seguramente va a haber mucha más justicia y seguramente vamos a tener el criterio y la obligación de controlar esto para saber de qué estamos hablando.

Por eso, quiero manifestar mi apoyo total. Voy a votar por el sí al proyecto que viene de la Cámara de Diputados y, si tenemos la oportunidad de poder exigir modificaciones, vamos a plantear los cambios que nosotros consideramos que son buenos para la ley y son buenos para que los argentinos no sigan en tantos extremos y, entre todos, podamos pensar una solución para todas aquellas mujeres que están pasando por esta situación y que necesitan tener una mirada distinta de parte de todos nosotros.

Por eso, ratifico el sí y, si tenemos la oportunidad, con mis pares vamos a proponer las modificaciones a algunos artículos en especial.

Muchísimas gracias.

Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pedro Braillard Poccard.

Sr. Braillard Poccard.- Señora presidente: la verdad es que se ha conversado y se ha discutido sobre la oportunidad de este debate, de si era el momento adecuado o no. Y después de mucho pensar llego a la conclusión de que el problema es el actual y, por lo tanto, el debate también lo es.

Es una realidad la que existe: los abortos clandestinos, los embarazos no deseados y, en muchas partes de la Argentina, esos embarazos no deseados en adolescentes y en niñas.

Creo, entonces, que todo momento es oportuno para discutir esta cuestión  porque si algo deja de positivo este debate, es que escuchemos la realidad de distintas zonas de nuestro país. No es la misma la realidad del norte que la del sur o la del Gran Buenos Aires. Cada una tiene sus problemas y sus alternativas de solución diferentes.

Creo, además, que al ser un debate tan transversal, nos ha permitido entender que cuando alguna causa nos anima dejamos de lado nuestras diferencias en muchos casos y nos sentamos a trabajar en conjunto.

Pido disculpas porque voy a incursionar en una ciencia que no es la mía. Yo soy abogado y soy hombre de la ciencia política. Pero lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que para mí es lo esencial. Y es el debate que tantas veces se ha señalado ya en el día de hoy y que tiene que ver con que si ese embrión –o la denominación que se le quiera asignar–, ese ser en gestación, es persona o no es persona.

Entonces, voy a reiterar una lectura que ya se hizo, y pido permiso para leer señora presidente: Una vez que el espermatozoide ingresa en el gameto femenino, los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto estrecho y replican su ADN. Esa unión genera una nueva célula llamada cigoto. Esa nueva célula posee una identidad genética propia, diferente a los que les transmitieron la vida, y la capacidad de regular

 

 

su propio desarrollo, el cual, si no se interrumpe, irá alcanzando cada uno de los estadios evolutivos del ser vivo hasta su muerte natural.” Esa es la cuestión central desde mi modesto punto de vista.

Escuché también atentamente a un prestigioso biólogo; y respeto profundamente al investigador, al científico. Lo dije en algún momento. Soy hombre de la ciencia política. Pero, francamente, aun con la claridad de algunos conceptos, de ninguna manera, salgo en el mejor de los casos de una duda; y en esa duda me inclino a favor de la vida.

Lo señalaba el senador Bullrich hace un rato. El concepto de vida humana es una convención arbitraria, decía el biólogo que nos ilustró con su exposición, que realmente fue muy interesante. Bien; no sé si es arbitraria, pero sí es una convención. Y, más allá de analizar lo que significa el óvulo fecundado y su pluripotencia, es decir, su capacidad de desarrollarse permanentemente hasta conformar el ser humano y lo que va a ser a lo largo de la vida, dice en algún momento que deberíamos ponernos de acuerdo en que no es un ser humano. Francamente, con todo respeto, yo me pregunto y por qué no podríamos ponernos de acuerdo en que es un ser humano.

Escuché, sí, algunas cosas, no en este caso, que también hay células vivas en la persona que ha fallecido o que un paciente –se lo escuché en la Cámara de Diputados a un periodista que respeto mucho– que está propenso a la donación de órganos podría asimilarse al ser en gestación. Creo que en ambos casos estamos hablando de una vida que por equis motivo se está extinguiendo, en contraposición a una vida que está empezando. Y que como está empezando merece todo el apoyo que la sociedad le pueda dar. Lo digo –reitero– desde mi modesto punto de vista, porque es el único respaldo; el de la madre y el de la sociedad.

Finalmente, y no me voy a extender en lo que debiera ser lo más natural por mi formación, es decir, en el tema de la constitucionalidad o no de la media sanción, porque hubo personas brillantes, tanto en una postura como en otra. Dicho sea de paso, señora presidente, felicito la labor de los presidentes de las tres comisiones y destaco a todos los que estuvimos en una y otra posición escuchando prácticamente la totalidad de las exposiciones, de las que, seguramente, al menos yo aprendí muchísimo.

Entonces, no voy a hablar de la constitucionalidad de la media sanción, porque hubo maestros del Derecho. Pero no tengo dudas de que como los argumentos fueron tan contundentes esto termina en los tribunales y, posiblemente, en la Corte.

Hoy, lo escuchaba al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales decir que el Congreso tiene facultades, aunque limitadas, previstas en la Constitución. Es cierto que a nosotros no nos cabe el control de constitucionalidad. Pero es cierto también que tenemos la obligación de hacer leyes, de crear leyes que puedan generar el menor número de conflictos o de planteos de inconstitucionalidad. No tengo ninguna duda de que esta media sanción posee varias cuestiones.

Sí voy a hacer referencia a un tema que me ha preocupado, y lo puse por escrito, que es el tratamiento que esta media sanción da la profesión médica. Realmente creo que quienes ejercen esta sagrada profesión no merecen el trato que en esta ley se les da. Desde el manejo que existe con el Código Penal –alguien lo citó por acá, algún senador antes que yo–, de salir de la posibilidad de una pena por hacer un aborto, a la posibilidad de ser penado por no hacerlo.

El tema de la objeción de conciencia. Muchos de los que estamos acá somos abogados y hemos ejercido o ejercen la profesión. ¿Cuántas veces por una cuestión de conciencia no tomamos un caso y, sin embargo, quién nos pide rendición de cuenta?

¿Por qué justamente a un profesional de la salud lo tenemos que obligar a registrarse

 

 

como objetor de conciencia, si ese es su derecho? Y no hablemos de que no puede participar del sistema público si es objetor de conciencia, porque no tenemos idea del daño que le haríamos al sistema público si tuviéramos que separar a todos los profesionales que hacen objeción de conciencia.

En esto rescato las palabras del senador Fiad, porque debo decir con toda sinceridad, señora presidente, que si bien no fui agredido, sí me solidarizo con los que lo fueron. Y lo digo con toda sinceridad; toda mi solidaridad. No apruebo las agresiones de ninguna manera. No fui agredido, pero sí he recibido, como seguramente todos los que estamos acá, enorme cantidad de mensajes –sobre todo en las redes sociales–, que decían no vote por sus convicciones o deje de lado sus convicciones. Como muy bien se dijo acá, también estamos acá por nuestras convicciones, porque nuestras respectivas sociedades conocen nuestra manera de pensar, de sentir y nuestras trayectorias, con aciertos y con errores.

Quiero señalar algo que se ha hablado acá; y escuché atentamente a cada uno de los que han tenido o tienen la conducción del área de salud. Yo tengo experiencia en este aspecto, sin falsa modestia, pues tuve el honor de ser cuatro años ministro de Salud de mi provincia, entonces, me permito opinar del tema. Creo que tenemos todavía un largo camino por recorrer en materia de políticas de salud, de prevención, de educación para la salud, de hablar del tema. No tengamos miedo de hablar del tema, de discutir, de explicar de qué se trata todo esto, de explicar no solamente las cuestiones del embarazo no deseado, sino también de las enfermedades de transmisión sexual, muchas de las cuales han reaparecido en los últimos años. No tengamos miedo. Eso es explicar y hablar con la verdad. Cada chico, cada adolescente, cada niño merece que le digamos todo lo que tiene que saber sobre eso tan sagrado que defendemos desde el momento de la concepción, desde el momento de la fecundación, que es su cuerpo.

Quiero expresar, finalmente, que seguramente para mí es mucho más fácil hablar porque soy hombre. Es cierto. Señora presidente, yo no elegí mi sexualidad. Créame  que trato de ponerme en los zapatos de las mujeres.

Respeto muchísimo a quienes tienen hoy una posición en este tema diferente a la mía. ¿Cómo no voy a respetar si tengo gente a la que amo profundamente que piensa diferente a mí? Pero también respeto, y mucho, a quienes ya sea mujeres, hombres, jóvenes han salido a expresar su posición diferente, porque creen profundamente.

¿Cuál es el mensaje que yo trato de extraer de todo esto? Estamos preocupados por un problema y tenemos puntos de vista diferentes. Algunos piensan que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es la solución y otro sector importantísimo de la sociedad piensa que esa no es la salida. Pues sentémonos a ver cuál es la mejor forma posible, respetando nuestras creencias y convicciones, porque todos tenemos derecho a nuestras creencias y convicciones.

Por eso, no uso ni me gusta que se use la palabra hipocresía, porque creo que el que está ahí afuera, como nosotros –yo no soy quién para juzgar a nadie ni tampoco me gusta que me juzguen–, está por convicción, de un lado y de otro, al igual que los que estamos acá. Por eso es que somos más de sesenta anotados para hablar, porque si no tuviéramos nuestras convicciones dejaríamos que esto pase, que informen dos o tres en cada posición y terminamos con el tema. Pero todos nos anotamos, porque queremos expresar lo que pensamos y lo que sentimos, asumiendo una responsabilidad ante nuestra sociedad.

Espero, distinguidas señoras senadoras y señores senadores, que de este debate, que sí comparto que es histórico, salgan soluciones. Lo deseo profundamente por el

 

 

bien, en especial, de muchos de esos chicos, que hoy adoptan una u otra postura con entusiasmo y fe, que son realmente admirables.

Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Eduardo Aguilar.

Sr. Aguilar.- Muchas gracias. Señora presidenta, estimados colegas: en primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que en estos meses, sobre todo en mi provincia, pensando igual o pensando distinto, pero siempre con tolerancia, nos aportaron sus ideas, sus perspectivas, sus inquietudes, muchas de las cuales pude trasladar a este Senado y que fueron incorporadas al proyecto alternativo, que si logramos la sanción en general vamos a tratar de aprobar en particular.

Siento que enfrentamos un debate de enorme trascendencia para nuestra vida democrática; enorme trascendencia desde lo práctico pero también desde lo simbólico y lo cultural; y que justamente por esa trascendencia ha generado grandes convulsiones en el cuerpo de la sociedad argentina.

De manera maliciosa hay quienes han pretendido asignarse en este debate el lugar de la vida y les han reservado a los otros el lugar de la muerte o del homicidio, incluso del genocidio. Pero no es así. Todos estamos a favor de la vida, todos estamos en contra de la muerte y todos sabemos que es un drama personal para las mujeres que tienen que abortar. Por lo cual, asignarse esas posiciones puede ser tranquilizador, pero lo que en realidad debate aquí este Senado es cómo vamos a saldar hacia adelante la deuda con miles y miles de mujeres, esposas, madres, hijas, hermanas, amigas, que murieron y que siguen muriendo en la Argentina desde que el aborto está perseguido y penalizado por nuestras leyes.

Algunos han pretendido decir también, quizá para adormecer conciencia, que este no es un problema de salud pública porque cuarenta y tres mujeres murieron el año pasado en la Argentina a causa de aborto. Algunos han dicho algo todavía más extraño: que las mujeres pobres no necesitan la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque esta era una moda surgida del capricho de las chicas de los sectores acomodados.

Miren, yo les quiero mostrar el anuario de estadísticas sanitarias de mi provincia, la provincia del Chaco, la provincia que más que duplica la tasa de embarazo en mujeres niñas, que tiene 10 puntos más de tasa de embarazo adolescente que el promedio del país, y donde más del 15 por ciento de las madres embarazadas, de las chicas embarazadas, son mujeres analfabetas o que solo tienen estudios primarios incompletos.

Este es el anuario de estadísticas y, en la última línea, dice: abortos. (Lo exhibe.)

En 2017, en la provincia del Chaco, más de 1.700 mujeres estuvieron internadas a causa de abortos. En más del 80 por ciento de los casos, por abortos mal realizados en la clandestinidad que, después de poner en riesgo sus vidas, terminaron siendo resueltos por la salud pública de la provincia a un costo enorme, en términos de medicamentos, prácticas de laboratorio, ecografías, horas de médico y días de internación.

Entonces, a aquellos que dicen que las mujeres pobres no necesitan la ley de interrupción voluntaria del embarazo, creo que no hace falta que les diga que las mujeres que recurren a los hospitales públicos en la provincia del Chaco no son precisamente las de los sectores acomodados.

Quiero decirles, contra lo que afirma de manera superficial el prejuicio de algunos, que enfrentamos el debate de una ley urgente, de salud, que cuide la salud de las que menos tienen en la Argentina.

Al mismo tiempo, enfrentamos la necesidad de legislar sobre una conducta que es individual, que es difundida, que es dispersa, que es íntima y que es oculta, y que siempre fue difícil de evitar, pero que es casi imposible de evitar y de controlar ahora,

 

 

que los avances farmacológicos han permitido que más del 95 por ciento de las interrupciones de embarazo no se realicen hoy por vía hospitalaria, sino de manera farmacológica en las casas de las mujeres, es decir, en los domicilios y a través de pastillas.

Por eso creo que hoy más que nunca es relevante la pregunta clave de este debate, la más práctica y la más directa de todas. Todos los que estamos en contra de los abortos, los que quisiéramos que no hubiera abortos, ¿cómo podríamos evitar que interrumpa su embarazo una mujer que tiene la decisión de hacerlo?

A lo largo de horas y horas de debate en Diputados y en este Senado, y de exposición en este Cámara, no ha aparecido ninguna respuesta a esta pregunta: ¿cómo podemos evitar que interrumpan su embarazo las mujeres que tienen la disposición de hacerlo, cuando ya ni siquiera son necesarias las internaciones, cuando se hace en las casas, a través de pastillas que se compran en las farmacias de cualquier esquina de las ciudades del país? No hemos escuchado una sola respuesta a esa pregunta, que es la única pregunta relevante en este debate.

Y les quiero decir que no aprobar la ley no es una respuesta, porque aun sin ley, aunque salgamos de esta sesión reafirmando que el aborto es un delito que merece la cárcel, haciendo caso omiso de todos nosotros, mañana se van a seguir produciendo cientos y cientos de abortos en la Argentina.

Puede no haber ley hoy, aquí. Claro que sí. Pero lo que seguro va a seguir habiendo mañana son abortos en la Argentina. Y si no es con ley, van a seguir haciéndose de manera clandestina, poniendo en riesgo la vida de esas mujeres.

Por eso el proyecto que estamos tratando no solo despenaliza, sino que plantea la única respuesta posible al problema del aborto, porque establece que cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, es decir, cuando vaya al hospital a pedir pastillas, lo va a tener que hacer con hasta cinco días de anticipación, y en ese contexto van a actuar equipos de profesionales, si la mujer así lo requiere, para informarla acerca de las prácticas médicas, para informarla acerca de las políticas de maternidad y la niñez y para lograr que, quizá, la mujer reconsidere la decisión que, sola y abandonada a la clandestinidad, secretamente tomaría de otra manera.

Mucho escuchamos hablar y vamos a escuchar hablar hoy todavía de educación. Y todos acordamos en la enorme importancia de la educación. Ahora bien, seamos claros: la educación sexual podrá evitar algunos embarazos indeseados, pero no va a evitar abortos. La única manera, la única forma de evitar abortos es acompañar a las mujeres, pero para acompañar a las mujeres es necesario enterarse de que están en el momento en el que van a tomar esa decisión. Y mientras la práctica siga siendo ilegal el Estado nunca se va a enterar. En consecuencia, no vamos a poder acompañar a nadie y no vamos a salvar ninguna vida, porque las mujeres no nos van a venir a decir con anticipación que piensan interrumpir su embarazo, mientras sigamos asimilando ese momento a un delito que merece la persecución penal.

Al proyecto de ley que envió la Cámara de Diputados, le hemos realizado varios aportes, con otros senadores y yo también he contribuido a ello. Ya escucharon o van a escuchar hablar de la reducción a las doce semanas, de introducir la objeción de conciencia o el ideario institucional, de eliminar tipos penales difusos contra los médicos, de pedirle a la Nación un esfuerzo compartido para aplicar esta ley y de que los equipos de consejeros también puedan informar sobre las políticas de niñez y de maternidad que hay.

Pero, como escucho mucho repetir que esta ley habilitaría aborto en cualquier momento gestacional y por cualquier razón, es preciso decir que también hemos

 

 

establecido que después de las doce semanas debe existir peligro para la vida o la salud de la mujer que no pueda ser resuelto de otra manera, para habilitar el aborto. Es decir, exactamente lo mismo que dice el Código Penal hoy. De tal manera que sería bueno que se deje de repetir esta idea de que la ley habilita abortos en cualquier momento gestacional y por cualquier razón.

Quiero terminar diciendo que esta ley implica un momento de cambio con enormes implicancias culturales para la Argentina, porque es una ley que además de abordar un problema de salud, crea derechos; y creando derechos cambia el rol y la posición de las mujeres en nuestro país. Es también por eso que millones de mujeres, ahí afuera y en todas las plazas de la Argentina, están manifestándose. Y sé que lo van a hacer en paz, sin agresiones, sin violencia, porque cualquiera que sea el resultado, saben que la mejor manera de luchar por una idea es con respeto y con tolerancia por las posiciones de los demás.

Ellas se movilizan pidiendo mucho más que el derecho a interrumpir de manera segura un embarazo no deseado. Sí, es verdad, quieren no ser avergonzadas ni perseguidas si les toca enfrentar ese momento difícil. Pero, sobre todo, ellas reclaman otro lugar en nuestra sociedad. Piden ser reconocidas como personas que tienen derecho a elegir el camino de sus propias vidas, más allá de los moldes prefijados y los estereotipos que nosotros queremos imponerles como sociedad.

Esas mujeres nos exigen hoy ser definitivamente reconocidas y aceptadas como personas que tienen derecho a todo, exactamente igual que los hombres. Tienen derecho a brillar en una vocación, a desarrollar una carrera, a destacarse en un deporte. Tienen derecho a elegir su pareja, equivocándose o no, del género que quieran. Y tienen derecho –cómo que no también, si así lo deciden–, a ser madres, pero con quien ellas lo decidan y en el momento en que ellas lo decidan.

Por todas ellas, señora presidenta, pido que sea ley. Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Aguilar.

Tiene la palabra la senadora Inés Blas, de Catamarca.

Sra. Blas.- Gracias presidenta.

Señora presidenta, señores senadoras y senadores: ya me he pronunciado públicamente. He comunicado mi decisión de no acompañar la aprobación del proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Corresponde, entonces, explicar los motivos que sostienen mi posición. Pero no lo haré sin antes manifestar que ejercer el cargo de presidenta de la Banca de la Mujer en este Honorable Senado no condiciona de ninguna manera mi voto; no me obliga a votar en un único sentido. Soy lo suficientemente responsable para evaluar una iniciativa, emitir una opinión y definir si acuerdo con ella o no.

Particularmente y en lo referido a este proyecto en discusión, oportunamente no hemos entorpecido su tratamiento; de hecho, no tuvo giro a la Banca de la Mujer. En ese momento no compartí la decisión, pero lo acepté en el entendimiento de que se debía habilitar su tratamiento con la mayor celeridad posible.

Finalmente, quiero manifestar que desde mi condición de militante siempre trabajé en defensa de los derechos de la mujer y que lo seguiré haciendo. Pueden dar testimonio de ello miles de mujeres en mi provincia. Sin embargo, y a efectos de despojarme de las presiones que intentan ejercer para que cambie el sentido de mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la Comisión de la Banca de la Mujer.

Dicho esto, voy a fundamentar la decisión que me lleva a no apoyar esta iniciativa.

 

 

En primer lugar debo decir que no voy a soslayar la dolorosa circunstancia en que una mujer pierde la vida si se somete a un aborto. La interrupción de un embarazo es, indudablemente, una tragedia, porque pone en riesgo la vida de la mujer y termina abruptamente con la posibilidad de otra vida en desarrollo. Estoy absolutamente convencida de que terminar con un embarazo no deseado de manera violenta, es evitable. Por supuesto que me refiero a un embarazo producto de una relación sexual consentida.

En este siglo el acceso a la información se encuentra al alcance de todos. El acceso a la salud pública es gratuito y constituye una realidad concreta en nuestro país. Sin embargo, el aborto en muchos casos es la dolorosa consecuencia de un embarazo no deseado. Pero sigo convencida de que puede evitarse. En este país contamos con las herramientas necesarias para hacerlo, pero se necesita del firme y real compromiso de estos actores sociales: el Estado nacional y los Estados provinciales, en primer término, para dar cumplimiento a la aplicación de la legislación vigente; por otro lado, las familias argentinas como facilitadoras de la aplicación de estas herramientas y, finalmente, la Iglesia para que posibilite y facilite que se imparta sin obstáculos la enseñanza de la educación sexual integral en todos los niveles educativos en los establecimientos educacionales en general y en los de carácter confesional en particular. Como sociedad debemos vencer las barreras que nuestros niños, adolescentes y jóvenes enfrentan al vérseles negada la posibilidad de acceder a una educación sexual y

reproductiva integral que los oriente.

Definir e implementar políticas públicas de prevención dirigidas y con la participación de adolescentes y niños, con especial atención al abordaje del embarazo precoz, asegurando la información sobre métodos de planificación familiar y la disponibilidad y provisión de métodos anticonceptivos de manera accesible, es un deber del Estado. Por eso cabe solicitar al gobierno nacional, al Estado nacional, que no escatime esfuerzos ni recursos en campañas de prevención y en la provisión oportuna de métodos anticonceptivos. Ello resulta parte de la responsabilidad y el compromiso que se tiene como Estado sobre la salud pública.

La aplicación plena en los establecimientos educativos del país y en todos los niveles escolares de la ley 26.150 de educación sexual integral, se constituye en una herramienta valiosísima para educar en la prevención del embarazo no deseado. Y es, además, un reclamo concreto de nuestros adolescentes y jóvenes que tenemos que escuchar.

Tengo, señora presidenta, la absoluta seguridad de que también defiendo los derechos de la mujer si defiendo el derecho a la vida. Pero también creo que se hace necesario el acompañamiento y la protección del Estado hacia aquellas mujeres en estado de vulnerabilidad social, las que, pese a las dificultades, deciden llevar a término su embarazo, asistiéndolas mediante la implementación de acciones de protección que acompañen su estado de gravidez, protegiendo su salud y la del niño por nacer.

Se necesita un sistema que contenga, asesore, acompañe y oriente, con base en un diagnóstico cierto de la situación socioambiental, al tiempo que asegure el acceso a atención médica, psicología y social.

En este sentido y con esta convicción estoy presentando un proyecto de ley de creación de un sistema de protección de la mujer en estado gestacional.

Quiero, ahora, efectivamente referirme al derecho a la vida.

El derecho a la vida es el primero y es fuente y origen de los demás derechos humanos. Los legisladores tenemos la responsabilidad de cumplir con la obligación de proteger la vida, ya que en la reforma de 1994 nuestra Constitución Nacional ha

 

 

incorporado los tratados internacionales de derechos humanos donde la manda principal es justamente eso: proteger la vida.

La ley 23.489, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, estableció en su artículo 2º: Se entiende por niño a todo ser humano desde el momento de la concepción.

Establece, además, en su artículo 6º, lo siguiente: Todo niño tiene el derecho intrínseco de la vida.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: El derecho a la vida es inherente a la persona humana y este se encuentra protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

Asimismo, en el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Argentina por ley 23.054, se reconoce que persona es todo ser humano a partir del momento de la concepción, con derecho a la vida, la que debe ser protegida por la ley y nadie puede ser privado de ella arbitrariamente.

La Constitución de mi provincia, Catamarca, establece con claridad absoluta en su artículo 65, punto 3, inciso 1º, cuando se refiere a la niñez, lo siguiente: la vida desde su concepción. Protege la vida desde su concepción.

Realizado este análisis, queda claro que el proyecto de legalización del aborto en debate vulnera el derecho a la vida, consagrado en normas de jerarquía constitucional. Por otro lado, la protección jurídica, que se encuentra contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, estableciendo en su artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Consagrada la vida como un derecho humano fundamental, garantizado constitucionalmente y reconocido jurídica y científicamente desde la concepción, también estamos llamados a proteger la vida del niño por nacer. El derecho a decidir sobre mi cuerpo no me otorga el derecho a poner fin -a interrumpir- el desarrollo evolutivo de un ser, de una vida en desarrollo. No hay duda en ello.

Este proyecto legaliza la interrupción voluntaria del embarazo sin límites razonables, a mi criterio, lo que pone en riesgo la integridad psicofísica y social de la mujer en tanto que, vencido el plazo de 14 semanas, habilita el acceso a la IVE durante todo el período de gestación. Porque una menor de edad, una niña de 12 años o una adolescente de 13, aunque acompañada por sus tutores, con sola expresión de voluntad  y con un consentimiento informado, puede acceder a la práctica. ¿Pero está madura para afrontar las consecuencias de un aborto? Porque para los casos de violación no es requisito que medie denuncia. Sí, se trata de un delito de instancia privada. ¿Pero no creen ustedes que esta situación, de someterse a un aborto, puede servir para limpiar el honor de un abusador cuando esto se produce en el ámbito intrafamiliar básicamente? Yo tengo ese temor.

Sra. Presidente.- Senadora.

Sra. Blas.- Sí, ya termino.

Sra. Presidente.- Hasta 15 hemos llegado, más o menos.

Sra. Blas. Gracias presidenta.

También me parece inviable que en un plazo de cinco días corridos se pueda dar respuestas a los casos que se presenten, más aún si lo miro con sentido federal, si miro las provincias, como la que represento, donde su dispersión geográfica atrasa los tiempos, por las distancias, y muchas veces hasta por la escasez de recursos, que no tenemos a mano. No están cercanos los centros de salud; los de mayor complejidad se encuentran en la capital de la provincia. El proyecto, además, obliga a los establecimientos de salud a garantizar la práctica prohibiendo su objeción de conciencia o ideario, lo que me parece que lesiona también un derecho.

 

 

Ya finalizando, quiero compartir con ustedes algunos números, algunas estadísticas de mi provincia con respecto a este tema, proporcionadas por el Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad materna para el año 2016 era de 1.6 casos por 10.000 mujeres, mientras que los casos de embarazos adolescentes eran de 23,8 por ciento en el año 2014 y se redujeron a 19,5 para el año 2017. Esta disminución tiene una explicación, se debe principalmente a las políticas públicas implementadas por el gobierno de la provincia mediante la ejecución de algunos programas de salud integral de adolescentes, de salud sexual y procreación responsable, por convenios con UNICEF, y de Escuelas Saludables, solo por mencionar algunos.

Respecto del aborto, quiero contarles que en la maternidad provincial funciona un área de consejería, de reciente creación, cuyo objetivo se orienta a disminuir la posibilidad de que las mujeres tengan que recurrir a abortos provocados. Y está dando buenos resultados. Respecto de intervenciones, producto de abortos que se presumen clandestinos, en el año 2016, de tres muertes, solo dos fueron por shock séptico de madres que se presentaron en la maternidad.

Para concluir, quiero manifestar mi preocupación por la falta de respeto hacia quienes pensamos diferentes, sobre el grado de intolerancia y violencia con que se pretendió ejercer influencia sobre la decisión de muchos de los senadores, entre los cuales me incluyo, y del grave nivel de agresión con que se enfrentaron los militantes de una posición y otra. Estas conductas no contribuyen a fortalecer el sistema democrático, por el contrario, lo debilitan.

Para cerrar, quiero destacar el trabajo del plenario de comisiones y la presencia de todos los oradores de diferentes disciplinas y representaciones que concurrieron para ilustrarnos sobre este tema. Quiero agradecer a las miles de demostraciones de apoyo y acompañamiento que recibí de mi provincia y de todo el país. También quiero destacar – permítame presidenta- muy especialmente el apoyo y acompañamiento de la rama femenina del Partido Justicialista de Catamarca, de la Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua.

Sra. Presidente.- Vaya terminando.

Sra. Blas.- De la Agrupación Mujeres Comprometidas Peronistas de Catamarca, de Paradigma del Derecho, del Grupo La Manada, etcétera. A todos los compañeros que, de una u otra manera, y a los ciudadanos, me hicieron llegar su apoyo aun pensando diferente, y de mis amigos y de mi familia. Si no fuera ley, el debate sigue abierto y ha dejado de ser tabú en la República Argentina. Gracias presidenta.

Sra. Presidente.-Muchísimas gracias senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Verasay.

Sra. Verasay.- Muchas gracias presidenta. Quiero poner en valor el debate que está avanzando en este Senado, que se dio en el plenario de las comisiones donde todos pudimos expresarnos, y cada uno con su bagaje de conocimientos, de ideas y de convicciones llevó hoy a decir lo suyo. Ha sido un debate rico, pudimos escucharnos como sociedad y creo que al final, independientemente del resultado, en definitiva, termina siendo un hito más que va afirmando nuestra democracia, la democracia para los argentinos.

Dicho esto y entrando en la sanción que viene de la Cámara de Diputados sobre la interrupción voluntaria del embarazo, afirmo una vez más que estamos frente a un problema de salud pública; es un problema que afecta a las mujeres y que debe ser resuelto. Estamos buscando una solución a un problema que está entre nosotros ahora; aun cuando esta sesión no se estuviera llevando a cabo, el problema está. Por eso me sorprendió mucho que durante el debate en el plenario, muchos de los expositores que

 

 

pretendían defender el concepto de cuidar la vida, de protegerla, hablaran como si estuviéramos en un punto de partida, como si esto se tratara de un problema para el futuro, como si se hubieran convencido de que tapando el sol con la mano esto desaparecía. Pues a ellos les digo que el sol no está y esto no se condice con la realidad.

El hecho es anterior al derecho, si no hubiera abortos clandestinos y no sintiéramos el impacto de esa clandestinidad, sus consecuencias, no estaríamos discutiendo hoy esto. No hay abortos porque hay ley, estamos buscando una ley porque hay abortos clandestinos; sus consecuencias de muerte y morbilidad son evitables. El sistema, tal cual está hoy, fracasó. Por eso debemos hacer algo, sería muy grave, muy malo, dejar todo como está, silenciado y clandestino. Ya lo dijo una expositora, Nelly Minyersky; en su exposición dijo que vivimos en un Estado de maleficencia. Les cuento, algunos fueron nombrados en este recinto: Provincia de Salta, 13 de junio, una joven de 20 años moría en un hospital. Durante el transcurso de esa semana la misma responsable del hospital dijo que cinco mujeres jóvenes, todas por haberse practicado un aborto clandestino, ingresaron al hospital.

¿Qué dijo la gerenta, la responsable del hospital? “No nos sorprende, esto pasa. Los abortos clandestinos, por día, se hacen”. La mayoría de las chicas que ingresan en ese hospital tienen entre 12 y 25 años, de las cuales entre el 8 y el 10 por ciento muere.

Sigo. Santiago del Estero. La senadora Durango, apenas comenzó hoy la sesión, hizo el comentario de la muerte de una mujer: madre, veintidós años la mamá, dejando solos a dos niños de tres y seis años. Paro cardiorrespiratorio. Entró en terapia intensiva, salió, pero murió.

28 de febrero, María Campos, en la misma provincia, Santiago del Estero. Ingresó a la terapia intensiva del hospital por un aborto inseguro, practicado con una sonda. Tenía treinta y siete años ¡y cinco hijos!, la menor, dos años. La mamá murió.

Corrientes. La senadora Almirón habló del caso, del cual solo pudo agregar que esa señora, esa madre, dejó solos a dos hijos de diez y siete años. Murió por una hemorragia, porque una amiga le dijo que hiciera reposo, que se le iba a pasar. Lo más triste es que así como tuvimos a la mujer a 300 kilómetros de una terapia intensiva, esta mujer vivía a tres cuadras del hospital, pero no había registro de ella.

Entonces, dicho esto, puedo señalar –casi sin temor a equivocarme– que durante estos meses en este Senado, por lo menos, hubo algunos consensos. Primero, el aborto existió, existe y va a seguir existiendo. Para algunos senadores quizá se hará mucho, para otros se hará poco, pero existe. Para algunos, la causal de muerte es evitable y, por ende, prioritaria para asistir del Estado; para otros no, pero existe. Hubo consenso de que el aborto existe.

Segundo, también compartimos hasta hoy, en este recinto, que las mujeres no deben ir presas por los abortos. Para algunos senadores, como nosotros, se las debe acompañar desde el Estado garantizándoles el acceso al derecho a la salud; para otros, quizá, con algún trabajo comunitario se las puede perdonar, pero está claro que presas no deben ir.

Tercero. Todos, pero todos los senadores hemos consentido que la Ley de Educación Sexual Integral, que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable no alcanzaron. Y no alcanzaron, básicamente, por dos motivos: hasta el mejor método anticonceptivo falla; y, en segundo lugar, todos fuimos testigos de las permanentes barreras institucionales que existen para poder implementar estas leyes y programas en los sujetos obligados.

Cuarto. También se dijo en este recinto y durante todo el debate que para la mujer la decisión de abortar es un momento muy duro, difícil, lleno de complejidades.

 

 

Cierro el último consenso: nadie quiere más abortos. Todos estos consensos, como dije, fueron repetidos durante meses en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y hoy estoy segura de que los vamos a seguir escuchando hasta el momento de la votación. La diferencia está en que algunos queremos discutir y hacernos cargo de este problema y otros prefieren, simplemente, decirle no, cerrar la puerta y dejar las cosas como están.

Ahora bien, también escuché con mucho respeto a quienes piensan distinto, y les digo que ninguna convicción está hoy amenazada. Y no lo está porque estamos proponiendo una ampliación de derechos y nadie se ve forzado a hacer algo que lo violente. Quien crea que el aborto está reñido con su moral, no ejercerá el derecho, sencillamente. En este sentido, digo, los profesionales de la salud que entiendan que violan sus convicciones podrán ejercer su objeción de conciencia.

Dicho esto, queda en evidencia algo que parece central y es que la sanción de esta ley no impedirá que ninguna persona y ninguna organización que participa de la campaña de las dos vidas puedan seguir impulsando su ideario. Todas las garantías, repito, están dadas para el libre ejercicio de la difusión de su ideario.

Entiendo y respeto a quienes, amparados en cuestiones ideológicas, en cuestiones de objeción moral, no compartan este proyecto. Y estas cuestiones son de fuero personalísimo, pero lo que traemos aquí hoy al recinto a debatir es un problema público, que desde la mirada de la ética de la responsabilidad debemos atender y solucionar.

En este punto quiero hacer una referencia que han comentado casi todos los colegas y que me parece necesario realizarla por respeto a mis pares; y lo hago porque la intolerancia no debiera tener ya lugar en la democracia. Es inadmisible el nivel de amenazas que hemos recibido las legisladoras que pensamos distinto, en particular, de parte de quienes dicen defender la vida y nos amenazan de muerte. Desde luego que no nos van a intimidar. Hoy estamos acá poniendo la cara y dando el debate. Nos hacemos cargo. Y hago extensivo también, por supuesto, este repudio para cualquiera de nosotros, para cualquier colega que haya recibido una amenaza. El escrache, por favor, entendámoslo, es una actitud fascista que debe ser totalmente desterrada como práctica política.

Este debate necesita de menos gritos, de más oídos. Las descalificaciones, los insultos, la estigmatización de asesinos –como nos acusaban–, de que planificábamos grandes planes junto con compañías internacionales, son más propios, ¿saben de qué?, de una novela de ciencia ficción que de un debate de ampliación de derechos o de salud pública. Digo, flaco favor se hace quien desde esa posición intenta forjar argumentos para sostener su postura.

Esto que estoy evidenciando acá no hace más que poner sobre la mesa el coraje  y la determinación con el grupo de mujeres que está afuera, el colectivo que conforma la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito; mujeres que, desafiando todas estas dificultades, todas estas adversidades, los sucesivos fracasos – porque esta ley no es nueva– están, sin embargo, de pie, poniendo a la mujer en la agenda de la sociedad argentina con esta impostergable ampliación de derechos. Muchas gracias a ellas y mi más profundo respeto por todo su trabajo.

Dicho esto, vuelvo a la sanción y digo: llevó mucho tiempo comprender –de hecho, estamos en 2018– la importancia de la educación sexual integral. Llevó mucho tiempo que se aceptara la importancia de la difusión del uso adecuado de métodos anticonceptivos. También lo discutimos en las audiencias. Y que se tuviera, sobre todo, una cabal comprensión del impacto positivo que significa conocer los métodos

 

 

anticonceptivos. Por eso, apostamos primero por educar para proteger la vida y, luego, avanzamos legislando también para protegerla.

En general, podría afirmar que las mismas fuerzas que se oponían en su momento a la Ley de Educación Sexual Integral, al uso de anticonceptivos son las mismas fuerzas que se están oponiendo hoy a la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo hacen, ¿saben qué? Con un argumento que se ha sostenido invariable en la curva del tiempo: el miedo. Este miedo, léanlo, búsquenlo, estuvo presente en la discusión de la ley de educación pública, voto de la mujer, divorcio, patria potestad compartida, matrimonio igualitario ¡y hasta en la fertilización asistida también!

Yo sé que es un tema difícil, que es un tema complejo, que involucra a la medicina, al derecho. Y sobre esto voy a un punto del proyecto sobre el origen o la justificación del plazo de gestación a partir del cual se puede solicitar la interrupción del embarazo. Nosotros lo resolvimos vía proporcionalidad y progresividad. Aquí es donde aparecen las famosas semanas. Es en esta etapa en donde consideramos la prelación del derecho de la mujer. Luego, esa proporcionalidad, por supuesto, va variando: gradualmente se va desarrollando el proceso gestacional para concluir protegiendo y priorizando la vida gestacional y no el derecho de la mujer a decidir.

Y tomamos esta solución porque interpretamos…

Sra. Presidente.- Senadora, el tiempo.

Sra. Verasay.- Sí, voy a tomarme unos minutos más, presidenta.

Sra. Presidente.- Hasta y 16.

Sra. Verasay.- Interpretamos derechos relativos porque no hay derechos absolutos en conflicto. Los de la mujer son los derechos a la autonomía, a la dignidad, a la salud. En tanto el derecho absoluto del embrión, que sostienen quienes impulsan el rechazo, no es consecuente con nuestro derecho. Ya lo demostramos cuando se autorizó el acceso al aborto en caso de violación, por ejemplo. En igual sentido se sostiene una tutela de la vida desde la concepción.

Esa protección que este proyecto consagra es una protección incremental, congruente con el bloque constitucional, y no nos manda a los legisladores a que esa protección tenga carácter penal.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, con la constitucionalización del derecho privado y del derecho penal, cambia la interpretación del artículo 86 del Código Penal y se comenzaron a generar obligaciones para el sistema de salud. En ese sentido, 17 provincias han dictado protocolos o guías de aborto para superar la anomia del cumplimiento de la ley.

Quienes se oponen a la media sanción por el derecho absoluto del nasciturus debieran presentar, en todo caso, un proyecto derogando las excusas absolutorias que presentó Vélez Sarsfield en el Código.

Entre las objeciones que se formularon en el debate en comisión, el federalismo fue una de ellas, atendiendo, justamente, a que este Senado es la máxima expresión institucional que consagró nuestra Constitución. En este punto, voy a citar a la doctora Aída Kemelmajer, quien afirmó que estamos frente a una cuestión de salud pública y de derechos humanos, y el Estado nacional debe responder ante los organismos internacionales para garantizar estos derechos.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia dijo: El Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales, sino que además tiene el deber de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio de aquellos no se torne ilusorio. Para el caso de países con organización federal como el nuestro, el país que suscribe al pacto, es considerado como una jurisdicción única.

 

 

Otra perspectiva interesante de todo el trabajo que hubo en el plenario de comisiones –que fui siguiendo atentamente– fueron las interpretaciones de las normas por parte delos juristas, que iban desde el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, pasando por los pactos internacionales, el punto 4.1 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 6º de la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los artículos 19, 21 y 51 del Código Civil, hasta las constituciones provinciales, y creo que escuché también alguna ley de ejercicio profesional. Ellos veían al derecho como un conjunto de barricadas legales que fueron colocadas ahí para impedir que el aborto sea legal. Nos estaban diciendo desde esa barricada legal “no pueden”, y para esto enarbolaban la bandera del derecho absoluto del nasciturus, haciendo decir a las normas lo que las normas no dicen, pasando por alto que la interpretación de los pactos internacionales incorporados a la Constitución debe hacerse según la teoría de la autonomía…

Sra. Presidente.- Senadora, acabamos de llegar al límite.

Sra. Verasay.- Ya termino.

Sra. Presidente.- ¿Cuánto le falta?

Sra. Verasay.- Unos minutos.

Sra. Presidente.- No, “unos minutos” no, porque…

Sra. Verasay.- Déjeme terminar, se lo pido por favor.

Sra. Presidente.- Escúcheme: yo tengo que ser ecuánime con todos. Lo máximo que hemos dado fueron 16 minutos, y hasta acá llegamos.

Sra. Verasay.- He escuchado atentamente las palabras de todos los senadores, presidenta; gracias. Ya termino.

En su momento…

Sra. Presidente.- Le digo que es…

Por lo menos, me parece que tiene que ser respetuosa con los demás; nada más.

Sra. Fernández Sagasti.- La queremos escuchar…

Sra. Verasay.- En su momento, les recuerdo, Raúl Alfonsín, en su condición de convencional constituyente, en el año 94, rechazó la cláusulas antiaborto propuesta por el bloque mayoritario; acá, pueden dar fe de eso varios.

Luego de alcanzar un consenso, además dijo que esa redacción podía ser votada tanto en Suecia, donde la práctica estaba legalizada, como en Irlanda, donde en ese momento estaba penalizada. Por ende, se dejó abierta la posibilidad para que hoy este Congreso pueda debatir, en el marco de la Constitución, la legalización del aborto.

En honor al tiempo transcurrido, voy a recortar algunos comentarios que tengo sobre el derecho internacional que van en línea con el porqué estamos cumpliendo con el bloque constitucional. También voy a saltar el plano de la bioética, porque nosotros, en el enfoque de la bioética…

Voy a insertar estas explicaciones para no abusar del tiempo, pero me parece que es un debate importante, porque estamos dando argumentaciones técnicas, científicas y profesionales…

Sra. Presidente.- A mí me toca conducir el debate, y el debate tiene reglas. El debate tenía la regla de 10 minutos; fui flexible hasta 16.

Quiero ser respetuosa con todos, y me parece que usted también tiene que ser respetuosa con todos; nada más. O sea, no es coartar el debate.

Es un debate muy importante y por eso hemos sido un poco laxos. Pero llegar a 25 minutos o a 20, o como usted me dijo “unos cuantos minutos más”, me parece irrespetuoso con todo el resto, que seguramente quería hablar más.

Nada más.

 

 

Senador Caserio.

Sr. Caserio.- Le pido disculpas, vicepresidenta, pero hubo senadores que hablaron más de 18 minutos…

Sra. Presidente.- No, 16 fue el máximo.

Sr. Caserio.- Si usted revisa los tiempos, se va a dar cuenta…

Sra. Presidente.- En mi…

Sr. Caserio.- Lo único que le pido… Ya la cortaron tres veces…

Yo no voy a dar nombres, porque queda mal. Pero cuando usted revise los tiempos –hágalo con tranquilidad– va a ver que tengo razón. Entonces, le pido que tenga un poquitito de paciencia.

Sra. Presidente.- A ver: si yo estoy haciendo esto, no es por mí…

Sr. Caserio.- Está bien. Pero bueno, entonces…

Sra. Presidente.- Es por ser respetuosa…

Sr. Caserio.- Bueno, entonces, decidamos acá a ver si podemos…

Sra. Presidente.- …Con ustedes.

Sr. Caserio.- …Darle cinco minutos más.

Sra. Presidente.- Siga, por favor.

Siga, porque la verdad es que lo que yo digo es siempre lo mismo. A mí me toca conducir el debate…

Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…

Sra. Presidente.- Perdón.

A mí me toca conducir el debate… Sr. Petcoff Naidenoff.- Pido la palabra. Sra. Presidente.- Perdón, estoy hablando.

Me toca conducir el debate, y para conducir el debate tenemos reglas. Si yo no cumplo las reglas, y eso que soy flexible –porque nadie puede decir que no soy flexible–

, si yo no cumplo las reglas y la senadora me dice “algunos minutos más”, yo puedo pensar que puede llegar a los 20 minutos, y queda totalmente inadecuado y totalmente fuera de línea, digamos, con el resto de los senadores; nada más.

A usted le parecerá bien, pero a otros no. Mire, tengo varios a los que les parece

que no.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…

Sra. Presidente.- Senadora, siga.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…

Sra. Presidente.- Usted debería ser consecuente… Perdón, senador: usted es el presidente del interbloque y debería ser consecuente con las reglas de juego que tenemos.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Le pedí el uso de la palabra. Usted me tiene que dar el uso de la palabra porque se la pedí…

Sra. Presidente.- ¿Cuándo me la pidió? Si está hablando la senadora… Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Me permite una interrupción, senadora Verasay? Sra. Presidente.- ¿Le da la interrupción, senadora?

Sra. Verasay.- Sí, por supuesto.

Sra. Presidente.- Ahora sí, entonces.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Yo he seguido el debate atentamente por la televisión del Senado, y creo que cuando le tocó presidir, para todos los senadores que han tenido el uso de la palabra existió flexibilidad para el cierre.

Lo que le propongo es que termine la senadora. Vamos a cumplir el tiempo y evitaremos seguir dilatando con discusiones estériles…

 

 

Sra. Presidente.- Es que ya lo cumplimos al tiempo, senador…

Sr. Petcoff Naidenoff.- …Porque el debate es importante.

Eso es lo que se acordó…

Sra. Presidente.- Me toca conducir a mí, no a usted ni a usted…

Sr. Petcoff Naidenoff.- No…

Sra. Presidente.- Me toca conducir a mí…

Sr. Petcoff Naidenoff.- Usted conduzca, pero deje cerrar…

Sra. Presidente.- Entonces, veníamos bien…

Sr. Petcoff Naidenoff.- Usted conduzca, pero deje cerrar, presidenta…

Sra. Presidente.- No. A ver…

Sr. Petcoff Naidenoff.- Conduzca, pero deje cerrar…

Sra. Presidente.- Entonces, ¿para qué ponemos reglas? Explíquemelo.

Sr. Petcoff Naidenoff.- Porque sabe qué: definimos en labor parlamentaria la flexibilidad…

Sra. Presidente.- ¿Usted sabe que acá hay tres senadoras que me dijeron que querían hablar más y se autolimitaron porque había que respetar al bloque…?

Sr. Petcoff Naidenoff.- Pero que termine, presidenta. Estamos discutiendo y no tiene sentido.

Que termine la senadora…

Sra. Presidente.- Usted no tiene que conducir la sesión…

Sr. Petcoff Naidenoff.- Pero yo no conduzco.

Sra. Presidente.- ¡Usted no tiene que decir cuándo termina alguien y cuándo sigue alguien, lo tengo que decir yo!

Sr. Petcoff Naidenoff.- No.

Solamente le digo lo que se planteó en labor parlamentaria…

Sra. Presidente.- Adelante, senadora.

Sr. Petcoff Naidenoff.- …Porque usted no estuvo.

Sra. Presidente.- Perdón. En labor parlamentaria se decidió que fueran 10 minutos.

Perdón: ¿alguien lo puede decir, por favor…? Senadora Fiore, que estuvo en la labor parlamentaria.

Sra. Fiore Viñuales.- Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- ¿Cuántos minutos eran?

Sra. Fiore Viñuales.- Señora presidenta: me parece que estuvo conduciéndose muy bien el debate hasta este momento. Creo que pasa por la responsabilidad de cada uno de los senadores cumplir con lo que se quedó en labor parlamentaria: 10 minutos, media hora para los cierres, y que se iban a compartir, incluso en el caso de los bloques o de los interbloques, dividiéndose a la mitad esos 30 minutos, 15 y 15.

Creo que respetar el tiempo es respetarnos entre todos nosotros. No es una tarea sencilla la de conducir. Me parece que hasta este momento el Senado realmente ha estado a la altura de las circunstancias, con un debate respetuoso que ha ido por un buen camino. Creo que si todos respetamos el tiempo, nos vamos a estar respetando entre todos.

Quedamos en 10 minutos en labor parlamentaria, y media hora para los cierres, dividiéndose en 15 y 15 en el caso de que los interbloques tuvieran distintas posturas.

Sr. Caserio.- Vicepresidenta…

Sra. Presidente.- Senador Caserio, no le di la palabra.

Senadora Larraburu.

Sra. García Larraburu.- Solamente un minuto.

Me parece que está intentando ser ecuánime.

 

 

Creo que tenemos que respetarnos. Tenemos la posibilidad de insertar. Yo también tengo una serie de informes y demás que pienso insertar, porque nos va la vida a todos. Y la verdad es que también tenemos que ser respetuosos con los otros.

También dar una señal, porque usted es del propio partido. Hay mucha gente esperando la resolución y es una señal que también le damos a la política, a la democracia y a la gente el ser respetuosos en nuestro tiempo, porque si no dilatamos y todos queremos hablar más. Tenemos la posibilidad de insertar; insertemos.

Sra. Presidente.- Senadora Verasay.

Sra. Verasay.- Cinco minutos de interrupciones, presidenta.

Bueno, voy a insertar la explicación de la parte sanitaria de nuestro ministro y quiero cerrar con una frase citando a José Ingenieros, que en su ensayo “Las fuerzas morales” dice –leo textual–: “Los senderos de perfección no tienen fin. Belleza, verdad, justicia. Quien sienta avidez de perseguirlas no se detenga ante fórmulas reputadas intangibles. En todo arte, en toda doctrina, en todo código existen gérmenes que son evidentes anticipaciones, posibilidades de infinitos perfeccionamientos. Es de pueblos exhaustos contemplar el ayer en vez de preparar el mañana”.

Les pido a todos los senadores: abran sus corazones. Las mujeres se están muriendo.

Y a los hombres de mi partido les traigo una cita de Alem. Hace 138 se daba un debate histórico en este recinto sobre la capitalización de Buenos Aires; ¿saben lo que dijo Alem en ese momento? Cuando pidió la palabra en el debate dijo “Yo he hablado para todos menos para la Cámara, y no he hablado siquiera para estos momentos, sino para el futuro”. A los senadores les pido: háblenles a las futuras generaciones, no hablen acá.

¡Que sea ley! Gracias.

Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Basualdo.

Sr. Basualdo.- Gracias, señora presidenta.

Voy a ser corto para poder recuperar el tiempo. Y voy a pedir permiso para poder insertar; no hay ningún problema.

Primero quiero felicitar a todos: a todos los que han hablado, a todos los que han estado en este recinto, a los presidentes de las comisiones. Escuchamos un amplio debate en Diputados, escuchamos un amplio debate acá en el Senado. En las comisiones trabajaron muy bien. Acá mismo estoy viendo que todos los senadores se han preparado y han estudiado muchísimo el tema. Bueno, todos quieren lo mejor, nadie quiere decir “Bueno, con esta ley quiero perjudicar a Fulano, a Mengano o a un sector”. Todos quieren lo mejor según sus convicciones y hay que respetarlo.

El año pasado, antes de las elecciones, hicieron una encuesta en San Juan que contenía muchas preguntas, unas diez preguntas, económicas y de todo tipo, y una de ellas era qué haríamos nosotros en el caso de tener una ley de aborto. Yo respondí que era un soñador, que yo soñaba mucho con la educación sexual, que trabajar sobre la prevención era lo fundamental, que era fundamental trabajar con la ley de educación sexual integral, que ha sido sancionada en 2006 y que recién ahora, este año, el Consejo Federal de Educación ha pedido que la implementen en todos los distritos, que esté en las currículas, que sea obligatoria.

Cuando hacían trabajos de prevención muchas ONG se quejaban de los trabajos de prevención, y cuando repartían profilácticos o anticonceptivos ponían trabas en el camino. Entonces, no pudimos lograr lo que queremos todos. Porque, ¿cuál es el origen de esta ley que estamos tratando? El origen es el embarazo no deseado.

 

 

Si nosotros, con una buena ley de educación, más allá de que me digan “Vos sos un soñador. No lo vas a poder hacer en la ley de educación”, y con un buen trabajo de prevención, más allá de que me digan “Mirá, en algunos pueblos chicos no vas a poder hacer trabajo de prevención”… Pero el trabajo de prevención y educación hay que hacerlo, es fundamental. Y no es únicamente la gente carenciada, porque en las altas esferas, en la gente de mucho poder adquisitivo, también hay aborto no deseado; también mucha gente se equivoca y hay abortos no deseados también por falta de educación sexual.

Mi generación no tuvo educación sexual. Yo, personalmente, tampoco me puse a estudiar mucho educación sexual, y reconozco mi error también, pero creo que tenemos que trabajar –es fundamental– en la educación sexual y en la prevención.

Sobre todos esos que ponían palos en la rueda al trabajo de prevención, les puedo asegurar que salga como salga esta ley ya no van a poner más palos en la rueda. Todas esas instituciones que decían que no porque iba contra los principios lo que querían hacer con el trabajo de prevención, que lo hicieron muchísimo en mi provincia, ya que lo quisieron hacer y lo trabaron, pero quisieron hacer un buen trabajo de prevención porque la Nación quería hacer un buen trabajo de prevención hace 6, 7 y 8 años atrás y no lo permitían hacer.

Creo que con todo esto hoy se va a abrir ese camino y mañana, salga el resultado que salga, vamos a trabajar todos en la educación integral –para ponerla en funcionamiento, porque fue votada en 2006 y todavía no está bien implementada; Dios quiera que se pueda implementar– y en un buen trabajo de prevención. Si logramos eso, por más que me digan que yo soy un soñador, que es muy difícil hacerlo, vamos a evitar el embarazo no deseado y con eso les puedo asegurar que no vamos a tener que tener esta ley.

Creo que esta ley no soluciona el problema y por eso voy a votar en contra. Muchísimas gracias, señora presidenta; y les pido permiso para poder instar.

Sra. Presidente.- Gracias, senador.

Se van a votar las inserciones después, seguramente; así que, ahí se concederán los permisos.

Tiene la palabra la senadora Sacnun.

Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.

Entiendo que las democracias del siglo XXI van a tener claramente un desafío muy profundo que tiene que ver con la visibilización del reclamo de la agenda pública que está instalando el colectivo de mujeres no solo en nuestro país, en la región y en el mundo.

El movimiento de Ni Una Menos ha trascendido los límites nacionales y demuestra que hay una profunda demanda que tiene que ver con esta síntesis que se pretende entre los derechos de igualdad, de autonomía; esa síntesis es, sin lugar a dudas, la dignidad, y el plexo normativo que recoja las demandas en materia de derechos humanos.

Yo entiendo que es necesario insertar las demandas de las mujeres en un proyecto político emancipatorio, un proyecto que va más allá de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, que incorpora la necesidad de un debate en cuanto a los derechos económicos, laborales, sociales, políticos, culturales que nos asisten a las mujeres.

Estamos transitando una etapa histórica donde el capitalismo financiero está haciendo estragos en el mundo. En nuestro país un modelo de endeudamiento, un modelo de ajuste, de regresión en materia de derechos, de distribución regresiva del

 

 

ingreso hace que se profundice la diferencia que existe naturalmente, de entrada, entre hombres y mujeres porque hemos sido postergadas como consecuencia de ese predominio de los varones sobre las mujeres que se expresa a través del patriarcado.

Por eso me parece que el concepto de feminización de la pobreza es un concepto del que debemos asirnos cada vez más, porque entre los más pobres de los pobres, entre los más postergados de los postergados, hay una innumerable cantidad de mujeres que van quedando afuera del sistema: mujeres de los barrios, mujeres de la economía popular, mujeres trabajadoras que no tienen el acompañamiento del Estado, y que frente a las políticas de flexibilización laboral, de pérdida de empleo, se ven doblemente afectadas.

No se visibiliza, por ejemplo, en los productos brutos internos de los países la tarea no remunerada de las mujeres. Esta es una profunda demanda también del colectivo de mujeres, del movimiento de mujeres, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Pero estamos viendo cómo emergen a la superficie, cómo florecen, mujeres de todas las edades pero fundamentalmente jóvenes, planteando la necesidad de que se nos vea como un sujeto político histórico del siglo XXI, planteando esta agenda de debate que, como decía, trasciende los derechos sexuales y reproductivos. Pero además, este movimiento de mujeres tiene características sociológicas muy particulares, que tienen que ver con la expresión en las calles pero también tienen que ver con cómo se empiezan a construir consensos transversales. Esto que se dio en llamar “sororidad”. La sororidad de las mujeres que comprendimos y que instalamos también una nueva forma de hacer política, atravesando y perforando incluso las diferencias existentes entre los partidos políticos y poniendo por encima esa agenda pública.

Yo entiendo que este debate que nos ocupa hoy aquí en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados, es un debate que no puede constituirse en un debate binario entre proabortistas y antiabortistas. Me parece que es absolutamente reduccionista pretender un debate en esos términos.

Las mujeres han abortado, abortan y seguirán haciéndolo; lo hacen mujeres de todas las clases sociales, pero lamentablemente es una sola clase social la que es estigmatizada, criminalizada y que lamentablemente termina, en muchos casos, en muerte. ¿Por qué? Porque la salud pública, porque el Estado, en lugar de responderles a través del acompañamiento, les responde a través de la criminalización y del Código Penal.

Existen en nuestro país entre 350.000 y 500.000 abortos por año. Estos son los índices que publica el Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Las muertes por abortos en la República Argentina se llevan la vida de miles de mujeres pobres.

Quiero que me autorice a leer las palabras de la doctora Ousset. Porque en el marco de estos días, en el plenario de comisiones, fue una de las intervenciones que más me llegó, porque ella explicó desde su condición de médica y católica cómo fue cambiando su posición frente al drama del aborto.

Ella dijo –textualmente–: Muchas veces estas chicas estaban en mal estado clínico, con el útero y el intestino destrozados. Vi abortos con perejil, con agujas de tejer, con Oxaprost en cantidades insuficientes. Todos servicios pagados en la medida de las paupérrimas posibilidades al inexperto o inexperta del barrio. La mayoría eran mujeres jóvenes y pobres. Se llevaron el nombre del abortero hasta la tumba. Esas chicas fueron un objeto. En todo momento fueron deshumanizadas y juzgadas. Como lo que habían hecho era ilegal, eran repudiadas desde que entraban al hospital hasta que se iban –vivas, muertas o con una causa judicial–.

 

 

Y ella, más adelante, decía que se arrepentía de no haberlas, quizás, abrazado y acompañado en ese momento.

Si esta ley no sale, sin lugar a dudas el aborto se seguirá practicando y este Parlamento será responsable de las muertes que se sigan produciendo en la República Argentina.

No puedo dejar de plantear también algunas cuestiones que hacen claramente a mi procedencia política, como mujer peronista. Porque cuando se dio el debate por el voto femenino, Eva Perón instruyó a más de 1.500 mujeres para que censaran en la República Argentina, para que generaran, además de un censo de mujeres que pudieran participar de los derechos políticos en nuestro país, un debate profundo en torno a la participación política.

Eso generó un profundo rechazo en la sociedad argentina, casi con los mismos epítetos y las mismas descalificaciones que hoy estamos sufriendo aquellos que acompañamos esta ampliación de derechos. Y el peronismo nunca avaló la doble moral; la verdad que la discusión es entre aborto clandestino, entre aborto ilegal o entre aborto seguro, gratuito y legal. Esa es la gran discusión.

El peronismo saldó esa doble moral cambiando esas calificaciones que existían entre los hijos. Antes del peronismo había hijos legítimos e ilegítimos; los había adulterinos, incestuosos, naturales.

Esa doble moral fue superada con una política de ampliación de derechos, la misma que hoy reclamamos basándonos en el plexo constitucional y en el sistema de tratados internacionales que fueron incorporados al artículo 75 de nuestra Constitución Nacional.

La muerte por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado. Repito: la muerte por aborto clandestino es un femicidio por omisión del Estado, y sin lugar a dudas forma parte de una violencia institucional que no podemos seguir permitiendo.

Aquí está en debate también el cuerpo de la mujer como primer territorio soberano y la disputa sobre el cuerpo de la mujer, sobre su autonomía, sobre su facultad de decidir.

Nos hicieron objeto, a lo largo de la historia, del tutelaje. Fuimos incapaces de hecho; los maridos eran aquellos que ejercían autoridad respecto de nosotras; eran los que administraban los bienes, los que elegían el domicilio conyugal. La patria potestad era ejercida solo por los varones. Todo eso se fue superando a través de normas y de una realidad social que, sin lugar a dudas, fue modificando culturalmente a los argentinos y a las argentinas.

Para terminar, señora presidenta, quiero darles un mensaje a las mujeres, a las pibas que hoy están en la calle reclamando por una ampliación de derechos en un momento donde se recortan derechos. Que más allá del resultado de esta votación, las luchas no empiezan ni terminan con una ley. Las luchas se van concatenando porque son luchas del colectivo, son luchas colectivas, no son luchas individuales.

Por eso entiendo que nosotras somos quienes tomamos la posta de aquellas mujeres que vinieron luchando y seguramente las que están en la calle hoy van a tomar también la posta, van a ser un eslabón más en este proceso de ampliación de derechos.

Y a las señoras senadoras y señores senadores del recinto quiero decirles que hoy tenemos una oportunidad histórica, que es la de poder hacer un poco más justa a la República Argentina.

 

 

Como mujer, como madre, como peronista, como militante política quiero estar cerca de aquellos que sufren, de aquellas que están padeciendo el dolor, de todas esas mujeres que se siguen muriendo víctimas del aborto clandestino.

Por eso, que sea ley.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.

Como la mayoría ha dicho acá, este es un día muy importante no solamente, creo yo, para este recinto, para este Senado, para quienes tenemos la oportunidad histórica de estar acá, sino para todo el pueblo argentino.

Después de varios años –de dos años y medio– tenemos la oportunidad de estar acá debatiendo sobre una ampliación de derechos. Pero que estemos acá hoy es simplemente por la organización colectiva de las mujeres: de las cientos y miles de mujeres que hoy están en la calle –no solamente acá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino en cada una de las provincias a las cuales representamos– exigiéndonos que, como parte del Estado, legislemos para que las mujeres niñas y personas gestantes no sigan muriendo a causa de abortos clandestinos.

Para empezar, la verdad que se ha dicho mucho acá. Escuchaba atentamente a la senadora Verasay, con la cual concuerdo. Como abogada, yo pienso que el Derecho es un instrumento de transformación, no de permanencia del statu quo. Es así como ejerzo la abogacía y como me gusta entender al Derecho, en su doctrina y en la interpretación de las leyes. Por eso, quiero hacer un escueto análisis –por todo lo que se ha dicho acá– de nuestra legislación vigente, de nuestro bloque constitucional y de nuestro bloque convencional. Y también me voy a referir a algo que no escuché, pero que tenemos que analizar en materia jurídica y de vigencia legal, que es el fracaso de la solución penal.

Todos sabemos que el Derecho Penal no tiene como objetivo principal imponer una pena, sino persuadir para que los delitos no se cometan. Es decir, penalizamos el aborto, porque entendemos que no queremos que se cometan abortos. Esto se llama, en el Derecho, prevención general. Bueno: evidentemente la legislación penal ha  fracasado, después de noventa y siete años en que tenemos en nuestro Código Penal penalizado el aborto. Al decir claramente que fracasó, estamos diciéndolo con estadísticas de estimación –porque sabemos que, como es clandestino, solo tenemos estadísticas de estimación– que surgen de la propia página del Ministerio de Salud de la Nación. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio: hay una estimación de que en la Argentina se han realizado entre 320.000 y 500.000 abortos.

Es más: si hablamos en materia de procesos judiciales, entre 2011 y 2016 se han iniciado en la República Argentina aproximadamente doscientos procesos judiciales en virtud de abortos, pero cuando esa pena o esos procesos han sido llevados a cabo, la ley, los jueces han llevado a cabo una conducta de ensañamiento y de falta de criterio a la hora de penar y procesar a las mujeres. Tenemos un caso emblemático, que es de la provincia de Tucumán: el caso Belén. Tuvimos acá a su abogada, quien lo explicó –para todas aquellas que no conocían ese caso– de una manera magistral. Belén es una chica que llegó a un hospital, producto de un aborto espontáneo, y que fue condenada a ocho años de prisión. Pasó dos años y medio en prisión por un aborto espontáneo. ¡Así es como actúa la Justicia: una justicia sesgada y que mira con la nuca a la sociedad y a las chicas que abortan en forma clandestina!

Entonces, yo me pregunto: ¿por qué obstinadamente este Congreso de la Nación va a seguir con una norma que ha fracasado en su meta? O sea, en la meta de

 

 

prevención general. ¿Por qué insistimos en penalizar, en vez de ampliar derechos? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos.

Respecto de las recomendaciones de las que tanto aquí se ha hablado, también hubieron excelentes doctrinarios y juristas que vinieron a hablarnos al respecto; de las recomendaciones que nos han hecho los organismos internacionales de los cuales la Argentina forma parte, y que son los organismos que tienen que darnos las pautas de cómo se interpretan los tratados internacionales que son parte de nuestro bloque constitucional. ¡No es cualquier comité o cualquier trasnochado que un día se puso a escribir recomendaciones a la Argentina! Son las interpretaciones de los tratados que nosotros tenemos insertos en nuestra Carta Magna. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos o el Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación de la Mujer, desde 1996 le exigen a la Argentina que revise la legislación criminalizadora del aborto para evitar muerte de mujeres o daños permanentes en su salud. También el Comité de los Derechos del Niño, que ha recomendado explícitamente a la Argentina que tiene que revisar su legislación penal respecto del aborto; y así podría seguir.

Incluso, como decía el miembro informante, podría seguir diciendo estableciendo que fue nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L.” la que interpretó cuál era la obligación del Estado argentino respecto de estas recomendaciones; igual que interpretó algo que muchas veces se discutió, como es la reserva en la Convención Internacional del Niño.

Pero también quiero referirme a un tratado del que se hablado mucho acá, que es el de la Convención Interamericana de Derechos Humanos –artículo 4.1–, donde dice que se protege en general la vida. Este artículo ha sido interpretado minuciosamente por la Corte Interamericana de Justicia; una Corte a la cual nosotros hemos ingresado como el marco jurídico internacional de derechos humanos de la Argentina. En el fallo “Artavia Murillo” dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 que “en general” significa que la protección del derecho a la vida no es absoluta, sino que es gradual e incremental, según su desarrollo.

Creo que con esto el principio de proporcionalidad, que también se nombró mucho acá, fue muy bien explicado por la doctora Kemelmajer de Carlucci diciendo que cuando hay un conflicto entre dos intereses, entre dos derechos –uno es el derecho desde la concepción; porque yo creo que hay vida desde la concepción, como dice el artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Argentina; hay vida porque lo dice la legislación y así lo entiendo yo–; cuando ese derecho a la vida desde la concepción entra en colisión con el derecho de la mujer a su salud, la legislación tiene que priorizar uno o el otro. Y es lo que estamos haciendo cuando nosotros estamos tratando acá una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hay que dejar esto en claro: se permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las doce semanas…

Sra. Fiore de Viñuales.- Catorce semanas…

Sra. Fernández Sagasti.- Doce y en la reforma, si lo habilitamos, serían catorce, pero el proyecto que estamos tratando –la media sanción– dice catorce semanas. Es verdad. Perdón, señora senadora. Y obviamente, después de eso, regula las causales que existen desde 1921 en la ley; causales que nunca tuvieron tiempo para activarlas en la República Argentina.

Entonces, como consecuencia tenemos que decir que el proyecto –la media sanción que estamos tratando– de ninguna manera es inconstitucional; de ninguna manera va en contra de nuestro bloque de tratados internacionales y tampoco va en contra de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, como algunos ahora parecen

 

 

preocuparse. Entonces solamente quedaría decir, con todas las recomendaciones existentes y con los fallos de la Corte nuestra y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la democracia la que sí tiene una deuda con las mujeres y con las niñas de la República Argentina.

Habiendo hecho esta aclaración legal, que me parecía que era mi obligación hacer por las cosas que se han dicho en este recinto, quiero también dejar  sentado que no es caprichoso que hoy necesitemos que esta media sanción sea ley. ¡Porque no voy a citar todos los datos que aquí se han dado –se han dado muchos–, en honor a la brevedad del tiempo! Pero quiero dejar sentado, señora presidenta, que acá no estamos discutiendo si estamos a favor o en contra del aborto, porque cuando termine esta sesión los abortos van a seguir existiendo. La diferencia será si van a ser clandestinos o legales. Entonces, si esta ley no sale hoy, muy lejos estaremos de salvar las dos vidas,

como dice el eslogan. Lo que tenemos que decidir hoy es si seguimos sosteniendo el statu quo; si seguimos sosteniendo la hipocresía y hacer de cuenta que ciertas cosas no pasan –y, como se dice, dejarlas debajo de la alfombra–, o si vamos a escuchar a esas miles de mujeres que están ahí; vamos a abrir nuestro corazón; vamos a escuchar por qué llegan a esa situación que todos y todas acá entendemos que es una situación no deseada; y vamos a poder diseñar las políticas públicas necesarias para que no lleguen a ese extremo.

Yo, señora presidente, quiero leer algo que me pareció muy impactante de una de las expositoras, que es Mirta Roses, expresidenta de la OPS, que nos dijo lo siguiente: Sabemos que la salud de la mujer y, en particular, su salud sexual y reproductiva, está influenciada por muchos factores: pobreza, educación, empoderamiento –esa palabra me encanta–, autonomía, trabajo, ingreso, vivienda, acceso al agua, y al saneamiento y calidad de vida de servicios de salud. Hay un cúmulo de situaciones que empujan a la mujer a la desesperación frente al advenimiento de un embarazo, en vez de ser un momento de alegría y de realización de sueños.

En ese momento, me pareció muy gráfica la descripción que hacía Mirta, y yo pensaba: en este contexto de crisis social y económica que estamos viviendo los argentinos, con una inflación que podría estar en los 30 puntos, por ejemplo, donde tenemos tarifazos; donde han subido 184 por ciento los medicamentos; donde uno de cada tres pibes come en un comedor comunitario; donde, en lo que va del año, se han perdido 95.000 trabajos en blanco, ¿es justo o –como se dijo acá– es ético que nosotros y nosotras le pidamos –además de que no puedan pagar la luz, de que no puedan pagar alimentos para sus hijos, de que no puedan pagar el gas– que vayan a comprarse anticonceptivos, que son carísimos, y que si van a la salita no están? ¿Esa es la solución que ustedes nos proponen a nosotras para a las mujeres que están muriendo en virtud del aborto clandestino?

Lo verdad, lo que estamos acá debatiendo es un problema de inequidad; un problema que tiene que ver con la justicia social. Es un problema que tiene que ver con la salubridad de nuestras pibas y de nuestras mujeres, porque la que tiene el dinero se va y se hace un aborto con una pastilla pero es aborto clandestino al fin; y las que no tienen acceso a eso, mueren o quedan con discapacidades de por vida.

Entonces, la otra solución que nos proponen los que están a favor del aborto clandestino es la educación sexual, que es la primera parte del eslogan de la campaña nacional del aborto: educación sexual para decidir. Ahora, yo me pregunto: ¿son los mismos sectores, por lo menos en mi provincia –creo que acá todos van a coincidir–, que se oponen a que en las escuelas públicas se dé educación sexual? Acá tengo los titulares de los diarios de Mendoza. Acá está. (Exhibe una gigantografía.) “Malargüe:

 

 

se vuelven a levantar en armas contra la educación sexual en las escuelas.” Esto es del año pasado. Otro: “Polémica en Malargüe, amenazan a maestros que enseñan educación sexual en las escuelas.” Clarín. La verdad, resulta por lo menos hipócrita que la solución que nos impulsen desde los que están a favor del aborto clandestino sea la educación sexual.

Otra cosa: sabemos que las estadísticas del gobierno nacional son muy pobres respecto de la aplicación de la ley. Sabemos que los presupuestos están bajando; que, por ejemplo, los anticonceptivos para no abortar –como sigue la campaña– se ha subejecutado en 2017, donde se estimaban 27 millones de anticonceptivos y solo se repartieron 12,1.

¿Qué es lo que pasa en la realidad de las mujeres? Yo estuve hablando con una persona de Jocolí, Lavalle, a 20 kilómetros de la ciudad de Lavalle en Mendoza. Julia, se llama. Ella me explica que todos los meses va hacia el Centro de Salud a buscar el parche anticonceptivo. Todos en el pueblo saben que todos los meses llegan, con suerte, 25 parches. Las chicas –las señoras, las pibas– hacen cola desde las 5 de la mañana, como pasa en casi toda la Argentina, para conseguir el parche. Si llegan, las primeras 25 tienen anticonceptivos. Si no llegaste, al otro día tenés que volver para que te den otro tipo de anticonceptivo: pastilla, inyección, parche, lo que te toque; y, si no, te quedaste ese mes sin poder cuidarte. Además, en la provincia de Mendoza está prohibida por ley desde 2009 la comercialización del misoprostol; y también en la provincia de San Juan. Es decir que no solamente es clandestino, sino que también está prohibida su comercialización. Entonces, el medicamento es aún más inaccesible que en el resto de la República Argentina.

Tampoco en mi provincia ha sido aprobado el protocolo que surgió del fallo “F.A.L.”. Todos los años intentamos que la Legislatura de Mendoza, de todos los partidos políticos, apruebe el protocolo; y aun así no lo hemos logrado en la provincia de Mendoza.

Lamento que no esté el senador Cobos, pero la verdad es que ayer en Mendoza tuvimos una noticia muy triste (Exhibe una gigantografía.), que es que está grave en el Lagomaggiore por un aborto clandestino una mujer de 34 años. Yo quiero contarles que el Lagomaggiore es la maternidad más grande pública de la provincia de Mendoza. Quiero contarles que yo conozco a esta mujer; tiene mi misma edad. La conocí de piba. Está internada en terapia intensiva. Tiene cinco chicos. Llegó al hospital y no quería decir lo que le había pasado. ¡Claro, porque la iban a procesar y la iban a meter en la cárcel! Esto es lo que pasa y va a seguir pasando si nosotros no sacamos la ley.

En honor a la brevedad, porque entiendo que ya se me acabó el tiempo, quiero decir algo que la verdad me impactó mucho en este recinto –¡una bestialidad de la época de las cavernas, diría yo!–; que me avergüenza como miembro de este Senado haber escuchado hoy, en el año 2018, en el recinto del Senado de la Nación. Un legislador – voy a leer, presidenta, para no equivocarme en las textuales palabras– dijo: Hay que ver en algunos casos, porque la violación no tiene un componente de violencia sobre la mujer. Por ejemplo, en los casos de abuso intrafamiliar, donde no hay violencia, pero no se puede hablar de consentimiento; no es una violación clásica.

La verdad es que, además de estar afuera de todo el marco jurídico legal, creo que acá todos los presentes estimamos que si es una violación es violenta: eso se cae de madura. Además, sabemos que toda la doctrina y la jurisprudencia unánimemente han sostenido que los daños más severos psicológicos se producen en una violación intrafamiliar. Es más, a las víctimas se las denomina “sobrevivientes” de lo espantoso que es sufrir. Entonces, no solamente acá estamos discutiendo la interrupción voluntaria

 

 

del embarazo, sino que nos estamos retrasando tanto en el tiempo que no estamos pensando en las consecuencias que pueden tener esas palabras en los televidentes o en quienes nos están escuchando. Yo imaginaba, mientras este senador hablaba, a una piba abusada de niña viendo por televisión a un tipo de traje diciéndole muy tranquilo que ella no había sufrido violencia.

La verdad, creo que tenemos que ser muy prudentes en nuestras palabras. Creo que tenemos que revisar y pensar nuestro voto desde el corazón; desde entender y comprender a esas mujeres que llegan a ese estadio para tomar la decisión de abortar. Si no –permítanme decirles a los señores senadores y senadoras–, vamos a ser cómplices de algo que sigue pasando, que son las muertes de niñas, pibas y mujeres en la Argentina. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Giacoppo.

Sr. Pinedo.- ¿Me permite, señora presidenta?

Sra. Presidente.- ¡Ah, perdón! El senador Pinedo le pide una interrupción.

Senador Pinedo.

Sr. Pinedo.- ¿Me la concede la senadora Giacoppo?

Sra. Giacoppo.- Sí.

Sr. Pinedo.- Es simplemente, como no está el senador Urtubey –que ha sido aludido–, para decir que entiendo con toda claridad que el senador Urtubey dijo exactamente lo contrario de lo que se le quiere hacer decir. El senador Urtubey lo que dijo es que en los abusos intrafamiliares, aun cuando no hubiera violencia, había que darles el mismo tratamiento que la violación.

Así que lo que estaba diciendo es que no hacía falta que hubiera violencia para aplicarle el mismo criterio de la violación, porque era igualmente grave que una violación violenta. Así es que es exactamente lo contrario de lo que se dice que dijo.

Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente.- Gracias, senador.

Senadora Giacoppo…

Sra. Fernández Sagasti.- Permítame, señora presidente.

Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- La verdad que entiendo el esfuerzo que hace el senador Pinedo…

Sr. Pinedo.- Ningún esfuerzo.

Sra. Fernández Sagasti.- Pero lo que leí es textual –me lo pasaron de la taquigráfica– y una violación siempre es violenta.

Sr. Pinedo.- ¡Es obvio!

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Por qué? Porque es contra el consentimiento de la persona y es lo que estamos tratando de dilucidar: esta afirmación de la era de las cavernas que se dijo acá.

Sr. Pinedo.- Dijo todo lo contrario.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Es muy grave, senador! Esperemos que, si viene el doctor Urtubey, lo aclare.

Ahora, no podemos dejar pasar que haya la mínima duda en este recinto. Creo que todos o la mayoría de los que estamos acá –porque lo he hablado con mis colaboradoras y con otras senadoras– entendimos lo mismo.

¡Ojalá se haya expresado mal! ¡Ojalá! Pero, la verdad, lo que se dijo, se dijo.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.

 

 

Sra. Giacoppo.- Señora presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los tres presidentes que fueron cabecera de este debate en las comisiones.

Agradezco a todos los expositores que, con tanta claridad, nos dijeron desde la ciencia, la medicina, el Derecho, desde las organizaciones y experiencias personales, todo su parecer para que podamos hoy tomar una decisión y aprobar, o no, esta media sanción así como vino de la Cámara de Diputados.

Pero en especial quiero agradecer a los excombatientes de Malvinas, que tuvieron un testimonio muy fuerte sobre lo que significa la vida. Nunca dudé de mi postura, pero eso me ha fortalecido mucho más; y tengo la absoluta convicción de que mi voto por el rechazo del proyecto es lo correcto, y no me equivoco.

En primer lugar, la ley tiene como parte del título la palabra “interrupción”. En este sentido, quiero ir a un tema semántico porque la semántica es la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y de las expresiones: es decir, lo que las palabras quieren decir y lo que las palabras en realidad refieren. Y la interrupción implica detener, suspender, cortar, pausar, la continuidad o prolongación de algo en un lapso de tiempo. Lo que se interrumpe queda suspendido y se puede volver a retomar. Como puede verse, en este caso no se trata de interrupción porque jamás se vuelve a reanudar la vida. Acá la vida se termina. Es un acto irreversible. Por lo tanto, lo que hay en realidad es una supresión del embarazo y, por ende, la finalización de la vida de alguien.

Además, desde otra mirada, ninguno de los expositores pudo explicarme –y los que trataron de hacerlo no lo lograron frente a mi estructura como mujer del Derecho– cómo de un antiderecho –de un delito– podíamos llegar y transformar mágicamente en un derecho subjetivo irrenunciable, ponderando como un súper derecho supraconstitucional la voluntad de la mujer. Tampoco me lo pudieron explicar porque no hay explicación alguna. Acá no hablamos de un derecho subjetivo: estamos hablando del derecho de una persona, que es la madre, que lleva una vida, que tiene otro ADN en su vientre, y necesita de esa madre, de ese vientre, de ese lugar seguro y cálido para desarrollarse, pero hay persona.

¿Cómo me van a poder explicar qué es “eso” hasta la semana catorce y cómo “eso”, mágicamente, a partir de la semana catorce es una persona, y se penaliza o hay que justificar por qué voy a privarle de la vida a “eso” que hasta la semana catorce algunos no lo tipificaban como persona por nacer?

Acá se es persona –según nuestra Constitución, según las leyes de la Nación, los pactos a los cuales adherimos por las leyes del Congreso– desde el momento mismo de la concepción. Y la Constitución, en su manda suprema, nos expresa que hay que proteger la vida: la vida del niño por nacer y de los más vulnerables. Acá estamos hablando de esas vidas humanas que debemos proteger.

Acá hay una expresión muy pero muy dura de este proyecto, que para mí tiene defectos desde la nominación –como lo aclaré– hasta defectos de fondo que son insoslayables. Por eso, respondo a algún senador que se expresó y dijo “tratamos de convenir y de sacar una buena ley”. ¡No se puede corregir algo que, desde donde lo miremos, está viciado desde lo más profundo! Para poder modificar esto y que pudiera ser ley en nuestro sistema jurídico, debemos modificar la Constitución. Y no comparto lo que dijeron algunos constitucionalistas quienes manifestaron que esta norma, de llegar a ser ley, no es inconstitucional ya que no viola la Constitución: no es así.

Según la definición –y voy a otro hecho grave– de la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y en este proyecto nos están

 

 

diciendo que la mujer, solo por el riesgo que pudiera tener en su salud, después de la semana catorce recién podrá justificar que quiere privar de la vida a ese hijo que lleva dentro de su vientre.

Cuando uno legisla no legisla para hoy. La ley tiene un día en el cual comienza a regir y, hasta que otra ley no la modifique, va a estar vigente. Esto es no poner límite hasta la semana veinte, treinta. Ya no sería un aborto. Ya el protocolo dice cómo matar a ese niño antes de extraerlo. ¡Eso es muy cruel! No quiero hacer una descripción, pero me niego a volver a ver las imágenes que vimos oportunamente. De hecho, uno se ha ilustrado para poder fundamentar y tomar una decisión.

Hasta la semana catorce, libre, voluntario y gratuito. ¿Gratuito? ¡Acá no hay nada gratuito! Acá lo paga el Estado. Y si el Estado estuvo ausente por muchos años, porque este tema no es de hoy, sino que es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo… Algunas provincias –algunos Estados provinciales– como La Rioja… Yo le hice esa pregunta a una médica terapista de un hospital de La Rioja que estaba a favor de la interrupción o del aborto. Le dije: “Doctora, usted me está comentando  sobre cómo mueren las mujeres en su provincia, lo traumático. Todo muy bien, pero por qué dice usted que trabajando y abordando el tema responsablemente pudieron llegar a tasa cero; y en La Rioja no está legalizado el aborto. ¿Saben cómo? Aplicando los  protocolos que hay que aplicar y haberse adherido a la Ley de Educación Sexual.

Señora presidenta: no puedo dejar de expresar que durante muchos años, cuando ejercía la docencia y el Derecho de Familia, fui una crítica dura del sistema: por ejemplo, de la ley de adopción. Me tocó realizar trámites de muchísimos chicos, de muchísimas familias en mi provincia, que eran tan pero tan tediosos que las familias a veces terminaban adoptando una mascota y no criando un niño. ¡Siempre lo critiqué! Y hoy, que estoy en esta banca, en la que el pueblo de mi provincia depositó su confianza para que legisle, estoy trabajando, pero lamentablemente esto fue demasiado rápido y este equipo transversal no tuvo tiempo. Venimos ocupándonos de esto, no solo preocupándonos. Cuando hablo de equipo transversal me refiero a distintas senadoras y senadores de distintos bloques, trabajando en una ley de adopción que realmente resuelva el problema de esos chicos que llegan, en los hogares, a la mayoría de edad.

¡No comparto que sea porque son feos! Nuestros sistemas jurídicos no nos permiten adoptar desde el seno materno. Cuando una niña, cuando una mujer vulnerable manifiesta –eso dice el proyecto– que no puede o no quiere tener este chico porque no lo puede criar por la razón que sea, que podamos adoptarlo y acogerlo desde el momento mismo en que nace.

Ese es un problema de Estado. Hemos fallado como Estado: falló la salud pública, falló la sociedad, fallaron las iglesias; porque es verdad que hemos escondido este tema. Pero también falló la política, que hipócritamente por muchos años no quiso dar el debate y ahora, cuando un presidente lo hizo, lo critican; y lo critican con dureza los que antes no quisieron abrir este debate.

Sí me hubiese gustado tener más tiempo para debatir, porque yo le aseguro que hoy, además de rechazar esta ley, veníamos con todos los proyectos que van a resolver realmente el tema de las muertes, en profundidad y en serio.

No considero –y estoy absolutamente convencida– que podamos resolver con la muerte de alguien la vida de nadie: muy por el contrario. Me tocó acompañar, a través de mi trabajo, y contener mujeres en los hogares, en los albergues, realmente devastadas; mujeres que habían tenido un aborto hace diez años, veinte años y todavía lo llevaban en sus espaldas. ¡De eso nadie habla! La mujer que va a abortar va

 

 

desesperada. No tiene alternativa y nos necesita a nosotros, al Estado, a los legisladores, pero no resolver con la muerte de nadie.

Yo soy la voz de esas mujeres de mi provincia. Gracias a un Estado presente, solo hubo una muerte en Jujuy en el año 2016, porque estamos trabajando con mucha responsabilidad. Esa sola mujer que murió en Jujuy merece que yo me ocupe: me ocupe de sus hijos y me ocupe de la vida de tantas mujeres que tienen que acudir a algo tan doloroso.

Por eso, señora presidenta, le pido a mis colegas: esto no es algo que nos debe desunir. Nos tenemos que hermanar. Todos juntos, como mujeres y hombres responsables –todos coincidimos en lo mismo– defendamos la vida, pero hagámoslo entre todos.

Pidamos un Estado presente que acompañe a la mujer pobre, a la mujer vulnerable; que acompañe la crianza de los chicos; y que podamos tener la mejor de las leyes cuidando de verdad las dos vidas; muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Gladys González.

Sra. González (G. E).- En primer lugar, quiero destacar la enorme oportunidad que significa este debate, independientemente de la posición que cada uno tengamos. Haber transcurrido todos estos meses no solo en el Senado, sino también en Diputados escuchando las diferentes voces en este diálogo democrático, creo que ha sido enriquecedor. Estoy segura de que ha sido, además, de una profunda y sincera reflexión de todos y cada uno de nosotros.

Como sociedad, llegamos hasta acá con la madurez…

Sra. Presidente.- Perdón, senadora: me había pedido una interrupción el senador Urtubey, porque fue aludido.

Sr. Urtubey.- Le pido que me conceda un minuto…

Sra. Presidente.- Es un minuto para aclarar.

Sr. Urtubey.- Hago la aclaración. Si no espero…

Sra. González (G. E.).- Sí.

Sr. Urtubey.- Perdón, discúlpeme.

Una aclaración, porque he sido aludido recientemente por la senadora Fernández Sagasti. Agradezco al senador Pinedo porque en ese momento no estaba en el recinto.

Quiero aclarar algo que para mí estaba muy claro, pero evidentemente no es así. Refiriéndome yo a la violación como causal de aborto no punible, afirmé muy enfáticamente que toda forma de violación debe ser considerada un caso de aborto no punible e hice una especie de individualización. Dije: inclusive aquellas formas – digamos– de violación en las que no hubiera forzamiento, igual son violaciones que deben ser consideradas en el concepto de violación. Al revés: de ningún modo quise acotar el concepto de violación y de ningún modo quise negar que el concepto de violación lleva violencia ínsita porque es una expresión natural –obviamente, la más terrible– de la violencia sobre una mujer.

Con lo cual, quiero aclarar esto: simplemente, el sentir de mis palabras era ser aún más enfático, ser aún más duro, ser aún más extremo, en condenar la violación en todas sus formas; muchas gracias, senadora.

Sra. Presidente.- Gracias, senador. Senadora: puede proseguir.

Sra. Kunath.- Pido una interrupción.

Sra. Presidente.- Ya aclaró el senador.

Pero tiene la palabra, senadora Sacnun.

 

 

Sra. Kunath.- Gracias; ¡Kunath!

Sra. Presidente.- ¡Ah, perdón!

Sra. Kunath.- ¡No hay problema! (Risas.)

Simplemente, también con relación a este tema al que hacía referencia el senador Urtubey, quiero decir que toda violación es violenta. Independientemente de esta pretendida diferenciación sobre el forzamiento o sobre el ámbito en que se da, la violación es violación, senador; y lo quiero decir enfáticamente porque también creo en la necesidad de reforzar nuestros conceptos, especialmente cuando estamos dando este debate tan importante y tan significativo.

Pido disculpas a ambos; gracias, presidenta, por la interrupción.

Sra. Presidente.- Arranca de cero, senadora.

Sra. González (G. E.).- Gracias.

Había iniciado mi expresión ponderando el debate; y decía que como sociedad hemos llegado hasta acá con la madurez de poder discutir este tema, como lo hemos hecho con otros temas similares en el pasado.

No solo se trata de la incansable lucha de nuestras mujeres, sino también de la mayoría de la sociedad que ha tomado conciencia de la realidad que vive, de la realidad que sufre y ha decidido comprometerse.

Como Congreso, creo que la mayoría de nosotros, en nuestro rol de legisladores, entendemos que debemos respetar nuestra condición de Estado laico; que debemos sancionar leyes que contemplen las expresiones de toda la sociedad; y que después de este debate tan profundo, tan complejo y tan sensible, como Senado tenemos la responsabilidad de dar una respuesta concreta de política pública frente a la sociedad, frente a este problema, frente a este drama, que todos coincidimos que existe.

Como gobierno, nuestro presidente Mauricio Macri ha entendido ambas cosas: la madurez de los argentinos y el deber de este Congreso de dar este debate; y por eso lo ha propiciado. No solo eso, sino que, como jefe de mi partido, nos ha dado una respetuosa y generosa libertad de conciencia a pesar de su propia postura personal.

No es un dato menor que nuestro presidente, Mauricio Macri, no se haya opuesto a este debate democrático. No es un dato menor que nos haya dado libertad de conciencia. No es un dato menor que no haya influido para un lado ni para el otro. Acá hubo libertad: una libertad –y yo he sido testigo porque he sido diputada– que no existió en los años del anterior gobierno, que impidió este debate. Por lo tanto, quiero recalcar la importancia de que nuestro presidente haya permitido, haya propiciado, y no se haya opuesto a que hoy estemos dando este debate que, sin duda, es un antes y un después en la conquista de los derechos.

Como senadora, he venido a hacerme cargo. Mi labor tiene que ver con dar soluciones a los problemas de la sociedad: de toda la sociedad a la que represento. Hace doce años que trabajo especialmente en lograr el pleno goce de los derechos humanos de nuestras mujeres. Y, sin duda, el derecho a la salud –el derecho y el acceso a la salud– es un tema que debemos resolver como Estado.

En nuestro país, las mujeres madres pobres mueren porque el Estado aún no ha podido garantizar el pleno acceso a la salud a toda la población. Nuestras mujeres pobres madres mueren por falta de controles; mueren por infecciones durante su embarazo; mueren por hemorragias internas; mueren por enfermedades  relacionadas con el post parto; mueren por abortos clandestinos. Frente a todas estas causales de muerte, excepto el aborto, el Estado permite que las mujeres se acerquen al sistema de Salud. Frente al aborto, no: está prohibido. Las mujeres ni siquiera pueden acercarse al Estado; y esa es la realidad que yo, antes, no veía. Lo que no veía es que nos estábamos

 

 

perdiendo una oportunidad: la de salvar a esa mujer que, pudiendo acercarse al Estado, no lo hace porque está prohibido.

Frente al problema del acceso a la salud, estamos trabajando desde el primer día de gobierno y no solo para llegar ante la emergencia, sino desde todos los niveles del sistema de salud, desde la atención primaria de la salud: que los médicos salgan de las salitas; que salgan a buscar a las familias; que salgan para acercar la Salud Pública a la población; por supuesto, para controlar y cuidar a nuestras mujeres embarazadas, pero fundamentalmente para llegar con la prevención a la comunidad. Así lo estamos haciendo en nuestra provincia de Buenos Aires.

También en materia de prevención estamos enfrentando un problema y una situación muy grave, fundamentalmente de prevención de embarazos adolescentes. Cada diez embarazos adolescentes, siete no son deseados. Y si esto pasa es porque también acá el Estado aún no ha podido garantizar el acceso de todos nuestros jóvenes a la educación sexual, a la procreación responsable y a la anticoncepción. Esto no ha sido solo por fallas del Estado: también ha sido por la influencia de instituciones con mucho poder en nuestro país que aun hoy se oponen a la educación sexual y a la anticoncepción; y, por supuesto, hoy están oponiéndose a esta ley.

Frente a esa realidad, y tal cual lo anunció nuestro presidente Mauricio Macri en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias de este Congreso, el año pasado empezamos un programa de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia justamente para lograr que la educación sexual llegue a todos nuestros jóvenes, para lograr el acceso a los métodos anticonceptivos. Y acá pido a todos los senadores, representantes de cada una de nuestras provincias, un mayor compromiso, fundamentalmente donde estas instituciones están más fuertes presionando para que esto no pase, para que la ley de educación sexual no se implemente, o para que este programa no se implemente.

A pesar de todos estos esfuerzos que hacemos desde el primer día, a pesar de los programas sociales, de los programas educativos, de los programas de salud, falta mucho. Y una prueba de que falta mucho es que este mismo programa referido al embarazo adolescente tiene una meta para este año: llegar solo al 20 por ciento de la población adolescente; y pretende llegar en 2019 recién al 40 por ciento. ¡Claramente, estamos frente a políticas públicas que van a generar resultados a largo plazo! Y mientras tanto, ¿qué hacemos?

Vamos a seguir haciendo esfuerzos y vuelvo a pedir mayor compromiso de las provincias en este sentido. Que implementemos una política agresiva en materia de educación sexual, de procreación responsable, de planificación familiar, de anticoncepción, de protección de las madres embarazadas –que, vuelvo a repetir, van a generar resultados a largo plazo–, de ninguna manera, de ninguna manera puede justificar que el Estado les siga cerrando las puertas del sistema de Salud a las mujeres que están tomando la difícil decisión de avanzar o de no avanzar frente a un embarazo no deseado. ¡No puede ser, de ninguna manera! ¡Es una contradicción mayúscula! No podemos proponer, como solución frente a las muertes por abortos clandestinos, cerrar el sistema, dejarlo cerrado.

Queremos todos salvar las dos vidas y no estamos salvando ninguna. Queremos todos salvar las dos vidas y no estamos salvando ninguna. ¡Todos sabemos que se trata de muertes evitables! ¡No podemos esperar ni un minuto más!

Gracias a los datos que trajo nuestro ministro de Salud sabemos que entre 44.000 y 53.000 mujeres por año son hospitalizadas por complicaciones al realizarse abortos

 

 

clandestinos. Y tomando las cifras más conservadoras, en 2016 murieron 31 mujeres por esta causa. Sabemos que, por la ilegalidad, estas cifras no expresan la realidad.

Tampoco sabemos –hoy escuchaba ejemplos de casos tan recientes– cuántos niños han quedado huérfanos por la muerte de las madres en la clandestinidad; cuántas familias han sido destruidas. ¡Porque no solo se trata de la vida de esas mujeres: también se trata de la vida de esos niños; también se trata de cómo la mortalidad materna afecta la mortalidad infantil!

Señora presidenta, honorable Senado: sin duda, desde todos los ángulos que se lo analice el aborto es un drama. Nadie quiere el aborto; ¡pero el aborto clandestino es una tragedia social! ¡El aborto clandestino es una tragedia social!

Señora presidenta: como gran parte de la sociedad, yo también he madurado. Y después de este debate, después de todos estos meses, y sin traicionar ningún juramento

–y sin traicionar ningún juramento–, entendí que frente a la realidad de los abortos clandestinos la única forma de defender las dos vidas es abriendo las puertas del sistema de Salud a nuestras mujeres. Siempre expresé que se trataba de un problema de Salud Pública; y me manifesté a favor de la interrupción del embarazo en la situación de violación, de peligro para la vida y la salud de la mujer, frente a las situaciones de imposibilidad de vida fuera del útero. Inclusive, cuando fui diputada presenté proyectos en ese mismo sentido porque eran innumerables los casos que se judicializaban por una mala interpretación, o libre interpretación del Código Penal hoy vigente.

Durante muchos años, mi trabajo en defensa de las mujeres, de su pleno acceso a los derechos humanos, de la equidad, de la inclusión, me ha permitido estar cerca de mujeres vulnerables; de mujeres discriminadas; de mujeres víctimas de violencia; de mujeres a las que se les dice “mentirosas” cuando denuncian el abuso sexual de sus hijos de parte de sus propios padres –trabajo muchísimo en la problemática del abuso sexual infantil–; de mujeres madres de siete hijos que aún creen que para tomar la decisión de atarse las trompas le deben pedir permiso al marido; de mujeres que aun creían, antes de que pudiésemos informarles, que tenían que tomar la pastilla del día después todos los días; de mujeres que son obligadas a tener relaciones sexuales con sus maridos y obligadas a no tomar anticonceptivos porque pierden el deseo sexual, según ellos mismos; y, como les decía, de mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación, y sus casos judicializados por la mala interpretación del Código.

Frente a ellas yo creía que con la prevención, que con la educación sexual, que con un mejor sistema de salud, iba a poder contener a todas; iba a poder dar respuesta a la realidad de las muertes por abortos clandestinos. ¡Pero no visualizaba que la penalización siempre va a constituir un obstáculo para que esas mujeres se acerquen al sistema! ¡No visualizaba que, aun teniendo el mejor sistema de Salud, la penalización les prohíbe acercarse al sistema!

Claramente, creo que todos hemos coincidido en que la penalización no es una opción; que la criminalización no disminuye la muerte. Ahora bien, tampoco estoy de acuerdo solo con la despenalización: la despenalización sola no es suficiente. ¡No es suficiente porque, sin acceso al sistema de Salud, estamos condenando a nuestras mujeres pobres a morir! ¡Es la mayor expresión de la hipocresía que sufren nuestras mujeres por la enorme iniquidad social que viven!

Sin duda, estamos frente a un problema de acceso a la Salud, pero legalizar nos da una oportunidad: la oportunidad de salvar la vida; una oportunidad que hoy no tenemos.

Señora presidenta: no quiero formar parte de un Estado que sigue ignorando a nuestras mujeres. No quiero mirar para otro lado. La ley no obliga a ninguna mujer a

 

 

abortar, pero evita que aquella que decide interrumpir su embarazo sea condenada a morir. Si no llegamos con la educación sexual, si no llegamos con la planificación familiar, si no llegamos con los anticonceptivos, quiero que tengamos una oportunidad más: ¡que esa mujer tenga una oportunidad más! Una oportunidad de acercarse al sistema sin miedo, sin culpa, sin vergüenza, sin estigma social. ¡Quiero acompañarla, quiero escucharla, quiero informarle sobre todas las opciones que tiene! Quiero explicarle las consecuencias de sus decisiones. ¡Quiero hasta tener la oportunidad de proponerle que considere no abortar! ¡Esa oportunidad hoy no la tengo: no la tengo, señora presidenta!

Como ya expresé, incluso por escrito –y quiero volverlo a repetir porque quiero quedarme con mis sueños, con los sueños de las mujeres argentinas y con los sueños que tengo para mis hijas–, de corazón digo que sueño para las mujeres argentinas lo mismo que sueño para mis hijas: sueño que se enamoren; sueño que planifiquen tener sus hijos, como yo planifiqué tenerlas; sueño que no tengan que tomar nunca esa decisión. ¡Sinceramente sueño con eso!

Han sido muy difíciles para mí todos estos meses porque me di la oportunidad de la reflexión; y lo digo con el corazón. Sueño para esas mujeres que nunca tengan que tomar la difícil decisión de interrumpir un embarazo, pero, si tienen que hacerlo, quiero que lo hagan seguras; quiero que lo hagan acompañadas; quiero que lo hagan con el amor que necesitan para poder transitar este difícil y doloroso momento.

Sueño para las mujeres de mi país una vida sin violencia, una vida sin discriminación, una vida en igualdad, una vida en la que puedan gozar plenamente de sus derechos. ¡Por eso me hago cargo! ¡Me quiero hacer cargo! ¡No quiero mirar para otro lado! Y vuelvo a comprometerme acá, frente a toda la sociedad, diciendo “ni una menos”; gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, señora senadora.

Tiene la palabra el senador Pais.

Sr. Pais.- Señora presidenta: hoy es un día importante para la Nación y para toda nuestra sociedad. Realmente, tomo la palabra emocionado por el reciente discurso que he escuchado; y emocionado también por la circunstancia y por otros discursos que han hablado a la sociedad desde las más íntimas convicciones.

En primer lugar, quiero expresar que estoy a favor de esta ley. Entiendo que es necesaria, urgente y que, de ser sancionada, nos dará una sociedad un poco más justa,  un poco más igualitaria y un poco más digna para las mujeres a las cuales se reivindica muchas veces desde el discurso pero se sigue discriminando desde la sociedad, desde el Derecho y desde el Estado.

Quiero decir que esta es una ley que no agravia la Constitución nacional y no agravia el bloque de constitucionalidad.

Quiero decir que nosotros, este Congreso, no somos los intérpretes de la Constitución, pero quiero también decir que quienes son los verdaderos y únicos intérpretes de la Constitución no impugnan por inconstitucionalidad este texto. Quiero decir que también hay mucho de manipulación de los textos de la Constitución y del alcance de los mismos.

Quiero decir que no se violenta el bloque de convencionalidad y constitucionalidad, incorporado por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución.

Acá se ha hecho referencia durante el debate a los órganos de interpretación de las convenciones. La Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos contra la Discriminación de la Mujer, todas ellas han expresado que, conforme nuestra Constitución, no es

 

 

inconstitucional una legislación que despenalice el aborto: ¡absolutamente! Es más: el Comité de los Derechos del Niño, que por imperativo legal y constitucional tiene el rol de interpretar dicha Convención –conforme la ley 27.005–, expresamente ha requerido a la Argentina el 6 de diciembre de 2016 que se debe despenalizar el aborto para garantizar que las niñas tengan acceso a abortos seguros y a servicios posteriores al aborto. Se debe revisar la legislación con miras a garantizar los mejores intereses de las adolescentes embarazadas. Nos están reclamando esto, ¡pero la semana pasada!

Ya, luego del debate en Diputados, la Comisión Americana de Derechos Humanos, en respuesta a un pedido de informes realizado por un grupo de diputadas y diputados, manifestó que no es admisible otorgar la condición de persona al embrión. Y, a la par, ratificó la compatibilidad de la Convención Americana con los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que se debaten en este Congreso. Se está hablando de este proyecto.

Dicho esto, quiero expresar que evidentemente hay una situación en la que la sociedad está expectante; en la que algunos grupos de nuestra sociedad están a favor y otros, en contra, no con violencia física, pero muchos de ellos con la violencia que da lo absoluto de sus discursos; fundamentalmente, quienes pregonan en forma absoluta el derecho a la vida de la persona por nacer en términos tales que niegan al Estado la posibilidad de legislar en la materia. Es más: muchos de esos aspectos creo que entran en verdadero conflicto con el actual Código Penal. Si fuera un derecho absoluto, tal vez.

La persona que con más contundencia ha expresado su convicción, ha sido la señora vicepresidenta de la Nación; quien ha sostenido que, incluso, ella iría por derogar y modificar la normativa del Código Penal dando primacía a ese embrión, pues, de lo contrario, habría algunas personas por nacer con más derechos que otras. La persona por nacer de una mujer que no ha sido violada, por ejemplo, tendría más derecho que la persona por nacer de una mujer violada, y sinceramente no existe esa dualidad dentro del pensamiento jurídico.

Reflexionando, hace más de 46 o 47 años, cuando comenzaba la carrera de Derecho, leí un manifiesto, un libro minúsculo pero muy trascendente; se nos da en el primer año cuando se hace la materia Introducción al Derecho: La Lucha por el Derecho del maestro Rudolf von Ihering, escrito en el siglo XIX. Voy a leer dos párrafos, pero me parece muy importante porque tipifica qué es el derecho y que el mismo es lucha, lucha y lucha para lograr los objetivos de una sociedad mejor.

Dice así este maestro: La idea del derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable: la lucha y la paz; la paz es el término del derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo. Se podrá objetar que la lucha y la discordia son precisamente lo que el derecho se propone evitar, porque semejante estado de cosas implica un trastorno, una negación del orden legal, y no una condición necesaria de su existencia. La objeción podría ser justa si se tratase de la lucha de la injusticia contra el derecho, pero aquí se habla de la lucha del derecho contra la injusticia.

De esto estuvimos hablando toda esta tarde, de esto estuvo hablando recientemente la senadora González en su indignación y en su reproche a la hipocresía del Estado, del derecho vigente y de la sociedad.

Sigue diciendo: Si en esta hipótesis el derecho no lucha, es decir, no hace una heroica resistencia contra aquella [contra la injusticia], se negará a sí mismo. Esta lucha durará tanto como el mundo, porque el derecho habrá de prevenirse siempre contra los ataques de la injusticia. La lucha no es, pues, un elemento extraño al derecho; antes bien, es una parte integrante de su naturaleza y una condición de su idea.

 

 

Hoy estamos dando la lucha por el derecho, la lucha por una sociedad más justa, porque lo que es justo, incluso, va mutando, no son valores absolutos; es lo que una sociedad en un momento determinado lo considera. Y hoy la lucha de las mujeres por sus derechos también debe ser atendida.

Bien decíamos, y se ha dicho acá, que no hay derechos absolutos. Lo ha dicho la Corte sobre innumerables aspectos, comenzando –de vieja data– sobre el derecho de propiedad, pasando por el derecho a la libre expresión y hasta el derecho a la vida. No  lo hay; si no, no habría derecho a ejercitar la legítima defensa cuando alguien me viene a atacar y puedo tomar la vida de quien me está atacando. No lo habría si hoy mismo el Código Penal reconoce el aborto en determinadas circunstancias y ante determinadas causales. No hay derechos absolutos.

Esto nos impone que hoy estemos legislando en función de resolver un conflicto jurídico y un conflicto existencial: el de esa persona por nacer y el de la gestante que no desea ese embarazo. Y en ese conflicto estamos arribando a una solución que hoy creemos que es justa, que va a avanzar en la sociedad y que va a eliminar una injusticia, porque quien es forzado a llevar adelante un embarazo no querido, que le causa dolor y que le causa incluso peligro real a su salud, no es libre. No le estamos respetando sus derechos. Y en esto, esta ley lo que busca, justamente, es reconocer ambos derechos, pero en el grado de gradualidad y progresividad vamos a reconocer primero también el derecho de la persona que es independiente y que ya existe, que es la mujer.

Señora presidenta: quiero decir que cuando mencionamos la Constitución, nuevamente, se ha hecho referencia a un artículo específico, el artículo 75, inciso 23. Se hace referencia a que este artículo es casi inflexible y es una regla que del propio texto constitucional nos manda proteger a la persona desde el momento de su concepción. Y esto es cierto, pero esta protección y este derecho no son absolutos. Es más, cuando en la Convención Constituyente se quiso avanzar y se quiso sostener y prohibir el aborto a consecuencia de esta norma, hubo un debate interesantísimo. Quienes propiciaban esto eran varios constituyentes, entre ellos el doctor Barra, quien luego fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el ex presidente de la Nación y convencional constituyente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín.

Yo solo me voy a permitir leer dos párrafos de su intervención allá por agosto del año 1994. Dice Alfonsín: Es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativamente este proyecto [el del artículo 75, inciso 23] que no le dice a la Legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad del aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo a la de un país como Irlanda que lo prohíbe.

Quiero aclarar que hoy Irlanda lo acepta; los tiempos han cambiado desde 1994 a la fecha.

Alfonsín mismo decía que es competencia de este Congreso legislar en la materia y que el constituyente no nos estaba mandando ni prohibiendo que legisláramos. Continúa diciendo el constitucional constituyente Raúl Alfonsín: Estamos defendiendo la vida [Y nosotros acá también la estamos defendiendo.] y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino.

Esta es la lucha por el derecho, la que estamos dando hoy. Yo no sé si hoy va a poder ser sancionada esta ley; no sé si vamos a revisarla y mandarla a la Cámara de Diputados. No sé si tendremos los votos, o sí. Tal vez soy un poco pesimista conforme

 

 

las muestras y los discursos de los senadores preopinantes y de los que faltan opinar. Pero yo estoy seguro de que la sociedad igual avanzó; no todo lo deseable, pero igual avanzó. Y que pronto, si no es hoy, será ley. La sociedad se merece esta ley, se merece que no actuemos con hipocresía, como bien decía la senadora González; es una situación hipócrita no asumir que este es un tema de derechos humanos y un tema de salud pública. Estamos discriminando; no estamos viendo que hoy en la Argentina, en este momento, en este minuto, está habiendo uno, diez o cien abortos. Esto lo sabemos todos, ha sido expuesto por todos, y es una realidad innegable. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Seguimos penalizando? ¿Le estamos brindando una mano?

Tenemos dos posibilidades, o tres tal vez: no hacer nada y seguir con la actual legislación; prohibirlo del todo –si consideramos que defendemos la vida– y, a lo mejor, articular políticas para la educación sexual y para el amparo de la mujer embarazada; o bien ir avanzando en la despenalización y atendiendo esta realidad para que no sirva de condena social y no ponga en riesgo la salud y la integridad física de miles de mujeres argentinas. No tenemos mucho margen, tenemos estas tres opciones. Hoy, tal vez, tomemos una. Pero seguramente en muy poco tiempo –si hoy no es ley– esto va a ser ley porque la sociedad lo necesita, la sociedad lo reclama y es nuestro deber.

Señora presidenta, quiero cerrar completando lo que dijo el senador Guastavino sobre el discurso de Simone Veil de 1974 cuando se sancionó en Francia la ley del aborto. Luego de que en el año 1973, un año antes, fue rechazada por el Congreso, al año siguiente, bajo la presidencia de Valéry Giscard d’Estaing, Francia tuvo una ley despenalizando la interrupción del embarazo.

Voy a leer cuatro párrafos y muy rápidamente para no abusar del tiempo que se me ha dado. Decía Simone Veil: “Llegamos a un punto en este campo donde los poderes públicos no pueden seguir eludiendo sus responsabilidades. Todo lo demuestra: los estudios, las investigaciones llevadas a cabo desde hace varios años, las audiciones de su comisión y la experiencia de otros países europeos. Y la mayoría de ustedes lo percibe, ya que saben que no pueden impedir los abortos clandestinos y que no se les puede aplicar la ley penal a todas las mujeres que deberían ser juzgadas.

”¿Por qué no seguir cerrando los ojos entonces? Porque la situación actual es mala; diría más, es desastrosa y dramática. Es mala porque la ley es infringida abiertamente y, peor todavía, es ridiculizada. Cuando la brecha entre las infracciones cometidas y aquellas que son penalizadas es tal que ya no existe ningún tipo de represión, es, entonces, el respeto de los ciudadanos por la ley y, en consecuencia, por la autoridad del Estado la que está siendo cuestionada”.

Luego, sigue diciendo en otra parte de su exposición: “Porque si los médicos y asistentes sociales e, incluso, una cierta cantidad de ciudadanos participan en acciones ilegales es, seguramente, porque se sienten obligados. En contra de sus convicciones personales, se ven confrontados a situaciones de hecho que no pueden desconocerse. Porque frente a una mujer que decide interrumpir su embarazo saben que al negarse a aconsejarla y a apoyarla la rechazan y la dejan en soledad y en la angustia de un acto realizado en las peores condiciones, y donde corre el riesgo de quedar mutilada para siempre. Saben que esa misma mujer si tiene dinero irá a algún país vecino [por caso, Uruguay, decimos acá], o incluso a ciertas clínicas de Francia, donde podrá, sin correr ningún riesgo ni sufrir ninguna penalidad, poner fin a su embarazo. Y estas mujeres no son necesariamente las más inmorales o las más inconscientes”.

Sigue diciendo en otra parte: “Hay que terminar con este desorden. Hay que terminar con esta injusticia. ¿Pero cómo? Lo digo con toda la convicción: el aborto debe seguir siendo una excepción, el último recurso frente a una situación sin salida. ¿Cómo

 

 

tolerarlo sin que pierda su carácter excepcional, sin que la sociedad parezca incentivarlo? […] Ninguna mujer recurre alegremente al aborto. Basta con oírlas. Es y será siempre un drama. […] ¿Quién se preocupa hoy por estas mujeres en dificultades? La ley las rechaza y las deja no solo en el oprobio, en la vergüenza y en la soledad, sino también en el anonimato y con el miedo a ser procesadas. Obligadas a esconder su situación, muchas veces no tienen a nadie que las escuche, las aconseje y les dé apoyo y protección.

”Por eso, para culminar, al ser conscientes de la existencia de una situación intolerable para el Estado e injusta para la mayoría de la opinión, el gobierno renunció a la vía fácil, que consistía en no intervenir. Esa hubiera sido una actitud laxista.”

Yo digo que lo expuesto por Simone Veil hace cuarenta y tres años es perfectamente aplicable a la Argentina de hoy. Señores, si no es ley, vamos a seguir trabajando para que sea ley, porque esa es la única forma en que vamos a dar la lucha por el derecho y por una sociedad más justa.

Sra. Presidente.- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Varela.

Sra. Varela.- Muchas gracias.

Voy a ser reiterativa, pero, ante todo, quiero agradecer la participación de los tres presidentes del plenario de comisiones porque, realmente, han hecho un trabajo increíble, manejando de una manera tolerante y respetuosa siete jornadas, ciento cuarenta y tres expositores y nuestras preguntas, que no es poca cosa.

También quiero solidarizarme con los senadores y las senadoras que han sufrido agresiones porque creo que nos ha costado mucho llegar a vivir en democracia y eso no puede suceder en este momento.

Por otra parte, quiero agradecer a las mujeres que están afuera, bajo la lluvia, a las que nos apoyan y a las que no nos apoyan, porque están todas defendiendo sus convicciones. Lo mismo que nos pasa a nosotros acá, en el recinto. Nosotros estamos defendiendo nuestras convicciones, por eso surgen las diferencias que surgen.

En esta sesión estamos tratando uno de los temas más complejos de abordar, porque interpela nuestros límites como seres humanos y la responsabilidad profunda que tenemos como legisladores. Nuestra sociedad y nuestra dirigencia política decidieron encarar la problemática del aborto en un debate público. Y aquí estamos, arrogándonos derechos para decidir sobre la vida y la muerte. Tengo que reconocer que no es una posición en la que me siento cómoda, pero la asumo a conciencia. Hoy siento, como nunca, que formo parte y represento a un amplio sector de nuestro pueblo que defiende la vida en general, de hombres y mujeres, desde la concepción hasta la muerte. La Cámara de Diputados en un día de sesión –que imagino fue largo y emocionante como el nuestro hoy– le dio media sanción este proyecto que es inconstitucional, que no tiene restricciones claras y es, en varios puntos, inviable. Parece ser producto de un trabajo centrado más en el apuro de llegar a un acuerdo que en el

rigor jurídico.

Desde que empezó el debate hemos escuchado las voces más variadas y en muchas de ellas, a mi criterio, lo que subyace es una grave relativización de la vida y de los límites básicos del derecho de uno sobre el derecho del otro.

Se habló de embriones como células con menor valor que amebas; de reinterpretaciones libres del bloque de constitucionalidad sobre el derecho a la vida y a los del niño por nacer; de la mujer como única vida a defender, ignorando al niño e ignorando al padre; se desvalorizó el ADN como prueba irrefutable de las dos vidas; se

 

 

definieron tiempos para el aborto que podrían habilitar infanticidios y se manejaron estadísticas de muertes maternas que variaron según el expositor.

Se habló mucho de violación, pero nada del violador y de la denuncia imprescindible para investigarlo e inculparlo. Está claro que se busca procurar la concreción del aborto en tiempos efectivos, pero les recuerdo que votamos un Registro Nacional de Violadores y para su funcionamiento es indispensable promover que se lleven a cabo las correspondientes denuncias. De lo contrario, corremos el riesgo de abandonar a la mujer en manos de su abusador, mientras proclamamos que la estamos cuidando.

Se habló de que es un tema prioritario de salud pública, pero en las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación de 2015 ocupa el lugar cuarenta. Durante ese año, las causas por las que murió al 80 por ciento de las mujeres fueron tumores de mama y de útero, accidentes de tránsito, accidentes cerebrovasculares, neumonías y suicidios, solo por nombrar las primeras. Y también quedaron expuestas las fallas en la implementación en la Ley de Educación Sexual, aprobada ni más ni menos que hace doce años.

De todo este debate, creo que lo más provechoso, lo más contundente y un punto que nos une a todos es tomar conciencia sobre las falencias de la educación sexual y de la prevención. Es hora de poner el foco en solucionar todo lo que funciona mal y que podamos realizar para impulsar y evitar muertes, y no hablar solo de aborto, sino acciones, acciones concretas. Espero que tanto el ministro de Salud como el ministro de Educación lo hayan registrado tanto como nosotros.

Y para terminar con este punteo rápido de un análisis que nos llevó meses, quiero hacer mención del autoritarismo de obligar a instituciones confesionales o con un ideario a garantizar la realización de abortos y el riesgo de condena por dilación de los médicos cuando sabemos que no solo depende de ellos.

Estoy convencida de que todos buscamos el bien común, partiendo de diferentes miradas. Pero hoy ya terminó el proceso de escuchar, investigar y preguntar. Hoy, en esta sesión, tenemos que votar a favor o en contra. La Argentina está dividida en esas posturas y esta casa política que representa a todas las jurisdicciones no puede ignorar la realidad de nuestro país federal. Ustedes lo saben mejor que yo. Se los escuché decir muchas veces en muchos otros temas.

Hasta el año pasado, apenas nueve de las veinticinco jurisdicciones adhirieron al protocolo nacional o cuentan con protocolos que se ajustan a los criterios establecidos por él. Otras siete, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyen requisitos extra para el acceso al aborto; las restantes no cuentan con normas locales.

Menciono esto porque si existen posturas contrapuestas respecto de la despenalización del aborto en casos extremos aceptados por el fallo “F.A.L.”, mucho más complejo sería flexibilizar el aborto legal ante cualquier situación. Además, no se analizó la viabilidad de la norma para la mayoría de las provincias, cuyos sistemas públicos de salud no tienen las mismas características. Tampoco se tuvo en cuenta en este proyecto de ley el principio de federalismo de las provincias, cuyas constituciones reconocen expresamente el derecho a la vida desde la concepción.

Ante este escenario, mi posición es de rechazo a la media sanción, con el compromiso inmediato de sentarnos a trabajar entre todas las fuerzas políticas para encontrar soluciones para las mujeres y los niños por igual. La vida de todos los argentinos lo merece.

Está claro que no se ha hecho lo suficiente para prevenir embarazos no deseados; no se ha reforzado la educación sexual; no se ha concientizado sobre la anticoncepción

 

 

ni sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual; el Estado no ha logrado brindar el acompañamiento a las mujeres en situación de embarazo no deseado ni hemos agilizado el trámite de adopción, y llegado el caso la Justicia tampoco respeta la urgencia imprescindible ante las situaciones contempladas en el fallo “F.A.L”.

En síntesis, lo que necesitamos es implementar una política pública transversal que enfrente esta realidad en que las mujeres abortan y los niños mueren, y evite llegar al extremo de optar por una vida u otra. No podemos seguir mirando hacia otro lado, como dice la senadora González, quizás no con el mismo sentido.

Son muchas las dudas que genera este proyecto de ley y muchos los actores que no se tienen en cuenta. Ante esta situación, solo me queda una certeza: la muerte de mujeres no se soluciona con más muertes.

No quiero extenderme más. Solo ratifico mi voto negativo, y estoy convencida de que el aborto no es la solución.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.

Honorable Senado: ante todo, y nuevamente lo han dicho mis compañeros de bancada, quiero agradecerle al señor presidente de los argentinos por confiar en que somos una sociedad madura para afrontar con respeto este debate. En ese momento me alegré, porque dije “vamos a tener una ley que proteja a las mujeres sin necesidad de que lleve el nombre de una mujer que ha sufrido mucho para que la Legislatura o el Congreso de la Nación tome conciencia de que hay que legislar en ese sentido”. Lo digo porque sancionamos la “ley Justina”, después del gran sufrimiento de una mujer, o la “ley Brisa” –que también tiene otro nombre femenino–, que tiene que ver con la violencia de género. Y dije también “ahora tenemos la gran oportunidad de no ponerle un nombre femenino al sufrimiento, y que sea la decisión de los legisladores la que promueva una norma que ayude a las mujeres argentinas”.

En eso nos llega una media sanción y, como es público, los tres senadores cordobeses –que no pertenecemos a los mismos partidos, pero sí a un mismo espacio con el senador Martínez– nos pusimos a trabajar en lo que nos convoca, que es revisar  la media sanción. Una media sanción que corrigió muchas de las cuestiones con las que otros senadores dijeron no estar de acuerdo, como incluir la objeción de ideario para las instituciones que no quisieran llevar adelante esta práctica, como también despenalizar a los médicos, como un sentido más federal en el aporte de los fondos; y como las consejerías, un aporte que, entre otras cosas, lo sugiere la senadora González para que las mujeres no estén solas y tengan un lugar dentro de la salud pública donde ir a preguntar, a consultar, a informarse, y volver con un sistema de anticonceptivos que entiendan cómo se aplica, ver si tal vez pueden dar en adopción ese bebé o informarse de todas las medidas que tiene el Estado de sus provincias por si quieren llevar adelante ese embarazo, a pesar de que tal vez no lo buscaron.

En cuanto a esta tarea de revisión, les agradezco a los del “sí”, quienes permitieron que “toqueteáramos” un poco la norma y aceptaron estos cambios. También llevamos estos cambios para la consideración de muchos de los que hoy votarán por el no, porque entendimos que después, si pasamos la votación en general, artículo por artículo sería posible realizar cambios, y que esos cambios son los que nos van a encontrar modificando en el sentido que muchos senadores dijeron que por esos motivos no los votaban.

También agradezco el tema de la libertad de conciencia, que permitió que cada uno pensara mucho su voto y no tuviera en cuenta cuestiones de levantar la mano como

 

 

brazo de yeso, como a veces se dice, sino el respeto por lo que cada uno piensa. Ese camino que hemos transitado, tal vez más difícilmente los que venimos no de un partido que históricamente estuvo a favor de esto, sino más bien algo que no estaba previsto en la campaña, algo que no lo teníamos en una plataforma y algo que tuvimos que definir con el correr de los días. Por ahí entiendo la emoción de la senadora Gladys González o de otras senadoras, que fuimos aprendiendo, desde nuestra propia conciencia, por qué tomar nuestro voto en determinada dirección.

En ese sentido, pensé en tres cuestiones que me obligan a tomar una definición, porque son las cuestiones que represento. En el primer caso, represento al PRO. El PRO es un partido –y estoy orgullosa de formar parte de él– que fue votado para transformar este país. Nos han votado para transformar este país, y no por andar leyendo encuestas e ir atrás de las encuestas viendo el viento hacia dónde para que nuestras acciones políticas vayan en ese sentido.

Cuando hubo que modificar el precio de las tarifas para tener tarifas transparentes y que pudiera haber energía en este país, nos dijeron “no, no los van a votar por eso”, cuando hubo que decir la verdad sobre el INDEC y los números de la pobreza, “¡Uy! Ustedes están transparentando unas cosas”, y así con cada uno de los pasos que hemos tomado. Yo ahora he recibido muchos mensajes como este: “No te van a votar si vos crees que este es un tema de salud pública, porque hay mucha gente que no coincide con vos”.

Se darán cuenta que si somos del PRO, hacemos las cosas no por ese sentido. Está claro porque, si no, muchos de los pasos que hemos dado no los hubiéramos dado. Y lo hacemos creyendo que lo que votamos es la transformación que necesita la gente, más allá de hacia dónde va el viento. He escuchado y respeto las decisiones de muchos senadores que dicen “Yo hice una encuesta y como me dice que todos van para allá, yo voy para allá”, y los respeto. Ahora, creo también que quienes nos han votado nos respetan a nosotros por nuestra opinión, por nuestra lealtad a la verdad y por nuestra propia conciencia y convencimiento de que el paso que damos es el paso correcto. Eso creo que merece respeto, y por eso respeto a cada uno de los de mi partido que han tomado esta decisión, a pesar de muchas de las críticas que hemos recibido.

La segunda cuestión que quiero abordar es como cordobesa. La verdad es que pertenezco a una provincia que se ha enorgullecido siempre de estar a la vanguardia de muchas situaciones. Y vengo de una formación pública y laica. Miren: fui a un colegio normal, al Colegio Normal Alejandro Carbó. En todos los actos de este colegio explicaban lo que fue para ellos la ley de educación pública, gratuita, obligatoria y laica. Cuando se sancionó esta ley, hace muchísimos años, me contaron que los padres sacaban a los chicos del colegio porque no iban a darles educación religiosa y decían que los niños iban a caer en una educación amoral, ya que no tenía ese contenido, en una escuela laica, separada del convencimiento. Uno podría pensar “Bueno, se puede dar religión en otro lado”, pero no existía esa percepción de que a veces hay que separar las cosas, porque una cosa es el Estado y otra cosa son las creencias religiosas. Sin embargo, estoy orgullosa de haber estudiado en ese colegio.

Después fui a la universidad pública, a la universidad cordobesa, donde también estoy orgullosa de que se habla de la Reforma Universitaria. Una reforma en la que los estudiantes separaron y también pidieron educación libre, laica y autónoma, separándose de algunas convicciones y poniéndose de pie.

Entonces, con esa pasión que me da ser cordobesa y defender a nuestros ancestros, que no tuvieron miedo de decir la verdad cuando hubo que decirla, a pesar de que a muchos, en ese momento, los rodearon y les decían que con lo que estaban

 

 

votando era el fin, es que con gran convicción defino el sentido de mi voto, que voy a terminar de decirlo cuando finalice mi oratoria.

También como mujer, y en el mismo sentido que la senadora Gladys González, una quisiera en su calidad de legisladora darles a las mujeres, a las que miramos a los ojos, las mismas cuestiones que uno les daría a sus hijas: en mi caso una, a quien amo enormemente y que pienso en ella antes de tomar la decisión de votar esta ley.

¿Y cómo ha sido esta historia que me define en este sentido?

En primer lugar, obviamente, cuando nuestros hijos son chicos uno les da educación sexual desde su casa; y yo decía, “Bueno, yo he tenido esa posibilidad de conversar con ella”, mientras cocinaba, sentada. Recuerdo estar junto al mueble de la cocina contándole y explicándole lo que son para una mujer las relaciones sexuales, el amor, el afecto, querer tener una familia, planificar, elegir el momento del inicio. Yo he tenido esa oportunidad de hablarle, pero pensé en aquellas hijas que miro en los ojos de mi hija y que no han tenido esa posibilidad en sus casas, y digo “Bueno, perfecto, está la educación sexual que se da en las escuelas”. Lo que pasa es que en mi provincia una Asociación de Mujeres por la Vida solicitó la inaplicabilidad en todo el territorio del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable por considerarlo inconstitucional en algunos aspectos. Entonces, a aquellas hijas que yo miro en los ojos de mi hija y que no tienen a esos padres, a esas madres y esas ayudas que las educan tampoco se las puede dar el Estado en mi provincia por esta inaplicabilidad de la norma que fue solicitada en su momento.

Después, por supuesto que uno les enseña y las educa sobre los métodos de la anticoncepción, y para lo cual algunos de nosotros tenemos la posibilidad de llevar a nuestras hijas a un hospital para hablar con una médica que le informe, pero me pregunto qué pasa con todas esas otras mujeres que no lo pueden hacer y que, vuelvo a decir: miro en los ojos de mi hija. Bueno, tienen la posibilidad de ir y aprovisionarse con anticoncepción en el Estado. Pero, ¿qué pasa en mi provincia? Otra resolución judicial, del año 2002, con un amparo de una organización civil, solicitó la prohibición de la venta de la llamada “píldora del día después” con el argumento de que la misma tenía efectos abortivos al no permitir el anidamiento del embrión. Entonces, en mi provincia hay métodos anticonceptivos que no tienen las mujeres, las que no llegan por el sector privado y que no tienen esa contención de la familia o esa explicación. Por lo tanto, no tienen educación sexual y no pueden llegar a la provisión de algunos anticonceptivos.

Entonces pensé que, bueno, en el caso de padecer la violencia de una violación también existe el fallo “F.A.L.”, que por lo menos puede permitirles recurrir a la salud pública en el caso de haber padecido una violación y, si no quieren llevar adelante ese embarazo producto de la violencia, con su sola firma puedan hacerlo allí y acceder a la salud pública. Pero resulta que, también por una resolución de la Justicia en el año 2012, por un amparo iniciado por una asociación civil, en Córdoba no se aplica el protocolo de abortos no punibles, el procedimiento llamado ILE; y, entonces, en mi provincia esas mujeres que también yo veo en los ojos de mi hija no tienen acceso ni posibilidad de tener un protocolo de abortos no punibles en caso de violación.

Entonces, ¿qué me imagino? Que esa consecución de cosas que uno le da a los suyos, es decir, educación sexual, anticoncepción para poder formar a su familia, aborto seguro en caso de violación, no lo tengo en mi provincia, no está. Y yo entiendo y respeto la acción de muchas asociaciones que seguramente acompañan a la mujer, pero acá hay una cuestión de escala, y la escala no la da la libre voluntad de cada uno, ni la religiosidad, ni los credos; la escala la da solamente el Estado, y solamente el Estado

 

 

puede llegar a cada uno de esos lugares en donde hay mujeres que todavía necesitan que se las entienda, que se les explique y que se las acompañe.

Porque en este país la verdad es que con esta ausencia del Estado hay que ser muy valiente como mujer para tomar cualquiera de las dos decisiones que tiene que tomar una mujer cuando tiene un embarazo no deseado o un aborto, para lo cual  entra en la absoluta clandestinidad, no sabe a dónde se va a meter y es tratada como una delincuente, o llevar adelante un embarazo. Porque tal vez acá, en las grandes ciudades, esa mujer se cambie de edificio y es una persona a la que nadie conoce y no pasa nada. Pero yo estoy hablando de aquellos pueblos en donde es señalada con el dedo porque no sabe quién es su padre o porque creyó cuando le prometían amor eterno y el hombre desapareció al día siguiente cuando se enteró de que estaba embarazada, y señalan a ese niño en el jardín de infantes, y a los hermanos de esa mujer le dicen “prostituta” –por no decir otra palabra–, porque así las tratan. Muchas veces los que tienen más dinero llevan a sus hijas a estudiar a otro lado y aparecen a los 9 meses, y los que no a veces se han ido del pueblo o han perdido sus trabajos también. Eso pasa en mi provincia.

Entonces, por esa responsabilidad, por esas mujeres que –repito– vuelvo a ver en los ojos de quienes sí han tenido la posibilidad de tener toda esa información, tiene que estar el Estado, la salud pública; tiene que estar ese lugar donde vayan a sentir esa contención, donde se les explique, donde se las acompañe.

Porque –vuelvo a decir– ojalá que nunca tengan que pasar por la decisión ni siquiera de tener que pensar en un aborto pero, por esas vueltas de la vida, si las mujeres en mi provincia tienen que pasar por esa situación yo quiero que haya una salud pública que las contenga, que las acompañe, que les explique, que puedan ir a preguntar cómo hacer en cualquiera de las dos situaciones. Porque también desearía que les pase a nuestras hijas, como dice Gladys, que si tienen que tomar esa dramática decisión no lo sea en la clandestinidad pensando que van presas al otro día, sino que tengan la seguridad de ir a un hospital en donde estén cuidadas, contenidas, con la seguridad de que tienen ecografías, medicamentos seguros, y en la seguridad de que el Estado no estuvo ausente.

Yo creo que nos debemos esa gran responsabilidad, no porque estemos a favor  ni promocionando el aborto, no porque no estemos a favor de la vida, sino porque entendemos que el aborto clandestino mata peor. No permite. Y también hay grandes dineros en juego de aquellos que utilizan herramientas para pretender ayudar a las mujeres.

Por todo esto hemos preparado ese despacho alternativo que vuelve a decir que es necesaria la despenalización y la legalización en la Argentina. Hemos dado opciones. No sé si han querido tender ese puente entre el sí y el no, pero lo tuvieron los senadores que probablemente voten por el no para tener una alternativa distinta.

Quiero decir que si hoy decimos que no seguramente seguirán habiendo esos abortos clandestinos y seguramente todos esos ojos, que ya no son de mi hija, sino de  las mujeres que están en la calle, yo por lo menos votando por el sí podré salir a  mirarlas y decirles “Hasta acá hicimos lo más posible y seguiremos haciéndolo”, pero la salud pública durante un tiempo más estará ausente, y la verdad es que no sé a dónde van a ir a preguntar cuando tengan que tomar esa dramática decisión que nadie quiere que les pase a sus hijas pero que pasa en la Argentina, que es decidir entre un aborto o un embarazo no deseado.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Antes de darle la palabra a la senadora que sigue, que es García Larraburu, quiero comentarles que todas las autoridades del Ministerio de Seguridad,

 

 

que son las que se están encargando, e incluso nuestra seguridad en el Senado también, nos están pidiendo desde hoy temprano que por favor terminemos antes de las 10 de la noche. Si seguimos con el ritmo de 17 o 18…

– Manifestaciones en el recinto.

Sra. Presidente.- Perdón. A mí me toca decirlo porque es un tema de seguridad, no solo nuestra, de la gente que está acá adentro, sino también de la gente que está afuera, porque las fuerzas de seguridad se ven con mayor dificultad después de esa hora.

Simplemente para avisar. Si alguno quiere ir resumiendo, mejor. Senadora García Larraburu.

Sra. García Larraburu.- Buenas tardes.

Voy a tratar de ser respetuosa de los tiempos atendiendo su mensaje.

Quiero comenzar mi alocución agradeciendo; agradeciendo a las personas que me han brindado su apoyo, que me han escuchado; a las personas que han respetado también mis silencioso y mis tiempos en este debate; a las personas que han viralizado mi teléfono también, porque me permitieron recibir más de –al momento– 5.919 WhatsApp y más de 4.800 mails en dos días. Obviamente no he tenido tiempo físico de responderles, pero he tratado de leer los testimonios.

A los miles de ciudadanos de todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, de uno y de otro lado. A mis pares de esta casa que se solidarizaron cuando fui violentada el domingo en mi domicilio. A las legisladoras provinciales y a las mujeres de mi provincia que están aquí bajo la lluvia. A las demás mujeres que también, de ambos colectivos, están hoy resistiendo la lluvia, el frío y que nos están acompañando.

A los concejos deliberantes del interior profundo. A los colectivos profesionales a los que consulté: médicos, abogados, científicos, educadores y trabajadoras sociales.

A las fundaciones como Alas de Amor y Adopción Vivir en Familia. Al Obispado de Río Negro, a la comunidad católica, al Padre Jorge, al Padre Walter Vadalá que también tuve la inmensa alegría de conocer en estos días.

Al Consejo de Pastores de Río Negro, a las agrupaciones de mujeres independientes, a las organizaciones pro vida y, por supuesto, a mi familia y a todos los que me alentaron a seguir con mis convicciones.

Hemos llegado aquí luego de semanas de debate y, en lo personal, como les decía recién, luego de un proceso de mucha reflexión e introspección, de escuchar, de pensar, de aislarme, de volver a los barrios, como lo hago siempre y, fundamentalmente, de tratar de ser la voz de las personas que confiaron en mí con su voto y también de las que no me votaron pero que son ciudadanos de mi provincia, tratando siempre de ser fiel a mis convicciones y también a mi obligación, que es estar aquí representando a todos.

Seguramente hoy a algunos defraudaré. Les quiero pedir disculpas y decirles que siempre en mi carrera política he tratado de dar lo mejor y de hacer lo mejor.

Este es un debate que, bajo mi punto de vista, ha nacido viciado y al que fuimos lanzados en las peores condiciones. En esto no acuerdo con la legisladora Gladys González ni con la legisladora preopinante.

Hemos sido enredados en una batalla para servir a tácticas de coyuntura. El “duranbarbismo”, con el cinismo que lo caracteriza y ese modo bastardo de abordar la política, ha generado una fenomenal cortina de humo, en un momento que no era el adecuado.

Quiero decir también que ninguna de las contiendas dialécticas que han hecho época o que han dado lugar a grandes cambios nacieron de propósitos miserables.

 

 

Nuestro presidente, con su actitud, nunca será recordado como el estadista que inició un sendero de empoderamiento o de reconocimiento de derechos de las mujeres, porque en realidad su gobierno recorta los presupuestos fundamentales de la gestión en materia de derechos y subejecuta el presupuesto de salud en la materia que nos atañe.

Tampoco puede precipitarse un tema tan caro a la sociedad argentina condicionado por una pelea personal con el Vaticano.

No he visto, a pesar de que lo he intentado, una real intención de comprender y solucionar la problemática integral de la mujer ni de afrontarla con políticas públicas ya que tampoco, en estos dos años y medio, se han destinado los recursos suficientes a tal fin…

Sra. Presidente.- Perdón, un poquito más de silencio, porque está distrayendo…

Sra. García Larraburu.- A veces, a los hombres no les gusta escucharnos pero, bueno, no importa, vamos a seguir hablando.

Como este proyecto nació viciado, terminó concretado en una iniciativa deficiente, más allá de la buena voluntad del colectivo femenino. Es un proyecto que nada tiene que ver con nuestra realidad ni con nuestra idiosincrasia. Es una solución escandinava para una Nación que está, en muchos aspectos, cercana a Haití.

Hoy nuestro país tiene el 32 por ciento y más de la población viviendo debajo de la línea de pobreza. Voy a insertar dos informes que avalan lo que digo, para no demorarme más. Uno que tiene que ver con el estado de la salud y la pobreza, al año 2017, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, y otro que tiene que ver con estadísticas de la Dirección de Estadísticas de Salud.

De estos informes resulta un dato que también lo dije en estos días y que en algún punto fue vilmente cuestionado. No hay atención primaria sanitaria en los sectores más vulnerables. Las mujeres embarazadas de estos sectores llevan su embarazo a término. Y quiero parafrasear a un querido cura fallecido de mi comunidad, un cura tercermundista, que siempre decía: “Las mujeres pobres, en su gran mayoría, tienen a sus hijos porque esta es la única forma que encuentran de trascender.”

Y hace poco, en estas charlas que tengo cuando recorro los barrios, estaba conversando con una vecina de un barrio carenciado de mi ciudad; no voy a dar su nombre porque creo que no corresponde. Tiene cuarenta y siete años y está transitando su embarazo del noveno hijo. Yo le decía “Lali, ¿te parece, en esta situación?” Y me decía “Es lo único que tengo, Silvina. No he estudiado, no he ido a la universidad. Es lo único que tengo, mis hijos, y son mi orgullo.”

Los números duros que vemos, más allá de las parcialidades en las lecturas que uno y otro colectivo realizan, nos muestran que el problema de hoy es el acceso a la salud y la necesidad de remediar un sistema que no tiene ecógrafos, no tiene bancos de sangre, no tiene gasas, no tiene medicamentos apropiados y en muchos casos no cuenta, en las salitas de primeros auxilios de los barrios, ni con médicos.

En mi provincia, Río Negro, para remitirme a estos datos duros, de 2014 a 2017 solo hubo un caso de muerte por aborto. Toda muerte, por supuesto, genera dolor y debemos trabajar para evitarla. Pero en mi provincia, en estos mismos años, tuvimos once muertes por femicidios.

No hay duda de que el aborto es una tragedia en la que dos personas pagan las consecuencias de un Estado inoperante en materia de salud, educación y promoción.

Se me cuestionó también en algunos mensajes respecto a mis convicciones. Yo quiero decirles que no estoy dispuesta a prescindir de ellas, bajo ningún punto de vista, porque son estas convicciones las que no se negocian. Son ellas las que me han permitido recorrer el camino de la política con la frente en alto, dando lo mejor de mí

 

 

cada día, pudiéndome equivocar –por supuesto– pero siempre con la intención de hacer lo mejor, sabiendo también que no siempre ha estado en mis manos la posibilidad de transformar la realidad o resolver los problemas que a diario me llegan y sí con la profunda vocación de dar cada día lo mejor, con los valores en alto que me han enseñado mis padres.

Aparte también quiero decir algo en esto que hemos sufrido estos días, de la violencia, de la intolerancia. Yo vengo de una familia mixta: mi padre peronista militante y mi madre radical. Asistí toda mi vida, hasta que mi padre falleció, a discusiones, a debates, en el seno de mi hogar. Obviamente, con amigos de ambos sectores, de ambos lados, pero nunca vi la intolerancia que nos atraviesa en la actualidad. Y, sobre todo, que es lo que más dolor me genera, la intolerancia femenina, las militantes de género, que han sido las más violentas al momento de comunicarse conmigo y de darme su visión de las cosas.

Por estas mismas convicciones yo voté en contra del pago a los fondos buitres; voté en contra del blanqueo; voté en contra de la reforma previsional. En todos los roles en los que me ha tocado asumir en la política he presentado proyectos que tienen que ver…Por eso, cuando alguien investiga o sigue mi historia, sabe –o podía predecir– que yo estaba en una situación muy compleja en el tratamiento de este proyecto.

Yo soy autora del proyecto que viene a dar reconocimiento, identidad y despedida digna a los bebés fallecidos en el vientre, el cual está en comisión y no ha sido tratado, pero tengo la esperanza de que se trate.

He sido también autora de un proyecto que tiene que ver con la provisión de salas maternales para que las madres adolescentes puedan terminar sus estudios y sepan que sus hijos están al cuidado de personas profesionales.

He sido también autora de un proyecto que tiene que ver con la ampliación de la licencia por paternidad, entre otros, para no extenderme.

Y, por supuesto, está el trabajo social que realizamos a diario junto con mi equipo para llegar a los barrios, con talleres de promoción para que las mujeres que están sin trabajo puedan aprender un oficio, puedan lograr capacitarse y salir del estado de indefensión en que se encuentran.

Quiero fundamentalmente cerrar diciendo que agradezco a todas aquellas que me respetaron y me dieron –como decía al principio– el tiempo necesario para llegar a esta decisión. Creo que para alcanzar una patria libre, justa y soberana debemos realizar una construcción en la que se respete al que piensa distinto; que podamos trabajar –como dije– abrazados en la diversidad y sin violencia. La violencia nunca fue ni será el camino.

Nosotros tenemos la responsabilidad moral histórica de mejorar el legado de nuestros próceres. Un horizonte de grandeza no se edifica prescindiendo del rol fundamental de la familia, y quiero hacer en esto especial hincapié; ni tampoco ignorando la posición esencial que ocupa la mujer en la construcción de una Nación.

Por eso, cierro mi discurso diciendo que hoy, parafraseando a Justo José de Urquiza, cuando termine esta votación no habrá ni vencedores ni vencidos; sí espero que haya respeto y más democracia.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Omar Perotti.

Sr. Perotti.- Gracias, presidenta.

 

 

Si no hubiera otra vida, no habría discusión alguna. Si no hubiera derechos postergados, no tendríamos las movilizaciones de tantas mujeres, como se vienen protagonizando.

Desde lo personal, el aborto no es una decisión. Pero es innegable la realidad de los abortos clandestinos y sus consecuencias para las mujeres. Por eso, estoy convencido de que tenemos que avanzar hacia la despenalización y garantizar que las mujeres que enfrentan esa difícil situación encuentren un Estado que no mire para otro lado; un Estado que asuma desde la salud pública y la educación la responsabilidad que tiene.

Hemos escuchado desde el inicio los fundamentos del “sí” y los fundamentos del “no”; desde las presentaciones de los tres miembros informantes.

Sé que ha habido esfuerzos para tratar de generar modificaciones a la media sanción que vino de la Cámara de Diputados, tratando de conseguir un dictamen y más amplio apoyo. Pero no se consiguió. Seguramente, a muchos nos hubiese gustado ser parte. Pero la media sanción que estamos tratando hoy es la que tenemos que votar. Y no es una opción para mí. De la misma manera que no es una opción el “no” por el “no”.

Hoy todos sabemos el resultado. En realidad, todos sabemos desde hace varios días el resultado. Esto es lo que me ha llevado a presentar un proyecto, para el minuto después de la votación, proyecto que pedí que se tenga en reserva en la mesa para su discusión ni bien termine la votación. Y es allí donde convoco a todos los senadores a quedarse y a tratar ese proyecto.

No es un proyecto personal. Es un proyecto que ha surgido de la construcción fruto del diálogo con la mayoría de ustedes, con quienes están a favor y con quienes están en contra. Y también he tomado opiniones de expositores. Si me permiten, voy a leer un párrafo textual de una de ellas, de la escritora Claudia Piñeiro, quien nos decía y nos planteaba en este Senado lo siguiente: entre los dos extremos no tenemos que dejar que haya un abismo. Lo que tiene que haber es un puente. Un puente donde se miren los que están en un extremo y se miren los que están en el otro extremo. Conversen y encuentren un lugar donde juntarse. Son responsables de esto. Están trabajando por nuestra salud, por la salud de las mujeres y para que salga esta ley. O la mejor ley que ustedes crean.

Creo profundamente en el diálogo. Creo en el encuentro, desde mis convicciones más firmes, aún en los momentos más adversos. Por eso he presentado este proyecto, para ver si consigue ser el puente, si consigue ser ese lugar de encuentro.

Decía la senadora Sacnun, de mi provincia, que no comparte lo binario. Y claramente que no. Otra vez “sí” y “no”, sin encontrar un lugar de encuentro. Y este proyecto toma muchas de las cosas conversadas con ustedes. Ninguno quiere a la mujer presa, y el proyecto lo garantiza. Todos quieren que haya educación sexual y planes de salud reproductiva, en cada rincón de la Argentina, y el proyecto lo incluye. Todos quieren que haya mayor respaldo institucional y jurídico. Y hemos receptado y dado respaldo legal a la doctrina aplicada por la Corte en el fallo “F.A.L.”.

Las modificaciones que introdujimos en el Código Penal siguen el criterio que recomendó la Corte en las cuestiones de las causas no punibles. Las voy mencionar, porque todos las conocen aquí, pero no todos las conocen afuera: la existencia de peligro para la vida o la salud física o mental de la mujer o persona gestante; las circunstancias de que el embarazo provenga de un abuso sexual –y en este caso, se establece que el acceso se garantiza con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante él o la profesional de salud interviniente–; y también

 

 

algo que incorpora la Corte en un fallo distinto al fallo “F.A.L.”, que es cuando se diagnostique la inviabilidad de la vida extrauterina del feto.

El proyecto también recepta la recomendación de la Corte cuando exhorta a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles. Y también incluye modificaciones a la ley de salud pública. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos previstos del artículo 86 del Código Penal, con el requerimiento de la mujer o de la persona gestante, dentro de los diez días corridos de lo solicitado. Mantiene la objeción de conciencia. Contempla las consejerías, claves para la contención, atención y seguimiento por equipos interdisciplinarios.

Crea un registro estadístico de monitoreo y evaluación. Crea una comisión bicameral de seguimiento de las leyes de salud pública, de salud y de educación sexual integrada. Si hubiésemos tenido esta comisión de seguimiento, cuánto habríamos estado movilizando los retrasos e inexistencias que todos ustedes han planteado aquí.

Incorpora la práctica de la interrupción legal del embarazo al Programa Médico Obligatorio, y el financiamiento general del sistema y provisión de las especialidades medicinales a cargo del Estado.

Ese mayor marco jurídico incorporando este fallo de la Corte al Código, receptándolo, saldando también una deuda que el Congreso debió haber saldado antes de incorporar este fallo a la legislación nacional, es lo que le hubiese dado mucha más fuerza a cada uno de los protocolos provinciales.

– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador Federico Pinedo.

Sr. Perotti.- En nuestra provincia, voy a dar un ejemplo, en 2012 con una resolución  del Ministerio de Salud de la provincia se adhiere al protocolo nacional generado en 2010; protocolo que recibe un respaldo muy fuerte con el fallo F.A.L. Pero ese protocolo, que ustedes han escuchado aquí y que lo han conocido, lo han denominado “Protocolo Santa Fe” o “Protocolo Rosario”, se aplica en Santa Fe, pero hay ocho provincias argentinas que no lo tienen; dos que tienen judicializados los protocolos.

Esa experiencia concreta desde 2012 hasta aquí, nos permite ver y analizar una realidad con críticas, con cosas para mejorar, pero con evidencias concretas que se pueden cuantificar y también calificar.

La doctora Cecilia Ousset decía en una de sus intervenciones aquí que el que no tabula, fabula. Y frente a eso, los datos concretos de esta experiencia que han planteado los profesionales de la salud de Rosario y de la provincia, me parecen meritorios como para saber por qué el proyecto quiere que nos quedemos después para analizar si podemos quedarnos en un piso más alto que el no por el no.

Decían los funcionarios: desde 2012 no existen muertes maternas por abortos provocados. Y este es un hecho diferenciado, cuando la tasa de mortalidad materna todavía es alta en la Argentina y, fundamentalmente, diferenciada por las provincias marcadas por la desigualdad. También han disminuido las complicaciones por aborto, porque la estrategia del tratamiento ambulatorio ha tenido una evolución distinta.

En cinco años hemos tenido un descenso lento, progresivo y sostenido de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente. ¿Cómo no vamos a poder hacer un esfuerzo para quedarnos después y que este sea el nuevo piso desde donde sigamos discutiendo y desde donde seguir abordando esta problemática?

 

 

Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador: le recuerdo su tiempo y le voy a pedir a los señores senadores si pueden colaborar con la Presidencia para ajustarse a los tiempos. Gracias.

Sr. Perotti.- Voy a colaborar para tratar de no extenderme más de dos o tres minutos.

Tenemos elementos suficientes por todo lo que se ha generado en todos estos días de debates. Aquí podemos llegar a ese lugar común. Estoy convencido, por el diálogo que hemos tenido con ustedes. No me resigno a creer que con todos los aportes que nos han dejado quienes pasaron por el Senado, con todo lo que han enriquecido la exposición de cada uno de los senadores y senadoras, no podamos mostrar algo mejor.

Con la discusión que se ha dado en la Argentina, quizá corto el plazo, quizás el Congreso tratando de encausar de la mejor manera algo que no tuvo conducción, con todo ese plazo y ese debate nos enriqueció porque se dio en cada familia, en cada lugar de trabajo. Ninguno de nosotros, ninguno de los argentinos es el mismo después de esta discusión. Eso es lo que nos tiene que movilizar para llegar a este lugar común, que ojalá sea el proyecto presentado, que es fruto de la construcción del diálogo con ustedes. Pero, fundamentalmente, desde ese lugar de encuentro ser respetuoso con quienes han hecho su aporte desde sus convicciones, desde sus creencias y sus pensamientos.

Que avancemos en este proyecto que estoy proponiendo y que no dejemos a la Argentina en el mismo lugar que cuando empezó el debate. Que avancemos en este proyecto que estoy proponiendo y no dejemos a la mujer en el mismo lugar en que empezó este debate. Sin duda, será una señal muy clara a ellas de que desde este Senado las estamos viendo. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.

El senador Poggi tiene la palabra.

Sr. Poggi.- Gracias presidente.

Antes que nada, quiero reconocer el trabajo realizado por los tres colegas senadores, presidentes de las comisiones que llevaron adelante el plenario, el senador Mera, el senador Guastavino y el senador Fiad, por la prudencia, por la sabiduría y por la imparcialidad con la que supieron llevar este tema complejo.

Personalmente no participo, no soy integrante de las tres comisiones que trataron el tema plenariamente –ni de Salud, ni de Legislación Penal, ni de Asuntos Constitucionales–, pero la verdad es que me hubiese gustado participar vía la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No se pudo, pero lo mismo participé, porque la verdad es que era un tema de tal envergadura que me preocupaba y quería ocuparme de sumar conocimientos en la temática.

Quiero agradecer a todos los puntanos que me arrimaron ideas, propuestas, documentos, escritos, orales, en ambos sentidos; y agradecer también a los puntanos que viajaron y que hoy están aquí afuera.

La verdad es que todas las ponencias, las exposiciones en un sentido y en otro, que se dieron aquí, en los plenarios de comisiones, fueron enriquecedoras. Si bien yo había definido mi postura ya desde el momento cero, todas las ponencias, las preguntas, las respuestas, abonaron aún más mi conocimiento y mi postura respecto del tema. También es bueno remarcar la experiencia democrática que vivió este cuerpo, en un tema que atravesó los diferentes espacios o bloques parlamentarios. Creo que fue una gran experiencia.

Yo, presidente, represento a San Luis y nuestra Constitución provincial, que es el marco de convivencia que está fijado en mi provincia, es muy clara en ciertos artículos. El artículo 13 y el artículo 49 de la Constitución de la provincia de San Luis. Me permito leerlos parcialmente. El artículo 13, bajo el título Respeto y protección de la

 

 

vida, dice: La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de las personas son intangibles. Intangible, según la Real Academia Española, significa que no debe o no puede tocarse. Y sigue el artículo, refiriéndose a la vida, dice: Su respeto y protección es deber de todos y en especial de los poderes públicos. Artículo 13 de la Constitución de la provincia de San Luis.

El artículo 49, bajo el título De la infancia, dice: El Estado protege a la persona humana, desde su concepción, y sigue. Esto no admite dudas. Es clarísima. Y es la Constitución que rige en mi provincia, San Luis. Por supuesto, podría hacer un análisis en similar sentido respecto de lo que establece la Constitución nacional, en cuanto a la protección de la persona por nacer y de los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto y que tienen jerarquía constitucional, que lo explicó muy bien el senador Mera.

Entonces, hasta que no modifiquemos la Constitución Nacional en primer lugar y provincial… ¿Qué dice la manda constitucional? Y dice que lo que prima es el derecho humano a la vida. Lo que prima es el derecho humano a las vidas por encima de cualquier otro derecho. Si se relativiza el derecho a la vida, ¿qué nos espera para después? Si violentamos el derecho a la vida, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que viene después?

Por otra parte, esta Cámara de Senadores es la cámara federal por excelencia. Nosotros tenemos que velar por el estricto cumplimiento del federalismo. Y esta media sanción que viene de la Cámara de Diputados tiene una visión centralista. Tiene una visión unitaria. Atropella las competencias que le son propias a las provincias, fundamentalmente, en salud y en educación.

La realidad objetiva es que los hospitales, los médicos del sector público, los enfermeros, los choferes de las ambulancias, dependen de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O las escuelas públicas y de gestión privada, sus docentes y alumnos están bajo las competencias de las provincias y esta ley atropella esas competencias que no fueron delegadas a la Nación.

Por eso, votar positivamente esta media sanción es violentar nuestra Constitución Nacional, en mi caso, violentar la Constitución de la provincia de San Luis y alterar el sistema federal que nos rige a los argentinos.

Parece que una reflexión constitucional respecto de un tema tan fuerte como el aborto suena insensible. Pero esto es lo que nos rige en la actualidad y hasta que no se cambie es lo que está vigente.

Así que, presidente, yo adelanto mi rechazo a la media sanción que llegó de la Cámara de Diputados. Y además lo digo por mis convicciones y por las convicciones de miles de sanluiseños que me lo hicieron saber.

Ahora, este no es un rechazo de decir no por el no en sí mismo. Uno no vive en una burbuja. ¿Existe el aborto? Sí. ¿Es clandestino? Sí. ¿Puede correr riego de vida la mamá vulnerable en un aborto clandestino? Sí. Obviamente, en ese mismo acto se muere el niño por nacer. ¿Legalizando el aborto vamos a resolver las causas del mismo? No. Estaremos legislando sobre las consecuencias y no legislando para las causas. ¿Está cuantificado? No, porque es clandestino. No importa, porque aunque sea una mamá con un embarazo no deseado que se somete a un aborto clandestino, hay que ocuparse del tema. Recuerden, en ese mismo acto también fallece el niño por nacer. Dos vidas fallecen en un mismo acto.

Lo que quiero decir es que soy consciente de que esta realidad existe. Y coincido en que el statu quo no es el que debe regirnos de cara al futuro, sobre todo después de este profundo debate que dio el parlamento nacional en estos meses.

 

 

Pero estoy convencido de que el desafío es cómo, cumpliendo con nuestra regla básica de convivencia, que es la Constitución Nacional, y en mi caso también la Constitución provincial, encontramos soluciones superadoras que permitan cuidar las dos vidas, sin caer en el atajo del drama o la tragedia del aborto.

Y acá es donde el Estado en sus diferentes niveles de gobierno –nacional, provinciales y municipales–, las legislaturas, el Congreso y la Justicia debemos encarar seriamente políticas públicas y acciones que tengan que ver con cuidar a nuestros jóvenes y a nuestros niños.

Está claro que nos falta educación sexual responsable para prevenir. Bueno, revisemos la legislación. Revisemos por qué no se aplican total o parcialmente en las provincias. Actualicémosla. Evolucionemos con el tema educación. Está claro que apostar por la educación es lo que nos va a hacer salir de la pobreza y nos hará libres, incluido este tema del aborto.

Hay proyectos de senadores sobre salud pública, vinculados con contención y acompañamiento de la mamá embarazada en situación vulnerable. Un rol importante también de las provincias. Salud y educación.

Desburocraticemos la adopción en la Argentina. Años y años para que una familia que no puede tener biológicamente un niño pueda adoptar. E, inclusive, incorporemos modificaciones al Código Civil que permitan la adopción de personas por nacer. En este sentido, de buena fe, presenté un proyecto la semana pasada, para abordarlo desde mañana mismo y con el fin de aportar una solución.

Entonces, el desafío está en cómo ejecutar soluciones superadoras que cuiden la vida de la mamá, del niño o niña por nacer y que protejan o promuevan la familia, que es el núcleo central de una sociedad.

Para poder avanzar en estas acciones, nosotros los dirigentes, que tenemos responsabilidades institucionales y públicas, debemos procurar bajar los decibeles de los fundamentalismos extremos, los nuestros como senadores y los de la sociedad. Evitar ahondar o abonar fanatismos. Porque, si no, nos pasa esto. Terminamos discutiendo soluciones extremas, consecuencias, como lo es el aborto. Cuando, en realidad, tenemos que legislar y atacar las debilidades, que son las causas de esas consecuencias.

Creo que en esta votación que hoy llevamos adelante no debe haber ganadores ni perdedores. No lo tenemos que sentir así. No debe haber triunfadores ni vencidos. Esto no es un Boca-River, no nos tenemos que sacar la lengua cuando salgamos de acá. Esto no es así. Sí, creo, que tenemos una gran oportunidad para encontrar soluciones superadoras que nos permitan cuidar el derecho a la vida.

Con estos fundamentos y respetando a todos los colegas y ciudadanos que tienen otra posición, el sentido de mi voto va a ser en rechazo a la media sanción en tratamiento.

Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias senador Poggi. Tiene la palabra la señora senadora Crexell.

Sra. Crexell.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar que cuando manifesté que frente a este tema mi posición era la abstención, lo dije simplemente porque no veía un camino donde pudiéramos acordar justamente dos posiciones que veo con enorme intransigencia para abordar una problemática actual en la Argentina.

De ninguna manera pretendí con mi abstención no involucrarme, no dar debate. Tal es así que presenté un proyecto, luego de circularlo entre varios senadores, que refiere a la despenalización del aborto hasta la semana doce inclusive.

 

 

Creo que a esta altura del debate tampoco mi decisión es la que decide si la ley va a ser aprobada o va a ser rechazada. No obstante ello, esperaré hasta el final del debate para definir si verdaderamente mantendré mi abstención o qué decisión tomo.

Creo que no haber podido llegar a un acuerdo habla, en cierta medida, de la intransigencia de aquellos sectores que impulsaron este proyecto de ley y que no quisieron entender nuestras propuestas o nuestras críticas a las cuestiones que creíamos debían revisarse. Pero también creo que hubo una fuerte indiferencia por parte de un sector, que se aferró literalmente a la Constitución nacional y no se movió ni un centímetro para entender que hay interpretaciones válidas que permiten avanzar en la despenalización del aborto.

Lamento profundamente que luego de cinco meses de debate, donde hubo tanta energía puesta en este tema, recursos, tiempo, no lleguemos a ninguna respuesta.

La verdad es que no tengo más que decir que esto es el fracaso de esta institución del Congreso Nacional y es el fracaso de la política. Porque si vamos a reducir un debate de un tema central en la vida de las argentinas y de la salud pública al sí y al no, entonces, no entendimos para qué estamos sentados en estas bancas y para qué nos dedicamos a la política.

No hay duda de que así como fallan las instituciones políticas, cuando se llega a un aborto fallan las instituciones de la democracia. Mayormente la tasa de aborto está vinculada con las condiciones de pobreza, de exclusión, de falta de acceso a la educación, a la salud. También hay otras causas seguramente, que son las que manifiestan militantes del colectivo femenino, que entienden que disponer del propio cuerpo significa una ampliación de derechos que corre en los tiempos actuales.

Lo que les quiero decir es que nosotros, además de interpretar la Constitución Nacional, tenemos el deber de interpretar la realidad, porque si no nuestras decisiones no están dando respuesta a lo que realmente la sociedad demanda.

Antes de entrar a las posiciones más técnicas del proyecto, quiero decir que repudio vehementemente las manifestaciones que agravian y, sobre todo, las de aquellos que nos descalifican porque no pensamos como quieren que pensemos. Afortunadamente estamos en un debate democrático. Llevamos adelante un debate construido sobre la base de la disidencia, de la democracia. Creo que habrá que respetar la decisión que este cuerpo tome respecto de la media sanción que viene de Diputados.

Antes de entrar en el tema puntual del proyecto quiero decir que firmé una iniciativa de la senadora Catalfamo por el que se solicita una consulta popular, porque creíamos que era un tema sobre el que debía ser consultada la sociedad y no solamente guiarnos por encuestas. Ahora resulta que un diputados de Cambiemos dice que, frente al rechazo de este proyecto de ley, están considerando sancionar una propuesta para someterlo a una iniciativa popular vinculante. Siempre llegan tarde.

Ahora sí, ¿por qué no voto por el no? Porque creo que es la posición más fácil. Porque creo que es decir es inconstitucional. Creo que es reproducir taxativamente las definiciones del Código Civil y Comercial, todo el catálogo de leyes que se dijeron y sobre lo que hemos escuchado diversas interpretaciones, igualmente válidas.

Votar por él no implica negar la existencia de una situación que hace mucho tiempo demanda atención. Es lo mismo decir que esto a mí no me importa o a mí no me afecta.

Votar por él no es seguir creyendo que las prohibiciones o la criminalización van a eliminar aquello que deseamos que no suceda. En el caso del aborto ha quedado demostrado que la criminalización no ha resuelto el tema y no ha bajado las tasas de abortos clandestinos.

 

 

Votar por él no es desconocer que hay una fuerte demanda social que puja por ampliar sus derechos y que nuestra legislación resulta anacrónica a estas demandas que hoy tenemos desde una sociedad enormemente participativa.

Votar por él no es seguir legislando a partir de la religión. Más allá de las creencias religiosas que podamos tener los argentinos, creo fehacientemente que el Estado debe ser laico y que las políticas públicas deben llevarse adelante a través de una moral laica.

Votar por él no implica creer que nuestra Constitución solo se compone por normas escritas cuando en realidad la dimensión sociológica es tan importante como la dimensión normológica de la Constitución. Si realmente no actualizamos nuestras normas para que tengan la validez sustentada en el consenso democrático, entonces, seguiremos teniendo leyes que impliquen letra muerta.

Votar por él no es aferrarnos a un andamiaje jurídico que interpreta de manera restrictiva la posibilidad de avanzar en las demandas sociales. Yo realmente no creo, como tanto se aferran, que el aborto sea inconstitucional, porque, si no el artículo 86 del Código Penal sería inconstitucional o el fallo “F.A.L.” sería inconstitucional. Y si la vida fuera un derecho absoluto, como muchos dijeron, entonces también este artículo sería inconstitucional.

Por otro lado, quiero preguntarles qué es el derecho a la vida. ¿El derecho a nacer o el derecho a realizarse en una sociedad que brinde las herramientas para que una persona pueda realizarse en el bien común? Porque acá lo que he escuchado es simplemente defender el derecho a nacer, pero desentenderse absolutamente de los nacidos. Entonces, no seamos hipócritas, una palabra que escuchamos mucho hoy.

Cuando se incorporaron los tratados internacionales de derechos humanos al bloque de constitucionalidad federal creo que lo hicimos con la profunda convicción de que estos instrumentos nos guiarían en la construcción de un orden social más justo y más equitativo, no para seguir negando una realidad que existe y que duele como es la que estamos debatiendo el día de hoy.

¿Por qué no voto por el sí la media sanción? Porque creo que es una ley que viene con vicios o con fallas y que sería de imposible implementación. Creo que lejos de resolver el problema, volveríamos a caer en otro problema, que es la judicialización, la inconstitucionalidad que muchos plantearían de algunos aspectos que están regulados en la ley. Y claramente creo que es de imposible implementación.

La verdad es que las cuestiones que se han marcado en relación a lo que objetamos de la sanción que viene de Diputados –creo que en eso todos mayormente coincidimos– están consideradas en el proyecto que han trabajado con mucha conciencia los senadores cordobeses.

Tal vez lo que más me preocupa, si se quiere, de la sanción que viene de Diputados es que no se puede cumplir, que se están generando expectativas que no se pueden cumplir.

Se reglamenta una prestación de salud de imposible cumplimiento y se criminaliza a los médicos cuando no les dan las herramientas para que puedan prestar la asistencia de la salud que demandaría la legalización del aborto.

No quiero ser redundante, porque justamente quiero respetar el tiempo. En todo caso, insertaré las objeciones al proyecto que viene de Diputados. Pero, como decía, coinciden con la mayoría de las que se han hecho.

Sí creo que no puede ser una norma de orden público, teniendo en cuenta que el artículo 21 de la Constitución reserva para las provincias las potestades no delegadas en

 

 

Nación, y la materia de policía sanitaria claramente es provincial, o en todo caso concurrente con Nación.

Para cerrar, creo que no podemos dejar las cosas en el mismo estado que hace cinco meses. Luego de estos cinco meses de debate alguna alternativa hay que brindar. En el mismo sentido que el senador Perotti, dejé reservado mi proyecto en mesa para poder avanzar en su tratamiento. Estoy dispuesta a acompañar el proyecto del senador Perotti, si esa es la mejor opción. Tenemos la responsabilidad, luego de votar, de revisar esta propuesta. Me parece que con posiciones intransigentes es imposible superar los desafíos que hoy se nos presentan ante un desacuerdo moral.

Claramente existe una colisión entre las creencias personales, individuales y los hechos de la realidad. Pero la realidad se modifica a partir de la acción política y de la responsabilidad que tenemos las instituciones de la democracia.

Como dije al principio, querer negar una situación que pasa es desatender o no dar la consideración a un tema transversal que realmente afecta y mucho a la sociedad. Por eso creo que si seguimos discutiendo el tema del aborto en términos morales o de principios nunca vamos a encontrar la respuesta que necesitamos.

Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo su tiempo, senadora, por favor.

Sra. Crexell.- Sí. Seguramente quedan muchas cuestiones por decir. Nunca es suficiente todo lo que podamos decir frente a este debate. Agradezco la posibilidad que me dio el senador Fuentes de antecederlo en la palabra. Y ahora esperaremos la decisión del voto.

Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes.- Señor presidente: de idéntica manera que con motivo del debate del matrimonio igualitario, es evidente que la mayoría de las exposiciones han tomado el camino de la lógica formal jurídica en la construcción de la norma y no han tenido en cuenta lo que es la construcción material del derecho.

Es decir, siempre es muy difícil, complejo, cuando se está inserto en un proceso de cambio, cuesta muchas veces poder percibir los síntomas, los signos, los mensajes. Eso implica necesariamente estar agudizando esas percepciones.

Es decir, acá –y lo digo con todo respeto–, pretender hablar de la autonomía sexual de las mujeres y su posibilidad de interrumpir voluntariamente sus embarazos, haciendo referencia a textos constitucionales, a códigos civiles, a cuestiones de salud pública, es equiparable a imaginarse un debate en Sudáfrica, de Mandela, discutiendo la legalidad del apartheid, del sistema de discriminación racial, en el marco de la Constitución sudafricana y de la jurisprudencia de las cortes de Pretoria y Johannesburgo.

¿Qué quiero decir con esto? Que este es un camino de construcción de una materialidad, que parte fundamentalmente de un dato incontrastable de la realidad, que hunde precisamente sus raíces más de dos mil años atrás, en la tradición judeocristiana de marginación de la mujer.

Decíamos, con motivo del debate del matrimonio igualitario, que toda discriminación parte de un supuesto de utilización de un beneficio económico. Negar la calidad de igual, negar desde el alma inmortal de los aborígenes americanos, negar la calidad de ser humano de la población negra de África, evidentemente tenía por objeto la utilización, la obtención de una ventaja, en la cual esa discriminación, esa negación de características de igualdad, tenía una finalidad utilitaria y económica.

Tan así es que vemos que, a lo largo de la historia, cada vez que los procesos históricos complejos, las causas precisamente económicas que justificaban la explotación de esos sectores en los cuales la discriminación era funcional, una vez que

 

 

los procesos de producción, una vez que la realidad económica cambia y ya no hay beneficio en esa explotación, lentamente, paulatinamente en el tiempo, el prejuicio, la discriminación desaparece.

Lo vemos, por ejemplo, después de la guerra civil norteamericana, con el tema de la población negra. Una vez que el negocio deja de ser la cosecha de algodón, pasan cincuenta, sesenta, cien años y la discriminación comienza a desaparecer en la incorporación de legislación de adecuación.

Pero uno observa que siempre hay una constante en esto. Van desapareciendo, van mutando esos procesos económicos y van desapareciendo las discriminaciones, pero toda discriminación que tiene que ver con la sexualidad persiste en el tiempo, independientemente de la ventaja económica que se obtenga.

¿Por qué es esto? Es muy sencillo. Con respecto a lo que es el proceso de emancipación de la mujer y su lento proceso de lucha por la plena igualdad, es evidente de que pesa, por un lado, el beneficio que el sistema patriarcal tiene de la obtención del trabajo gratuito, las tareas del hogar, la diferenciación de jornales. O sea todo lo que conocemos y que no hace falta recalcar más.

Entonces, acá, no estamos discutiendo si esta media sanción está en el marco adecuado del plexo normativo del derecho positivo, o si tiene que ver con ventajas, o no ventajas de la salud pública.

Acá, estamos discutiendo que traemos dos mil años de atraso en torno al reconocimiento de la igualdad plena de la mujer y del control de la autonomía de su cuerpo: poder determinar en qué momento quiere ser madre y en qué momento no quiere ser madre. Nos podemos hacer los burros todo lo que queramos, pero ese es el tema.

Y más allá de las intenciones que este gobierno tuvo de largar este tema al debate, más allá de las intenciones, es evidente que se ha puesto en marcha un proceso de movilización que es imparable. Esta norma, que es una norma más de un largo camino, que tiene que ver con el reconocimiento de la igualdad plena de las mujeres, tarde o temprano va a ser ley. No será ley ahora. Postergarán en función de todos los argumentos de orden moral, religioso. Se habla de la democracia. No tiene nada que ver la democracia con esto. Es lo mismo que si sometiéramos a votación si le negamos o no, un derecho a alguien. ¿Tienen o no tienen el derecho? ¿Son simples abastecedoras de crías? ¿Se trata –como se decía– de dotar de obreros y soldados a los ejércitos de los imperios? ¿Ese es el rol de la mujer a esta altura?

Entonces, vamos a ver en este escenario, en el cual hemos sido criados y educados en el arrastre de la estructura patriarcal, como fuimos educados quienes somos de mi generación, hundiendo además… Vamos a hablar del aporte generoso que la Santa Madre Iglesia ha hecho con respecto al trato de la mujer. No vamos a hablar de la Inquisición. Vamos a hablar de que, aun en la época del desarrollo de las ideas, todavía la mujer, en la religión, en ninguna religión prácticamente –salvo la religión anglicana que autoriza obispos mujeres–, en ningún libro de religión la mujer tiene un rol destacado. La mujer es subordinada en el Corán, es subordinada en la Biblia, subordinada en los Evangelios. Entonces, este es el tema que tenemos. Por eso se torna difícil. ¿Cómo voy a discutir yo con mujeres el tema de la libre disposición de su cuerpo? ¿Quién soy yo para discutir eso?

Esta cuestión, evidentemente, se escapa del encuadre que hemos pretendido darle en este debate. Vamos a demorarlo. Se va a demorar. ¿No es cierto? Podrán votar en contra; podrán presentar propuestas. Pero hay un dato que es incontrastable: no hay retroceso. Por eso, la solidaridad y el mensaje a esas militantes, que a lo largo y ancho

 

 

del país, y que hoy llenan los alrededores del Congreso. Es decir, el mensaje claro es: no hay un solo derecho, no hay una sola conquista que sea producto de la elaboración de los años, ni creación de los legisladores. Las conquistas y los derechos son logrados en función de la lucha concreta. Y esos colectivos anárquicos, dispersos, hoy van comenzando a tener una sintonía, donde a partir de luchas reivindicativas van entendiendo que también hay un conflicto mucho más grande, que es el conflicto de la situación política en la cual hoy estamos viviendo.

Se habla de proteger la vida, ¿no es cierto? La vida del por nacer. Ahora, ¿cómo se protege la vida del que nació? Doctrinas de gatillo fácil, programas de hambre. Vamos eliminando las campañas de vacunación. Están trasladando los costos de la salud pública a las provincias, en función del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

¿O no lo sabemos a eso? Ya lo hemos vivido eso, trasladar la educación, trasladar la salud a las provincias, sin las partidas presupuestarias correspondientes. Hemos aniquilado los programas de computación igualitaria. Vamos destrozando toda una tarea lenta, de construcción, de posibilidades igualitarias de desarrollo de vida. Y en ese escenario, aparecemos inmaculadamente hablando de la vida por venir. ¿Y qué carajo pasa con la vida que tenemos, ahora, al lado?

Entonces, este es el mensaje: en las plazas, no se afloje, ni un paso atrás; esto sale, si no es hoy, es mañana. Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.

Senador Romero, tiene la palabra.

Sr. Romero.- Señor presidente: he expresado, hace días, mi convicción de rechazo de este texto remitido por Diputados. Lo he hecho después de valorar todo este tiempo la opinión de los salteños. Y siguiendo ese mandato es que he tomado esa decisión. Pero también me queda la sensación de que las fuerzas políticas hemos fracasado en cuanto a haber encontrado –no solo aquí en el Senado, sino tal vez antes– un punto en el cual podamos juntar las grandes mayorías del consenso y no llegar al extremo de una división tan grande de las posiciones.

También me queda la sensación de que es posible que esta ley no salga, pero con ello no hemos resuelto, ni vamos a tener resuelto mañana ninguno de los problemas que hoy existen con el tema del aborto. Los abortos clandestinos van a continuar. Los riesgos de las mujeres, de las madres, por complicaciones de esos abortos clandestinos van a seguir estando.

Hoy tenemos esta responsabilidad y creo que en el futuro deberemos encarar acciones que nos permitan –mientras este tema de la legalidad del aborto o no pueda algún día madurar en la sociedad, como ha sucedido en otros países–, trabajar en cosas en las que hemos fracasado. En educación sexual hemos fracasado. Es cierto que la educación es un tema provincial, pero también lo es que tiene una envergadura tan importante que debería ser en cumplimiento de leyes nacionales.

Veo, como en el caso de mi provincia, la dificultad de implementar políticas de educación sexual en la escuela pública y en la privada. Hasta preparar a los docentes es difícil y complicado. Tenemos leyes que no se cumplen, como la 26.150 y la de salud sexual y procreación responsable, número 25.673. Con la 26.150, que es de educación para la salud reproductiva –se la llama de salud sexual integral–, hemos fracasado.

Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando. Por ahí no será una ley como se pensó, porque no tuvo la posibilidad de ser consensuada por las grandes mayorías, pero puede que el fallo de la Corte que todos conocemos como el protocolo, fruto del fallo “F.A.L.”, sea convertido en ley y, como toda ley, sea obligatoria en toda la Nación. Y que no suceda que haya provincias que la apliquen y otras que no, o que se aplique

 

 

con mayor o menor intensidad.

Hace poco vi en mi provincia, con dolor, que hubo un debate para saber si una nena de once años, violada, daba a luz o si tenía un aborto, permitido en el Código Penal desde hace casi cien años. ¿Y cómo terminó la historia? Convencidas –vaya uno a saber cómo–, la madre y la niña de continuar con ese embarazo.

¿Una niña de once años puede saber de qué se trata? Los padres, tal vez por no tener una educación clara de sus derechos, ante las dificultades para lograr el aborto previsto en la ley terminaron aceptando –es lo que se sabe– continuar con esa gestación.

– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela Michetti.

Sr. Romero.- Entonces, convertir en ley el fallo F.A.L., como propuso el senador por Santa Fe, es una posibilidad de avanzar en este tema.

También va a haber un nuevo Código Penal. Debemos ver de qué manera se resuelve este tema allí. Porque es posible que sigamos sin tener aborto legal, pero tampoco quiero ver mujeres imputadas o criminalizadas.

Creo que este tema debemos verlo desde la esencia humana y el respeto. Pero sobre todo debemos abordarlo con madurez, sin eslogan, sin publicidad y ver con sensibilidad y profundidad la dignidad y el respeto que la mujer se merece.

Por eso –repito– hoy no tendremos ley. Esta no será la adecuada, no hay consenso. Pero el respeto, la dignidad de la mujer, la no criminalización, son temas que debemos abordar con consenso.

Con esto fundamento esa contradicción que existe entre lo que es, lo que debe ser y lo que hoy la gente cree que debo respetar. Pero no puedo dejar de observar el otro ángulo que existe de esta realidad tan dolorosa, fundando mi voto negativo.

Sra. Presidente.- Gracias senador.

Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.

Sr. Martínez (E. F.).- Señora presidenta: voy a tener presentes y tratar de seguir al pie de la letra sus instrucciones de velocidad. Las restantes instrucciones me las brindó el señor arzobispo de Buenos Aires Mario Poli desde el púlpito de San Cayetano en el día de ayer.

Una de ellas la voy a tener especialmente en consideración y la otra no me va a ser posible. La que voy a asumir es aquella de que los legisladores no interrumpan la tradición de legislar para el bien común. Y la que no va a ser posible es la relativa al anuncio de que puede nacer en adelante, y no debemos evitar, un varón o una mujer que tenga los dones académicos para llevar a nuestro pueblo por el camino del presente, la paz y la justicia.

Por mi edad, si es ungido con el óleo de Samuel desde Roma…

Sra. Presidente.- Perdón, no le entendí. ¿Puede leer la frase de nuevo?

Sr. Martínez (E. F.).- Cómo no: quién sabe si entre ellos –las personas por nacer– puede nacer un varón o una mujer que tenga los dones académicos para llevar a nuestro pueblo por el camino del presente, la paz y la justicia.

Indudablemente, nuestra posición será derrotada, pero el avance cultural y legislativo es indetenible. Y le pido, por favor, señora presidenta, que lo entienda desde su buena fe.

Lo que tengo acá es el Código Penal argentino, que es lo que se plantea reformar hoy. No es la Biblia, ni la Torá, ni el Corán, ni el Talmud. Es la voluntad del legislador laico que solo vela por el bien común, por valores comunes –como me estaban ordenando– pero que no son valores neutros. Y nunca son propiedad de un solo sector. Es el Código Penal que debe dictar el Congreso de la Nación por imperio de nuestra

 

 

Constitución. Pero como desde el fondo de los tiempos los sectarios confunden pecado con delito, se ingresa en lo que algunos llaman un dilema, camuflando su reclamo de ser dueños de la verdad.

En serio, si luego de cuarenta y cuatro años vinculado al tema me quedara algún dilema, creo que el problema ya sería mío por inútil y no de la cuestión en sí. Y no quiero hacerme el listo ni el imbécil. Me basta con partir de la legislación penal argentina vigente desde 1921, pero a sabiendas de que el presente que nos circunda es sustancialmente diferente por muchos motivos.

Las leyes no se reforman por viejas, sino porque dejan de ser útiles en la realidad. Y este es el sustrato de la reforma hoy planteada. No obstante, era tan bueno lo viejo, que sabiamente interpretado por la actual Corte Suprema resuelve todos los problemas. Pero los fanáticos ni eso consintieron. Atrasan, atrasan, atrasan y la Argentina atrasa.

  • Murmullos en el

Sr. Martínez (E. F.).- Quédese tranquila, presidente, claro que hay dos vidas. Tengo perfectamente asumido que hay dos vidas. Siempre las hubo. Lo que hay son decisiones de política criminal no dogmáticas que corresponden a la política que fije el legislador al sancionar el Código Penal.

  • Murmullos en el

Sr. Martínez (E. F.).- Y si no, piense simplemente…

¿Puede pedir silencio? No sé quién tiene ganas de hablar.

Sra. Presidente.- ¿Pueden bajar un poquito la voz? Porque me lo está pidiendo el senador.

Sr. Martínez (E. F.).- Piense simplemente que hasta hace no pocos años existía en el Código Penal argentino el infanticidio, que era sancionado con una pena mínima. Y era la muerte de un niño recién nacido, dentro del período puerperal, calculado en cuarenta días aproximadamente. Se anuló. Debe volver. Hoy los jueces hacen esfuerzos extraordinarios para fijar circunstancias que atenúen esa pena.

Nuestro legislador histórico, el de 1921, tuvo muy en cuenta que esto se trataba de un ataque al feto dentro del título Delitos contra la vida. Y no hay fábula posible que a mí me pueda hacer cambiar de opinión en orden a la constitucionalidad de esto o no. Y ya pasaré a explicarme por qué.

La primera ley represiva del aborto es de 1887, bajo el número 1.920, y rigió durante treinta y ocho años, hasta 1921, cuando se sancionó la ley 11.179. Parece que ochenta y ocho años después no se ha cambiado nada y que la ciencia no avanzó; que la concepción penal tampoco se modernizó; y que tendríamos que volver a 1987 porque no se acepta ni siquiera la violación.

En usted lo admito, porque lo hace desde la espontaneidad, desde un pensamiento sin filtro, pero no en aquellos que dicen estudiar el tema y armar organizaciones para sostener cosas que verdaderamente son inatendibles.

Vuelvo a la historia: venido de Diputados en 1921, con media sanción también, la Comisión de Códigos de la Cámara de Senadores, el 23 de septiembre de 1920, introdujo cambios en la media sanción sobre el aborto por fuera de todo dogma religioso tomando en cuenta, como me pide el cardenal, el interés de la sociedad en su conjunto. Y era el Código Penal de conservadores populares y democráticos, salvo el día de las elecciones.

Integraban la comisión del Senado, de ese Senado de la modernidad adelantado a todos los países del mundo, Joaquín V. González, rector de la Universidad de La Plata – y acá hay varios egresados de esa casa–, Enrique del Valle Iberlucea y Pedro Garro,

 

 

senador por San Juan. El mismo día se aprobó. Un año exacto después se aceptaron los cambios en la Cámara de Diputados, cuya comisión era presidida por Rodolfo Moreno hijo, ministro conservador de la provincia de Buenos Aires, y Jerónimo del Barco, al cual menciono porque es un ex gobernador de Córdoba con plazas y avenidas con su nombre. Solo insistió Diputados con la pena de muerte que, en revisión nuevamente, el Senado de Joaquín V. González rechazó, sancionándose el 30 de septiembre de 1921 del Código Penal Argentino. El Poder Ejecutivo solo lo promulgó porque no había  mandado ningún proyecto.

Es la Comisión de Códigos del Senado la que dentro de los delitos contra la vida impone la sanción, infinitamente menor a un homicidio, para un aborto; es una innovación jurídica adelantada al mundo de la época. La interpretación de incluir la violación nunca pudo ser cuestionada con seriedad jurídica, llegando incluso a incluirla

–en la Ley 17.567– el general Onganía, cuyo mentor para el caso era Sebastián Soler.

¿Acaso podría dudar Sebastián Soler de las dos vidas y de la claridad de incluir la violación al presentarle un proyecto de ese tenor a un cursillista que manejaba dictatorialmente el país? ¡Por favor!

Luego, esa ley fue derogada y se volvió a la histórica.

¿A quién se le ocurrió cuestionar la constitucionalidad del artículo 86 de Código Penal en todos estos años? ¡A nadie! La Corte lo ratificó en el fallo “F.A.L.”; Onganía lo ratificó con su ley. Los jueces no penan este delito, ratificando su inutilidad permanentemente, tildando la sanción de pena natural. Si la Constitución se sancionó en 1994 y en 2012 se ratificó la vigencia de este artículo, que bien interpretado resolvía todas las cosas, ¿Cómo es posible sostener esa inconstitucionalidad? Es una verdadera fábula.

Voy a hacer referencia a quién me la transmitió con motivo de la Convención Constituyente de la ciudad de Córdoba, al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda que fue convencional constituyente de la Nación en 1994. Este tema estuvo a punto de hacer naufragar la Constituyente de 1994. Y fue salvada por Raúl Ricardo Alfonsín y por otros señores convencionales en el sentido de redactar el artículo 75, inciso 23, como una norma tuitiva de la madre y el hijo por nacer. Pero de modo alguno negando la posibilidad que ya existía en la Argentina y que también era parte de la reserva de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en defensa de la vida en general, porque contemplaba no solo la ley argentina, sino la de otros países latinoamericanos. Y avanzar entonces hacia adelante con progreso, con futuro y con concordia procurando los cuidados sociales así como también lo hacen los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.

¿Pero qué pasa? En nuestro país hay fanatismo y, fundamentalmente, en Córdoba no hay nada que le venga bien: no acepta el DIU, no quiere la pastilla del día después, no quiere ningún anticonceptivo, ni siquiera ahora que me enteré que existía esto del chip de larga duración, que dura entre uno y tres años, no entendí bien. ¡No acepta ni el preservativo! Lo hemos visto en las sesiones de comisión. ¡Nada! Es un país para ellos, para su forma de pensar; es como le gusta a ellos o nada. Así no puede ser. Y tengo claro también, y lo asumo, que un delito no puede transformarse en derecho. Lo que se decide es que una conducta no sea penada como delictiva; en 1921 por motivos sentimentales y en 2018 por principio de humanidad y de solidaridad con la mujer, y por alejarse de todo dogmatismo. No obstante, lo vengo viendo de acuerdo al tenor de todas las exposiciones, en poco tiempo más, en una hora más, este Senado va a confundir pecado con delito.

Los senadores por la provincia de Córdoba hicimos un esfuerzo de concordia en

 

 

búsqueda de lo mejor para la sociedad argentina; actuamos de buena fe, escuchamos a instituciones médicas, incluimos sus inquietudes, incorporamos la objeción de ideario y desbaratamos la persecución a los profesionales de la salud, pero nos equivocamos. No advertimos que estábamos ante las apetencias de un sectarismo insaciable. Por supuesto, desde el punto de vista de la Iglesia católica, incluso del culto evangélico que se expresó en las calles el sábado pasado, ninguna otra cosa puede hacer, es la religión y tiene que levantar su dogma. Eso es esperable, respetabilísimo y exigible por sus fieles. Yo nada tengo que decir, pero sí a su aparato de obsecuentes de oficio que se encargó injustamente de fantasear, de atacar, de ofender, de intimidar, de descalificar y de amenazar al Senado de la Nación sin que ninguno de nosotros respondiera nada.

Como vengo diciendo, estos mismos sectarios pervirtieron los buenos efectos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe de las consecuencias jurisprudenciales del caso “F.A.L.” Y para que lo entienda cualquiera, porque lo dije al principio, el Código Penal argentino no son las Tablas de Moisés, son decisiones legislativas de política criminal por motivaciones diferentes a cualquier dogma. Y si quieren hacer un Código Penal con dogmas religiosos, retomen los Diez Mandamientos, si eso es lo que se considera desde los sectores…, ni siquiera de la Iglesia porque sé que no es así, sino de los que se reclaman como curadores de la Iglesia católica o de algunos cultos evangelistas. Y van a ver que no es posible, vaya mandamiento por mandamiento. Y si toman “no matarás”, como dije, estaba el infanticidio, estaba el aborto con una pena mínima, estaba el homicidio en estado de emoción violenta y muchos ejemplos más. Todos del título De los Delitos Contra la Vida. Siempre muere una persona, siempre se mata a una persona.

¿Quieren acordarse de “no desear” o “no quitarle la mujer al prójimo”? Tenía un sustrato religioso y fue legislado en la Argentina: estaba el delito de adulterio, muy en perjuicio de la mujer. Porque para el hombre se exigía el amancebamiento; podía tener amantes o ser concurrente a prostíbulos permanentemente, pero un hecho de la mujer implicaba incurrir en adulterio. Por suerte, también eso fue derogado. La Argentina fue entonces abandonando, desde el laicismo, las Tablas de la Ley y derogó ese delito. ¿A quién se le ocurriría hoy reincorporarlo? Yo creo que hay grupos que sí, que están en estas mismas calles, que festejan ese tipo de cosas, incluso la abstinencia de relaciones sexuales hasta el matrimonio o cuándo fuera.

Los artículos con basamento religioso son pulverizados por la realidad, quedan solamente para los países teocráticos islámicos donde se sigue lapidando a la mujer. Todos reaccionamos ante tamaña barbarie, pero acá parece que nos adaptamos. El falso testimonio: no cometerás falso testimonio contra tu prójimo es otro de los mandamientos. Sin embargo, alguna vez existió –que ya no existe– el delito de falsa denuncia. Y también se legisla cuando se miente en la prensa o se injuria, y a usted le ha ocurrido. Siendo absolutamente erróneo y falsario, pero como se trata de delitos donde está en juego la noticia, el interés público, tampoco pueden castigarse. Son actos de barbarie porque se sigue confundiendo, como dije, delito con pecado. Y no entendiendo que el delito contra la vida, por razones de carga política criminal de cada figura, tiene distintos castigos.

Por creer en todo esto que vengo diciendo, la senadora Rodríguez Machado, el senador Caserio y quien le habla fuimos incluidos en un inmenso afiche, pegado en toda la ciudad de Córdoba, tildándonos de asesinos y genocidas. En el caso mío, debe ser porque tengo la frente muy amplia, asumo que ya debo decir que soy pelado. En la  playa de estacionamiento del Colegio de Abogados, en la frente, me pintaron una cruz esvástica para que la vea mi hija cuando iba a estacionar el auto y le sacara una foto.

 

 

¡Esta es la verdad! Este es el sectarismo de estas facciones.

Al senador Caserio y a quien les habla, realmente –y entiéndanme la expresión, si se quiere inadecuada–, no nos entran balas. Pero yo quiero rendirle un homenaje especial a la senadora Rodríguez Machado porque ella sí tiene un anclaje social en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba y participa cercanamente a todos estos grupos que la han llevado a la máxima de las mortificaciones. ¡Pero no importa, no importa! Yo ya se lo he dicho personalmente. Laura Rodríguez Machado, que es la que más sufrió con todo esto, representa la mejor continuidad del pensamiento demócrata y liberal que fue ejemplo de progreso en Córdoba.

Hay una Córdoba buena y que ilumina: la de Antonio del Viso, ministro del Interior, senador, gobernador de nuestra provincia, que promovía el registro civil, el matrimonio civil, la separación de la Iglesia del Estado, el que trajo a las maestras normales norteamericanas a la escuela laica. Tiene plazas, calles con su nombre; y una calle muy importante en el barrio de Alta Córdoba a la que llenaron de carteles con nuestros rostros.

Jerónimo del Barco, diputado nacional en 1921, que sancionó este tema del aborto, gobernador de la provincia, también con plazas y calles por toda la ciudad. Bueno, que vayan los entorchados, que no peguen nuestros carteles, que volteen el nombre de este ex gobernador de su plaza.

La de Ramón J. Cárcano, el primero que igualó a los hijos matrimoniales con los extramatrimoniales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, ignorando las “ignacianas jesuíticas” –y entiéndanme bien a dónde voy– para pelearse con el obispo de la época y toda su claque de sacristía. Y era, en definitiva, el enfrentamiento de la Ilustración con el Clericalismo. Es, en suma, el sustrato de la reforma universitaria de 1918.

Del obispo y del rector no se acuerda nadie. Ramón J. Cárcano, dos veces gobernador demócrata merece un recuerdo permanente por su visión de progreso de la provincia.

La de Amadeo Sabattini, despreciativamente tildado de un “tanito” de Villa María nacido en Barracas, hijo de un inmigrante boloñés, seguramente el mejor gobernador del siglo XX, que se negó, al asumir, a jurar por Dios y los Santos Evangelios, con un escándalo de horda con la Legislatura provincial y un boicot que no pudo empañar su inmensa obra de gobierno.

Pero la verdad es que en una Córdoba donde el futuro político –por lo menos así nos anuncian– todavía se quiere condicionar, según se esté a favor o en contra del obispo, cometimos la osadía de abrazar juntos, sus tres senadores, la independencia de criterio. Y el oscurantismo provincial –que es lerdo, pero es seguro– no tiene un solo senador que lo defienda. Solo están para el insulto y el agravio.

Nos pidieron la objeción de conciencia. ¡La conseguimos, llegamos al consenso y no respetan que votemos a conciencia! Pero, verdaderamente, hay una Córdoba bendita, de la democracia y de las ideas que han iluminado siempre con antelación a este país, pero hay una Córdoba inferior “que ora y embiste, cuando se digna usar de la cabeza”. Y si ese soneto no les suena, es El mañana efímero, es lo que va a pasar ahora: se va a rechazar la media sanción, efímeramente.

Mañana será presente, será futuro, pasarán meses, pasará un año, pero esto, como les dije, se va a sancionar.

Queríamos una reforma penal de valores humanistas, solidaria con las mujeres y solo recibimos cornadas y puñaladas traperas. ¡No importa, presidenta! Ya termino. No vamos a perder su respeto ni tampoco el respeto del resto de los senadores.

 

 

Votaremos afirmativamente la media sanción para ser coherentes, incluso, respetando el acuerdo político que tenemos, que, luego de nuestro proyecto de concordia y de consenso, tendría que ser el que progrese. Pero, bueno, es así. Nos ocurre como en los anónimos que la secta del incienso le enviaba en su lecho de muerte, anoticiándolo de los avances de su cáncer de pulmón a quien yo creo que ha sido la pluma más fina y más lujosa de la Córdoba del siglo XX y aun hasta la actualidad: Deodoro Roca, el numen de la reforma universitaria anticlerical. ¡Jamás se la iban a perdonar! ¡Jamás! Le mandaban cartas para avisarle –como le digo– que cada día estaba un poco más cerca de la muerte. Y para eso él tuvo una sola respuesta. Y nosotros vamos a ensayar la misma respuesta, con la sutil fruición, tal vez irónica, que nace del giro. Nuestro voto tendrá, como consecuencia, los odios que nos costó tanto ganar. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias a usted senador. Tenga mi solidaridad…

Sra. Sacnun.- Presidenta…

Sra. Presidente.- Sí. ¿Me permite que termine de hablar, senadora?

Tenga mi solidaridad con todas las cosas que les pasaron a los tres porque no estaba al tanto de que en Córdoba había pasado eso.

Sí, senadora Sacnun.

Sra. Sacnun.- Sí, solo un minuto, presidenta. Es para hacerle una consulta.

En este momento, está circulando un planteo que usted habría hecho en torno a que quería acelerar el debate en virtud de que hasta las diez de la noche iba a estar garantizada la seguridad de los miles de personas que están en la plaza. Quiero que, por favor, lleve luz a este tema porque hay una vigilia de personas que están esperando, que están aguardando en uno u en otro sentido.

Sra. Presidente.- No, no, a ver… No, no. Fue claro lo que dije.

Desde ayer o anteayer venimos trabajando, obviamente, en la seguridad interna y en la seguridad externa porque somos personas responsables y sabíamos que iba a haber mucha gente. La sugerencia de quienes están a cargo de la seguridad externa era que tratáramos de hacer una sesión que no pasara más allá de las diez y media, once de la noche, justamente, para que la gente no pase mucho más tiempo allí ni se canse, pero no es que no está garantizada. La seguridad está garantizada hasta el día que tenga que estar garantizada. No hay ningún problema. Todos los días está garantizada. Solo era que, obviamente, si lo hacemos más conciso, siempre es mucho mejor, porque la gente se cansa menos. Nada más. Simplemente eso.

Tiene la palabra el senador Uñac.

Sr. Uñac.- Sí, presidenta. Muchísimas gracias.

Bueno, finalmente hemos llegado a debatir uno de los temas más delicados y más postergados en la República Argentina. No sé si era el momento oportuno, pero, finalmente, llegó y estamos aquí y lo estamos haciendo en un marco absoluto  de respeto.

En primer término, quiero felicitar a quienes llevaron adelante el plenario de las comisiones, pero también quiero destacar y valorar el esfuerzo y el trabajo que durante meses han venido realizando miles y miles de argentinas y de argentinos que tienen una u otra posición y no solo acá en la puerta del Congreso, sino, diría, a lo largo y a lo ancho del país, de un lado y del otro.

Todos sabemos cómo es esto. Cada uno tiene una posición y habrá una votación. Al margen del resultado, solo deseo que no queden divisiones en la Argentina después de este tema. No debería ser así, porque siempre vamos a estar tratando temas muy delicados y muy fuertes como este si los hay.

 

 

No creo en verdades absolutas. Yo creo en las verdades relativas en todos los órdenes de la vida. Yo no tengo la razón absoluta y, con todo respeto, creo que nadie la tiene. Simplemente vengo acá a exponer una posición, a fijar una posición, pero respeto la suya y la de todos. Soy así. Me gusta respetar mucho.

Y si hemos llegado a este tema es porque el aborto es un verdadero drama, no solo para la sociedad, sino principal y fundamentalmente para la mujer.

Es un verdadero drama, porque es la más clara expresión de que hemos fallado como Estado y, quizás, también como sociedad, ya que no supimos contener a la mujer embarazada en situación de desamparo, de angustia, de desesperanza; en situaciones extremas. Pero también porque queda a la luz que el sistema de salud y el sistema educativo, en la República Argentina, fracasaron, porque no supieron dar las soluciones necesarias para acompañar a todas las mujeres.

Además, entiendo que este verdadero drama no se soluciona legalizándolo. Me parece que tenemos que aunar criterios y esfuerzos, nosotros con el Estado, para encontrar la solución. No creo que el Congreso haya fracasado o vaya a fracasar, cualquiera sea el resultado. Creo que habrá un antes y un después de este debate.

Siempre apelo a la unión, a la unidad de los argentinos. No quiero más divisiones; diferencias siempre vamos a tener, pero las divisiones considero que son muy duras, muy difíciles, y no quiero que sigan sucediendo.

Estoy convencido de que hay vida a partir de la concepción, por distintas razones. Para mí, ambas vidas son importantes. No se puede resolver o evitar una muerte con otra muerte; ese es mi criterio. Pero, además, me parece que no existe el aborto seguro. Toda práctica médico-quirúrgica tiene sus riesgos, aun haciéndola en el mejor hospital de la República Argentina, porque el aborto es una práctica de riesgo, es una práctica a ciegas, que depende de un profesional, depende de su experiencia, de su habilidad. Pero riesgos siempre hay.

En cuanto a si somos dueños de nuestro cuerpo, voy a hablar de mí, me voy a poner como ejemplo. Sí, claramente, con mi cuerpo puedo hacer lo que quiera. Ahora bien, no sé si es tan así pensándolo profundamente, porque si intentara quitarme la vida y fracasara, seguramente me van a llevar a un hospital, a un centro de salud. ¿Y sabe qué, presidenta? No me van a dejar tirado, agonizando; van a arbitrar todos los medios para salvar mi vida, porque si no sería muy fácil. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo tomé la decisión, pero no va a ser así. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a prevalecer el valor supremo de la vida. Creo que somos así los seres humanos.

Por eso, al que dice “Estoy a favor de las dos vidas” hay que respetarlo, hay que entenderlo. La verdad es que no he polemizado con nadie sobre este tema. Prácticamente, no lo he militado, pero felicito a los que lo han hecho, porque han traído mucha claridad, mucha luz al tema. Yo no lo hice; no lo hice en mi provincia, no lo hice acá.

En mi provincia, fui autor, el año pasado, de un proyecto de ley que fue sancionado y está en vigencia. Con él demuestro que siempre estuve a favor de la vida y, también, de las dos vidas. Ese proyecto creó un programa que llamamos Mis  primeros mil días. No estaba este tema en discusión; si bien siempre estuvo en carpeta, no lo estábamos debatiendo. Como dije, se llama Mis primeros mil días, se ha implementado en todo el territorio de mi provincia y está destinado a las mujeres embarazadas y a niños de hasta dos años, inclusive. Este programa tiene por objeto garantizar no solo el estado nutricional óptimo y el crecimiento integral de las embarazadas y de los chicos, sino que también tiende a crear campañas de concientización y de capacitación y toda otra acción acorde con el objetivo de la ley.

 

 

¿Por qué se llama Mis primeros mil días? Porque el periodo que comprende son los 270 días del embarazo, desde la concepción hasta el nacimiento, más dos años, o sea, los primeros 365 días del niño y los segundos 365 días, inclusive.

Por lo tanto, creo fuertemente en la intervención del Estado; el Estado no puede estar ausente. Entonces, cuando digo que no creo que hayamos fracasado y que estoy convencido de que habrá un antes y un después, es porque considero que podemos trabajar fuertemente. Yo lo voy a hacer en mi provincia, porque entiendo que hay muchas falencias en cuanto a la prevención, pero, fundamentalmente, a la educación. Actualmente, están bajo este programa 8.000 mujeres de mi provincia; 4.000 mujeres embarazadas y 4.000 mujeres en lactancia materna.

Entonces, por pura convicción, no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. No tengo dudas de que el embarazo es un tema de salud pública. Estoy plenamente convencido de que el embarazo es un tema de salud pública y, en consecuencia, de que debemos proteger y contener a la mujer embarazada.

Por ello, adelanto mi voto negativo al proyecto que viene con media sanción de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted, senador.

Tiene la palabra el senador Luenzo.

Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.

Creo que a esta altura de las circunstancias, a esta altura de la noche, y luego de este extenso debate, va quedando mucho más en claro que no se trata de una interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales, sino que se trata de otra cosa. Evidentemente, estamos atravesados por otras concepciones a la hora de asumir una responsabilidad si estamos avanzando hacia una sociedad mucho más humanizada, hacia una ampliación de derechos, o nos queremos quedar donde estamos.

Evidentemente, no se trata de “aborto sí” o “aborto no”. Lo que estamos discutiendo es “aborto legal” o “aborto clandestino”; es esa la opción, está clarito. No tenemos que buscar más vueltas: se trata de esta opción, estamos frente a estas circunstancias.

Todos coincidimos con que es un tema que hay que sacarlo del Código Penal, con que hay que sacar ese concepto de criminalización que tiene la mujer, esa estigmatización, con que no hay que seguir manteniéndonos en un debate en el oscurantismo, como si estuviéramos discutiendo en una caverna. Tenemos que sacarlo a la luz para poder resolverlo en el plano de la salud pública, en el marco de la educación, pero en serio, no como una tangente a partir de todo lo que se ha dicho y se ha esgrimido para estar en contra de una decisión que les permitirá a las mujeres lograr mayor dignidad.

Quiero dejar constancia desde una provincia que, en 2012, fue protagonista del famoso fallo “F.A.L.”; aquel fallo que nos ha permitido a nosotros avanzar rápidamente, luego de un debate de estas características en nuestra provincia, con un protocolo de interrupción voluntaria del embarazo. En aquel momento, en la salud pública teníamos registrados 20 o 30 casos. En 2017, cinco años después, tenemos registrados 789 casos de abortos tratados en el marco de la salud pública. Se ha reducido drásticamente la cantidad de muertes maternas por abortos hechos en la clandestinidad. Ahí aparece un gran negocio canallesco, en un marco de profunda hipocresía que tiene la sociedad, tanto la nuestra como la del resto de la República Argentina.

Pero cuando logramos dar este paso solamente, aunque no es una cuestión de colocarlo en cifras porque una mujer que se muere en estas circunstancias es un drama, como en todos los casos hemos coincidido, pero han muerto cuatro mujeres por abortos

 

 

clandestinos, con aquel primer paso que dimos con el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Chubut

Es un tema de salud pública, no es un tema del Código Penal; si bien aún como parte de esta cultura todavía está la estigmatización, todavía está el temor de que alguien pueda judicializar alguna de las tantas situaciones que a diario se dan en nuestra querida provincia.

Chubut avanzó, dio un paso adelante, y los resultados son claros, como pasa en los países desarrollados, en donde los números son claramente inferiores a los de los países en vías de desarrollo, de mujeres que mueren en abortos clandestinos.

Hay datos empíricos que nos están demostrando que cuando el aborto es posible discutirlo, ponerlo en palabras, hablarlo… Y esto tal vez es el paso adelante que hemos dado: poder ponerlo en palabras; hablar de manera natural de qué significa el aborto, cuáles son sus implicancias, pero falta mucho trabajo todavía por delante.

Esta noche la ley tal vez no salga, pero hemos dado un paso extraordinario, hemos dado un paso fenomenal, hemos dado una transformación cultural. Estamos en el proceso de una transformación cultural. Está la revolución de las chicas, de esos jóvenes que están en la calle esperando que nosotros estemos a la altura de las circunstancias.

Seguramente tal vez no con nuestro criterio, pero hemos avanzado en el debate, y creo que esto es imparable; en algún momento vamos a tener ley en la República Argentina, a mí no me cabe ninguna duda. Estamos dando ese paso desde el punto de vista cultural.

Quiero dejar testimonio de lo siguiente, particularmente para mi provincia, y para responder a algunas inquietudes que siguen llegando vía WhatsApp.

Yo en este caso tengo que decir con mucho respeto que con aquellos con quienes no estoy de acuerdo porque están en contra de esta ley hemos conversado de manera civilizada, nos hemos entendido y cada uno seguirá con su postura, porque en definitiva todos coincidimos en lo mismo: todos estamos en contra del aborto. No he escuchado una sola voz que esté a favor del aborto; nadie está a favor del aborto, todos estamos en contra del aborto, el tema es que elegimos caminos distintos para poder llegar a ese objetivo.

De todas maneras, si a alguno le queda alguna duda con respecto al tema de la cuestión de la constitucionalidad de la despenalización del aborto, de ninguna manera – y esto hay que ratificarlo una vez más, y que quede testimonio para mis comprovincianos– el proyecto que estamos tratando es inconstitucional. No hay ningún artículo en nuestra Constitución que prohíba la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Es más, en el debate constitucional –lo dijo el senador Pais–, allá por 1994, justamente a fin de ponerle un obstáculo a la posible legalización del aborto, fue rechazado. Hubo un despacho en minoría. Esto demuestra que la voluntad de los constituyentes era justamente no cerrar la posibilidad de este debate que nos estamos dando hoy en el Congreso de la Argentina, que se legisle, que se regule, que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo.

También se ha dicho que la despenalización del aborto viola los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales la República Argentina es parte y que están incorporados en nuestra Constitución Nacional. Les cuento –y este es el testimonio que han dejado muchos juristas que han participado de los diferentes debates en este ámbito–: en los cuarenta años de funcionamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU jamás se había dicho que la interrupción voluntaria del embarazo constituía una privación arbitraria de la vida; en ningún caso en los cuarenta años de existencia, y de esto se ha dejado testimonio en esta Casa.

 

 

Desde el punto de vista del derecho internacional –que es otro de los aspectos que también aquí se ha analizado–, el Comité de Derechos Humanos examinó los casos de 120 estados, y también a esto se ha hecho referencia. Bien sabemos que una de las funciones de ese Comité es examinar la legislación de los estados para determinar si existen violaciones a los derechos humanos, y nunca se dijo a ningún estado miembro de la ONU que la interrupción voluntaria del embarazo violaba una convención internacional de derechos humanos. Así de claro, de contundente.

Con respecto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos –a la que también se ha apelado acá para descalificar lo que nosotros entendemos que es en lo que hay que avanzar, que es el aborto legal y seguro–, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el embrión no pude ser considerado persona en los términos del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica.

Hay varios fallos –que también aquí han sido analizados– que establecen que los estados no pueden intervenir ni poner límites en la planificación familiar de las mujeres. Esto fue explicitado claramente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias opiniones consultivas.

Por lo tanto, está claro que estamos hablando de un proyecto que es absolutamente compatible con nuestra carta magna y las convenciones internacionales de los derechos humanos.

Hay otro dato al que también me quiero referir, aunque ha pasado algo desapercibido el día de hoy. Algunos han dicho que se oponen a legalizar la práctica del aborto porque defienden la vida desde la concepción, pero minutos después no pueden sostener argumentos respecto del embrión producto de una violación o de los embriones congelados para tratamientos de fertilización asistida; no es desde la concepción, sino desde la concepción consentida, y no es una diferencia menor que hay que hacer en este caso. No son todos los embriones, sino los que anidan en el útero de la mujer; ¿no los que están congelados en la heladera? Es una pregunta; es una reflexión que nos tenemos que hacer también. Si no, con algunos criterios evidentemente tenemos que eliminar la ley de fertilización asistida que tenemos en la República Argentina, que muchos de nuestros colegas han votado en su momento. Usted no, presidenta.

Sra. Presidente.- No; por eso.

Sr. Luenzo.- Dijeron que querían salvar las dos vidas, y esto también es una falacia, porque no pudieron explicar cómo van a evitar que una mujer aborte. La manera de decirlo es que quieren forzar a las mujeres a ser madres. ¿O no? ¿Cuál es la otra alternativa? ¡Forzar a las mujeres a ser madres! Cuando decimos que consideramos y queremos las dos vidas, ¿qué pretendemos: transformar a la mujer en un objeto, decir que la mujer es solamente un útero, qué es un órgano reproductor, qué es una incubadora? Dejemos de lado estas concepciones. Todos estamos a favor de todas las vidas, pero dejemos que la mujer elija en libertad, a conciencia, que explicite sus derechos en el accionar frente a situaciones dolorosas como las que tiene que enfrentar.

Por lo tanto, cuando la decisión difícil, triste, pero muy personal de cada una de las mujeres es no ser madre, ¿sabe qué?, y esto está claramente demostrado: no hay ley, no hay Estado, no hay conciencia religiosa, no hay ética, no hay Constitución, no hay derechos humanos y no hay nada que la frene, porque a esta realidad asistimos. Hay entre 320.000 y 500.000 mujeres que abortan en la República Argentina; no hay nada que las detenga, ni ley ni principios religiosos ni nada que se le parezca.

Y hay otras consideraciones que también tenemos que hacer, señora presidenta, y lo ha dicho la senadora Kunath: el rol de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer los hombres a veces discutiendo estos temas? ¿Qué tenemos que hacer? Los hombres nos

 

 

involucramos en este tema, pero yo no sé cuál sería nuestra mirada y nuestra postura si tuviéramos la virtud de procrear, de quedar embarazados. Vamos a ir a ese extremo, a ese absurdo; ¿qué haríamos? ¿Estaríamos discutiendo esto? Seguramente que no. Y, si no, lo que yo propondría es que, si sostenemos esta penalización, esta criminalización  de la mujer, que el hombre que es responsable de ese embarazo no deseado, también sea criminalizado; a ver si estaríamos discutiendo esta ley. Me gustaría saber si estaríamos discutiendo esta ley si hoy estuviéramos también bajo la lupa del Código Penal quienes tenemos la responsabilidad del embarazo no deseado. Seguramente que no.

Y hay otro tema que también me parece interesante poder mencionar y poder rescatar. Cuando se trata de dar batallas de esta naturaleza, son las mujeres las que ponen el cuerpo, como fueron las Madres de Plaza de Mayo. Quienes pusieron el cuerpo fueron las mujeres, invisibilizadas, en la clandestinidad, para recuperar a sus hijos. Fueron ellas las que pusieron el cuerpo para salir adelante. Ellas nos dieron un ejemplo.

Cada vez que la sociedad dio un paso adelante: con el divorcio, con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género las mujeres fueron las protagonistas, como son ahora, como están ahí en la calle miles y miles de mujeres.

¿Sabe qué? Nosotros tenemos que repasar y reflexionar muy bien acerca del rol que están jugando las estructuras partidarias y políticas en el mundo de hoy. Los grandes cambios de la sociedad ya no son como antes. Revolución, escombros y sangre, eran los grandes cambios. Hoy son las mujeres, son los jóvenes, son los que no están dentro de una organización partidaria.

¿No es curioso que estemos debatiendo algo respecto a lo cual en la sociedad y en la conciencia de los argentinos ya hay una ley sancionada?

Nosotros estamos muy atrás. Retrocedimos. Son las mujeres, los movimientos de los jóvenes, los estudiantes, desde la misma sociedad nos están diciendo y están indicando cuál es el camino. Desde ahí nos iluminan y nosotros venimos atrás, muy atrás, interpretando leyes, dando un pasito más después de casi cien años de este Código Penal. Cien años después estamos tratando de dar un paso, cuando el paso ya lo dio la sociedad en su conjunto.

¿Sabe qué? Yo tengo la sensación, señora presidenta, de que en el fondo es  como decía el senador Fuentes y el senador Martínez también: estamos ante una sociedad patriarcal, de la que también son cómplices las mujeres, porque si no, no estaríamos discutiendo estas cosas. También son cómplices algunas mujeres.

Este es el problema de fondo que hoy estamos discutiendo. No es de interpretación de la Constitución ni de los tratados internacionales. Es un problema todavía de rasgos de una sociedad patriarcal. Y hay que reconocernos: somos machistas en recuperación. Tenemos un modelo estigmatizado de la mujer. Soy un machista en recuperación, en todo caso, si me tengo que hacer cargo del proceso de aprendizaje frente a la mujer; frente a ese modelo de mujer que hemos internalizado.

Ojalá que terminemos pronto de aprender, para que todos seamos iguales ante la ley. Todos tengamos las mismas obligaciones, todos tengamos las mismas oportunidades, seamos un poco más humanos, más dignos.

Hoy hemos ganado una batalla, que es la cultural y está en la calle. Esto es intransferible. La batalla la ganamos en la conciencia de miles de argentinos. Pudimos poner sobre la mesa el tema del aborto. Hablamos de aborto, cuando antes era un tema tabú. Nadie se atrevía a hablar del aborto. Era en voz baja, era despacito para que nadie se entere, cuando no llevamos a nuestras hijas lejos de la ciudad en la que estábamos; del interior las llevamos a Capital porque ahí nadie nos ve, hasta tanto se recuperaran de ese “pecado” de haber quedado embarazadas y no tener la posibilidad de poder

 

 

planificar su vida. Pero es un problema de las mujeres, dejemos que las mujeres terminen de solucionar este tema. Por favor le pido.

Obviamente mi voto será a favor de una ley que no será hoy, será mañana, será pasado pero le puedo asegurar, presidenta, que será ley.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el senador Lovera.

Sr. Lovera.- Gracias, señora presidenta.

Para fundamentar mi voto quiero comenzar diciendo que…

Sra. Presidente.- Perdóneme, está Pinedo primero…

¿Le da la palabra? Bueno, entonces siga senador Lovera.

Sr. Lovera.- Gracias, señora presidenta.

Decía que para fundamentar mi voto quiero comenzar diciendo que me parece un acto de sensatez y de honestidad intelectual explicar el lugar desde el que hablamos.

Digo esto porque quiero decir que soy militante del Partido Justicialista y del Humanismo Cristiano, y como tal reivindico los principios de la libertad, la solidaridad, la dignidad, el desarrollo integral de las personas y la justicia social.

También hablo desde la responsabilidad que tengo como legislador de la Nación y como representante de mi provincia, La Pampa.

Haciendo esta introducción, quiero decir también que como ya anticipé hace algunas semanas, mi voto es un voto estrictamente político; un voto cargado de esa responsabilidad y, en nombre de la representatividad para la cual he sido electo, es un voto que ha sido consensuado; lo hemos debatido y ha sido consensuado orgánicamente dentro de nuestra estructura, con nuestro gobierno, con nuestro gobernador, con nuestros diputados nacionales y con la senadora de nuestro partido. A partir de un análisis minucioso, que no hacemos solamente de este tema, sino que hacemos –porque eso es lo que prometimos en campaña–, con todos los temas que tratamos.

Hoy y todo este tiempo se ha dicho cientos de veces que estamos frente a un problema de salud pública. Es decir, acá no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto; estamos debatiendo sobre una práctica que ocurre en nuestro país. Hay abortos en nuestro país y seguirá habiendo abortos en nuestro país.

Entonces lo que estamos debatiendo es si vamos a permitir que se sigan manteniendo en la clandestinidad y se sigan cobrando vidas de las mujeres o si vamos a hacer algo para que esto cambie.

Se trata de un ejercicio de ética pública, no de un tema de ética personal.

Estamos frente a una problemática que necesita una respuesta concreta de parte del Estado. Digo esto porque es evidente que la política de penalización en la Argentina ha fracasado, porque no evita que las mujeres interrumpan sus embarazos, solo las ha empujado a la clandestinidad, y eso no está bueno.

Inclusive lo ha afirmado en este Congreso, en el plenario de comisiones, el ministro de Salud de la Nación cuando entre tantos temas que hablaba decía que los países como el nuestro, con marcos legales restrictivos, no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y por el contrario, los países que han legalizado o han regulado esta práctica, han visto disminuir los índices de mortalidad y han visto disminuir enormemente las hospitalizaciones por las complicaciones postaborto.

Este proyecto de ley no propone que se abra el juego del aborto de manera discrecional, sino todo lo contrario.

 

 

Debemos entender y dejar de subestimar a las mujeres con la idea de que irán corriendo a someterse a una intervención de este tipo utilizando esta ley como un método anticonceptivo. Y la verdad que nada que ver. Todo está muy lejos de eso que se ha dicho.

Estamos hablando de una práctica que requiere el acompañamiento de la mujer durante el proceso y seguramente implica una decisión realmente muy difícil, que ni siquiera me la puedo imaginar, pero que forma parte de una elección seguramente que debe ser libre, que se toma en situaciones particulares y, sobre todo, muy personalísimas, que bajo ningún punto de vista debemos juzgar. ¿Quiénes somos para juzgar? Lo que tenemos que hacer es acompañar. Y por supuesto que tenemos una obligación, y no será hoy, no sé si será hoy, pero estoy seguro de que va a ser muy pronto, y es la obligación de regular de alguna manera y de solucionar este tema que pasa en la Argentina.

Por eso estoy convencido y creo en la política como una herramienta fundamental para transformar la realidad. También creo en un Estado que sea el principal promotor del bien común al servicio de la dignidad y la libertad de las personas. Creo en la justicia social como la condición de eficacia para lograrlo, asegurando la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

El aborto, la compleja situación de encontrarse ante un embarazo no deseado, atraviesa la sociedad, atraviesa a las mujeres de todas las clases sociales, pero afecta fuerte y especialmente a las de menores recursos ya que, en general, son ellas las que mueren por llevar adelante la interrupción del embarazo en pésimas condiciones sanitarias.

Interrumpir un embarazo, señora presidenta, es un acto violento, terrible; y pensar que una mujer acude a esa práctica sin sopesar sus razones, sentimientos o posibilidades, es no comprender la problemática que encierra para el cuerpo, para el corazón y para la mente de una mujer.

No podemos seguir legislando sobre el cuerpo de las mujeres. Debemos poner todo nuestro esfuerzo y nuestros recursos para empezar a educar más en la anticoncepción, para la planificación familiar y para acompañar a evitar la muerte, o los daños a la salud psíquica o física que trae la clandestinidad de quienes han decidido no continuar con un embarazo.

Tenemos la posibilidad de contar con una herramienta que garantice a esas mujeres el acceso a servicios sanitarios seguros, a consejerías de asesoramiento de salud sexual y reproductiva, a métodos anticonceptivos. Estamos hablando de la consolidación de una política pública integral en materia de salud, tal como lo venimos haciendo en mi provincia desde hace algunos años.

Señora presidenta: veces nos toca a los legisladores pensar en cómo seremos recordados en la historia cuando dejemos de ser legisladores. Y mientras la sociedad avanza, mientras el mundo avanza, la sociedad reclama otro tipo de cosas y nuevas definiciones. Y yo me pregunto a veces, ¿vamos a estar a la altura de esas circunstancias, de esas amplias voluntades populares; o vamos a seguir como ahora, negando hipócritamente una de las principales causas de mortalidad de las mujeres en la Argentina, avalando los riesgos de esta desigualdad?

Hoy ocupamos una banca pública, señora presidenta. Nos eligieron a todos para que legislemos en pos de mejorar la calidad de vida de los argentinos; y hoy tenemos que tomar una decisión. Si usted me pregunta si hoy estoy cómodo debatiendo este tema en esta banca, no: no lo estoy. No estoy cómodo. Es más: si usted me preguntaba cuando empezó el debate de este proyecto de ley qué iba a votar, yo hubiera dicho

 

 

rotundamente que iba a votar en contra, señora presidenta, pero luego he escuchado a cada uno de los que se expresaron con total respeto, y la verdad que tenemos que tomar una decisión, porque tenemos esa responsabilidad y la tenemos que enfrentar.

Yo veo que tenemos dos opciones: una es dejar las cosas que sigan como hasta ahora, ignorando la realidad que vemos que viven miles de mujeres en la Argentina; o podemos garantizarles la igualdad de oportunidades, y el pleno goce de sus derechos, la autonomía, la libertad, la vida digna, señora presidenta. Y si bien estoy convencido de que la media sanción que vino de la Cámara de Diputados es perfectible –estuvimos trabajando pero no logramos hacerlo posible; un dictamen con modificaciones propuestas; ya lo han explicado varios senadores–, quiero decir que voy a votar a favor del proyecto que tenemos en consideración.

Y pido un minuto más, señora presidenta, para terminar diciendo lo que me parece será mi sentimiento cuando termine hoy la votación.

Creo que entre todos –no solo entre quienes tenemos una responsabilidad política; entre todos los argentinos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con los compañeros del trabajo– tenemos que trabajar para terminar con las divisiones extremas en la Argentina. ¡Terminar con las divisiones es imprescindible si queremos construir algo!

Es muy importante tener una sociedad políticamente atenta e ideológicamente movilizada, pero también es importante que esa sociedad esté en paz, señora presidenta. Y la militancia, en la cual creo porque la he practicado desde muy pequeño, es una herramienta clave para que las voces se alcen con criterio y con sabiduría. Pero siento que en el momento en que se levanten las manos hoy en este recinto, cualquiera sea el resultado final que se obtenga, esa militancia tiene que cambiar la estrategia porque democráticamente una decisión habrá sido tomada; y habrá sido tomada democráticamente.

Es clave que sepamos que no solo como legisladores, sino como argentinos, la responsabilidad que tenemos es que la militancia de hoy no puede convertirse en la venganza de mañana. Desde nuestro espacio personal, todo aquello con lo que no acordemos respecto de la decisión que los parlamentarios tomen hoy, deberá ser el momento de transformar nuestra militancia en paz, porque las represalias desde la violencia sabemos lamentablemente en qué terminan y los argentinos no nos merecemos esto; gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Muchísimas gracias, en todo sentido, senador.

Tiene la palabra el senador Pinedo.

Sr. Pinedo.- Presidenta: la Constitución nacional, el Código Penal, el Código Civil, son pactos para la convivencia en paz que se da una sociedad. Como tenemos esos pactos, podemos convivir en paz. Si no los tuviéramos, sería la ley de la selva. De manera tal que la primera posición de decir “bueno, podemos cumplir o no cumplir los pactos para convivir en paz” es un poco peligrosa y ninguna sociedad sobrevive sobre esa base. Eso de que el cumplimiento de la ley es optativo, es una contradicción en los términos. Como se trata de pactos para convivir en paz, son pactos que reflejan los valores esenciales de la convivencia.

Para legislar sobre valores esenciales de la convivencia se requiere mucho consenso. Es el pacto de convivencia en paz de la sociedad argentina. Se requiere mucho consenso. Este proyecto que estamos tratando, ¿tiene mucho consenso? Tiene media sanción de la Cámara de Diputados porque dos diputados que dijeron que iban a votar el día antes de una manera, votaron de la contraria: si no, no tendría media sanción. Y la división acá en el Senado es evidente. Así que es evidente que esto no

 

 

tiene mucho consenso y que, por lo tanto, no debería ser razonable querer imponerlo como parte del pacto de convivencia en paz.

¿Por qué pasa esto? En mi opinión, porque la propuesta que viene con media sanción de la Cámara de Diputados e incluso, en buena medida, las modificaciones que se proponen, son increíblemente exageradas. Se pasa de convertir algo que es un delito a algo que es una obligación para el sistema de salud de la Argentina. Pasar de delito a obligación es un poco exagerado, me parece a mí.

Lo mismo pasa con los médicos. A los médicos les dicen que hacer un aborto es un delito; y ahora el proyecto de ley indica que es obligatorio para ellos hacerlo. Si no, “lo meto preso”. Esto dice lo que votaron en la Cámara de Diputados. Es un poco exagerado para la convivencia en paz, para el consenso. Entonces, lo que tenemos que ver es por qué sucede esto y qué es lo que tenemos que hacer; cómo podemos llegar a esto y por qué hay tanta división.

Lo que creo, presidenta, que no se puede hacer es negar la existencia al otro. En la convivencia en paz no se le puede negar la existencia al otro. No se puede decir a alguien que vive que no tiene vida. No se le puede decir a alguien que tiene vida y es humano, que no es humano. No se le puede decir a alguien que es persona humana según nuestro pacto fundamental de convivencia, que no es persona humana. Y hemos visto un montón de veces en este debate –no solamente acá, sino fundamentalmente en las comisiones– que la manera de argumentar que hay que legalizar el aborto es desconociendo el carácter de persona humana del niño por nacer.

En el pacto de convivencia no se puede negar el carácter humano al otro: no se puede. Parece absurdo tener que decir… Estamos discutiendo… Porque no estamos discutiendo respecto de una persona o de la mujer: estamos discutiendo respecto de la mujer y del niño, porque si no existiera el niño no estaríamos discutiendo nada. Entonces, hay que darse cuenta de estas cosas, que son evidentes.

El proyecto en discusión no se hace cargo de eso. Dice muchos argumentos. Se dicen muchos argumentos; argumentos que muchas veces –supongo que involuntariamente– lo que buscan es negar la realidad, empezando por negar la existencia del niño.

En el debate, en algún momento –no acá, en la comisión–, el senador Mera manifestó que no dicen la palabra “niño”, ni “embrión”, ni “feto”, ni nada: ¡no lo quieren mencionar! Se trata de negar el carácter de lo que es al otro.

Se indica que la Constitución no dice que no se pueda legalizar el aborto. Sin embargo, la Constitución dice textualmente –lo voy a leer– que el Congreso debe, en pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre Derechos Humanos –dice la Constitución–, en particular respecto de los niños –dice la Constitución–, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño –dice la Constitución– desde el embarazo. Entonces, ¿por qué dicen que la Constitución no dice esto si lo estoy leyendo en la Constitución? Pueden no estar de acuerdo con la Constitución, pero no digan que la manera de defender y de proteger al niño es permitir que se elimine la vida del niño, pues la única manera de hacerlo es no reconociéndole el carácter de niño porque eso está acá.

El Código Civil dice qué es lo que es el niño en el artículo 19, cuándo empieza. Dice que es persona humana desde la concepción, artículo 19 del Código Civil. ¿Por qué lo dice? Lo explicó la doctora Kemelmajer. Lo dijo: Lo incluimos en el Código Civil porque es lo que decía el Pacto de San José de Costa Rica, que es uno de los tratados de derechos humanos. Lo dijo: está ahí.

 

 

Siempre se cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Artavia. Se lee un pedacito de Artavia, como siempre estas cosas, ¿no? Los abogados somos especialistas en leer un pedacito y no leer otro pedacito. Entonces, el fallo Artavia dice, leo textualmente: La definición de persona está anclada a las menciones que se hacen en el tratado a la “concepción” y al “ser humano”, términos cuyo alcance debe valorarse a partir de la ciencia. El fallo Artavia dice eso. Pero también dice: El derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente; y este es el secreto de esta discusión.

No se dice en esta discusión –los que la tratan con seriedad– que no se puede despenalizar determinada circunstancia de aborto. Lo que se dice es que no se puede privar de la vida a un embrión, a un niño por nacer; no se puede privar de la vida arbitrariamente, sin causa. Entonces, cuando dicen que hasta la semana 12 se puede legalizar el aborto, bueno: muchos pensamos que esa es una decisión arbitraria; hasta la semana 12, pero arbitraria al fin, ¿no es cierto? Entonces nos parece, como dijo el senador Urtubey –una brillante exposición recién–, que lo que hay que ver son causales para el aborto causado, causales de despenalización, pero no se puede –por el fallo Artavia, por la Constitución, por los tratados de Derechos Humanos; lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos– privar arbitrariamente de la vida a un niño por nacer.

Quiero hacer una última referencia. Acá se dice que hay un conflicto de derechos: el derecho que se llama “de la libertad de la mujer” y el derecho de la vida del niño. En realidad, de lo que estamos hablando es del deseo de la mujer de no continuar con el embarazo y del derecho a la vida del niño. Entonces, hay que ver las circunstancias para que el aborto no sea arbitrario. ¿Cualquier deseo justifica la eliminación de la vida del niño? ¿Cualquier deseo? Por ejemplo, la eugenesia: terminar con la vida de un chico enfermo. ¿Es un deseo equiparable a la vida del niño? ¿Es un deseo legítimo amparado por los tratados de Derechos Humanos? ¿Vale más ese deseo? Por lo menos es opinable, déjenme creer.

No cualquier deseo –o sea, no la arbitrariedad; no lo digo yo, lo dice esto que acabo de leer– justifica que eso valga más que la vida del niño por nacer.

Como dijo el senador Urtubey, vamos con que el derecho a la vida no es absoluto como ningún derecho, pero el deseo arbitrario tampoco es absoluto.

Señora presidenta: definitivamente, no creo que haya fracasado el Congreso. Construir consensos es muy difícil en las dos salas del Congreso. ¡No ha fracasado nada! Ha sido un extraordinario debate. Se han dicho cosas de extraordinaria importancia de los dos lados, muy valiosas. Lo que pasa es que, ante posturas tan extremas, no hemos podido llegar a un acuerdo porque pensamos que esto, para algunos, es imposible. Entonces, tenemos que ir a cosas que nos parezca a la mayoría – una mayoría importante– posibles. A lo mejor, alguno quiere más después. Pero, bueno: votemos lo posible. Después, si quieren más, discútanlo más adelante.

Pero acá no fuimos a lo posible, no fuimos a lo que el otro está de acuerdo, a lo que el otro puede tolerar: no, no fuimos a eso. Entonces mi propuesta, que es una propuesta de unidad nacional, es que realmente nos sentemos de buena fe a ver cuáles son los avances que podemos hacer en políticas públicas para proteger los derechos y los intereses de las mujeres, la salud pública y los derechos de los niños por nacer; y qué es lo que puede hacer el Estado para colaborar. En esto hay que trabajar. Pero me parece que no vamos a poder trabajar si no reconocemos lo obvio: que no estamos hablando de una vida, estamos hablando de dos vidas; gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.

 

 

Tiene la palabra el senador Castillo.

Sr. Castillo.- Gracias, señora presidenta.

Llevamos ya unas buenas horas de un debate importante, que nos ha trascendido a nosotros en el espacio y en el tiempo. En el espacio, porque obviamente está afuera ya de nuestra hermosa casa, de nuestro hermoso Congreso: uno viene y hay gente en la calle. Es un debate que en el tiempo, también: no solo en este tiempo que hemos estado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, sino desde hace bastante tiempo atrás; y nos va a trascender porque, seguramente, no va a concluir esta noche.

El tema es extenso y complejo. De hecho, si tuvimos temas duros, este me parece que es el tema –al menos de mi parte; y llevo varios años en el Congreso de la Nación– más duro; me parece que lo más importante es a partir desde qué punto de vista encuadramos al debate. Creo que gran parte de lo que hemos venido viendo en las charlas en las comisiones era cuál es el encuadre que le damos a un tema que, de por sí, es difícil, donde están en juego cuestiones de valores, cuestiones jurídicas y cuestiones filosóficas. Pero hay una cuestión casi de previo y especial pronunciamiento. Estamos sentados en nuestras bancas con un grado de responsabilidad: ¿debemos actuar solamente de acuerdo con la base de nuestras creencias o en la defensa y en el trabajo de las políticas públicas? De hecho, a veces se trata de dos temas distintos. A veces, nuestras creencias nos llevan también a la inmutabilidad. ¡Somos todos parte de una sociedad y somos todos parte de las creencias que tenemos! No quiero dejar de lado.

Soy católico. He tomado las creencias que mis padres me legaron. Es más: cuando fui gobernador, aboqué mi gobierno a nuestra Virgen del Valle. ¡Llevé el bastón a la Virgen del Valle! Algunos dicen que primero fue pagana. Siempre ocurre con nuestras imágenes que suelen ser paganas: los indios la valoran y luego la Iglesia las toma. Esto es legítimo. Ahora, ¿yo tengo que abordar todos los temas desde las creencias?

Hay una religión –y discúlpenme el dislate– en la que en algún momento debió haber existido la enfermedad de la triquinosis; esto, hace varios miles de años. Entonces, como todos eran ignorantes, dijeron: “Che, curemos este tema desde la religión: no coman más cerdo”. Bueno: ¡hay alguna religión donde las chuletas de cerdo y los alimentos derivados del cerdo hace varios miles de años que no se comen! Digo: de pronto hay cosas que se abordan desde donde se tienen que abordar y hay otras cosas que se abordan desde la responsabilidad de la política, de los hechos para los hechos. De los hechos para los hechos porque uno mira la realidad y la realidad va cambiando constantemente. Entonces, es ahí donde ciframos este encuadre que para nosotros es ineludible. Es decir: tomar las normas como normas públicas, como políticas públicas.

Se ha dado un debate extraordinario no solo en el Senado, sino también en la Cámara de Diputados. Se ha dado un debate que realmente nos ha servido a todos. Creo que gran parte de la sociedad ha seguido el debate por los medios; opiniones no solo de los que vinieron acá, sino también escritas en los diarios. Hemos aprendido muchas cosas: nosotros, los protagonistas y la gente. Seguramente, hemos dejado de lado tabúes y cosas que estaban escondidas se han visualizado. Entonces, más allá de las posiciones que tenga cada uno, se han enriquecido las posturas.

Por ahí uno tiene amigos de afuera y siempre valoran de los argentinos que somos cultos y muy inteligentes. Pero hay una cuestión con nosotros: que nos vamos hacia los extremos. Tomamos las cosas a veces desde el sentido común y las llevamos a los extremos y nos “extremisamos”. Así como los científicos hablan de tesis, antítesis y síntesis y las sociedades caminan alrededor, a nosotros esos comunes denominadores

 

 

nos suelen ser muy difíciles. Es muy difícil ver cómo podemos ir hilvanando o debatiendo temas.

Es más: yo acá he escuchado a biólogos cuyos extraordinarios argumentos nos han desasnado de varias cuestiones. Pero, lejos de tomar esos buenos argumentos como elementos para una interacción con las otras posiciones, ¡no!: tomamos esos buenos elementos para fortificar nuestras propias posiciones. Entonces, desde ahí, nos es muy difícil.

Desde que este tema está en debate en la República Argentina, hay muchos otros países del mundo que han tomado el punto, le sacaron las cuestiones de creencias religiosas y filosóficas y han avanzado. Así es que han logrado algunos tipos de leyes. No las he leído a todas, pero algunas van por la situación de la causalidad; otras, dando mejor término a la autonomía. Pero, a ver: son países que tienen idiosincrasias no muy distintas a la nuestra. Hablamos de España, de Italia y de hasta el último caso, que es Irlanda. Irlanda es un país con un 80 por ciento de una religión marcada. Sin embargo, han avanzado y logrado este tipo de cuestiones. A los argentinos –y no solo en este tema; aquí está más visualizado– eso nos ha costado. Recién sobre esta noche empezamos a ver algunos “proyectitos” que nos llegan. Pero, claro…

Me hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que el Congreso argentino tomó este tema? Código Penal, 1921, artículos 85. Seguramente, las causalidades puestas hace casi cien años eran hasta adelantadas, como indicó recién el senador Ernesto Martínez. Pero, ¡claro! Hay dos posturas. Una, la de tomar la ley, aun con el esfuerzo de las modificaciones que se plantearon; y la otra es directamente no tomarla.

Me hago una pregunta sincera: ¿no ha pasado nada en este país durante cien años? Porque el resultado de la no aprobación de la ley es que estemos en la situación en que estamos ahora, con las responsabilidades de los hechos que van a ocurrir después de lo que suceda esta noche. No me refiero a cuestiones sociales, sino a los hechos concretos sobre el tema que llevamos adelante.

Realmente, ¿tenemos algún argumento para sostener que la sociedad argentina del siglo XXI es igual que la de 1921? Con alguna cuestión de reconocimiento y honestidad intelectual, ¿no podemos argüir que fracasó estrepitosamente el concepto de penalización? ¿De que esa prohibición penal no ha servido para nada, al menos en las conductas de la gente? Es más: en algunos casos, hasta ha profundizado las desigualdades sociales que existen en virtud del género.

Yo no quiero traer acá la expresión del doctor Favaloro. Lo dijeron en la comisión y lo han dicho acá; ¡un párrafo extraordinario de Favaloro definiendo este tipo de cuestión! Pero la pregunta es: ¿no pasó nada?

En este Senado de la Nación hay treinta mujeres senadoras sobre un total de setenta y dos. Usted, señora presidente, preside este hermoso Senado. ¡En 1921 no podían votar! Digo esto para marcar que creo que algo ha pasado en este país a lo largo de cien años. Obviamente, en la próxima elección este tema va a estar presente. Habrá más o menos mujeres sentadas en sus bancas, pero seguramente nadie va a pasar por el tamiz de las elecciones sin este tema, fundamentalmente puesto allí como una cuestión básica.

Yo no soy un jurista y no puedo entrar en detalles de temas de envergadura ni de constituciones en la mano, pero la Constitución, en su artículo 75, inciso 22, que es el que hace el reconocimiento de todos los pactos existentes y preexistentes, en realidad es el modo de interpretación. ¡Allí no hay prohibiciones puestas!

Respecto de los temas de la inconstitucionalidad, que por ahí algún colega planteó como una cuestión fundamental, yo le diría que no nos hagamos tanto problema

 

 

porque los organismos que deben tomar este tema son los que nos aconsejan determinados tipos de conductas al Derecho positivo argentino.

  • El senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Castillo.- Si me permite: lo voy a dejar hablar tranquilo a usted; no me interrumpa. El plexo de normas ha sido planteado con mucha brillantez acá por Fernández

Sagasti y los dos senadores por Chubut. No quisiera ampliar sobre esto ni entrar sobre los casos que se han dado con seguranza, pero sí quiero plantearme una cuestión, que es la cuestión de interpretación de esto.

Acá nos dicen de la vida; de que está la argucia de que no se da la palabra niño; de que no se da la palabra feto; de que no se da la palabra embrión. Más allá de cualquiera de estas cuestiones, el concepto de interpretación de esto es que no existen derechos absolutos. Cuando alguien acá hoy fundamentó sobre los derechos absolutos, se tuvo que remontar al Derecho Romano y contar cómo alguien era esclavo si no pagaba las deudas. ¡No existen derechos absolutos! Es más, hay muchísima bibliografía sobre esto. Pero no existen derechos absolutos; y la interpretación en cuanto a que nos rigen las normas internacionales tienen que ver con el sentido de la proporcionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no tomó el sistema de proporcionalidad que viene en los controles de constitucionalidad de Alemania. ¿Por qué? Porque la Corte nuestra tiene otro criterio, que es el criterio de la razonabilidad, pero deja que este criterio de proporcionalidad sí lo tomen los tribunales inferiores cuando se trata de cuestiones en conflicto.

Cuando los principios constitucionales que puedan estar en juego son convergentes no hay ningún problema. El problema surge cuando entran en conflicto. Pongamos dos derechos en conflicto que hagan, por ejemplo, a la libertad de tránsito; y por otro lado, la libertad de manifestación pública de una huelga. ¿Cómo se falla? ¿Se da prioridad a una? ¿Se da prioridad a otra? ¿En qué grado se da prioridad a una y en qué grado se da prioridad a otra? La jueza Kemelmajer dio el ejemplo: el de las injurias a un político. Es decir, la libertad de prensa frente al derecho a la privacidad. Pero como se trataba de una persona pública es la real malicia: es decir, el conjugar de estas cuestiones.

En Alemania, por ejemplo, se planteó en algún momento el tema de la libertad de empresa y de trabajo de las tabacaleras frente al otro derecho, que es el de la salud.

¿Cómo resolvemos este tema? ¿Prohibimos el tabaco? Alguno habrá dicho: “Che, podemos hacer como la ley seca de Estados Unidos.” Es decir, esto nadie lo va a cumplir. ¿Cuál fue la cuestión? Plantear que en las etiquetas de cigarrillo aparezcan esas fotos horribles: si vos querés tener una enfermedad, ya lo vas sabiendo. Es decir: es el planteo y es el modo de interpretar que se tiene en todos estos tribunales y surgió de teorías… A ver: uno de estos teóricos de esto se llamaba Robert Alexy, un alemán que nació en 1945. En el primer libro que escribió sobre filosofía del Derecho dice qué es el derecho. Le contestaron que, bueno: el Derecho es una cuestión de los teóricos, de los prácticos. Sí, está bien: ¿pero qué es el Derecho en un régimen fascista, en un régimen nazi, en un gobierno de facto? ¿Cómo es el Derecho en los gobiernos injustos?

Cuando te dicen cómo es el derecho, te salen con la pirámide de Kelsen, la asamblea primera, bla, bla, bla. ¡Sí, está bárbaro! Cada uno se correlaciona con otro.

¿Pero cómo es el derecho en esos regímenes? A partir de esa teoría y de esa filosofía del derecho va naciendo el concepto de los derechos humanos en el mundo. A partir de él, a partir de Rossi –que escribió cuarenta o cincuenta años antes– y son los elementos de interpretación que hoy tienen los organismos internacionales.

 

 

Veo que cuando hablan de la proporcionalidad; que hablan del peso, del contrapeso; que hablan de la gradualidad, nos miran como si defendiéramos de acá como que el derecho argentino…. ¡Qué derecho argentino, si nuestra misma norma constitucional es una muy buena copia de don Alberdi –¡gracias a Dios!– que la copió de un estado extraordinario como el americano. Nuestro Código Penal es una copia de los códigos alemanes. Tomamos la fuente del Código Civil, de Vélez Sarsfield, y bueno… ¡Savigny! ¡No, no, no! Nosotros no tenemos la autonomía de esto. Sí tenemos que recurrir a quienes nos interpretan en este tipo de cuestiones

Siempre, en materia jurídica, hay un 50 por ciento de biblioteca y un 50 por ciento de biblioteca. A veces son las cuestiones políticas, las cuestiones de actitudes, las cuestiones de momento y las cuestiones de tiempo las que van cambiando.

A modo anecdótico –y ya no traigo más el tema de Alfonsín y la Convención Constituyente–, el miembro que vino acá a informarnos y que nos planteaba la inconstitucionalidad de la actual norma, fue el mismo que le planteó a Alfonsín, allá en Santa Fe, que cuando Alfonsín se retiró le dijeron: “Che, dejate de prurito jurídico que acá vamos a perder la reforma de la Constitución”. Y esa Constitución se sancionó sin ese pedido ahí. ¡No vengamos hoy con que eso es inconstitucional!

¿A qué voy con esto? A que es muy probable que alguna Corte vaya a declarar inconstitucional este vetusto Código Penal que todavía tenemos en esos artículos cuando esto se lo esté planteando.

Yo creo que estamos frente a un proyecto de ley que, como todos los proyectos de ley, son superables, son posibles. Este es un proyecto de ley que se inscribe dentro del marco de género. Es del siglo XXI: el siglo en que se suponía que las mujeres iban a tener todas las reivindicaciones. Voy a empezar desde el siglo XXI: en el 2008, la ley de trata de personas; en el 2009, se crea la Oficina de la Mujer, la ley de protección integral de las mujeres; en el 2012, el fallo del que acá hemos hablado…

Sra. Presidente.- Senador, ¿puede ir redondeando?

Sr. Castillo.- Ya termino, ya termino, ya termino.

La ley del parto humanizado, la ley de partida de género, la ley de igual salario de las mujeres. ¡Hasta las artistas hoy están planteando en Hollywood la necesidad de que la mujer tenga el mismo reconocimiento que el hombre! Más: la licencia por paternidad me parece que también es un derecho de la mujer que hoy se está planteando.

Digo que esta ley, por un lado, es pragmática porque en lo comparativo va a bajar la mortalidad en la cuestión puntual, pero baja la cifra de los abortos. No hace falta irnos a otro lado. Vamos a Uruguay para comparar cómo esto ha ido bajando.

La ley, como se dijo acá, no obliga. Si bien es cierto que no constituye la mayor causa de los problemas de salud en la Argentina, sí es la causa principal de muerte por maternidad en la República Argentina.

Igualitaria: tomo lo de Favaloro.

Después, da dos o tres temas. Las consejerías: sobre las consejerías, que está en la ley, quiero decir algo. Las consejerías hoy existen. Empezó en la provincia del Neuquén. En la provincia de Catamarca funcionan las consejerías. ¿Saben cómo funcionan? Funcionan en la misma maternidad. Hay un grupo de pobres médicas y médicos a los que miran como con ojos distintos. Allí hay sicólogos y médicos. Llega la persona con su tema y me decía la sicóloga: “Mirá, cuando la escuchamos ya hay una contención; ya hay una contención.” Si a esas cuestiones de género nosotros le pusiéramos una cuestión interdisciplinaria –es decir, pusiéramos a alguien de Acción Social, alguien del Ministerio del Trabajo, alguien de Vivienda–, ¿ustedes saben cuánto

 

 

paramos realmente este problema? Estos son hechos que existen, son parte de la modernidad.

Mire, presidenta: yo voy a terminar. Termino diciendo una sola cosa: la historia de nuestro Derecho, la historia de nuestras libertades en la República Argentina, es la historia de la secularización. Yo creo que el 25 de mayo y el 9 de julio fueron actos de secularización. Creo que aquella Asamblea del XIII, que se la debemos a San Martín, fue un extraordinario acto de secularización, cuando se decretó la libertad de vientres y terminamos –nada más y nada menos– en América con la Inquisición diez años antes que en España. También fue un acto de secularización la Constitución de 1853, que consagró la libertad de culto.

No voy a hablar del pobre Nicasio Oroño, a quien se le ocurrió hacer la ley de matrimonio civil en 1868. Terminó con la provincia intervenida y él excomulgado, cuando creía que estaba solucionando un problema de todos los gringos, de distintas razas y credos, que venían y a quienes quería casar. No había forma de casarlos de otra manera que no fuera por una ley civil. Recién en la década del 80, viene el reconocimiento por la ley de matrimonio civil, la 2.393, a instancia del general Roca. Fue también un acto de secularización.

Fue también un acto de secularización en este país cuando empezábamos a crecer y teníamos que contarnos: ver cuánto crecíamos…

Sra. Presidente.- Senador Castillo…

Sr. Castillo.- Estoy terminando, señora presidente.

Y crear el Registro Civil.

Fue un acto de secularización la ley 1.420, que fue un debate extraordinario: menos de uno de cada cinco argentinos estaban alfabetizados en este país.

Yo vi en su despacho una foto de Roca; y me parece muy bien que usted venere a Roca. Roca fue el autor de la ley. No fue ni Sarmiento ni fue Mitre: la llevó él. A él le tocó, en la historia política. ¿Sabe qué hizo? ¡Lo echó al nuncio apostólico de la República Argentina bajo el planteo de inmiscuirse en las políticas internas de nuestro país! Por supuesto, después lo arregló en el segundo mandato, pero lo echó. ¡Se sabía por qué se hacía esto! Treinta años después, este país era el más alfabetizado de América, después de Japón y después de Francia.

Y otro acto de secularización fue lo acontecido en la Primera Guerra Mundial: un país que quería entrar a disputarle al mundo sus cuestiones. ¡Teníamos que hacer lo mismo que habíamos hecho con la escuela primaria! La reforma universitaria, la que se dio en Córdoba, la que empezó un gran proceso de crecimiento del país.

Termino, señora presidente, de la siguiente manera. Las otras dos libertades que vinieron acá –y acá voy al tema– han sido el divorcio y la ley de matrimonio igualitario. Pero, ¿saben cómo se llegó? Con el divorcio, como con la ley de matrimonio igualitario, pasaba lo mismo que pasa hoy: ¡los políticos no se querían meter! “No vaya a ser que perdamos votos si tomamos una decisión sobre esto; no vaya a ser que la Iglesia nos apriete, que los sectores de poder…” Hubo un señor que se había casado después de treinta años de estar separado de otra señora y dijo: “Yo voy a meter una demanda para declarar la inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2.393, que es la indisolubilidad del vínculo”.

Recién, un senador acá me decía de las normas pétreas. Está el fallo de la Corte: de Bacqué, de Petracchi y de Fayt; un fallo extraordinario, donde se marca la dinámica de derecho. Una ley que nació siendo constitucional, por el paso del tiempo, como no servía para regular la vida de los argentinos, se convirtió en inconstitucional. ¡Ese fallo convirtió en inconstitucional el artículo 64 de la ley 2.393! ¡Hablamos de dos millones

 

 

de argentinos que estaban separados; que estaban condenados a no poder casarse, a no tener hijos, a vivir en soledad por una ley arcaica que devino inconstitucional! Esa es la belleza de lo laico.

Esa es la belleza de actuar con la responsabilidad política y civil y dar las respuestas que los tiempos nos exigen. Ocho meses después era ley. Alfonsín, rápidamente, cuando vio la sentencia, la mandó; y lo mismo hizo Kirchner con lo otro. Porque la ley…

Sra. Presidente.- Perdóneme, senador.

Sr. Castillo.- Y termino, y termino…

Sra. Presidente.- No, ¿pero sabe desde cuándo me está diciendo que termina? Hace ocho minutos me está diciendo que termina.

Sr. Castillo.- La ley de matrimonio igualitario –lo dije acá, en este recinto–, ¿saben cómo fue? Un chico le dijo a su padre: “Papá, soy gay y convivo con otra criatura”. Y el padre le dijo: “Perfecto, yo soy chapado a la antigua; andá, casate.” ¡Fue a la Justicia y logró la sentencia! Una sentencia judicial abrió la puerta para que se pudieran casar personas del mismo sexo. Después vino la ley. Con esto va a pasar algo parecido. Si nosotros no avanzamos, la gente y la propia Justicia son quienes modifican los derechos positivos.

Termino de la siguiente manera. Cuando este país creció, se desarrolló, desde Aaron Castellanos en adelante, cuando venían todos los inmigrantes a hacer esta República Argentina, ¿sabe por qué vinieron? Porque este era un país laico, no un país convencional; porque este era un país en donde regulábamos a partir de nuestra Constitución para que vengan todos los hombres y mujeres del mundo a poblar este suelo argentino.

Sigamos trabajando para la libertad. No hagamos leyes para algunos. Hagamos leyes para todos; gracias.

Sra. Presidente.- Gracias, senador Castillo. Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Bueno, presidente: estamos llegando prácticamente a la finalización del debate porque después vienen los cierres de los presidentes.

¿Qué estamos tratando? El proyecto C.D.-22/18, que es la media sanción que viene de Diputados. Ese es el proyecto que estamos tratando.

En ese sentido, presidente, quiero saludar y felicitar a los presidentes de las comisiones por el trabajo que han hecho, que ha sido realmente importante; de las tres comisiones. Obviamente, tuvimos la exposición de expertos médicos, abogados. La verdad es que fue un trabajo importante.

No llegaron a un consenso en este tema porque no tuvo despacho de comisión. No se llegó a la mayoría. Y, ¿por qué no se llegó a mayoría en el despacho? Porque obviamente hay diferencias en la visión que se tiene acá. Algunos decían que esto no se iba a cambiar: que mantenían a rajatabla el tema de la media sanción; que no tenía que volver a Diputados porque, si volvía a Diputados, no sabíamos qué podía pasar porque respecto de aquellos dos que habían sido –como se dice– convencidos en ese momento, no se sabía si iban a volver a tener los votos para tratar el proyecto. Esto es lo que se decía. A última hora, salió que tenían un consenso logrado, pero tampoco fue así porque no lograron mayoría; y hoy estamos tratándolo acá.

Aquellos que decían que nosotros obstruíamos: ¿se dan cuenta de que lo estamos tratando? Sin despacho, sin publicación, estamos tratando el proyecto. Nadie objetó el tema de que tenemos que tener dos tercios para el tratamiento. Lo estamos tratando.

 

 

¿En qué radica la diferencia central acá? La diferencia radica en que, desde el principio, algunos decían que esta ley que vino de Diputados es impracticable. ¿Por qué decían que era impracticable? Para muchos –la opinión que hemos escuchado de gente que está a favor– catorce semanas es una barbaridad: estamos hablando de un chico de tres meses y medio. “Bajemos a doce semanas y, entonces, va a haber gente que nos pueda acompañar porque son dos semanas menos.” Este fue un criterio que se discutió ahí.

El otro tema que se habló, en el que había disidencias, era la objeción de conciencia. Inclusive, hubo médicos que vinieron y que preguntaron: ¿cómo viene la mano con el tema de la objeción de conciencia? Si uno obstruye, dice la ley que va preso. ¡Porque hay que ver lo que es el texto de esta ley! Si obstruye la práctica, va preso. Obviamente, no estaban de acuerdo; porque mire si se interpreta, por ahí, que hay una persona que obstruye el tema del derecho que tiene de en cinco días… ¡Va preso!

No podían hacer objeción de conciencia las instituciones de Salud que eran confesionales. Tampoco podían hacer objeción de conciencia –que vinieron a hablar acá– las enfermeras que participan de estas prácticas. Esto generó controversia. Yo estoy diciendo lo que generó controversia.

Después también, en una parte, cuando se le preguntaba el costo de todo esto, había unos que decían: “No, esto es cero pesos.” Pero algunos senadores dijeron: “¡No, esto tiene un costo! ¿Quién va a pagar esto? Estamos hablando de un quirófano en cinco días, el prequirúrgico, el quirúrgico, el postquirúrgico. Tiene un costo. No es que no tiene un costo.”

Una persona me dijo: lo tienen que pagar las provincias.

Ah, qué bueno, nosotros hacemos la ley y el gasto es de las provincias.

Entonces algunos senadores dijeron que había que incluir la partida presupuestaria. Y justamente, como yo la otra vez en el debate dije que no tenía partida presupuestaria, me corrigió una senadora diciéndome que yo no estaba informado, que no sabía que el proyecto en el que estaban logrando consenso tiene una partida presupuestaria; que yo era ignorante al respecto.

Bueno, ahí le entramos a dar la razón a Bullrich y a usted, presidenta, que de entrada quiso facilitar el debate. Porque acá nadie quiere decir cuánto sale esto ni dónde va a estar.

Estoy acá desde 2001 y me ha tocado informar el presupuesto igual que a Maurice. Tenés que decir la partida, tenés que decir a dónde va. Tenés que asignarle una partida y especificar en qué jurisdicción –Educación, Salud, etcétera- va a estar. Tiene que determinarlo la Comisión de Presupuesto. Para eso está, para cuantificar: cuál es el gasto de Nación, cómo se va a comprometer el tema de la coparticipación, etcétera.

¿Cuál fue la visión de acá? La negativa. ¿Por qué? Porque preside Bullrich. ¿Y qué va a hacer él? Como es católico ultra, se va a oponer el proyecto y va a trabarlo por todos lados. Fue así. La presidenta, igual. Vamos a trabar el proyecto que viene de Diputados. No lo vamos a sacar por eso.

Como si fuese que Bullrich es el único que integra la Comisión de Presupuesto.

El trabajo de Bullrich era la cuantificación.

Lo que no se dio cuenta la senadora que me corrigió ahí…

Por eso Pichetto se retiró en ese momento enojado, porque se mandó una metida de pata muy grande, ya que esto tiene que volver a la Comisión de Presupuesto si no tiene una habilitación especial. Es lógico: tenía que tratarlo la Comisión de Presupuesto.

Todas estas cosas hicieron que hubiera desencuentro entre los que decían que este proyecto se podía aplicar.

 

 

El otro tema en el que también estaba reñido el proyecto era el derecho de la mujer. Con respecto al tema de la decisión personal de la mujer, si se quiere hacer la práctica hasta las 14 semanas, sin ningún tipo de objeción la hace. Algunos profesionales hablaban de 20 semanas.

Lo importante de todo esto es que en este debate hemos visto la generación de consensos que ha sido transversal. Por eso a la presidenta le dije recién que los cierres tenían que haber sido acordados en Labor Parlamentaria, porque acá los presidentes no representan a sus bloques. Hay bloques donde los presidentes son negativa absoluta. No tienen consenso. Entonces acá no se puede hablar de representación del presidente. Tiene que ser uno y uno en forma proporcional en los tiempos. Hay algunos que dicen: “No, el presidente de bloque…”. No: el presidente de bloque es cuando representa. Esta es otro tipo de discusión.

Y fíjense ustedes que hay senadores de distintas bancadas acompañando una misma postura. Sin dar nombres quiero decir que hay gente que vos suponés que es imposible que se pongan de acuerdo. Ahora están de acuerdo en esto. Uno lo ve por los comunicados de cada uno. Vos decís: este no quiere a este otro, quedate tranquilo porque nunca van a lograr consensuar. Y ahora uno ve que se ponen de acuerdo. Te dicen: guarda que este se puso de acuerdo con este.

Imagínese ustedes que yo coincido con lo expresado por Pinedo en este tema. Coincido: ha hecho una exposición con la que coincidimos los senadores en lo que se refiere al tema del Estado de derecho. ¿Qué es el Estado de derecho? El respeto por la Constitución y por las leyes.

Había una cosa que decía Napoleón, que los compañeros saben: nosotros tomemos el territorio y después, que vengan los abogados a explicarlo. Es así: nosotros tomamos el territorio, primero matamos y después vienen los abogados y lo explican. Esto decía Napoleón.

Creo que lo importante de la democracia es el respeto hacia el pensamiento del otro, hacia la cultura del otro, hacia la creencia del otro. En eso consiste todo esto.

Entonces, hay algunos acá que sobre este tema dicen: “Tiene un pensamiento retrógrado”. Y no es nada eso: lo mandan a descalificar por los medios, a decir: “Este es arcaico”. Así como algunos dicen: “Está con la ley de Moisés”. “Es del 1300 antes de Cristo”, y descalificando.

Entonces, están los que entienden el derecho y comienzan a dar todos los nombres y a mencionar lo que dicen Juan, Pedro, en el derecho, para hacer esto que decía Napoleón: justificar la toma del territorio.

Y hay otra persona que acá se nombra como la experta que hizo el Código Civil que sostiene que el artículo 19 en realidad no dice lo que dice, que no se debe interpretar así. Y ella hace una interpretación. ¿Y cuál es la realidad acá? La realidad la han dicho varios: la Constitución en el artículo 75, inciso 22, habla expresamente de los tratados internacionales. Y allí dice: de jerarquía constitucional.

¿Saben por qué dice de jerarquía constitucional? Porque esos tratados tienen que ser aprobados con dos tercios de la totalidad de ambos cuerpos. Tienen una mayoría calificada. Tratados internacionales: dos tercios de la totalidad de ambas cámaras. Y ahí está el Pacto de San José de Costa Rica en donde dice lo que algunos dicen que no dice.

El artículo 4, inciso 1º, expresamente habla de que la vida debe ser defendida desde su concepción. Taxativamente lo dice. Algunos dicen que no debe interpretarse así.

La otra cuestión es el tema del concepto de la regularidad. Hasta los 8 meses uno es una cosa que no se sabe bien qué es y luego nace y es ser humano. La verdad es que

 

 

yo no entiendo eso.

La Constitución en el inciso 23 del artículo 75 habla –lo expresó bien el senador Pinedo– del niño en desamparo y dice desde el embarazo.

Todas las leyes que acá hicimos tuvieron ese sentido: protección a la vida. La Constitución protege la vida. Los derechos internacionales que tenemos también lo hacen. El Pacto de San José, ya lo dije.

Con relación a los derechos del niño, la Argentina hace una reserva expresa en el artículo 2º de la ley que dice que debe entenderse la protección de la vida a partir de la concepción. Es una reserva expresa que hace la República Argentina. Y algunos dicen que no, que debe entenderse de otra forma.

El Código Civil lo dice expresamente. Las Constituciones provinciales también lo dicen expresamente. Y este plexo es ley suprema de nuestra Nación. Por eso decimos:

¿qué es el Estado de derecho? El respeto por la Constitución, por las leyes. ¿Y qué es lo que se protege acá? El derecho a la existencia. Esa es la clave.

Entonces te dicen: mirá que hay cosas que no tenés que mezclar acá, porque hay cosas que vos creés y otras que no; tenés que escindirte de eso.

La Constitución dice: Dios, fuente de toda razón y justicia. Así dice la Constitución, el preámbulo. ¿Me estoy equivocando en eso? Dice: La protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Bueno, señores: yo creo en eso; yo creo en Dios. Yo creo en la existencia de Dios; creo en su infinita misericordia. Creo que nosotros no salimos de un repollo. ¿Verdad? Y hay mucha gente que, como nosotros, cree en eso.

¡Pero mucha gente! Y el que no cree te dice: Vos tenés que creer en esto. Te limita, te dice: No, porque esto no es así, porque es un arcaico; te habla de Moisés, te habla de esto y de lo otro. Y acá el tema central es el derecho a la existencia, ese es el tema. Ahora, quién se arroga el derecho para decir: este de tres meses, que viva; este de dos meses, no; un mes, no. Es una cosa que no tiene nombre.

Obviamente que entendemos que todos somos iguales en nuestra dignidad y en nuestro derecho: la mujer, el hombre y el niño por nacer. ¡Porque está en una situación de indefensión! Y tiene derecho a la protección del Estado, que el Estado le cuide la vida. Y tiene derecho a la protección de la madre. Y la madre y el niño por nacer tienen el derecho del cuidado del Estado. ¡Eso está consagrado en nuestras leyes y en nuestra Constitución! Esto es así.

Ahora dicen: “Va a venir el tiempo electoral”. Es cierto y sería bueno que los que se postulan como candidatos a representantes y los que se postulan como candidatos a presidente digan, en estas nuevas elecciones, dónde están. Y ahí te voy a preguntar cómo es la realidad del que cree y del que no cree. Explíquenle bien a la gente porque va a ser un plebiscito. Entonces, la persona va a decir: Yo estoy a favor de esto o a favor de lo otro. ¡Claramente tienen que decirlo! Porque esto no se hizo.

El partido que lo hizo expresamente sacó el tres por ciento de los votos. Yo los felicito porque ellos no creen, son ateos, son comunistas y creen en la dictadura del proletariado. Bueno, todas esas cosas que ellos creen. Porque hubo acá una expositora, que nos dijo de todo, que era del Partido Comunista, que no creía en Dios, que no creía en nada. Bueno, no tiene esa gracia de creer.

Yo le digo lo siguiente: el derecho a la existencia. Imagínense ustedes, a todos los que estamos acá, que a ninguno nos negaron el derecho a la existencia. A todos los que están ahí en la plaza, a ninguno le negaron el derecho a la existencia; los unos y los otros, los verdes y los celestes. ¡Somos todos argentinos! Obviamente que acá, de acuerdo a cómo ha sido tratado el tema, va para un lado o para el otro.

Yo estoy de acuerdo con el tema de que tenemos que tener un Estado

 

 

contemplativo y no penalizar a la mujer. Esto que dicen cuatro años, cinco años o seis años de prisión. ¡No querido, a esta altura del campeonato! Contención y comprensión al drama de la mujer que llega a esta circunstancia. Pero de ahí a libre, gratuito y obligatorio y dale que va, no. No hay derecho a matar, porque es así. No les gusta que diga esto, pero en realidad es un niño que está por nacer.

En ciertas circunstancias la ley dice: Se autoriza hasta antes de los nueve meses. Y no estamos de acuerdo; hay un grupo que no está de acuerdo con esto. Por ejemplo, imagínense ustedes que la madre de Vivaldi, por hablar de algo que nos puede gustar a todos, le haya negado el derecho a la existencia, o la madre de Mozart, que le haya negado el derecho a la existencia, o de Leonardo da Vinci, que le haya negado el derecho a la existencia, o de Miguel Ángel, que le haya negado el derecho a la existencia. Yo participo de esta vida, me encanta la vida, podría vivir mil años acá. Le agradezco a mi madre que me dio el derecho a la existencia, que no me negó el derecho a la existencia. Así como decía esa música de los 70: ¡Déjalo ser! Hay casos que son extremos; no es del hecho particular a lo general. Cuando hay casos que son extremos, sabemos que la defensa de la vida siempre es fundamental.

Hay una mujer que, aunque muchos no lo crean, cambió las eras. Yo creo en eso. Por ejemplo, muchos somos devotos de María; ella sabía que cuando aceptó la concepción podía ser muerta apedreada. Ella estaba sabiendo eso. Su decisión cambió la era: antes y después. Y a ese pueblo, que estaba en tinieblas, su luz le resplandeció. Y hace dos mil años decía: El tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán. Te guste o no, eso es así. Fue verdaderamente revolucionario para su tiempo; luchó contra la discriminación de la mujer, contra la discriminación de las personas, contra la esclavitud, habló del amor al prójimo y del amor a Dios, de la igualdad ante los hombres. Ahora, por supuesto, hay todos plexos que se escriben.

Tenemos que seguir trabajando en este tema porque ya se abrió un debate que es importante hacerlo. Por ejemplo, en el tema de la despenalización, la peor respuesta puede ser darle la cárcel. Eso no puede ser. No está bien eso. De hecho, uno dice:

¿Cuántas mujeres están detenidas por esto? No son muchas, o no hay prácticamente.

Sra. Presidente.- Senador.

Sr. Mayans.- Ya cierro.

Ambas plazas están llenas y hay que trabajar para ver si podemos lograr un consenso en ciertas cosas que creemos que es posible hacer: en la educación y en la salud. Y el otro tema, la muerte materna –cortito, presidente–: de 9.700 mujeres, 31 son los casos de aborto. Y usted me está diciendo el tema de los accidentes: mueren ocho mil personas por año. No es como dicen acá, que es la principal muerte. ¡No digan esas cosas porque no es cierto!

Acá un ministro vino a hablar de 500.000 abortos y al otro día viene otro ministro y dice 320 mil. Una pequeña diferencia de 200.000 muertes. ¡Bárbaro! ¿De dónde sacó usted eso? Contraté una consultora, dice. ¿De quién es la consultora? Y acá el otro problema es la pobreza, la falta de vivienda digna y la falta del derecho a la salud; ese sí tiene que ser un compromiso nuestro, sin color político. Luchemos para erradicar la pobreza de nuestra Patria, para que todos esos planes que tenemos se transformen en trabajo digno. Ese tiene que ser nuestro compromiso, erradicar la pobreza. Respetar la vida de todos y el derecho a la existencia de todos. Así como decía una persona: Hagamos grande e inmortal la Patria. Gracias, presidente.

Sra. Presidente.- Gracias a usted senador.

Tiene la palabra el señor senador Rozas.

Sr. Rozas.- Gracias, señora presidente. Evidentemente estamos ante un tema que es

 

 

absolutamente transversal, es un tema que atraviesa a los bloques partidarios, es un tema que atraviesa a los partidos políticos y es un tema que atraviesa a toda la sociedad. Yo creo que en esto –me imagino que mayoritariamente, al menos– estaremos de acuerdo. En función de esto que pensé siempre –que era un tema transversal–, desde el inicio de la apertura de este debate presenté un proyecto junto con el senador Naidenoff en el Senado de la Nación, el S.-380/18, donde proponíamos realizar una consulta popular no vinculante. Por supuesto, no conseguimos los acompañamientos necesarios para hacerla, pero sigo convencido de que era una muy buena iniciativa porque creo que hubiésemos tenido, diputados y senadores, referencias verdaderamente genuinas y populares sobre este tema tan profundo, tan importante.

Y sé que algunos legisladores dicen “pero, en función de la democracia representativa, genuina que tenemos a partir de la Constitución del 53, nosotros estamos en condiciones de tomar decisiones.”. Lógicamente, es sabio ese artículo de la Constitución sobre nuestra representación genuina y que, así como nosotros, los senadores, representamos a las provincias, los diputados nacionales representan al pueblo de la Nación Argentina. Pero en un tema como este –que, acertadamente, la mayoría entiende que es transversal– hubiera sido muy, muy bueno escuchar la opinión de la gente, conocer la opinión del pueblo argentino. No nos obligaba, luego, a senadores y a diputados a dictaminar en consecuencia de acuerdo a los resultados, ¡pero íbamos a tener una referencia!

Digo esto porque yo escucho acá decir “bueno, porque ahí afuera hay un sector…”. ¡No! ¡No! ¡Afuera hay dos sectores! ¡Hay dos sectores! Y lo que nadie puede desconocer es que la sociedad argentina –yo no conozco exactamente los porcentajes, pero es algo de lo que estoy seguro– está partida en dos, ¡absolutamente partida en dos!

¿Y por qué estamos como estamos hoy? Porque no hemos conseguido los consensos necesarios para una ley tan trascendente y tan importante como ésta. Y una ley que no consigue los consensos en números significativos, quiere decir que es una ley a la que le falta reflexión, le falta madurez, le falta profundidad.

El otro día leí –no lo he verificado– que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, de los votos de mujeres, cincuenta mujeres votaron a favor y cuarenta y nueve mujeres votaron en contra. Creo que con este ejemplo las palabras sobran, huelgan. Es decir, no se han conseguido los consensos necesarios. Y esto también pasa porque algunos tienen la visión de que el país empieza y termina en dos o tres centros urbanos; y me parece que no tenemos una visión profunda de la Argentina. No tenemos en cuenta una demografía social integrada por personas de distintos niveles educativos, de ingresos, de edades y que pertenecemos a distintas regiones a las que también debemos responder en un proceso democrático por igual.

Entonces, quienes tienen la visión de esos centros urbanos más poblados, creen que el tema está lo suficientemente debatido y que hay que resolver. Yo soy de los que creo, profundamente, en la evolución natural de las sociedades. Y creo que este tema va a evolucionar. ¡Claro que va a evolucionar! Lo han dicho senadores que piensan de una forma y que piensan de otra. Y por más que nosotros digamos lo contrario, esto va a ocurrir hacia adelante, pero se necesitan los procesos de maduración.

Miren, yo he tenido una experiencia personal hace veintidós años atrás, no hace dos o quince días: veintidós años atrás, cuando realmente eran tabú los temas de la educación sexual y de la procreación responsable o salud reproductiva.

Yo fui electo gobernador en la provincia del Chaco –o asumí– el 10 de diciembre de 1995. A los cuatro meses, el 10 de abril de 1996, en la Cámara de Diputados de mi provincia se aprobó la ley número 4.276, de educación sexual y de

 

 

salud reproductiva. Bueno, fue una situación sorpresiva para muchos y hubo muchas instituciones y personalidades que me pidieron audiencia. Vinieron a verme. ¿Y cuál era la queja fundamental?: “Gobernador, no hubo el debate necesario para sacar una ley de esta trascendencia”. Y escuché a los sectores y les transmití lo siguiente: “Miren, si ese es el tema que les preocupa, quédense tranquilos, mañana a la mañana veto totalmente la ley con este argumento y esta ley vuelve al debate social. Y, si insiste Diputados, naturalmente la voy a promulgar porque yo creo que es un progreso para los chaqueños”, en ese caso, la educación sexual y la salud reproductiva por sus medidas preventivas y, naturalmente, por la formación que le íbamos a dar a la sociedad chaqueña.

Veté la ley. Volvió al seno de la sociedad. Se armó un gran debate social. Los diputados insistieron en la ley y la promulgué. La promulgué hace veintidós años atrás.

Por eso, la descalificación a unos y a otros es una cuestión que no comparto absolutamente para nada, de un sector y del otro. No comparto los extremos. Nunca en mi vida compartí los extremos. Los extremos fundamentalistas son malísimos y son pésimos para la sociedad; son muy malos.

Entonces, cuando para descalificarnos –yo voy a votar en contra de la sanción que vino de la Cámara de Diputados de la Nación– nos dicen que somos –como sostuvo algún senador por ahí– arcaicos, retrógrados, que no vemos la evolución, que no vemos el futuro, que no vemos a los jóvenes, yo les digo que veo todo eso. Veo, veo, no soy miope, no tengo un cartón sobre mis ojos. Lo veo perfectamente. Y sé cómo va a evolucionar la sociedad, absolutamente, absolutamente Pero será cuando ese proceso de maduración se dé en la sociedad argentina.

Y esa norma que nosotros pusimos en vigencia en el Chaco en aquellos años – repito, veintidós años, para que quede claro de lo que estamos hablando, veintidós años– era realmente para orientar, para poner métodos y prestaciones de servicios que garantizaran el derecho humano de decidir libre y responsablemente sobre las pautas reproductivas, incluyendo la planificación familiar voluntaria.

Por eso, entiendo que en estas circunstancias el debate ha ido avanzando y se han puesto en confrontación dos derechos humanos fundamentales a mi entender: el derecho a la vida en gestación y el otro derecho que tiene la mujer a disponer libremente de su cuerpo.

A mí me hubiera gustado, como escuché a varios senadores, encontrar, como le dije anticipadamente a un medio, la calle del centro, la calle del medio. Pero, en este país, donde permanentemente es Boca o River o River o Boca, es dificilísimo encontrar los consensos necesarios.

Por eso, a pesar de que permanentemente he sido un arduo defensor de los derechos de la mujer, de la ampliación de los derechos, de la igualdad de género, en el año 1999, hace 18 años atrás, siendo gobernador de mi provincia modificamos la Carta Orgánica de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, ciudad capital, y pusimos – somos uno de los pioneros en el país, igual que en educación sexual y en salud reproductiva, porque este Congreso dictó la ley cinco años después que el Chaco– que para la elección de concejales tendría que haber igualdad de género: 50 por ciento hombres, 50 por ciento mujeres. Y tiene vigencia desde 1999. Por eso digo que me hubiera gustado encontrar esa calle del medio para tomar fundamentos y razones de un lado y fundamentos y razones del otro.

Cuando decía lo de la calle del medio, es porque ha quedado demostrado en este país que la penalización de la mujer ha sido un fracaso y para las clases más vulnerables

 

 

una verdadera injusticia, porque, naturalmente, siempre tienen más acceso y posibilidades los sectores que más tienen.

También tenemos que asumir en este país, fundamentalmente la dirigencia política, que hemos llegado a esta situación por alta responsabilidad de todos nosotros; de todos nosotros sin excepción. Porque si hubiéramos trabajado fuertemente en el enfoque de la educación sexual integral y salud reproductiva o procreación responsable, otro sería el cantar, hoy, en la Argentina, aunque se pueda avanzar con algunas modificaciones.

En cuanto a todos estos movimientos que se han producido en la Argentina –yo no estoy en contra, porque en democracia todos los movimientos son bienvenidos, todos sirven para movilizar, para generar ideas y promover iniciativas–, qué bueno hubiera sido que tuviéramos en la calle miles y miles de personas exigiéndoles a los distintos gobiernos que han pasado, incluido el actual, la aplicación en el país de la educación sexual integral y salud reproductiva, para que se aplique en el país; hablo del sector político. Nadie le ha prestado un minuto de atención a estos temas trascendentales y ahora, de la noche a la mañana, pretendemos encontrar los consensos indispensables para sacar una ley tan sensible como esta.

Por eso, yo abogo y espero que podamos encontrar en el futuro los consensos necesarios para producir las modificaciones que hagan falta, pero démonos tiempo. Los argentinos estamos acostumbrados a la magia, que no termina siendo otra cosa que magia: resolver las cosas en 24 horas. Qué bueno hubiera sido que se hubiese aprobado nuestro proyecto de consulta popular, dándole un año o 18 meses al pueblo argentino para que se produzca un debate social en profundidad, para que la gente sepa acabadamente de qué estamos hablando y que cada uno vaya tomando posición al respecto. Pero no: 60 días. Incluso acá, en el propio Senado, hubo senadores que me sorprendieron, ya que querían sacar esta ley en quince días porque ya vino de Diputados aprobada.

Yo digo: ¿era suficiente? Evidentemente… Hoy, seguramente, cuando se vote, nos vamos a dar cuenta de que no se encontraron los consensos, que la maduración no estaba todavía lo suficientemente arraigada en todos nosotros.

Eso es lo que quería expresar y mi voto, naturalmente, es negativo a la media sanción de Diputados.

Sra. Presidente.- Gracias, senador Rozas.

Vamos a empezar con los cierres, así que por un ratito se van a tener que aguantar el sonido del timbre.

Mientras tanto, tiene la palabra el senador Closs. Sr. Closs.- Gracias, señora presidenta; buenas noches. Sra. Presidente.- Buenas noches.

Sr. Closs.- Yo respeto enormemente la palabra y la posición de cada uno de los senadores. Además, les expreso mi solidaridad a cada uno de los senadores que en el ejercicio de su función, de uno u otro lado, fueron víctimas de alguna agresión, de algún apriete o de lo que fuera; de algún momento ingrato como el que, seguro, nos tocó pasar a todos.

También quiero decir que sería bueno que cada uno de nosotros, luego de que pase este debate, repasemos lo que dijimos. Porque también acá, en el recinto, de un lado y del otro de las posiciones, como decía recién el senador preopinante, parece que si un senador vota para un lado, es arcaico, si vota por el sí, puede ser un asesino de niños por nacer y si vota por el no, es cómplice de alguna muerte que pueda ocurrir en el futuro. Y no es así.

 

 

Cada uno de nosotros va a votar conforme a lo que cree, según su convicción, luego de haber escuchado esta noche tantas opiniones. Por eso mi reconocimiento, mi abrazo y mi afecto a cada uno de los senadores, más allá de cómo voten.

Cuando esto salió en Diputados, yo me sorprendí. Creo que muchos de nosotros pensábamos que ese día no salía, incluso importantes legisladores del partido del gobierno; quizás, hasta ese era el pensamiento del mismo presidente. Pero salió. Y en los primeros momentos después de que sale, yo, que como todos venía interpretando el estado de ánimo de la sociedad, pensé que esto, en el Senado, iba a pasar muy rápido.

Por eso expresé públicamente, solamente una vez y por escrito para no ir al debate del día a día –porque los niveles de agresividad ya se empezaban a notar–, que si esta ley iba a salir, tenía que salir bien, y planteé algunas correcciones para mí muy importantes.

De manera que al continuar en esta exposición quiero hablar exclusivamente de lo que estamos votando, que no es el dictamen –pues no existe–, sino la media sanción que viene de Diputados. Eso es de lo que estamos hablando, de esa ley completa, no de otra ley, no de otro dictamen, no de otro proyecto, no del que hubiera podido ser mejor y que, con muy buena voluntad, desde muchos lugares intentaron encontrar puntos de consenso. Ese es el proyecto que estamos votando y tiene todos esos problemas y esos defectos que yo por lo menos los fui marcando desde esa primera jornada posterior a la votación.

Acerca del primero, quiero hacer foco en la constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero, en este caso, en relación con las competencias provinciales y federales. No tengo duda alguna, por lo menos en la Argentina, de que es facultad federal, es decir de esta casa, del Congreso de la Nación, dictar los códigos de fondo, como el Código Penal. No tengo dudas de eso. Entonces, sí tenemos como facultad el debate de si penalizamos o despenalizamos el aborto.

No hay duda de que eso es una competencia.

Ahora, la ley que estamos tratando –esa media sanción que estamos tratando– hace mucho más que un cambio del ordenamiento jurídico penal; avanza sobre competencias claras de las provincias, yo no tengo duda alguna, e incluso lo hace a contramano de lo que es nuestra historia. Describe el funcionamiento de los hospitales, pone obligaciones a médicos de la salud pública y privada de las provincias, avanza sobre cosas que son competencias no delegadas.

Uno representa a una provincia y también tiene que mirar cuál es el ordenamiento jurídico. Y en el caso de la provincia de Misiones el artículo 39 de nuestra Constitución es sumamente claro cuando dice que la provincia garantizará la atención de la salud de la población, a cuyo fin la Legislatura –la nuestra, la provincial– dictará la ley sanitaria correspondiente que asegure la asistencia médica integral preventiva y asistencial; y continúa diciendo que, a los efectos de cumplir más acabadamente estas obligaciones, el gobierno –el de Misiones– podrá, por medio de convenios, comprometer su colaboración con la Nación.

Respecto de esto, si miramos en el funcionamiento y en la historia de nuestro país –y tantas veces fue destacado acá el caso “F.A.L.”– veremos que también la Corte, que resuelve muchas de las cosas que se discutieron acá de constitucionalidad, obliga a las provincias a hacer el protocolo, pero cada provincia tiene que hacer ese protocolo. Esta es la primera vez que una legislación sobre este tema se la declara de orden público y se avanza sobre claras competencias no delegadas. En el caso de la provincia de Misiones es muy claro por el artículo 39, pero esto vale para todas, también para las otras 23 jurisdicciones del país.

 

 

Incluso, si uno mira el derecho comparado y la evolución como un antecedente del fallo “F.A.L.”, en este caso el caso “Roe vs. Wade”, originado en el Estado de Texas y luego ratificado por la Corte de los Estados Unidos, también pasa el mismo derrotero: falla la Corte y autoriza el aborto pero instruye a cada uno de los estados, que han hecho luego en los Estados Unidos cada uno su legislación referida al aborto.

Allá también hay diferencias en la apreciación de la legislación penal en cada uno de los estados de los Estados Unidos, pero el nuestro es un país federal y entonces en esta casa yo puedo aceptar que la materialidad del derecho y la evolución de los tiempos ha provocado cambios en interpretaciones en las leyes de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero no que se esté redefiniendo el federalismo. Y me parece sumamente complejo que esto esté ocurriendo.

Entonces, claramente este dictamen –que insisto en que no es un dictamen, sino una media sanción– es inconstitucional en términos de la competencia, toda vez que habla de una cuestión de salud pública que es propia de las provincias. Y, en todo caso, si quisiéramos sancionarlo tal cual está tendríamos que haber agregado un artículo que diga que las legislaturas provinciales tienen que adherir a esta ley, como tantas otras leyes que hicimos últimamente. Y en esto estoy francamente convencido, no solo por nuestra Constitución Nacional, sino también por la Constitución de la Provincia de Misiones en el artículo 39.

Creo también que, más temprano que tarde –coincido con muchos–, la despenalización del aborto va a ser una realidad. Creo que esto es un derrotero –más temprano que tarde– que va a ocurrir, porque hay mucho más consenso en este concepto que en lo que es este sentido de esta ley, que también lo dijo el senador Pinedo recién. Pasamos de lo que hoy tenemos, un Código Penal que sanciona a la mujer –letra muerta total y absolutamente, pero consecuencia de esa penalización es la clandestinidad, que no hay duda de que hay que corregirla–, a despenalizar, pero no solamente a despenalizar, sino que lo legalizamos, generamos un derecho, generamos un derecho subjetivo de segunda generación y pusimos los costos de ese derecho –de ejercicio amplísimo– nada más y nada menos que en cabeza del Estado. ¿Pero de qué Estado? Sin duda alguna que de las provincias, porque yo no conozco un solo hospital en Misiones que sea de la Nación. Ninguno.

De manera tal que si esto se tuviera que aplicar, además de que desde mi visión de las competencias federales y provinciales es inconstitucional, si se tuviera que cumplir va por el cuero y el presupuesto de las provincias. Y, en todo caso, si una provincia va a decidir la gratuidad, que lo decida esa provincia, la que fuera.

Más allá de esto, en este caso tampoco estoy de acuerdo con la gratuidad. Y no es porque tenga una visión liberal, para nada: siempre creo y voy a seguir creyendo en un Estado presente y ordenador, con fuerte presencia en muchas cosas y especialmente en la salud pública. Así lo hicimos y lo estamos haciendo en la provincia de Misiones, pero hay que tener algunos límites, porque la gratuidad no existe. Las cosas no son gratis, a las cosas alguien las paga; se paga con deuda o se paga con emisión monetaria o se paga con inflación o se paga con una presión tributaria horrenda o se paga con empleo en negro, pero no hay nada gratis, absolutamente no hay nada gratis.

Y sí creo que una de las grandes cosas que debemos discutir los argentinos en un lugar como este es el que tiene que ver con un Estado ordenador que establezca cuáles son las prioridades, obligaciones y gratuidades mínimas que tienen que haber, pero no estoy de acuerdo de que se establezca gratuidades.

En este caso se habla de turnos de 5 días cuando, por ejemplo –y no solo en Misiones, sino que seguramente también ocurre en muchas provincias–, si una mujer

 

 

tiene que hacerse un diagnóstico por alguna malignidad le dan turno para un diagnóstico por imágenes para dentro de 7, 10, 15, 20 días o tantos más

Y hay un dato que es objetivo: cuando uno mira las causas de la mortalidad de hombres y mujeres ve que las enfermedades cardiorrespiratorias están primeras por lejos, las tumorales están segundas y los accidentes de tránsito están terceros. De manera tal que eso tendría que tener más prioridad y este Congreso nunca debatió una ley que garantice ni siquiera los turnos, porque hoy hay pendientes tantos turnos para el acceso a la salud pública en miles de lugares de nuestro país.

Digo una cosa: uno plantea la gratuidad y a los 5 días tenemos que resolver el problema; ¿hay camas en los hospitales de sus provincias? ¿Hay camas libres? Miren, yo hace un par de años que dejé de ser gobernador pero el teléfono suena constantemente: “Dame una mano Mauri para que en tal hospital reciban a un enfermo”.

¿Qué va a pasar? Me va a llamar un padre con un hijo de 5 años que tiene un problema

–no sé, gripe o se torció el tobillo– y tiene que ser internado en algún lado por lo que fuera y le vamos a decir “No. No te podemos dar porque el imperio de una ley federal – inconstitucional, porque no tenía por qué legislar para la provincia de Misiones– me está obligando a que yo dé prioridad a este tema”. No estoy de acuerdo, e insisto en que las gratuidades no existen, las gratuidades se pagan con emisión monetaria, con inflación, con déficit fiscal, con deuda, con una enorme presión tributaria, que nosotros conocemos en la Argentina porque nada es gratis; nada, absolutamente nada es gratis.

Quiero, sí, un Estado ordenador, presente, que se ocupe de la salud pública, y creo que sí es una prioridad absoluta en este “ocuparse de la salud pública” y en este “Estado ordenador” poner en funcionamiento de manera efectiva y con recursos… Y hagámonos cargo de que en la próxima ley de presupuesto que viene las leyes que tienen que ver con la salud reproductiva y las prevenciones tengan los recursos necesarios. Porque estamos en un momento de ajuste, no estamos en un tiempo en donde se están ampliando partidas presupuestarias para gastos públicos. Pero asumamos el compromiso de que tengamos garantizado esto en el presupuesto, que tengamos garantizado que haya una política de salud reproductiva, que no hay duda alguna de que es uno de los caminos que debemos seguir, con esta ley o sin esta ley, pero esa es una cosa que debe seguir y profundizarse.

Por último, quiero decir lo siguiente: uno tiene sus pertenencias, sus afectos, sus amigos, su familia, las personas que uno quiere, las personas con las que uno milita y hay posiciones de todo tipo; no hay duda alguna. Y uno hay veces que escucha y dice: Te estás equivocando.

Yo voy a votar que no, nosotros vamos a votar que no. ¿Y saben qué? No me estoy equivocando, tampoco estoy acertando. Simplemente, en este debate donde las verdades lejos están de ser absolutas y son sumamente relativas, me ponen en consideración un proyecto que me parece que es malo, que no resuelve problemas y que causa problemas; que es inconstitucional y que establece prioridades que no son las que creo.

Entiendo y coincido en cuanto a que la despenalización, más temprano  que tarde, va a ser una verdad, pero este… ni dictamen, sino media sanción que estamos tratando no habla de eso; habla de muchas otras cosas.

No me estoy equivocando, tampoco estoy acertando. Estoy decidiendo lo que yo creo en este momento que en referencia a este dictamen es lo que corresponde. Y uno es quien es y con ese “no equivocarte o no acertar” también expresa los pensamientos de una familia, de una sociedad, de una provincia, de una formación, de una historia de vida. No hay duda alguna de que uno está expresando esto. Y hay muchos que plantean

 

 

“No, pero la calle pide.” “Y la calle pide; y la calle exige; y mirá la cantidad de gente que está…”.

Recién había un embotellamiento grande. Yo caminé siete cuadras entre medio de toda la gente que estaba allí, mayoritariamente con los pañuelos a favor de esta sanción. Y uno, por ahí, cuando anda por las calles de la Ciudad de Buenos Aires hoy podría decir, “sí, hay un movimiento importante que pide a favor de esta ley”.

Pero ¿saben qué? Las calles no están solamente en la Ciudad de Buenos Aires; también hay calles en otros lugares de la República Argentina. Y yo tengo la convicción de que hoy en las calles, en la avenida de las Américas, en Aristóbulo del Valle; en la Victoria Aguirre, de Iguazú; en la Belgrano, de Alem; en la plaza 9 de Julio, de Posadas, o en la de Eldorado, no todos pero mayoritariamente los misioneros están de acuerdo respecto a cómo estamos votando y cómo estamos decidiendo. Porque ese es el pensamiento mayoritario, de este momento y acerca de esta ley, del pueblo de la provincia de Misiones que nosotros hoy venimos a representar.

No es un acierto lo que estamos haciendo. Tampoco es una equivocación. Es la obligatoria necesidad que tenemos de decidir en este momento y creo que estamos decidiendo, por lo menos con nuestras convicciones, con fuertes argumentos constitucionales y, por sobre todo, en la defensa de las dos vidas que entendemos, insisto, que no exclusivamente pero sí de manera bastante mayoritaria piensan y sienten

–y sentimos– los habitantes de la provincia de Misiones.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.

Ahora van a compartir tiempo el senador Pino Solanas y la senadora Odarda.

Sr. Solanas.- Gracias, señora presidenta.

Antes de comenzar a desarrollar el tema –porque esta es una noche histórica, para bien y para mal, por supuesto– debo expresarle, señora presidenta, por el respeto que le tengo, mi sorpresa y disgusto por la falta de amplitud y la descortesía que la conducción de este cuerpo tuvo para un personaje histórico de los argentinos, que no es igual que cualquier otro.

Hace unas horas recibí la visita, en silla de ruedas –y venía bajo la lluvia– de la entrañable Nora Cortiñas. Quería estar presente en este debate histórico. Yo acudí a su estrado, señora presidenta, porque se le negaba acceso. Eran tan estrictas las normas que le pedí una excepción a la regla, porque no es igual Nora Cortiñas a los demás ciudadanos, porque carga el capital simbólico de una tragedia argentina.

La señora presidenta me dijo “No, yo he comprometido mi palabra con que las normas eran estas, no las puedo violar”. Nora estaba dispuesta a ir hasta el primer piso; la llevábamos en andas porque estaba en silla de ruedas.

Me parece lamentable que en épocas de democracia…

Sra. Presidente.- Senador, pero diga también la verdad completa. Yo la fui a recibir, la saludé, estuve con ella, charlé como cinco, diez minutos. No es que no tuve ningún contacto con…

Sr. Solanas.- Pero qué bueno, señora presidenta, que al menos conversó con ella…

Sra. Presidente.- El tema era que dentro del recinto tengo que ser ecuánime con todos. Sr. Solanas.- No, pero compréndame, señora presidenta, no coloquemos las cosas en el mismo valor. A mí me parece lamentable y un signo de los miedos antidemocráticos que existen, las medidas de seguridad y el siniestro Congreso vallado que viene de épocas inmemoriales y que le cierra las puertas a los mejores referentes del pueblo, ni para presenciar los debates. A esa Argentina la queremos cambiar.

 

 

¡Hablo en nombre de otra Argentina, que quiere acabar con los miedos! ¡Que sufrió todas las represiones! ¡Que no quiere más represiones! ¡Que no quiere una juventud reprimida! ¡Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires! ¡Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años, de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos! ¡No solo el derecho a la vida de las mujeres! ¡El derecho a poder decidir sobre su cuerpo! Y, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos miedo de decir que el derecho a gozar? ¡A gozar de la vida y a gozar de su cuerpo!

Sí, señora presidenta, yo lamento profundamente, señores legisladores, que en todos los debates que he escuchado –o casi todos– y en las comisiones hubo un gran ausente, lamentable ausente: ¡la mujer, señora presidenta! Esos debates discurrieron entre análisis científicos, jurídicos o médicos. ¡Era un objeto, un objeto descartado la mujer!

¡Una verdadera vergüenza! No puedo olvidarme de mujeres que he conocido y que han sufrido el tema central de este debate, que no es teórico. Puede serlo o puede no serlo, ¡pero mientras nosotros discutimos y podemos discutir años sobre la validez de una interpretación de la Constitución Nacional o de las distintas normas, hay miles de mujeres que no tienen otra opción que el aborto clandestino! ¡Porque ninguna ley represiva pudo, a lo largo de la historia, impedir los abortos!

¡Sinceremos el discurso, acabemos con la hipocresía de una clase dirigente que, sabiendo que mientras las más pudientes podían acudir a los abortos seguros, las menos pudientes estaban condenadas a la infección o a la muerte!

Hay que sincerar los discursos. Y le voy a decir más, señora presidenta: yo estoy seriamente preocupado por las vocaciones que se dicen democráticas y que respetan la Constitución Nacional. ¡Cómo es posible que acá exista una mayoría, posiblemente, en el resultado de esta noche, que cree que le puede imponer a la mitad, o más de la mitad de las mujeres argentinas, su mirada y su concepción del mundo!

¿Está claro lo que estoy diciendo? ¡Es inconcebible que legisladores que provienen de culturas populares y democráticas, piensen que le pueden imponer a la otra mitad del país su voluntad en un sujeto tan íntimo y tan personal que podemos debatirlo años! ¡Pero quienes deciden seguir o no seguir con el embarazo, son las mujeres!

¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está el reconocimiento de que el otro no debe pensar igual que nosotros y que el otro es diferente? ¿Me lo explica alguno?

La Argentina, señora presidenta, parece que se han olvidado que desde su Constitución Nacional en adelante ha reconocido la pluralidad cultural; ha reconocido que es un país laico. Este país fue conformado por sucesivos procesos migratorios y civilizatorios de distintas procedencias culturales y en su mestizaje con los pueblos originarios ha dado este pueblo nuevo.

Pero le hemos garantizado a este pueblo nuevo la libertad de culto en la Constitución y la igualdad ante la ley. Entonces, ¿qué podría decir doña Raquel? ¿Cómo la puedo olvidar a doña Raquel, una mujer humilde que a sus treinta y cinco años y con cuatro hijos fue abandonada por su marido, que la dejó embarazada? ¿Qué tiene que hacer Raquel? ¡Qué tiene que hacer!

Y Susana, pobrecita: fue violada por su marido. Digo bien: ¡violada por su marido! Cuando no quería hacer el amor, su marido la molía a golpes. ¿Qué tiene que hacer con varios hijos y embarazada? ¿Qué tiene que hacer?

A Merceditas la violó el padrastro. ¿Podía ir a denunciar al padrastro? ¿Cuántas anécdotas nos han contado?

 

 

Pero claro, nosotros podemos seguir discutiendo sobre la teoría de la interpretación constitucional, jurídica, etcétera. ¿Y quién se hace cargo de estas cosas?

Lo que acá discutimos no es abortó sí, o aborto no. Porque nadie quiere el aborto. Y la ley que viene de la Cámara de Diputados, podrá tener limitaciones, ¡pero no le impone el aborto a nadie! Le posibilita a esa otra mitad de las mujeres argentinas que sin ser católicas o evangélicas profesan otras creencias o credos o a las que aun siendo católicas cristianas deciden interrumpir su embarazo.

Tildar, como hemos escuchado en los debates, de genocidas, de irresponsables, de asesinos a quienes decimos que hay que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, es un atropello que este cuerpo debe repudiar. ¡Porque si somos genocidas, son genocidas los principales países democráticos de la tierra; los que aplican de la manera más rigurosa los derechos humanos y sociales!

Hasta los países que profesan el catolicismo, como Irlanda –que lo acaba de votar– y como España e Italia –que hace muchos años que lo legalizaron y por múltiples razones, entre las que están razones de trabajo, económicas y psicológicas– permiten la interrupción voluntaria del embarazo.

Ahora, ¿quiénes se oponen a esto? ¿Quiénes se oponen? Los sectores más reaccionarios y ultraconservadores. Los de siempre. Porque en todas las luchas por la ampliación de derechos de las mujeres y por los derechos humanos y sociales, fueron las mismas fuerzas que se opusieron. Fueron las mismas fuerzas las que se opusieron al matrimonio igualitario, al divorcio y a muchísimos otros derechos que se conquistaron. Y todas esas conquistas llevaron muchas luchas.

Entonces, señora presidenta, es necesario colocar las cosas en su lugar. Yo también sufrí en mi juventud la represión del medio ambiente. Me coloco en la posición y en la actitud de los chicos de catorce, quince y dieciséis años que se aman. ¡Se aman!

¿O les vamos a enseñar que deben o no amarse?

Dios tuvo la grandeza, de junto a la creación, hacer descubrir al hombre y a la mujer el goce, que es un derecho humano fundamental. En esta vida de profundos sacrificios, ¿no va a ser un derecho? ¿Y qué derecho tiene el pobre, además, si en la crisis brutal que vive la Argentina –que va de una crisis a otra– no le queda por lo menos el derecho de amarse?

Yo lo sufrí en carne propia. A los dieciséis años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto, con la oposición de la familia de ella, que nos escapamos. Y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo. Y luego me enteré de que la verdad es que había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y a la represión social, que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas, porque casi se muere de una infección. Yo lo viví. Viví el pánico de esa chica.

¡Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta! Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. Tengo hijos, tengo nietos y soy católico, lo cual no quiere decir que apruebe todas las políticas de la Iglesia. Me parece que el arzobispo Poli nos ha faltado el respeto a todos hoy. Así lo entiendo yo, como católico. Decir que los senadores deben trabajar por el bien común, ¡chocolate por la noticia, arzobispo Poli! ¡Por favor!

¿Usted se mete también en la política nuestra? Usted tiene todo el derecho a meterse con los fieles, por supuesto, a aconsejarlos a cada uno. ¡Pero yo, como senador nacional de la Capital Federal que votó varias veces o se pronunció varias veces por la legalización de la interrupción del embarazo, soy el único senador de los tres que apoya

 

 

esto, en una ciudad que mayoritariamente se ha expresado! Entonces, estamos en problemas, señora presidenta.

¿Quiénes son los que se oponen? Sectores ultraconservadores. Infelices palabras las del obispo, porque nos remonta a otras historias acerca de dónde estuvo la Iglesia. La verdad, la Iglesia bendijo los vuelos de la muerte. ¡La Iglesia sabía que se torturaba a mujeres embarazadas! ¡La Iglesia sabía que se entregaban los hijos de esas mujeres!

¡No los vimos en la calle denunciando ni marchando como marchaba Nora Cortinas, desafiando la represión frente a la Casa Rosada! ¡Hay que ponerse allí!

Entonces, yo estoy sorprendido de que haya incluso legisladoras que voten contra este proyecto de ley, que quizás no es el mejor, pero sale a exigir una política de salud pública para impedir esa injusticia.

Entonces, ¿por qué sigue existiendo esto? Porque sigue existiendo una concepción patriarcal de la mujer descartable, de la mujer tutelada, de la mujer infantilizada, de la mujer incubadora, señora presidenta. Pero no tenemos esa idea.

Además, señora presidenta, sea cual fuera el resultado de esta noche –y se lo digo a los que me están escuchando afuera, a las chicas y a los muchachos–, porque hay legisladores que orejean las cartas como si estuviéramos en una trágica partida de póker y hacen cálculos electorales, yo le decía que estas son causas. Y saludo la nobleza y la valentía de legisladores de distintas corrientes políticas, fieles a sus causas, no a las causas grandes de los argentinos. Y la causa de la ampliación de derechos y de ampliación de derechos de las siempre oprimidas y descartadas mujeres, es prioritaria  en la Argentina.

Lo que yo digo es que hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Este es un triunfo monumental, porque hemos logrado colocar en el debate nacional, ¡ellas han logrado!, ellas, años de movilizaciones, un debate fundamental de esta Argentina, que siempre fue vanguardia en América latina de grandes causas que estaban prohibidas. Acá, en siete años, no duró más de siete años la dictadura genocida. Y fue el país el que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado con un juicio ejemplar, no con el mamarracho que estamos viendo. Al adversario, la mejor calidad de justicia, la mejor calidad de justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Si no, es una payasada que no la cree nadie.

Entonces, señora presidenta, esto se lo digo a los que están afuera: que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! ¡Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas! Esta causa, esta noche tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir. Y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. ¡Nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación! ¡Será ley! ¡Habrá ley contra viento y marea! Gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Senadora Odarda: le quedan poquitos minutos.

Sra. Odarda.- No…

Sra. Presidente.- Y, sí, le digo que sí porque usted compartía.

Sra. Odarda.- Perdón, señora presidenta…

Sr. Solanas.- Señora presidenta: si todos han hablado 20, 25 minutos, debiendo hablar 15…

Sra. Presidente.- Poquitos minutos, hasta el 25…

Sr. Solanas.- Por lo menos, hablamos 20 cada uno; yo no llegué a los 20.

Sra. Presidente.- 30. Entonces, sería hasta 30. 11 minutos.

 

 

Sr. Solanas.- No, no, no. Todos hablaron un 50 o 60 por ciento más. Nos correspondía

  1. Un 50 por ciento más nos corresponde. Sra. Presidente.- Hable lo que usted quiera… Sr. Solanas.- 45 minutos…

Sra. Presidente.- Hable lo que usted quiera. Salimos a las tres de la mañana. No hay ningún problema.

Sr. Solanas.- ¡No, no, no, porque usted no tuvo la misma vara para el resto! ¡Por favor, eh!

Sra. Odarda.- Este es un debate histórico, señora presidenta. Alguien dijo en el debate en las comisiones: Nunca nadie se arrepiente de ser valiente. Lo dijo la escritora Claudia Piñeiro, citando a un colega guionista.

Yo les pido a los senadores y a las senadoras que no nos arrepintamos de ser valientes. Hoy tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad, de habilitar la política de salud pública más importante, de mayor impacto para las mujeres más desfavorecidas, para las mujeres más humildes; la política pública de salud más importante que nosotros hoy podemos tomar.

Yo no pierdo la esperanza de que ustedes, senadoras y senadores, que ya han manifestado en otros momentos, en otros lugares, que van a votar en contra, que reflexionen y que escuchen a los millones que están en la calle con frío, con lluvia. Nos están mirando. Nos están mirando.

¡Cómo me gustaría que no hubiera vallas que impidieran que ellos estén más cerca para que escuchemos sus voces, sus cantos, su alegría, señora presidenta! Su alegría, sabiendo que lamentablemente hoy vamos a hacer caer una ley que reconoce un derecho fundamental para las mujeres argentinas.

Creo que aquí, este Senado se olvidó de reivindicar a una mujer que desde la Corte Suprema de Justicia nos decía a todos, legisladores, sean diputados o senadores, que dictemos por fin una ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo. Me refiero a la doctora Carmen Argibay.

Ella era muy clara y nos decía a las mujeres que nos teníamos que revelar con aquellas leyes que provenían de una civilización conformada por hombres. Qué razón tenía la doctora Carmen Argibay, que lamentablemente ya no está con nosotros.

Quiero decirle gracias a las mujeres que se movilizaron durante todos estos meses, a las que pensaban que iban a ser pocas y fueron millones, a las que se abrazaron, a las que se reconocieron, a las que se solidarizaron con los dolores de unas y otras.

Quiero decirles gracias a las mujeres rionegrinas, a las mujeres integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, a las socorristas. También, por supuesto, a todas las integrantes del movimiento de mujeres de mi provincia, a las mujeres que seguramente hoy nos están escuchando –a las que les mando un gran abrazo– de Viedma, de Bariloche, de Cipolletti, de Roca, de Sierra Grande y de todas las localidades de la provincia de Río Negro; a los trabajadores, a los sindicatos, a los profesionales de la salud, a los profesionales del derecho, a las expositoras que vinieron a brindarnos su aporte; por supuesto, a la juventud que nos renovó las ganas de seguir peleando por una patria más justa; al equipo de trabajo, a la doctora Liza Malaspina y a todos los integrantes de mi equipo de trabajo. También, a las senadoras que conformamos ese grupo de senadoras y estuvimos comunicadas durante todos estos días, dándonos fuerzas ante los dolores que tuvimos que sufrir por las agresiones que muchas de nosotras hemos sufrido.

 

 

Por eso, señores senadores y senadoras, tenemos que hacer el esfuerzo para sancionar esta ley y reconocer ese esfuerzo, ese gran esfuerzo de solidaridad, de sacrificio, de compromiso para todos ellos.

Creo que los números de la vergüenza ya se han señalado; yo voy a señalar uno solo: desde el comienzo de la democracia 3.030 mujeres muertas por abortos clandestinos, sin contar todas aquellas mujeres que abortaron, que felizmente no sufrieron ningún daño, sin contar los subregistros, que sabemos que son una práctica demasiado vergonzosa y común en la Argentina.

Las niñas madres en la Argentina: 3.000 niñas menores de quince años son madres todos los años o cada año en nuestro país; ocho de cada diez de ellas no quisieron quedar embarazadas. La mayoría, señora presidenta, quedó embarazada por la violación de un familiar. Ellas tienen cuatro veces más riesgos de enfermar y morir.

Yo soy de Río Negro, señora presidenta, y me siento orgullosa de ser rionegrina; y también de ser cordobesa, porque me tocó estudiar y formarme como profesional en la Universidad Nacional de Córdoba y vivir también allí hasta que egresé.

Pero quiero hablar de Río Negro, de la provincia vanguardia en la defensa de los derechos de la mujer, porque he escuchado que se ha dicho que, lamentablemente, esta ley no iba a cumplir su objetivo, que era una ley mala, que era una ley que estaba de moda.

Le quiero decir, señora presidenta –y me encantaría que me escuche–, que Río Negro es una de las provincias que está en la avanzada en la legislación de defensa para la mujer. Y no me voy a quedar con ganas de decir que nosotros, quince años antes prácticamente de que el Congreso sancionara la paridad de género, Río Negro ya tenía su ley de equivalencia de género, la media sanción, como me dicen aquí.

En 2001, la ley 3.550 creaba el Programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana. En 2007, adhesión a la ley de protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. En 2008, adhesión a la ley nacional de educación sexual integral. En 2009, la prohibición de ejercer cargos públicos a quienes hayan sido condenados por delitos contra la identidad sexual. En 2010, adhesión a la ley nacional de fertilización asistida. En 2011, adhesión a la ley nacional para la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En 2012, la ley 4.796 crea el Programa de Atención Sanitaria de Abortos No Punibles y en 2016, por decreto 182, se crea el Registro de Objetores de Conciencia y la reglamenta.

Nos quedan muchas leyes, como la ley que declara la emergencia en materia de violencia de género. Pero, así y todo, quiero significar que el proyecto de ley en consideración tiene un precedente fundamental en la lucha de las mujeres de distintos partidos políticos de todas las provincias y también de Río Negro; de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres. No es casualidad que el proyecto de ley llegue al Senado en este momento.

Por eso, quiero reivindicar nuevamente a Río Negro como provincia pionera en el reconocimiento de los derechos de la mujer. Pero, a pesar de eso, señora presidenta, en Río Negro –y por datos del Ministerio de Salud– en 2014 hubo novecientos egresos hospitalarios por embarazos terminados en aborto. De ellos, trescientos ochenta y siete egresos se registraron en niñas adolescentes y mujeres de hasta veinticuatro años.

En 2016, la cifra subió a novecientos cuatro egresos hospitalarios por abortos clandestinos. ¿Qué significa eso? Dos egresos hospitalarios por día por complicaciones derivadas por abortos clandestinos. ¡Dos egresos por día por abortos clandestinos, señoras y señores legisladores!

 

 

Hubo un senador hoy que hablaba con un lenguaje que parecía que pertenecía a un Estado confesional. Yo le quiero decir a ese senador que estamos en un Estado laico.

¿Qué significa estar en un Estado laico? Significa estar en un Estado donde claramente se separa el ámbito político y social de la Iglesia.

¿Quién pone la frontera? ¿Quién marca el límite? El límite lo marca la ley. ¿En un Estado laico se está en contra de la religión? No, para nada. Al contrario. Porque el Estado laico, señora presidente, garantiza la libertad de cultos y su ejercicio. Pero en el Estado laico, los gobiernos y los legisladores tienen que realizar acciones positivas para todos los ciudadanos, para garantizar los derechos individuales, los derechos colectivos, las garantías constitucionales, para garantizar la diversidad. Eso lo hace un Estado laico.

Ý yo quiero hacer un reconocimiento ya que se ha hablado del rol de la Iglesia en distintas etapas de nuestra historia. Quiero reconocer la labor pastoral, la labor social de la iglesia. ¿Cómo me voy a olvidar, señora presidente, del padre Mugica, que murió por defender a los pobres? ¿Cómo me voy a olvidar, señor presidente, de monseñor Angelelli, que lo mató la dictadura? ¿Cómo me voy a olvidar del ex obispo Hesayne, de Viedma, que sacó de las garras de la dictadura al legislador Bachi Chironi, de Viedma, tan querido por nosotros? ¿Cómo me voy a olvidar de obispos actuales, como el de San Carlos de Bariloche, el de Viedma, el padre Luis y tantos que, realmente, trabajan por los más desposeídos?

¿Cómo me voy a olvidar también de la labor de otras iglesias que sacan a los chicos del alcoholismo, de la drogadicción y que les enseñan un oficio? Pero estamos en un Estado laico, donde las políticas públicas no las impone la Iglesia, las impone el Estado. Estamos en un Estado laico, señora presidente.

Quiero leer unas palabras de Diana Maffía, doctora en Filosofía, reconocida luchadora a favor de los derechos de la mujer, que participó de los debates. También de Daniela Heim y Belén Spinetta, quienes, seguramente, coincidirán en esta definición de Diana Maffía.

Ella dice: La fuente laica de la moralidad de nuestra sociedad –sabe cuáles son señora presidenta– son los Derechos Humanos y su respeto indica no solo el acceso al aborto legal, sino que tipifica como tortura su extendida falta de acceso. Tortura selectiva porque solo llega a los cuerpos gestantes.

Por eso, señora presidenta, hoy la política pública del Estado es criminalizar, penalizar, hostigar y perseguir a las mujeres que, por una decisión personalísima, tienen que llegar a interrumpir su embarazo.

Nosotros queremos una política pública de un Estado laico donde, justamente, esa política signifique un sistema de salud pública que proteja a todas las mujeres por igual.

Hasta el día de hoy, el Estado se mantuvo ausente. Se mantuvo ausente antes y durante. Antes, porque no garantizó un derecho que es el derecho a la educación sexual. Más de diez años sin cumplir con la ley de educación sexual. Tampoco entregó anticonceptivos en forma gratuita, como establece la ley. Tampoco lo hizo.

En un momento de la interrupción del embarazo, a las mujeres las dejó solas. No hubo ningún tipo de sistema de salud pública que garantice la salud y la salubridad en esa práctica de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sabe cuándo apareció el Estado? Después, para penalizar, hostigar y perseguir a la mujer.

Por eso, quiero decir en este debate que siento, como dijo un expositor también, vergüenza retrospectiva. Vergüenza retrospectiva de aquellos debates que, si los leemos ahora, nos parecen increíbles. Debates, por ejemplo, durante la ley del matrimonio igualitario y el tratamiento del divorcio vincular, donde se decía que se destruía la

 

 

institución sagrada del matrimonio y, como dijo la doctora Kemelmajer de Carlucci, lo único que se destruyó fue la vergüenza de los separados ilegales.

Por eso, la historia de la secularización es la historia de las leyes más importantes que han creado derechos en nuestros últimos años. El derecho al voto femenino, por supuesto, en 1947; el derecho al divorcio vincular en 1987; el derecho a la patria potestad compartida en 1985; en 2006, a la educación sexual integral; en 2010, el derecho al matrimonio igualitario; en 2012, el derecho a la identidad de género; en 2012 también la ley de muerte digna y en 2013, la ley de reproducción asistida.

Toda una historia de legislación producto de la lucha de legisladores, representantes institucionales, pero fundamentalmente de mujeres.

Como conclusión, señora presidenta, todos queremos que haya menos abortos. Pero la criminalización no ha sido eficaz para terminar con los abortos. Reconozcámoslo, no ha sido eficaz. Pero sí ha sido muy eficaz para terminar con la vida de miles de mujeres en la Argentina.

Reconozcamos que estamos ante una tragedia de salud pública, porque decir 3.030 mujeres muertas por abortos clandestinos es una tragedia.

Esta ley no promueve el aborto ni la eugenesia. Nuestra sociedad, por supuesto, tiene que hacerse cargo de una vez por todas de las desigualdades sociales, porque todos sabemos que quienes están más desprotegidas son las chicas que tienen que abortar en forma clandestina y en condiciones infrahumanas.

Por eso, como se dijo aquí, acá no se decide aborto sí, aborto no, porque todos estamos en contra del aborto. Se decide aborto en el hospital, como debe ser en un estado laico, o aborto clandestino con un perejil, con una percha, con cualquier cosa, que realmente pone a la mujer en una situación humillante, degradante; una verdadera tortura.

Hoy tenemos una legalización parcial. No digamos que no tenemos reconocido el aborto, porque lo tenemos reconocido hace cien años. Estamos hablando de una ampliación del derecho, de pasar de un sistema de causales a pasar a un sistema mixto, a un sistema de plazos.

Con esta ley también se va a garantizar que ninguna mujer se vea obligada a interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque su consentimiento debe ser explícito, libre e informado.

Con esta ley no habrá, como dijo el doctor Favaloro, a quien quería citar también en este debate, ni más ni menos abortos, pero habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. Lo dijo el doctor René Favaloro.

Tomemos de ejemplo a Uruguay, que legalizó el aborto y tiene tasa de muerte de prácticamente cero, cuando antes de la ley que legalizaba el aborto tenía nueve muertes maternas por año…

Sra. Presidente.- Pide una interrupción el senador Pinedo.

Sra. Odarda.- No, no se la voy a dar. Voy a seguir.

Sra. Presidente.- No se la da.

Sr. Pinedo.- ¿Cuánto tiempo va a seguir, senadora?

Sra. Odarda.- Ciudadanas y ciudadanos: estamos a punto de dar un paso histórico, creo que uno de los más importantes de los últimos años. Ojalá tengamos esa valentía de la que hablé al principio para darlo.

La sanción de Diputados fue el día 14 de junio. Hoy es 8 de agosto. Pasaron 56 días, lo que significa que en mi provincia en estos 56 días, 112 mujeres egresaron de un hospital público por complicaciones derivadas de abortos clandestinos.

¡Cuánto más vamos a dilatar esta ley! ¿Cuánto más?

 

 

Si nosotros hoy tomamos la decisión de aprobar la ley vamos a terminar con las muertes maternas. Ese es el razonamiento simple, sencillo y que seguramente los jóvenes que están ahí afuera esperando una decisión seguramente hacen el mismo razonamiento. ¿Por qué quienes estamos aquí vamos a contrariar ese razonamiento tan simple?

Si votamos en contra, vamos a tener 43 muertes este año, 43 muertes el año que viene, 43 y 43, o más o menos, pero vamos a tener mujeres muertas. Y la decisión no la tiene nadie más que cada uno de nosotros.

Por eso, señora presidenta, termino diciendo que vamos a seguir peleando por la paridad de género, porque a las mujeres nunca nos regalaron los derechos. Los tuvimos que arrancar, uno por uno, al poder patriarcal.

Aborto legal en el hospital. ¡Que sea ley!

Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá… Sí, senador Esteban Bullrich…. Le pide una interrupción.

Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no.

Sra. Presidente.- Adelante senador Bullrich.

Sr. Bullrich.- Perdón, presidenta.

En la democracia –de la cual acabamos de recibir una lección muy larga de qué se trata la democracia–, el respeto es respetar las normas y ayer quedamos en una norma. Yo me ceñí a la norma. Yo tenía un discurso más largo, tenía más cosas que decir, pero hablé diez minutos. Es una enorme falta de respeto, es autoritario violar las normas creyendo que uno está por encima de los demás. Entonces, en lugar de dar lecciones, que den el ejemplo los que nos quieren dar lecciones.

Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Adelante, senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá.- He escuchado durante el debate una constante descalificación a las convicciones, una constante apología a la libertad religiosa y una permanente condena a la Iglesia católica, donde no nos respetan a los que pensamos como católicos.

Yo vengo acá y voy defender mis convicciones; mis convicciones de argentino, mis convicciones de cuyano, de puntano, mis convicciones de peronista y mis convicciones de católico apostólico romano.

Tenemos que defender el Estado de derecho, respetar nuestra Constitución, respetar los tratados internacionales que hemos incorporado a la Constitución, respetar todo nuestro cuerpo normativo.

Yo fui convencional constituyente, participé en esa Convención Constituyente, formé parte de la Comisión Redactora. Cuando incorporábamos los tratados internacionales y discutíamos desde cuándo se era persona e incorporábamos en muchos tratados que se era persona desde la concepción, estaba en la discusión el tema del aborto.

El doctor Alfonsín, a quien respeto enormemente, fijó su posición; la posición personal del doctor Alfonsín. Lo que resolvimos en la Convención Constituyente fue la incorporación de los tratados que establecen que tenemos que respetar la vida desde la concepción.

Más aún, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley en el artículo 2º, al ratificar la convención, dice que deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones, y empieza. En el segundo párrafo dice: “Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años”.

 

 

No hay interpretación. Es eso. ¿Qué vamos a interpretar? ¿Material?… Está bien… Filosofía, academia. Esto es lo que dice la ley, esto es lo que hemos firmado. Si queremos cambiarlo, podemos cambiarlo. Denunciemos el tratado, modifiquemos la Constitución y establezcamos otras normas. Pero la norma de convivencia pacífica de los argentinos es esta. Y esta nos iguala a todos. Todos la tenemos que respetar y mucho más los senadores, que hemos jurado respetar la Constitución. Cuando juramos respetar la Constitución, juramos respetar el orden normativo. Y los tratados internacionales están por encima de la Constitución y de la ley. Por encima. La Constitución Nacional, además, lo establece expresamente.

Les voy a recordar, ante tantos ataques –yo no soy un católico militante–, que me parece que debemos respetar un poquito. El artículo 2º dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Así que respetemos. Los que no son católicos respeten a los que son católicos. Y los que son católicos respeten a todas las religiones. Debemos respetarnos.

El artículo 75, incisos 22 y 23 –hizo un excelente análisis el senador Mera Figueroa–, dice: dictar un régimen de seguridad social, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Lo dice la Constitución: desde el embarazo.

¿Queremos modificar la Constitución? Modifiquemos la Constitución, pero reconozcamos que es así.

Entonces, como bien señaló el senador Pinedo, no podemos pasar de un delito a un derecho superprotegido. Tendremos que graduar, despenalizar, pero lo que estamos tratando es esta ley. Y esta ley es exagerada, a tal punto que muchos de los que van a votar por el sí, muchos están de acuerdo y muchos no están de acuerdo y la quieren modificar.

Por último, señora presidenta, como lo señaló el senador por San Luis, senador Poggi, correctamente, el artículo 13 de nuestra Constitución provincial, que a nosotros nos obliga porque representamos a nuestra provincia, el artículo 13 dice: Respeto y protección de la vida. Artículo 13, Constitución dictada en 1987. Fue la primera o segunda Constitución provincial reformada desde el comienzo de la democracia. La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son intangibles, Su respeto y protección es deber de todos y, en especial, de los poderes públicos. Evitar la desaparición forzada de personas es deber indelegable y permanente del Estado provincial.

Y, en el artículo 49, De la infancia, dice lo mismo que la Convención del Niño. El Estado protege a la persona humana desde su concepción hasta su nacimiento y desde este hasta el pleno desarrollo.

Defender los derechos humanos también es defender las dos vidas, también es defender al niño que se ha concebido. Y como se ha planteado, ningún derecho es absoluto, pero tampoco puede ser arbitrario.

Por todo eso, por mis convicciones, no tengo ninguna vergüenza, ni me van a descalificar diciendo: miren los que votan por el sí están bien, entonces nosotros estamos mal y somos antiguos. No es así. No es así. Es de una soberbia inaceptable. Tenemos derecho a votar, cada uno, como sus convicciones, su razón y su mandato lo indican. Y todos debemos respetar el voto de los otros y el nuestro. Si es ley, respetaremos la ley. Y si no es ley, empezará un nuevo camino que tendrán que transitar.

Por todas esas razones, voy a votar por el rechazo de la ley que se trae a consideración.

 

 

Sra. Presidente.- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Fiore Viñuales.

Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señora presidente. También voy a fundamentar mi voto negativo en este proyecto de ley, porque  me parece que fundamentalmente el eje de este proyecto que está en tratamiento es cambiarle la naturaleza jurídica al aborto. Y así como se dijo ya, antes, o lo han mencionado antes otros senadores, el aborto de repente se transforma. Esto en principio, porque ya vamos a ver que tampoco es tan así. Pero deja de ser un delito tipificado en el Derecho Penal, para convertirse en un derecho subjetivo del cual la mujer puede hacer uso porque sí, hasta las catorce semanas. Consecuentemente, está la obligación del Estado de atender gratuitamente esto. Esto está establecido concretamente en el artículo 5º del proyecto de ley, que dice

que tiene por objeto garantizar el aborto. Y querían que esto quede clarísimo.

Ahora bien, vamos a esto de la obligación del Estado. Tanto énfasis se puso en este proyecto de ley respecto de la obligación del Estado para la realización del aborto, que se establece un nuevo tipo penal. Se agrega un artículo, el artículo 85 bis, y se establece una suerte de delito de dilación –diría yo, por las expresiones de ese proyecto- del aborto. Entonces, se establece la pena de tres meses a un año de prisión. Fíjese usted, no dice: el médico. Dice: a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente el aborto.

Acá, surgen un montón de preguntas, señora presidente, porque es un tipo penal tan abierto que, depende de quien lo interprete, la responsabilidad penal le caerá a la autoridad máxima del hospital que, en una de esas, ni sabe que se está dilatando, o no dilatando, un aborto. Está la pregunta del médico, que dice: “¿Qué se entiende por dilatar el aborto? A mí me llega una mujer de trece semanas y media y me dicen que es urgente. ¿Y qué cosa es urgente? Una mujer sana, embarazada, con un bebé sano en su vientre, ¿dónde está la urgencia o la emergencia? Si dilato, ¿cuál es el problema?, si está todo andando o está todo de acuerdo con la naturaleza, siguiendo su curso natural”.

Pero  realmente  es  complicado.  Habla,  además,  de  profesional  de  la  salud.

¿Quién es el profesional de la salud? Cuando uno va a la ley, esta habla del médico, pero también habla del médico generalista, del kinesiólogo, del odontólogo. ¿Quién es el profesional de salud? Si un cardiólogo es el que está de guardia y le llega una chica exigiéndole aborto, ¿le vamos a exigir al cardiólogo que haga el aborto? Y si no puede,

¿qué pasa? ¿Prisión? ¿Le vamos a poner prisión a ese médico que actúa responsablemente no haciéndose cargo de aquello de lo que no puede hacerse cargo? Le dan cinco días, de acuerdo con el artículo 11, para la realización del aborto. Todo lo que planteaba el ex gobernador de Misiones. Cinco días, bajo pena o bajo la amenaza de la pena de prisión.

Algunas veces, por ahí, se dice: bueno, el aborto seguro. Me pregunto de qué clase de seguridad estamos hablando, cuando en el artículo 14 del proyecto de ley que estamos estudiando –fíjese– dice que el aborto debe ser realizado o supervisado. ¿Por quién? Por un profesional de la salud. ¿Cuál es la garantía o la seguridad que se le da a una mujer en esas condiciones? Un aborto supervisado, no realizado por un médico, no, no, supervisado por un profesional de la salud. Honestamente, me parece muy riesgoso un tipo penal demasiado amplio que, de acuerdo a quien lo aplique, dará lugar o no a la condena o a la sanción penal.

Se ha dicho –y no es verdad– que este proyecto despenaliza el aborto. Y ¿por qué digo que no es cierto o, en todo caso, no es del todo cierto? Hay un artículo, que es extrañísimo. Un amigo muy querido de mi provincia, que es autoridad importante en la provincia, siempre dice: es desopilante. Bueno, este artículo es desopilante.

 

 

El artículo 3º del proyecto de ley en tratamiento parece que quiere entrar en los anales del derecho penal estableciendo no lo que es delito, sino lo que no es delito. Debe ser el primer Código Penal en el mundo donde se empiezan a incluir conductas que no son delito.

Dice concretamente el artículo 3º: no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer.

Fíjese la locura. Hasta las 14 semanas es un derecho y el médico está obligado a hacer el aborto bajo pena de prisión. Después de las 14 semanas es delito y el médico va a ir a prisión si hace lo que antes estaba obligado a hacer bajo pena de prisión. Es una locura.

No termina ahí. Fíjese esto, señora presidenta, porque es una modificación al Código Penal donde se establece que el aborto realizado con el consentimiento de la mujer que trajera como consecuencia la muerte de la mujer, no tiene agravante. En el Código Penal actual obviamente tiene agravante. Se genera la muerte de la mujer. Acá no lo hay. No sé si se olvidaron o si quisieron realmente dejar la pena…

Se lo pregunté al doctor Gil Lavedra y no pudo explicar esto.

Hablando del doctor Gil Lavedra, voy a reproducir sus palabras textualmente: hay que mantener la punibilidad del aborto exceptuando el aborto temprano. Son sus palabras. Lo puede cotejar cualquiera en las versiones taquigráficas.

Me gustó mucho cuando el doctor Rodríguez Saá hablaba del tema de las convicciones y las creencias. Porque –honestamente– me resultaba raro decir que mis creencias iban por un lado pero la realidad política iba por otro. Porque, en definitiva, cuando nosotros estamos legislando, siempre, en toda ley que este Congreso sanciona, hay un fundamento de una creencia o una convicción que la impulsa. Absolutamente en todos los proyectos. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero siempre hay una convicción.

Está la idea de defender al más débil, al más desprotegido; de que las provincias tengan recursos. En todos los proyectos existen o están en juego las creencias.

También a través de los proyectos y de las leyes que este Congreso impulsa está el moldeado de la sociedad que queremos. Y no quiero una sociedad del descarte.

Me parece peligrosísimo que relativicemos el valor más importante que puede tener una persona: el de la vida. Porque si empezamos a distinguir quién es más humano y quién es menos, o quién tiene más derecho a la vida y quién menos, ojo porque después ese dedito acusador puede caer sobre cualquiera de nosotros. Porque, ¿por qué solamente la persona por nacer y no otros? Cuidado con esto.

Cuando se relativiza el derecho a la vida se relativizan todos los demás. Por eso siempre se ha dicho que el derecho a la vida es basal, en él se basan todos los demás.

Me parece que también no solamente genera una cultura del descarte, sino también algo donde lo más importante es la realización personal y el otro es problema del otro. Y no me parece bien. Ese otro, que en este caso es la persona por nacer -el más indefenso de todos-, también es persona y tiene derechos. En ese sentido hay que tener cuidado. No es lo mismo que esté en juego el derecho a circular por determinado lugar o a la libertad de expresión, que el derecho que tiene el legislador a su honor.

¿Sabe qué? Acá estamos hablando de alguien que pierde la vida, no tiene ninguna otra posibilidad.

Entonces me pregunto si tenemos derecho a ponderar derechos cuando hay una de las dos partes que pierde absolutamente todo porque es eliminada.

No quiero hacer alusión a cuestiones del derecho constitucional, lo han muy bien otros legisladores, sobre todo recién respecto de los tratados internacionales, de la Constitución, alguien que ha sido parte de eso. Así que no voy a hacer alusión a eso en

 

 

honor y por respeto al tiempo. Pero hay algo que me llamó la atención.

Los distintos juristas que hablaron, incluso a favor de esta ley, no discutieron el comienzo de la vida. En ese sentido me parece importante que la Academia Nacional de Medicina dice: “El niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza desde la concepción. Destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano.”

Ahora bien, eso no se discutió. Nadie discutió que la vida comienza desde la concepción, ni que esa concepción es de un ser humano, que estamos hablando de una persona. ¿De qué se empezó a hablar? De una suerte de gradación incremental.

Como decía el doctor Toller, es como que uno al principio es una cuasi persona, después es medio persona, luego casi persona y finalmente persona completa. Y en este sentido el doctor Gil Lavedra daba un ejemplo. Hablaba de cómo el Código Penal distingue el aborto del homicidio y cómo, a través de esa distinción y de esa mayor sanción o punibilidad del Código Penal al homicidio que el aborto, existe un distinto tratamiento. No es lo mismo la persona que ya ha nacido, por decirlo de alguna manera, que la que está por nacer.

Expresiones textuales: la protección del derecho a la vida es más pequeña en sus primeros comienzos y se va incrementando a medida que avanza el embarazo.

Hay una cuestión incremental. En un principio tiene más valor el derecho de autonomía de la madre.

Acá nos hablaba alguien que también entiende mucho de derecho penal y constitucional, el doctor Toller, y nos recordaba la cuestión de las escalas penales y la proporcionalidad penal.

Acá hay penalistas, así que me podrán corregir si me equivoco. Cuando uno habla del homicidio, existen distintas situaciones. No es lo mismo que yo esté esperando a alguien y obre, como se dice, a traición y sobre seguro y mate a alguien –seguramente esto sea un homicidio agravado– que si una persona asesina a su padre, lo que constituye un homicidio agravado. Si es de otra manera puede ser un homicidio simple y es de 8 a 25 años. Si tengo la desgracia de defenderme, en una de esas no me aplican pena.

Ahora bien, el hecho de que el Código Penal trate de diferente manera al homicidio simple, al homicidio agravado y a la legítima defensa, no hace que la persona que haya fallecido sea menos persona. Eso no se pone en duda. Lo que ocurre es que la distinta graduación penal existe. ¿Qué es lo que ve el legislador? El peligro que esa actitud representa en la persona.

Entonces, no es lo mismo defenderse de una agresión injusta que atacar a alguien o hacerlo de una manera premeditada. Son situaciones distintas.

Ahora, ¿la víctima es menos persona en un caso que en el otro? No, porque acá hay una cuestión de dignidad de la persona y no se es menos digno en una situación que en otra.

También la doctora Kemelmajer decía: “Los derechos no son absolutos y en ciertas circunstancias puede existir conflicto entre el derecho del niño, o del niño por nacer, y el de su mamá”.

Ella lo explica en estos términos: esa vida –dice- es muy especial, está adentro de otro cuerpo y depende absolutamente de él. Entonces, en ese primer trimestre, como ese feto no tiene suficiente desarrollo, damos más peso al derecho de autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor autonomía de la mujer.

Fíjese qué concepto peligrosísimo.

La doctora Finn, una médica, nos contaba que a los efectos médicos,

 

 

casualmente, se distingue el proceso de crecimiento de la persona por nacer, en diferentes etapas, lo que no quiere decir que antes sea nada y de golpe haya un ser humano. Ella decía que entre la semana 14, donde está el aborto permitido, y la 15, donde pasa a ser un delito, no pasa nada extraordinario. Estamos hablando exactamente de la misma persona. Y si vamos a calificar de persona a aquella que tiene autonomía, a la que se puede expresar, a la que se puede manifestar, ¿qué diferencia hay entre un embrión –nos decía ella– y una persona que está en estado vegetativo? O qué diferencia existe, de repente, con un anciano que tiene demencia senil. ¿Qué pasa con esa persona que no tiene ninguna autonomía? ¿Es menos persona que antes?

Ese concepto realmente es muy peligroso. Porque –reitero– el hecho de que el ordenamiento jurídico distingue en las personas mayor o menor capacidad o protege de una manera más o menos fuerte en determinadas circunstancias no quiere decir que la persona sea menos persona, porque la dignidad es una sola. Y es simple: se tiene vida o no se tiene. No hay esas posturas intermedias.

Vamos al punto de vista de la salud. El señor ministro de Salud Pública que vino nos contaba y nos decía que era un problema de salud pública. Y tiene razón. Evidentemente; hay personas que se enferman y que fallecen como consecuencia del aborto. Pero fíjese, cuando le preguntamos si este era el principal problema, de nuevo, textual, es el propio ministro quien reconoce que no es el principal problema. ¿Y qué dice él? ¿Es el principal problema de salud pública?, le preguntan. Dice: No, no lo es, pero es un problema que afecta a población vulnerable, en el que el marco de la legalización claramente produce resultados inmediatos.

Con relación a esto, se han dicho un montón de números, señora presidente. Pero vamos a los números del Ministerio de Salud Pública: en el año 2016 murieron 171.408 mujeres. Ya decía otro senador, que enfermedades cardiovasculares y demás se llevan más de 40.000 almas. Ahora, fíjese usted, por suicidio mueren 18, 87 por ciento más mujeres; por desnutrición –fíjese si no es doloroso– fallecieron 525 mujeres; y por femicidio fallecieron 312.

Ahora, ¿Esto hace que uno diga que por aborto fallecieron muchas menos? No, no es ese el problema que se está planteando. Lo que a mí me llama la atención, señora presidenta, es la fuerza, el entusiasmo y las ganas que pone el ministro de Salud Pública para defender este tema, cuando –y se lo he preguntado y lo dice el jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados– el proyecto de reglamentación de la ley de suicidios duerme en su despacho. O al menos, cuando él vino, todavía no lo había firmado. Y por suicidio mueren 525 personas. Y no lo vi con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con el mismo ímpetu o con la misma preocupación por defender las otras causales.

Cuando vamos a las causas de muerte materna, el tema del aborto es la causa número 40. ¿Digo que no nos tenemos que ocupar de los abortos? No, señora presidenta, no lo digo desde ningún punto de vista. Lo que digo es que estaría muy bueno tener un ministro que se preocupe de las 39 causas anteriores.

Sigamos hablando de números: el ministro, en la Cámara de Diputados, dijo que en nuestro país se produjeron 354.000 abortos por año; antes eran 500.000 y pasamos a 354 mil. Acá en el Senado dijo que las cifras por aborto en el año 2014, que es la última base de datos, indican que son 47.063 abortos en los últimos cinco años, de los cuales el 70 por ciento era el aborto en condiciones inseguras. Muertes maternas: en el 2016, 245 casos; por abortos, 43 casos. Fíjense ustedes, el aborto clandestino es un 17 por ciento. Después tuvo que salir a aclarar que se había equivocado en los números de nuevo. ¡De nuevo se equivocó en los números! El ministro de Salud de nuevo se equivocó los números. Dijo que no son 43 porque, en realidad, 12 fueron muertes espontáneas.

 

 

Entonces, en realidad, son 31. Con lo cual, no es la causa 17,4, sino 12,5, distinto.

Y Ginés González García lo dijo: Bueno senadora, pero 500.000 o 300.000 casos, ¿Qué importa la cifra? ¿Y sabe por qué importa la cifra? Porque habla de la seriedad de la persona que las da. Y porque cuando uno va a evaluar políticas públicas, sobre todo cuestiones sanitarias, no es lo mismo 500.000, que 300.000, que 47.000 o que 31. No es lo mismo, señora presidenta.

La verdad es que uno no le puede decir mucho al pobre ministro. Realmente, pobre ministro. Y digo “pobre ministro” no solamente porque su exposición fue  bastante lamentable, sino porque más lamentable fue que no se acordara si había hecho su juramento hipocrático. El senador Mera le preguntó, ¿Sabe qué dijo? Dijo que no se hace más. Y nos mintió a todos. Y digo esto porque pueden ver un video que está circulando con el juramento hipocrático que hicieron los chicos que se recibieron de médicos en el 2017 en la UBA. ¿Y sabe qué dice? Dice tal cual decía el senador Mera: Tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Está bien, ya no se lo llama juramento hipocrático, tiene otro nombre, pero es el mismo juramento que el señor ministro no se acuerda si lo hizo. Entonces, la verdad es que, sobre todos los otros números, no sé en qué estado de memoria está para darlos.

De nuevo, vamos con el ministro: Internaciones hospitalarias por aborto. Palabras textuales: Se han reducido en los últimos diez años y esto es muy bueno, dice él. Si ustedes ven lo que ha ocurrido desde el año 2005 y 2006, en adelante, claramente se observa una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y reproductiva que se han implementado en los últimos diez años y que entrañan anticoncepción responsable y el mejor o el mayor acceso a los anticonceptivos.

¿Sabe cuál es la disminución, en este tiempo, de la morbilidad materna, o sea, de las mujeres hospitalizadas por aborto? Un 20 por ciento, señora presidente. Vamos al caso dolorosísimos de las muertes. De nuevo, palabras textuales del ministro: Las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos diez años. Y, en la filmina que mostraba, esa disminución era del 44,5 por ciento. Y si en lugar del 2007 tomamos del 2001, esa disminución es de 53 por ciento. En mi provincia, que algo se habló también, la provincia de Salta, en ocho años hemos disminuido más del 50 por ciento la mortalidad materna.

El doctor Gil Lavedra, de nuevo, que está siendo mi musa inspiradora esta noche, dijo: ¿Cuál es la manera de prevenir estas interrupciones de embarazos? ¿Cuáles son las mejores herramientas? La única manera para poder disminuir efectivamente, sobre todo algo que a todos nos estremece, la enorme cantidad de embarazos no deseados de adolescentes, tiene una sola salida, son las políticas de salud sexual, educación sexual y reproductiva. Esa es la cuestión de fondo, decía con énfasis, es decir, tratar de prevenir los embarazos no deseados.

El ministro decía: Está claro que la solución en el mediano y largo plazo no pasa solo por la legalización, pasa por la prevención del aborto. Los países que han legalizado, después de un tiempo, comienzan a ver reducido el número de abortos. Pero no es la legalización en sí misma, la desaparición del marco clandestino va acompañada, en general, de políticas activas de salud sexual y reproductiva. Eso generó que el senador Bullrich le pregunte: ¿Y Por qué vamos por la parte más fácil o más dura, que es la del aborto, en lugar de seguir por este camino?

Entonces, me empecé a preguntar: Este gobierno tan preocupado por la salud sexual, ¿Cómo se manifiesta esa preocupación? Y cuando uno toma el presupuesto… El presidente Macri, que prometió a todos los argentinos, en el 2016, que este tema no se trababa durante su mandato, después cambió de opinión. Cambia muchas cosas, también

 

 

cambia de opinión en eso. ¿Sabe qué? En el mensaje, señora presidenta, ni media coma hay del tema de la educación sexual. ¡Ni media coma! Y vamos a analizar el presupuesto del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación de la Nación, en educación sexual integral, que es una actividad dentro de un programa, es el 0,01 por ciento. No estoy exagerando los ceros. El 0,01 por ciento del Ministerio de Educación se destina a educación sexual. Y, en el caso del Ministerio de Salud, el 0,4 por ciento se destina para la provisión de métodos anticonceptivos.

Si con estas cifras tan paupérrimas, que lo que menos demuestran es la preocupación de las autoridades por este tema, se ha logrado disminuir un 20 por ciento la morbilidad materna y más de un 53 por ciento la mortalidad, ¿Por qué no seguimos, en todo caso, por este camino?

Fíjense, por ahí lo decía una senadora recién, ¡Qué buena idea: Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo! Le preguntó el senador Mera, ¡qué casualidad! En este programa creado por este gobierno, 2017/2019, en la página 26, bajo el título Obligaciones del Estado para Prevenir el Embarazo en la Adolescencia, dice: Garantizar a todos los adolescentes el acceso confidencial… Sigue diciendo: Y el acceso al aborto en condiciones seguras. No habla del aborto legal, habla del aborto, directamente. Por supuesto, si ustedes quieren ir a consultar esto, ya no está en Internet. Bajaron la página; la página ya no está, no la van a encontrar ahí. Por suerte tengo copia y se los puedo pasar porque, obviamente, vamos a hacer un pedido de informes.

Y cuando uno habla de los países del primer mundo, el doctor Schiavone –no sé si será pariente del senador–, ¿qué es lo que decía? Decía que España, hasta 2010, tenía una mortalidad materna diez veces menor a la nuestra con un aborto punible y Chile, en 2015, con aborto punible, era la mitad de mortalidad materna que la nuestra. El doctor Koch, que hizo un estudio de 50 años en Chile, señaló que allí bajó un 93,7 por ciento la muerte materna sin legalizar el aborto.

Y vamos a los países del Primer Mundo. Resulta que hasta ayer eran el capitalismo salvaje y hoy son el ejemplo a seguir.

Mire: se han producido –y esto es un informe del Instituto de Política Familiar de la Unión Europea– cincuenta y dos millones de abortos desde el año 1980. El índice de fecundidad de la Unión Europea lleva treinta y cinco años por debajo del nivel de reemplazo generacional. El déficit de natalidad está provocando graves consecuencias, entre ellas, no saber cómo va a seguir sosteniendo el tema de las jubilaciones. La pirámide poblacional se ha invertido. ¡Pero hacia allá vamos! Vamos hacia Europa mientras Europa está analizando retroceder en algunos casos. Porque, ¿sabe qué? Cada cinco minutos aborta una chica adolescente en Europa: los países ejemplo. Me quedo con que siguen siendo el capitalismo salvaje, donde la persona a veces poco importa.

¿Sabe cuál es el secreto de la disminución en los países como Chile, como Uruguay, que se mencionaba? La mayor inversión en salud. Fíjese: se invierte más en salud y fallecen menos personas. Ese parece ser el gran secreto.

La verdad, señora presidente, es que la principal causa de muerte en nuestras mujeres es la pobreza. Y, fíjese: estos son datos de la Universidad Católica Argentina… Perdón: esto lo dice el doctor Schiavoni. Y después vamos al Observatorio de la Deuda Social. El 40 por ciento de las maternidades no cumplen con la totalidad de las condiciones obstétricas y neonatales mínimas que establece la Organización Mundial de la Salud: no hay anestesistas, no hay obstetras, no hay sangre segura.

Vamos a los datos del Observatorio de Deuda Social. El 33 por ciento de las mujeres en edad fértil se encuentra bajo la línea de pobreza. El 42 por ciento solo tiene

 

 

cobertura médica a través del hospital público. El 40 por ciento de estas mujeres en edad fértil no completó la educación secundaria. En este esquema estamos tratando de avanzar con el aborto.

Mire: según este indicador –fíjese–, el 22,6 por ciento de nuestros adolescentes comparten la cama o el colchón para dormir: el hacinamiento. ¿Y qué le decimos a la chica que tiene relaciones en este contexto y queda embarazada? “¡Hay que liberarte! “¡Hay que liberarte! ¿Sabés qué te vamos a dar?” Misoprostol. No te preocupes: podés abortar”. Y cuando aborte, ¿adónde vuelve? A la situación de hacinamiento que generó ese tema.

Este proyecto de ley no va a las causas. Este proyecto de ley no va a las raíces del embarazo no deseado; y ese es el problema. No es empoderar a la mujer permitirle  el aborto. Empoderar a la mujer es darle educación; es darle salud como corresponde; es darle los elementos para que ejerza libremente su vida, señora presidenta; y en esto tenemos una deuda pendiente.

El presidente, casualmente, prometió no tratar este tema y sí prometió, cuando asumió, pobreza cero. ¡Esa es la asignatura pendiente! Esa es la asignatura pendiente;  no solamente que tiene este gobierno. Creo que, lamentablemente, es la asignatura pendiente que tenemos todos nosotros.

En este sentido, plantear que quienes estamos por el rechazo total no planteamos alternativas, me parece que también es una injusticia, señora presidente. Quien habla presentó un expediente en 2015: Programa de Prevención de Embarazo Adolescente. No tuve suerte de generar interés para que eso se tratara. Hay otros senadores –Pereyra, Crexell– que presentaron proyectos de adopción; las senadoras Brizuela y Doria, Giacoppo y Elías de Perez, tienen reservados en mesa en este momento proyectos sobre alimentos durante el embarazo y de abordaje integral del embarazo no intencional. Por supuesto, no vamos a plantear el tratamiento de los proyectos que están reservados en mesa porque, honestamente, a esta hora y con esta situación, me parece que sería de una irresponsabilidad absoluta.

El senador Poggi, el senador Perotti… Hay muchísimos senadores que han planteado alternativas, que me parece que también lo que están mostrando es un camino a seguir.

Lo que sí rescato de este tratamiento, primero, es el respeto que en definitiva – más allá de algunas cuestiones que pueden haber pasado– nos hemos tenido entre los senadores; y que se haya visibilizado un tema sobre el cual no nos podemos seguir haciendo los distraídos.

¡Dios quiera –en mi caso, yo soy católica apostólica romana y no me avergüenzo de eso; tampoco es eso únicamente lo que fundamenta mis palabras– que nos ilumine para que encontremos y empecemos a pelear todos juntos por esto de la pobreza cero, que es la gran deuda que tenemos con el pueblo argentino! Muchas gracias.

Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández.

Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, señora presidenta: es para manifestar que, tal cual nuestro bloque lo informara el mismo 28 de junio cuando se sancionó en la Cámara de Diputados el instituto de la IVE, vamos a acompañar esta media sanción.

Y vaya, en primer lugar, mi solidaridad para con todos los legisladores y legisladoras que han sufrido agravios, insultos y descalificaciones. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta de nuestro bloque, Nancy González, que en la ciudad de Puerto Madryn sufrió la situación de que el frente de su negocio fue pintado tratándola de asesina o de que matara a sus nietos y otros insultos por allí. Esto casi es

 

 

decir: “Bienvenido a la Argentina”, ¿no?; sobre todo cuando como legisladores o como gobernantes asumimos posiciones que rompen un poco el statu quo. Esto nunca es gratis: nunca es gratis oponerse o trabajar contra el statu quo, sea cual este fuere.

Y me parece que la primera cuestión va a ser caracterizar sobre qué estamos hablando. Yo siempre he votado por la vida y he gobernado por y para la vida: siempre. Voté por la vida cuando, en estas mismas bancas, votamos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; homenaje a la vida que había sido cercenada a miles y miles de jóvenes, a mujeres, embarazadas, a chicos sustraídos de su identidad, a bebés apropiados.

Voté por la vida cuando votamos el parto humanizado en 2004; la protección integral de niños, niñas y adolescentes en 2005; la educación sexual integral y ligadura de trompas y vasectomía, como método anticonceptivo, allá por 2006; los derechos del paciente. Eso ya fue cuando era presidenta. La ley integral de protección para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.

Luego, cuando se sancionó el matrimonio igualitario; o en 2012, la identidad de género; con la modificación del Código Penal para incluir la figura del femicidio. Esto se lo debemos a un extranjero en la Argentina. Fueron asesinadas dos turistas francesas en la provincia de Salta: Cassandre Bouvier y Houria Moumni. Y cuando me tocó viajar a Francia como presidenta, su padre, Jean-Michel Bouvier, me pidió una audiencia en la cual me solicitó, encarecidamente y emocionadamente, que incluyéramos en el Código Penal la figura de femicidio; y así se hizo.

En 2013, técnicas de reproducción asistida; Código Civil y Comercial en 2014, también.

Y llevamos adelante políticas sanitarias que fueron modelo, como el Plan Nacer; el Calendario Nacional de Vacunación –diecinueve vacunas gratuitas–; anticoncepción de emergencia; régimen para las intervenciones de contraconcepción quirúrgica; plan operativo para la reducción de la mortalidad infantil; políticas para las infancias; y podríamos seguir.

Asignación Universal por Hijo: tal vez una de las creaciones más importantes para defender la vida, porque no hay una vida, dos vida, tres vidas: hay una sola vida y hay que defenderla siempre.

También, cuando asignamos partidas para la prevención del embarazo no deseado. Entre los años 2003 y 2015, se incrementó un 1.046 por ciento los recursos para este sector. Si uno mira el presupuesto de este año, ha sido solamente ejecutado en un 12 por ciento. Por eso, cuando hoy hablaba la senadora por Mendoza y nos relataba las peripecias de comprovincianas suyas del departamento de Lavalle, donde no tienen la suficiente cantidad de anticonceptivos y tienen que esperar horas para 25 mujeres en un día poder acceder a ellos, creo que se hace imprescindible ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos en materia de prevención y cuidado de la mujer y de las políticas que son una obligación del Estado.

Yo quiero decirles que no es fácil abordar un tema de esta naturaleza, pero sí es obligación hacerlo a partir de la comprensión de que, más allá de nuestras creencias y convicciones –todas respetables–; más allá de estas cuestiones hoy, cuando se rechace… Esto es lo más grave de esta noche, me parece: se puede estar de acuerdo o no; se puede proponer una modificación, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma.

Miren: si yo tuviera la certeza de que votando negativamente o rechazando la media sanción que viene de Diputados no hay más abortos en la República Argentina, no tendría ninguna duda en levantar la mano. El problema es que este Cuerpo hoy va a

 

 

rechazar lo que viene como media sanción de Diputados y van a seguir produciéndose los abortos en la Argentina; y ahí ya no es una cuestión únicamente de convicciones o de creencias, sino de dar respuesta como legisladores a un problema que existe.

Quiero decirles que en el primer discurso que escuché, que fue el del miembro informante, cuando rechazaba también este proyecto –voy a leer para no equivocarme– dijo algo que creo constituye una postura que subyace en muchos de los discursos de los que hoy rechazan. Digo que el verdadero problema es la pobreza y que tendríamos que luchar contra la pobreza, contra la falta de recursos, etcétera, etcétera.

Mire, acá tengo lo que dijo el miembro informante: Este es el verdadero drama que no se visibiliza en este proyecto. No estamos resolviendo las cuestiones y condiciones de exclusión, vulnerabilidad, sometimiento, relaciones de poder asimétricas, pobreza, ausencia de recursos… ¡No, no! Esto es solamente de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta descripción obedece a abolir el patriarcado: por ejemplo, las relaciones asimétricas, los abusos de poder, la discriminación que sufre el colectivo femenino. En ese marco, este tema que estamos abordando es uno de sus aspectos, pero no el único.

Creo que tenemos obligación como legisladores de construirnos un poco a nosotros mismos y nuestra visión de la sociedad.

Algunos dicen que fue mi hija, una militante feminista, la que me hizo cambiar de opinión. No, no fue mi hija. La verdad, señora presidenta, señores legisladores y legisladoras, me abrió la cabeza en cuanto a abordar la cuestión feminista desde un  lugar diferente al que uno lo había visto. Tal vez porque tuve la suerte, desde muy joven, de formar parte de la generación –educada, formada o formateada, si se quiere– de aquellos años de los sesenta y de los setenta en los que surgía la pastilla anticonceptiva, la minifalda, Woodstock, la revolución cubana. En definitiva, no teníamos esta cuestión de género. De repente, esto fue una ráfaga en el mundo; luego hubo retrocesos. Pero lo cierto es que en aquella generación que después fue aniquilada no había distinción entre hombre y mujer: éramos pares. Además, tuve la suerte de casarme y de ser compañera de un hombre que nunca me consideró “su” mujer, sino “su” par. Pero tenemos que entender también que esta no es la realidad de muchísimas mujeres.

Los que creen que solamente las mujeres pobres son las que sufren las relaciones de poder de los hombres están equivocados. ¿O me van a decir que no conocen mujeres de clase media y clase alta que sufren también los embates de una sociedad patriarcal?

¿O no nos vamos a enterar de cuando una mujer es golpeada por no querer relaciones sexuales? Y no hace falta ser pobre para que le pase eso: le puede pasar siendo rica o clase media.

Creo que debemos tener en cuenta que se trata, más que de una cuestión de género, de una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. ¡Si quieren saber quiénes me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle! Verlas abordar la cuestión feminista; verlas criticar, pero también describir la realidad de una sociedad patriarcal, nos debe colocar a todos en un lugar distinto.

Esta ley no va a salir esta noche, pero quiero decirles a todos y a todas que no será este año, será el año que viene o el otro. Quiero también decirles a todas esas jóvenes que salieron a la calle que ese feminismo que están construyendo está deconstruyendo de a poco una sociedad machista. Entonces, al mismo tiempo, se está construyendo un feminismo que debe también incorporar otras cuestiones que, en definitiva, siempre son económicas. Porque –como decía el senador Fuentes hoy–

 

 

siempre hay una cuestión económica en las relaciones de subordinación y de poder; aunque él afirma –y se olvidó de decirlo hoy en su intervención; esto es de él, no es mío– que también hay en los hombres un temor atávico a la sexualidad de las mujeres. Eso lo dice él, para que mañana nadie titule “Cristina dice que le tienen miedo por el sexo”. No.

Digo, señora presidenta, que es necesario que todos deconstruyamos también una visión y una idea de la sociedad.

Les pido a todas las jóvenes y a todo el colectivo feminista que no se enojen con las religiones ni con la Iglesia ni con los sacerdotes. Sigan construyendo esa fuerza que yo pude percibir claramente el último 8 de marzo. El primer 8 de marzo se produjo en el 2015; allí –yo todavía era presidenta– el colectivo del “Ni una Menos” –que encabezaba en ese momento o había desarrollado un grupo de periodistas– tenía que ver fundamentalmente con los femicidios, con la violencia de género. Se luchaba porque el “Ni una Menos” era “ni una mujer más muerta por la violencia de género”. ¡Fíjense la evolución que fue tomando el movimiento en tan poco tiempo!

Ese primer año fue una cuestión exclusivamente vinculada a la violencia de género. Sin embargo, ya en el 2016 pudo verse la incorporación de lo social también a ese movimiento que fue creciendo; y en el año 2017 claramente se comenzaba a hablar de las cuestiones económicas del feminismo en lo que hace a la diferencia de salario, de empleo, de condiciones de trabajo; también a la violencia que se produce en una sociedad en donde el sistema de decisiones lo ocupan mayoritariamente hombres.

Pero sin embargo este año, este 8 de marzo del año 2018, pudo observarse en esa inmensa movilización, protagonistas…

  • Se escuchan explosiones provenientes de la

Sra. García Larraburu.- Presidenta: esos ruidos son…

Sra. Fernández de Kirchner.- Creo que son cohetes, nada más. ¿No?

  • Luego de instantes:

Sra. Fernández de Kirchner.- Son festejos; tranquila.

Porque en realidad creo que tenemos que entender –y sobre todo también desde mi propio movimiento político– que vamos a tener que incorporar la cuestión feminista a lo nacional y popular que caracterizó al peronismo durante décadas. Luego de la década de la dictadura incorporamos la cuestión democrática; y entonces dijimos “somos nacionales, populares y democráticos”. Vamos a tener que incorporarle “nacional, popular, democrático y feminista”, porque dentro de la explotación de los trabajadores, del capital sobre el trabajo, hay también una subcategoría de explotación: un trabajador es explotado, pero una mujer trabajadora es más explotada porque gana menos y trabaja más.

Me olvidaba, porque parece que todo lo de la mujer pudiera únicamente girar en torno a la IVE, pero recuerdo en nuestro gobierno la incorporación de la mujer, de la tarea del ama de casa, reconocida en la jubilación. Esto también es empoderamiento. Recuerdo lo que ni Eva Perón había podido lograr, que era sancionar como ley el convenio laboral del personal de trabajo en las casas de familia; algo que Evita no había podido lograr y lo logramos.

La verdad es que la vida se defiende en todos los aspectos y en todos los momentos. No puede haber defensa de la vida cuando se siguen achicando las partidas de Educación, de Salud; cuando cada vez hay gente con mayores problemas de subsistencia alimentaria o porque no pueden hacer frente a las facturas, porque eso también es vivir; es imposible vivir sin recursos o con esos recursos achicándose cada vez más.

 

 

Entonces, me parece que deberíamos ser todos muy cuidadosos cuando pretendemos adueñarnos, a partir de esto de que unos defienden la vida y los otros no. Yo siempre he defendido la vida. Defiendo la vida cada vez que voto en contra de políticas económicas que significan que la gente esté peor. He votado aquí siempre por la vida cada vez que me he opuesto a políticas de restricción social, de desconocimiento de derechos, de precarización de derechos. Precarizar derechos es votar contra la vida; porque le arruinamos la vida a la gente también cuando no tiene buena salud, cuando no tiene buen salario, cuando no tiene buen trabajo, cuando no le alcanza la guita, cuando están durmiendo en la calle. ¡Cuando están durmiendo en la calle familias enteras! ¡Y vemos que es gente que hasta hace poco tiempo tenía una calidad de vida, porque algunos están rodeados de muebles, de camas, de almohadones…! ¡Esto es lo que está pasando! Entonces, creo que tenemos que tener mucha fortaleza.

En esto, quiero también dirigirme a los miles y miles de jóvenes que están en la calle: creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque hoy no estamos proponiéndole una alternativa a un problema que existe. El problema del aborto existe en la Argentina, sucede, sucede; estemos o no estemos de acuerdo, ¡sucede! Y hay que darle una respuesta como legisladores. Si no les gusta esta respuesta, discutamos otra, pero no estamos discutiendo ninguna respuesta. Hoy estamos cerrando la cortina, bajando la cortina, rechazando. Nunca tenemos que rechazar. Creo que tenemos esencialmente que proponer una alternativa.

Por eso, señora presidenta, y en esto también quiero hacer un reconocimiento en el sentido de que… Y esto lo he discutido con muchas mujeres feministas: el tema de las convicciones. Siempre se vota con convicciones, siempre se vota con convicciones. El problema es cuando las convicciones que queremos nosotros se ejercen sobre otras personas que no tienen esas convicciones: ahí estalla el conflicto. Porque, en definitiva, nuestro rol como legisladores es regular las relaciones en la sociedad para que todos se articulen y armonicen, pero acá, en este caso puntual, ante una sociedad que está demandando una respuesta a un problema que tiene o a derechos que quiere, porque quieren derechos… Entonces, creo que deberíamos todos hacer un esfuerzo muy grande para dar una respuesta a esas demandas, que –reitero– no será este año: será dentro de dos años o de un año, cuando reglamentariamente, a partir del rechazo, se pueda tratar nuevamente.

Bueno: con todas las convicciones de cada uno pongámonos a pensar si realmente es justo que, en una sociedad que ha adquirido este nivel de movilización y de comprensión, sigamos imponiéndoles unos la conducta a los otros. Porque está claro que esta no era una ley que obligaba a abortar a nadie. Es más: no utilicemos más esa palabra. Así como en Estados Unidos Martin Luther King impuso que no se mencionara lo negro porque esto significaba una estigmatización, hablemos de interrupción voluntaria del embarazo.

Por eso, señora presidenta, es una pena que no hayamos podido abordar un consenso, porque el problema va a seguir existiendo exactamente como existía antes de que abordáramos esta discusión. Es necesario, reitero, hacer un esfuerzo para poder darle una respuesta.

Mire, yo pensaba: tengo dos nietas y tengo 65 años. Dentro de quince años voy a tener 80: sí, 80 años. Elenita, mi nieta, va a estar en 5º año y María Emilia en 4º año. Y la verdad es que para cuando ellas estén en 4º y 5º año esto va a estar sancionado. No tengan dudas. Y la verdad es que pensaba que sus compañeras en el colegio les iban a preguntar: “Che, ¿y tu abuela, cuando era senadora?” Y, bueno: creo que no quiero ocupar el lugar de que, cuando los jóvenes se acuerden de mí, se acuerden de la manera

 

 

en que muchas veces se refieren a esos que nunca entienden lo que pasa; muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto.- Muchas gracias, presidenta.

Realmente es importante reflexionar sobre algunos acontecimientos de la vida reciente de la Argentina.

Es cierto que en la última década hemos votado por una ampliación de derechos realmente importante. Cualquier ciudadano que mire de afuera la Argentina podrá ver que hemos votado el matrimonio igualitario. ¡Es una instancia casi superadora, superior a la interrupción del embarazo! La verdad es que la interrupción del embarazo –el IVE– debería haber sido previo, incluso. Yo digo que este tema se nos pasó. Debemos hacer una autocrítica.

Tal vez, también le tuvimos miedo a estructuras dominantes y viejas que permanecen siempre en posiciones totalmente retrógradas en la Argentina, como ha sido el rol y el comportamiento de la Iglesia Católica en nuestro país; y otros credos, presidenta; otros créditos evangélicos que también gravitan en términos de la construcción y también juegan –muchos de ellos o algunos de ellos– con la inocencia de la gente, como dice la canción de León Gieco; esa canción que es un verdadero himno en contra de la guerra.

¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno analiza la historia argentina, presidenta; cuando uno mira que en el año 53 Perón hace votar por el Congreso la ley de divorcio vincular, inmediatamente, en el 55, lo primero que hace la Libertadora –nacionalista, católica– es derogar la ley de divorcio vincular.

No me quiero remontar más atrás, porque hay acontecimientos de la historia que nos remontan a la fundación estructural del Estado argentino con Roca, que tuvo interrumpidas las relaciones con el Vaticano trece años porque puso en marcha la verdadera estructuración del Estado argentino y la definición de que las leyes que regulan las relaciones de los seres humanos son del Estado, del Estado; no tiene que ver con las creencias religiosas, que son respetables.

Montesquieu, ese pensador extraordinario que definió prácticamente los lineamientos de la Revolución Francesa, ¿qué decía? Que las leyes cambian con la evolución del ser humano, con la comprensión de nuevas sociedades, con la mirada siempre hacia adelante; y, entonces, las leyes deben cambiar las veces que resulte necesario para adaptarse a las nuevas realidades, circunstancias y demandas de la sociedad.

Y las leyes religiosas son rígidas, dogmáticas, permanentes. David las había escrito en la piedra; y la religión católica tiene una estructura dogmática…

Sr. Mayans.- Era Moisés…

Sr. Pichetto.- Le pido que no me interrumpan. Yo escuché, los vi por la televisión.

He escuchado al senador Mayans atentamente. Así que, por favor, le pido que me dejen y no me interrumpan. Porque ¿sabe qué pasa? Este no es un debate de menor cuantía. Este es un debate estructural que tiene que ver con la Argentina moderna o con la Argentina del atraso. Entonces, pido que me respeten.

Nos remontamos al 80, con la construcción de las normas que hicieron al Estado laico: el matrimonio civil; las partidas no las hacía más la Iglesia, ni la de nacimiento ni la de defunción. Pasamos por Perón. Volvemos nuevamente con la recuperación democrática con Alfonsín; y el doctor Alfonsín vuelve a poner un tema que era central, porque también la estructura del matrimonio era para siempre; y si dos seres humanos,

 

 

un hombre y una mujer –o en este caso, personas del mismo sexo– no se quieren, tienen derecho a separarse. El derecho a la felicidad también es uno de los grandes temas de la sociedad moderna.

El derecho al reconocimiento, lo que Charles Taylor, un pensador canadiense, señala como uno de los grandes temas de la sociedad moderna; que lo reconozcan, que no es lo mismo que la tolerancia. ¡No es lo mismo que la tolerancia! El reconocimiento significa ponerse en el lugar del otro.

Y el siglo XXI es el siglo de la mujer. El que no comprenda esto va a quedar afuera de la historia.

Entonces, estamos hablando concretamente de temas que tienen que ver con la estructuración de normas que regulan relaciones humanas en el Estado. Aquellos que sientan, piensen y asuman la religión, seguramente no van a realizar ningún tipo de acción que vulnere las normas religiosas, pero la religión no puede imponerle al conjunto del país y del Estado el pensamiento, la visión religiosa, sobre normas que son de naturaleza civil del Estado laico. Este es el verdadero corazón del debate. Abordar esta cuestión, que no la abordamos antes, lamentablemente. No la abordamos. Lamentablemente no la abordamos. Hubiera sido muy importante. Creo que hubiera completado un círculo de derechos humanos, de derechos fundamentales, de reconocimientos importantes en términos del debate ciudadano. En el gobierno anterior se dieron estos temas importantes.

¿Qué digo? ¿Qué vengo a sostener acá? Que estamos hablando de un tema que fundamentalmente implica la libertad y el derecho de la mujer, como un nuevo reconocimiento social, pero también, en un país como el nuestro, con profundas desigualdades, con grandes asimetrías sociales, donde la mujer que tiene recursos puede hacerse un aborto o una interrupción del embarazo –me gusta más este concepto; el primero es estigmatizante– en una clínica y pagar y la pobre tiene que ir a una situación en la clandestinidad, con alguna curandera, en el peor de los casos, o con algún médico con pocos recursos en un consultorio oscuro y que a lo mejor termina con lesiones graves o permanentes o con la pérdida de su vida. Esto es lo que hay que reparar. No es una cuestión únicamente de derechos: es una cuestión, en nuestro país, de salud pública, de políticas de salud pública.

Yo quiero rescatar esta noche, porque me parece que además se lo merece, porque fue un hombre valiente, al doctor Ginés González García, que era ministro de Salud de Néstor Kirchner. El doctor Ginés González García luchó contra la ignorancia, contra la incomprensión, contra la brutalidad de algunas manifestaciones. Había un obispo castrense que lo quería tirar al río, frente al silencio de toda la conducción de la Iglesia en la Argentina. ¿Por qué? Porque al doctor Ginés González García se le ocurrió hacer una ley de reproducción; se le ocurrió implementar planes que tenían que ver con dar a las mujeres humildes formación, capacitación, anticonceptivos y repartir preservativos. Casi lo excomulgan en la sociedad argentina. Fue hace poco menos de ocho o diez años. Esto es lo que hemos vivido. Lo hemos vivido de esta manera.

Cuando discutimos el matrimonio igualitario hubo un obispo de La Plata que llegó a sostener –no lo quiero nombrar porque está retirado y porque además no me interesa ofender en lo personal– que llegó a decir que el demonio andaba caminando por las calles de Buenos Aires. La verdad, votamos la ley y ampliamos derechos.

El derecho a la felicidad, el derecho a elegir, la opción de la vida me parece que es un tema central en una sociedad moderna, plural y abierta, como ha sido el diseño de la Constitución del 94. Porque a nuestra Constitución liberal de origen del año 53, la del 94 –con un fuerte componente y una ideología socialdemócrata– le incorpora el debate

 

 

de los derechos. Esto lo dice el doctor Gargarella, en un artículo realmente de alto nivel. Lógicamente, esto abre un conjunto de tensiones, en una sociedad que está discutiendo estos nuevos derechos.

Y quiero también decir y manifestar claramente que es totalmente falaz el argumento de que la Constitución y el bloque constitucional, con la incorporación de los tratados internacionales y todos los pactos de derechos humanos, bloquean la posibilidad de la interrupción del embarazo. Es una gran mentira. La Constitución cuyo debate planteó el doctor Carlos Menem en Santa Fe debatió la cuestión fundamentalmente del derecho a la vida y a la familia como un bloque de ideas de la seguridad social, que no bloquea la posibilidad de interrumpir el embarazo. Es una mentira. La posición mayoritaria de la Convención fue precisamente cerrarle el camino a algunas ideas retrógradas que estaban planteadas desde la minoría de la Convención, que sostenían que era imposible interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia. Ganó el pensamiento mayoritario, con la conducción y el liderazgo de importantes actores como el doctor Maqueda y como muchos de los que han integrado la convención, como la propia senadora que me antecedió en el uso de la palabra, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ganó esa corriente de pensamiento. Estuvo el doctor Rodríguez Saá y el propio doctor García Lema, a quien luego escuchamos aquí sosteniendo lo contrario. Pero uno entiende las posiciones; y la gente tiene también derecho a cambiar.

Lo que digo es que en Santa Fe se instaló la corriente mayoritaria que sostiene la defensa de los intereses de la familia, fundamentalmente como un bloque ligado a la seguridad social, y que de ninguna manera eso significa un impedimento para poder interrumpir el embarazo en la circunstancia que prevé el Código del año 21, o frente a una ley como esta que queríamos votar hoy y que significaba la posibilidad de interrumpir cualquier embarazo, en cualquier circunstancia, hasta la semana doce. Lo digo claramente. ¿Sabe por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ratifica este concepto fuertísimo. Lo acaba de decir el senador Martínez, a quien es una lástima que no veo, pero él también ha sostenido esta idea.

Y en el caso “F.A.L.”, la Corte Suprema de Justicia ratifica claramente esta estructura de pensamiento que tuvo el constituyente, de que estaba habilitada la posibilidad de una interrupción del embarazo, fundamentalmente frente a casos como los que analiza dicho fallo en caso de violación o de riesgo de la vida de la mujer. Son los dos conceptos que son totalmente definidos, claramente, con algunos lineamientos fundamentales que tienen que ver con que el Estado debe responder rápidamente y los médicos tienen que estar al servicio de la persona que solicita la interrupción del embarazo cuando ha sido violada. La Corte define en su protocolo en el caso “F.A.L.” que es importante que con la mera declaración jurada se habilite todo el trámite dentro del sanatorio o del hospital público para resolver la cuestión de la mujer. Esto también está definido claramente en diversas resoluciones de la Convención de Derechos Humanos de los Derechos del Niño, organizaciones internacionales que le han pedido a la Argentina que resuelva rápido este problema.

El juez Gallardo, de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la estructuración que había hecho la ciudad –que había armado un equipo interdisciplinario para evaluar el caso de la mujer violada– dijo: señores, este no es un debate libre de un equipo interdisciplinario; hay que habilitar rápidamente los mecanismos para poner en marcha el derecho de la mujer.

Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que de ninguna manera esta norma que estamos discutiendo es inconstitucional; de ninguna manera. Tengo respeto por muchos

 

 

de los que han opinado. Coincido con el doctor Rodríguez Saá en que tenemos que respetarnos. Esta es una cuestión también de visión y de convicciones. Pero me parece que la verdad constitucional, los lineamientos del último fallo de la Corte definen claramente cuál es el bloque de ideas de la estructura constitucional de la Constitución del año 94.

Quiero hacer algunas referencias históricas, señor presidente, sobre este tema, que tienen que ver con los países modernos. Hubo un diputado, en un discurso interesante –fue un debate importante el que se realizó en la Cámara de Diputados, de buen nivel– que mencionaba que los países modernos, que todos envidiamos y que siempre ponemos como ejemplo de libertades públicas, de garantías, de democracia, de República, bla, bla –como les gusta a algunos hablar desde algunos medios–, todos han optado por garantizar mediante el mecanismo legislativo, mediante la ley, que se pueda interrumpir el embarazo en un tiempo determinado.

Y yo quiero en este tema remontarme fundamentalmente a un debate extraordinario, que fue el debate francés producido en los años 1973 y 1974. Quiero analizar también cómo el presidente Valéry Giscard d´Estaing, que fue un presidente de perfil liberal que había heredado el gobierno de Pompidou con el debate ya iniciado sobre la cuestión también del aborto no punible, de religión católica, pone en marcha el debate de la ley y dice: tenemos que buscar una solución más justa para este tema, fundamentalmente para atender el problema de las mujeres sin recursos.

Y luego Valéry Giscard d´Estaing se reúne con Pablo VI. Entonces, el Papa en ese momento le pregunta: ¿por qué habilitó el debate siendo usted un católico? Y aquél le respondió: Su Santidad, soy católico y como católico no estoy de acuerdo con el aborto, pero como presidente de Francia lo considero imprescindible, porque tengo que legislar para todos, por encima de las creencias.

Y le voy a decir algo más: yo rescato la decisión del presidente Macri de poner este debate en la sociedad. Me parece que fue una decisión importante. Había una demanda fundamental. Estaba ahí. Estaba en la calle. Y está en la calle. Tal vez, lo quiero decir sin lastimar a nadie ni que nadie se sienta mortificado, los grandes cambios, cuando se producen, es porque hay un fuerte decisionismo y porque, fundamentalmente en un país de naturaleza presidencial como la Argentina, la opinión del presidente no puede ser abierta frente a la instalación de un tema de esta naturaleza. Debería haberse comprometido con todo en la decisión de que esta ley saliera, porque la Argentina iba a ser un poquitito más justa, presidente, un poquitito; porque hubiéramos atendido problemáticas sociales, que yo no las quiero enumerar acá como un contable, como un contador de esos de pueblo con visión aldeana. No sé cuántas muertes son, pero son muchas. Y si son pocas, también son importantes.

Quiero rescatar algo, porque tiene que ver con el debate que hicimos aquí, en la comisión, presidenta, que fue un debate, en general, respetuoso. Y yo quiero hacer también un reconocimiento al senador, el presidente de la Comisión de Salud, a Mario Fiad, al senador Guastavino y al senador Mera. Estuvieron al pie del cañón durante todo el mes. No salieron de vacaciones. Estuvieron ahí desde la primera hora hasta la última. El debate, en líneas generales, fue bueno. Algunas visiones, quizás, muy fanatizadas, pero, bueno, fue un debate importante.

En este sentido, yo también quiero reivindicar acá la tarea del Senado. Hubiera sido bueno, hubiera sido importante, como lo logró Francia. Valéry Giscard d’Estaing la puso a Simone Veil, que era la única mujer de su gabinete a cargo de este tema. ¿Y sabe cómo la calificaron a Simone Veil, una mujer que era de origen judío, cuya familia había muerto en los campos de concentración de Auschwitz y de Ravensbrück y había

 

 

quedado solamente ella sobreviviente y una hermanita? La calificó también de genocida una parte de la sociedad francesa. Justamente a ella, que le habían gaseado a la familia en los campos de concentración nazi.

El documento de Simone Veil que hoy mencionó tan bien el senador Pais es una pieza extraordinaria desde el punto de vista del reconocimiento a la mujer, a la salud pública, a la instancia del debate en una sociedad abierta y plural, como es la sociedad francesa.

Simone Veil acaba de ingresar, por decisión del presidente Macron, en el Panteón de los héroes. Está al lado de uno de los héroes de la Resistencia, Jean Moulin, que era un maquis, uno de los jefes de la Resistencia francesa, que murió asesinado en los calabozos de la Gestapo en París. Ahí está Simone Veil, en el Panteón de los Héroes y reconocida en la historia de Francia como una mujer de trascendencia histórica importante. Tal vez, era el lugar del presidente. Yo creo que está a tiempo. Creo que hay que ir a fondo y decidirse.

Me parece importante –repito– haber abierto el debate. Lo que creo es que estos debates deben tener un resultado. Esto es lo que yo pienso. Un resultado positivo de que la ley se hubiera podido sacar.

Quiero también hacer una breve reflexión sobre el fallo de la Corte Suprema americana en el año 72. Ha pasado casi medio siglo. Los americanos lo resolvieron por la Corte. Caso “Roe contra Wade”: era una mujer del Estado de Texas, una mujer pobre, soltera, embarazada, que había pedido interrumpir el embarazo; y la Corte Suprema, en un fallo también contundente y ejemplar definió siete a dos a favor de la mujer de que tenía derecho a interrumpir el embarazo en el Estado de Texas, que se lo negaba. Es como algunas provincias que ni siquiera hoy todavía cumplimentan el protocolo fijado en el caso “F.A.L.” por la Corte Suprema de Justicia.

No quiero hacer cargo a ningún gobernador. Creo que también, a veces, hay estructuras burocráticas muy pesadas que, a veces, impiden avanzar en estos temas.  Pero creo que estamos a tiempo, porque me parece que, más allá de lo que pase esta noche, lo que hay en la calle es una sociedad viva, aun en las dos veredas, en los dos lados. Hay gente que está comprometida con este debate.

Viene bien para uno de los pensadores de Cambiemos, el Laclau de Cambiemos, el que también construye la grieta, que dice que este Congreso discute estupideces y los senadores no leen libros de historia. Sí, para Durán Barba. Es para él esto. Que este Congreso tiene nivel intelectual y discute cosas importantes. Y, Durán Barba: lamento decepcionarlo, leemos libros de historia y creo que tenemos formación. No hay que seguir degradando la política en la Argentina. No hay que seguir destruyéndola, porque después de eso no hay más nada. Miren lo que pasa en Brasil: se destruyeron las empresas, se destruyó el sistema político, se restableció el poder militar y el que viene es un militar de ultraderecha.

Entonces, analicemos las cosas; pensémoslas. Reflexionemos sobre los temas. Esto no significa, de ninguna manera, justificar absolutamente nada que se deba investigar en la Argentina.

Quería terminar de analizar el tema de la Corte Suprema de Justicia americana, porque los americanos tienen un fuerte sentido ligado al derecho privado, al derecho individual: el derecho a la libertad. La mujer tiene derecho a hacer lo que realmente quiera hacer. No está enfocado desde el punto de vista que en la Argentina se planteó este debate, que es un debate también de salud pública, en donde el Estado tiene que garantizar a las mujeres pobres y humildes –que muchas veces terminan en el cementerio por prácticas clandestinas– que la práctica va a ser en un sanatorio, en un

 

 

hospital, se va a hacer con todas las condiciones de higiene y la mujer va a poder sobrevivir a un hecho muy duro, muy tremendo en la vida de la mujer.

Escuchamos al médico mexicano que vino a hablar de la experiencia mexicana, al doctor Sanhueza. Dijo: “Cuando una mujer decide hacerse un aborto o una interrupción del embarazo que tiene, no entra taconeando al consultorio.” No entra taconeando al consultorio, una frase de una sabiduría y de una profundidad extraordinaria. Está sufriendo esa mujer. Está viviendo una situación altamente traumática. Esto es lo que quiso decir Sanhueza en esa frase tan rica desde el punto de vista del lenguaje.

Me parece, presidente, que si el Senado hoy no está a la altura de las demandas sociales, seguramente este tema en el futuro se va a tratar o, tal vez, la Corte que ha tenido una visión progresista; yo creo en esta Corte Suprema que tiene la Nación. Tiene dos hombres que han estado en la Convención Constituyente, los doctores Rosatti y Maqueda. Tiene un presidente que ha hecho una gran reforma del Código Civil. Tiene un hombre que viene del derecho privado y que es un liberal. Si lo tuviéramos que definir al doctor Rosenkrantz –y lo digo calificándolo con positividad–, es un liberal casi de perfil americano. Creo que esta Corte, en cualquier momento, nos sorprende con un fallo integral que va a marcar el camino definitivo y que luego el Congreso va a tener que hacerle el seguimiento. Yo creo que ante el primer caso en cuestión, la Corte puede llegar a terminar de resolver lo que el Congreso no se atrevió a resolver.

Quiero, presidenta, para ir concluyendo, decirles que seguramente, porque los números están cantados y nadie los ignora, el no seguramente va a ganar esta noche, pero el futuro no les pertenece. Más temprano que tarde, en un día seguramente más luminoso que este día gris, triste, de lluvia, las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan: salir de la brutalidad del Estado, de la penalización sobre la base de un hecho dramático.

Quiero decirles que, recordando a un gran pensador español, un hombre de una cultura extraordinaria, como Miguel Unamuno, en el momento en que los fascistas entraron a la Universidad de Salamanca, Unamuno dijo: “Vencerán pero no convencerán.” Vencerán pero no convencerán.

Quiero decirles que estoy convencido de que la Argentina, cuando se pueda votar este tema, va a entrar definitivamente en la modernidad, va a entrar en un proceso de justicia y de equidad, un poco más de lo que hoy todavía se vive.

Y este no es un mensaje en contra de la iglesia ni en contra de los credos. En realidad, la Constitución del 94 también le bajó el precio a la estructuración religiosa. Uno de los grandes temas de la reforma del 94 es que no se exige más la religión católica para ser presidente de este país. La visión y la cosmovisión de los constituyentes tienen un claro componente de laicismo, de la vigencia de las normas del

conjunto del Estado, presidenta.

Repito, más temprano que tarde, el sí va a ganar este debate. Muchas gracias, presidenta.

Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.

Tiene la palabra, que será en forma compartida, la senadora Elías de Perez y luego el senador Petcoff Naidenoff.

Sra. Elías de Perez.- Señora presidente: sin una mirada fascista ni inocente ni atrasada ni vieja ni retrógrada, sino, por el contrario, llena de garra, llena de ganas, llena de energía, llena de convicción me apresto a dar este debate que, sin ninguna duda, es uno de los debates más trascendentes que está dando el Congreso de la Nación y el más importante de la vida de muchos legisladores que estamos sentados acá.

 

 

Soy de las que cree en el derecho a la vida, inalienable, de las que no se resigna buscando atajos, de las que cree que la igualdad implica crear las bases necesarias para que todos los argentinos nazcan, crezcan y sean plenos.

Es muy triste, duele lo que pasa en la Argentina. Es tanto lo que nos falta. ¿Sabe lo que duele más? Duele cuando pensamos que quieren ahora plasmar una nueva forma de discriminación. Discriminar a las personas por deseadas o no deseadas, y, a estas últimas, querer quitarles todos los derechos, hasta el derecho a la vida. ¡El derecho a la vida!

Soy de las que cree que la dignidad humana no tiene banderas políticas y que nada justifica que la vida quede a la merced de nada ni de nadie.

Todo este mes el Congreso de la Nación y las tres comisiones han trabajado de una manera que, realmente, merece que se lo destaque. Debo destacar a los tres presidentes de esas comisiones y no solo a ellos, sino a todos los senadores y senadoras, con sus distintas posturas, que han participado de todas las asambleas, de todas las reuniones y que, con mucho respeto, han preguntado y han escuchado al que pensaba como ellos y también al que pensaba diferente. Pero hay algo más importante, señora presidente. Lo fantástico de haber descubierto en senadores que habitualmente estábamos en veredas opuestas que compartimos valores, ideales y que tenemos muchas utopías juntos que abren nuevos caminos porque nos muestra que podemos hacer cosas juntos y pensar en muchos proyectos que hagan bien a la sociedad.

Cuando empezamos el debate en las comisiones partimos de dos posturas completamente antagónicas. Nos quedaron al final algunas certezas. Una de ellas es que la vida empieza desde la concepción.

Entonces, yo me pregunto: ¿por qué elegir, señora presidente? ¿Por qué no legislar para la mujer y para el niño por nacer? ¿Por qué no legislar para que todos los argentinos en este bendito país tengan su vida protegida?

El doctor Fernando Toller, con gran maestría, nos decía que aquí se confunde personalidad con capacidad.

La personalidad, señora presidente, no es incremental; o se es persona o no se es persona. Lo que sí es incremental es la capacidad jurídica, que depende de una serie de circunstancias. Pero, si se es persona siempre, entonces, se merece protección siempre.

Ya lo han explicado in extenso varios senadores que mantienen la misma postura mía de que este proyecto es inconstitucional e inconvencional. Han pasado por acá –y nos lo han dicho– los juristas y constitucionalistas más importante de la Argentina: María Angélica Gelly, Sagüés, Bianchi, Garat, Toller, Vanessi, Vanossi, Vítolo, Santiago Alfonso; si todo esto no nos es suficiente, ¿qué más, señora presidente? ¡¿Qué más?!

El aborto es siempre una tragedia. Lo hemos reconocido todos, desde un lado y desde el otro. Lo que hace es sumarle a la mujer una nueva herida más. Lejos de empoderarla, la deja sola, sola, y le marca un camino que la convierte en jueza y ejecutora de la pena.

Una mujer que se encuentra frente a un embarazo no deseado lo que necesita es ser acompañada, acompañada en su angustia, ser asistida con todas las alternativas posibles que estén disponibles y que no pongan en riesgo su vida ni tampoco la de su hijo. Ser comprendida. Ser ayudada con opciones concretas y ciertas. Necesita de un Estado presente.

Aquí se ha utilizado reiteradamente, tanto en el debate en comisión como aquí todo el tiempo, toda la noche, una falacia ad hominem, porque de manera sistemática se

 

 

ha tratado de decir que por nuestra religión, nuestros fundamentos, convicciones y razonamientos no valen. Esto no es verdad.

Hemos hablado desde la ciencia. Hemos hablado desde el derecho y nos quieren decir que no valen. ¿Por qué? Sencillamente porque creemos. ¡Por favor!

Ahora, sí permítame hacer una digresión. Porque durante estos meses se ha denostado a los que profesamos la fe católica como nunca ha sucedido en la Argentina. También hemos recibido escraches. También hemos recibido pintadas. También hemos recibido todo tipo de agravios. Y lo que quiero es desagraviar al pueblo católico, al pueblo evangélico, a los de otras religiones; a todos a los que al salir a ponerse en contra y a manifestarse en contra de esta ley han sido criticados, vapuleados y atacados, sencillamente, por mostrar su religiosidad en un país donde la libertad de culto está consagrada en la Constitución Nacional.

En esta discusión se han llenado de eufemismos. Nos hablan de ILE en lugar de aborto. Nos dicen antiderechos a los que defendemos el derecho a la vida de todos los seres humanos. Nos quieren decir que aquí se discute aborto legal versus aborto clandestino cuando lo que estamos discutiendo es cuál es la respuesta que tiene el Estado para que no haya más abortos.

Realmente, legalizar el aborto, señora presidente, es admitir, lisa y llanamente, el fracaso del Estado.

Legalizar el aborto es desentenderse de trabajar para prevenir embarazos adolescentes, para acompañar a la mujer durante el embarazo, para garantizarle que el niño nazca como tiene que nacer con todas las garantías a fin de que luego tenga salud, educación. Es, lisa y llanamente, que el Estado tire la toalla.

No me resigno a eso, señora presidente. ¡No me resigno!

Se ha demostrado que con políticas públicas activas se puede resolver esta situación. Lo ha explicado el senador Fiad contándonos su experiencia como ministro  de Salud en su provincia y las cosas que han logrado allá con políticas activas. Lo hizo un intendente de San Miguel que ha venido aquí, que también nos ha contado y relatado cómo, efectivamente, ha tenido resultados.

Capítulo aparte merecen los médicos, las instituciones de salud, a los que se pretende obligar, en contra de su conciencia o también en contra de sus idearios, a realizar esta práctica. Por esto, destaco el movimiento de los médicos autoconvocados por la vida que han salido a la calle en todo el país, han tomado los hospitales, se han parado, han gritado, nos han dicho que entendamos que con este proyecto se violan sus derechos, se viola el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de conciencia, a la libertad de trabajar y de ejercer la profesión de manera igualitaria. Hasta se viola la intimidad de objetor y, por sobre todo las cosas, se viola su misión y su vocación de salvar vidas.

Reconozco también la tarea inmensa de una enorme cantidad de abogados, contadores y, fundamentalmente, de grupos que desde La Quiaca hasta Ushuaia han teñido de celeste la Argentina.

Qué decir de los cientos de testimonios de mujeres que han abierto su corazón, nos han mostrado sus heridas, nos han contado sus historias y nos han mostrado a través de su dolor que va a quedar para siempre grabado en nuestra memoria que ésta no es la salida.

Junto a esto también reconozco a los miles que han salido a las calles, a las plazas a recoger firmas sencillamente defendiendo los valores fundantes que tenemos como Nación.

Tiene que quedar claro…

 

 

Sra. Presidente.- Perdón, senadora. ¿Podemos hacer silencio? Hagamos silencio porque hasta recién había silencio. Escuchemos a todos.

Sra. Elías de Perez.- Tiene que quedar claro que en materia de salud es una atribución que no está delegada por nuestras provincias. Este es un proyecto unitario que quiere imponer al aborto como de orden público y de cumplimiento obligatorio por nuestras provincias, sin importarle siquiera que trece de las veinticuatro provincias en nuestras constituciones tenemos protegido el derecho a la vida desde la concepción. Por eso es que se han reunido concejos deliberantes, legislaturas provinciales y hasta nuestros propios gobernadores, que han salido a pedirnos que vayamos en contra de esta ley.

Señora presidente: rechazamos este proyecto porque viola la dignidad intrínseca de la persona humana, rechazamos este proyecto porque conculca el derecho a la vida y a la integridad física, porque además conculca el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de conciencia.

Rechazamos este proyecto porque promueve la relativización del derecho a la

vida.

Rechazamos este proyecto porque establece un derecho al aborto superior,

supraconstitucional, preferido.

Lo rechazamos porque es discriminatorio y unitario.

Lo rechazamos porque no brinda soluciones reales a los problemas que atraviesa la mujer con un embarazo no deseado.

Lo rechazamos porque es inconstitucional. Y no es una opinión personal, mucho menos una opinión religiosa, es la opinión de los juristas más destacados que tiene nuestro país.

Dicho esto, déjeme que les diga mi último mensaje a los jóvenes, a esos jóvenes maravillosos, a esa energía vital de la Nación, que hoy están rodeando al Congreso con un color o con otro. Les digo a ellos que están ahí afuera hace horas y horas bajo la lluvia que les tengo un enorme respeto y admiración, piensen lo que piensen; que los necesitamos más que nunca, activos, que defiendan siempre lo que piensan, que luchen por sus ideales, pero que no se olviden nunca de respetar y de hacerlo en paz, porque siempre el que piensa distinto, algo tiene para aportarnos. A ellos les damos nuestro compromiso de que vamos a seguir trabajando para encontrar las verdaderas soluciones a esta problemática que hoy estamos poniendo sobre la mesa.

Por eso, señora presidente, en esta madrugada del 9 de agosto en el Senado de la Nación que gane la vida.

Sra. Presidente.- Continúa el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff.- La verdad, en un debate tan intenso, tan apasionante, donde ciento de miles de jóvenes se movilizaron en las calles, en las plazas, y el colectivo de mujeres y, fundamentalmente, las nuevas generaciones, están siguiendo con atención este debate, yo quisiera en primer lugar, ante posiciones aparentemente tan contrapuestas, poner en valor algunas coincidencias, por lo menos de la inmensa mayoría de los senadores que escuché esta noche en el recinto cuando estuve presente y también desde mi despacho siguiendo el debate por el canal de la televisión del Senado.

En primer lugar, la plena coincidencia de que el aborto es una situación no deseada y que esta situación no deseada es un verdadero drama social para las mujeres en la Argentina.

En segundo lugar, que el camino que eligió la Argentina para frenar y evitar los abortos fracasó estrepitosamente: el camino punitivo. Desde 1921 hasta la fecha no hay mujer que mire el Código Penal ante una situación límite. Se aborta –y lo digo con crudeza– porque ocurre y lo sabemos, a plena luz del día. Y lo sabemos porque

 

 

hablamos con nuestros hijos en nuestros entornos, con los amigos, en los barrios donde militamos, donde caminamos. Ocurre.

La tercera gran coincidencia tiene que ver con que también he escuchado que este fracaso del modelo punitivo profundizó la clandestinidad.

Aquí vienen las dos miradas: ¿cómo nos plantamos? Yo estoy convencido de que la clandestinidad viene de la mano de un negocio y que el negocio de la clandestinidad tiene la marca del dinero y el sello de la desigualdad. Están las mujeres que cuentan con recursos, que pueden acceder a los servicios profesionales o a un buen médico de confianza para que las atiendan y están las otras, las que parece que no interesan, las que parece que no tienen valor, las que se deja libradas a su suerte, independientemente de este fracaso, y que muchas veces en soledad toman la peor de  las decisiones y terminan internadas, derivadas en hospitales. Algunas tienen la suerte de salvar sus vidas, otras no: terminan de la peor manera.

Ante esta realidad, la verdad es que lo primero que quiero decir es que también escuché –y no solamente de manera aislada, sino de muchos– referirse a esta cuestión  de las estadísticas y de que las pérdidas de vidas por las causales de aborto no son tantas si se las compara con otras causales.

La verdad, esto, desde lo personal, me genera una profunda indignación. Creo que toda muerte evitable, cuando el Estado debe intervenir, nos debe movilizar desde la política. Después, cada uno sabrá si el sistema de salud pública tiene que ver con responsabilidad estatal provincial, dónde está la responsabilidad. Pero nos tiene que movilizar y no minimizar, porque esto significa también un menosprecio a la vida por una cuestión de abortos que ocurren en la clandestinidad.

¿Qué es lo que debatimos en una primera instancia? Yo divido los debates, separo en dos temas. En realidad, el centro del debate tiene que ver con la dignidad humana. ¿Cuál es el nivel de la dirigencia política para soportar los pisos de indignidad?

¿Tenemos la capacidad, la valentía de convivir con la doble moral? Bueno, dejemos las cosas como están. No hay nada más indigno que avalar lo clandestino. No hay nada más indigno que mirar a los costados cuando alguien se interna y no hacemos absolutamente nada; o al contrario, lo que hacemos es profundizar brechas de desigualdad.

Y en este debate, estos son los dos caminos. Hay dos caminos así, de arranque. O miramos a los costados, con excusas jurídicas, filosóficas, morales, éticas, con todo tipo de argumentaciones para que nada cambie, para que la clandestinidad y el negocio sean la regla. O asumimos que estamos ante un grave problema de salud pública.

Yo estoy convencido de que este es un problema de salud pública. ¿Cómo se planta el Estado ante una realidad? No es una discusión abstracta. Los abortos suceden en la Argentina y, en la realidad, cuando se toma la decisión de abortar, están la cobertura y la desigualdad extrema. Ante esto, ¿cómo nos plantamos?

Nosotros, los que acompañamos la media sanción de Diputados, con las modificaciones que se generaron y que se dejaron en claro por el miembro informante y por otros presidentes de los bloques, estamos convencidos de que el Estado debe hacerse cargo del problema de salud pública. Mirar a los costados es lo que va a pasar hoy al final del camino; mirar a los costados, con el rechazo liso y llano de la ley; mirar a los costados: clandestinidad, negocio, oscurantismo y doble moral.

Ahora bien, ¿por qué digo que estamos ante un grave problema de salud pública? Y yo quiero respetar, porque respeto sinceramente cuando se defienden con vehemencia las convicciones. Diferencio las creencias de las convicciones y el rol del Estado. Son cosas absolutamente distintas.

 

 

Yo escuché, en primer lugar, esta idea de “Nos moviliza salvar vidas”. Quiero decirles que a todos nos moviliza salvar vidas. Desde lo personal, yo no voy a permitir que, por tener en claro que estamos ante un problema de salud pública, se nos endilgue que sobre nuestras espaldas no pesa la conciencia para salvar alguna vida. Al contrario,

¿quieren salvar vidas? ¿Quieren que algún embarazo que se interrumpe pueda tener alguna gestación futura y concretarse en un nacimiento? Miremos lo que han hecho otros países.

Acá se ha dicho, en 2007, el Distrito Federal de México legalizó el aborto con las consejerías. De las mujeres que concurren a las consejerías, entre el 10 y el 12 por ciento que tiene contención médica con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, con atención para que alguien las escuche, decidió continuar su embarazo. ¿Me escucharon? Entre el 10 y el 12 por ciento de las mujeres, en el Distrito Federal, con la simple contención médica y dejar de lado la orfandad, decidió continuar su embarazo. El 97 por ciento de las mujeres, al igual que en Uruguay, después de acudir a una consejería terminó con un método anticonceptivo, con un mecanismo de prevención. Y en Portugal, el 95 por ciento de las mujeres.

Se salva una vida ante una realidad cuando el Estado de mirar a los costados da un paso adelante y asume su rol. Y lo que discutimos es eso, el rol del Estado ante un grave problema.

Escuché también sobre el fracaso del Estado en los países que tomaron esta decisión. Miren, en Italia, donde está enclavado el Vaticano, en 1978 se legalizó el aborto hasta las doce semanas. Se habló de Irlanda, porque se lo citó a ese bloque de constitucionalidad. Y al doctor Alfonsín lo citaron el senador Pais, la senadora Verasay y el senador Pichetto, justamente cuando dejó en claro que la cláusula del artículo 75, inciso 23, tenía que ver con una protección integral, desde una mirada social hacia la mujer y que justamente se resguardaba la posibilidad de que la Argentina sea un país abierto, con esta legislación, para aquel país que pueda receptar el aborto como no; y daba el caso de Irlanda.

Y fue el propio senador Pais quien ha dicho que Irlanda hace poco tiempo, en una consulta o en un referéndum, decidió modificar su cláusula constitucional. Irlanda: el 93 por ciento de su población tiene un componente católico. Yo no creo que la mayoría que decidió afrontar un problema clandestino, para hacerlo legal, tenga el sello en la frente de querer, de alguna manera, dejar de lado una vida humana. Me parece que se trata de avanzar, con inteligencia, con seriedad, asumiendo los problemas como son. Este es el primer gran eje del debate: dignidad o indignidad.

La otra cuestión que me parece medular. Puede gustarnos o no, pero hay un fuerte componente en la decisión que se ha tomado esta noche, o que muchos van a tomar, en base a las creencias. No me parece mal, pero las creencias tienen mucho que ver en el voto de cada uno de los senadores.

Yo respeto las creencias, pero para mí las creencias tienen que ver con mi fuero íntimo, con mi derecho a la privacidad. Yo soy un hombre de fe. Yo soy un hombre que pertenezco a la religión católica. Y vaya si tengo fe y me aferro a la fe, en mi vida. Pero

¿saben qué? Vaya si tengo fe y me aferro a la fe, en mi vida, pero diferencio la creencia del rol del Estado, porque me formé en un partido que tiene una visión laica. Y en esa visión laica, la opinión mayoritaria o una creencia mayoritaria no puede imponerse al conjunto de la sociedad.

Acá, lo señalaron muy bien varios senadores. ¿Cuándo se comenzó a construir un Estado laico en la Argentina? Y que ese Estado laico en la Argentina, ante la tensión entre el conflicto religioso y la visión laica, no fue fácil, no fue sencillo. Desde la ley

 

 

1.420, con la educación gratuita y laica. Se citó la creación de los registros del Estado Civil. Miren, en 1886, o hasta ese año, todo lo que tenía que ver con la vida de las personas se asentaba en los libros parroquiales. Y ¿saben por qué el Estado recuperó ese rol? Porque fueron las corrientes inmigratorias. ¿Ustedes saben lo que implicaba en 1886, para un ciudadano que no profesaba la religión católica, que podía ser evangélico o judío, registrar un nacimiento en un libro parroquial?

Por eso intervino el Estado. También así se terminó en una disputa y en la ruptura con la Santa Sede, como se ha dicho. Pero existió valentía política para asumir un rol de Estado, valentía política para reafirmar un Estado laico. También se citaron los ejemplos de la reforma del 94. No es menor –lo ha dicho el senador Pichetto– la eliminación del requisito de la catolicidad para ser presidente en la Argentina.

No es una disputa de poder, es de sentido común. Hoy, muchos argentinos que están en las calles profesan otra religión; y si no fuera por esa reforma, pueden tener la idoneidad, la capacidad, pero no podrían ser presidentes. Y esa reforma, no solamente fue un núcleo de coincidencias que tuvo en miras la reelección, sino que también amplió derechos y garantías, posibilitó ampliar y avanzar en derechos y ampliar y avanzar en  un plano de igualdad. Como también ocurrió con esa cláusula del artículo 75, inciso 23. No fue fácil, tampoco, ni en el 85, ni en el 87.

Miren, la senadora Cristina Fernández ha hecho referencia a la sociedad patriarcal; y hay que asumirla. Hoy, la ley de patria potestad compartida la asumimos con naturalidad, pero fue necesaria la impronta de Alfonsín en 1985 para que la ley de patria potestad compartida pueda ser una realidad. Miren si no hablamos de una sociedad patriarcal. Y Alfonsín, que desde su íntima convicción, por su apego a su propia formación, no avalaba la idea del divorcio, la impulsó. Desde luego que hay una diferencia cuando se empuja una ley con convicción para que la sociedad tenga una satisfacción colectiva y no quedarse a mitad de camino. Él tuvo una visión de estadista. Y hoy esa diferenciación religiosa y civil permitió a muchos reorganizar su vida.

¿Qué pasó en estos años en cuanto a los avances de derecho, cada conflicto o cada tensión que existen, ocurren y hay que tomar con naturalidad? Yo tomo con naturalidad la tensión y el conflicto entre la visión religiosa y la laica, porque tiene que ver con nuestra historia.

Hace pocos años discutimos en este Congreso la ley de fertilización asistida. Y también hubo tensión, porque implicaba el descarte de embriones, el congelamiento, etcétera. ¿Y saben qué? Este Congreso avanzó con esa visión laica, porque estamos convencidos de que cada argentino y cada argentina tienen derecho a planificar sus propios planes de vida y a construir sus familias con el avance y la ayuda de la ciencia. Y eso lo aprobamos acá por unanimidad.

También me quiero referir a una ley que pasó casi por alto, pero que es muy importante y tiene que ver con las mujeres. Recuerdo a hombres de mi bancada, en este caso al ex senador Gerardo Morales, que fue uno de sus impulsores junto con otros senadores del bloque del Frente para la Victoria. Hablo de la ley 26.485, de protección integral para las mujeres. ¿Saben lo que dice esa ley, que el Congreso sancionó por unanimidad en el 2009? Nosotros la aprobamos en 2008 por unanimidad y en 2009 sucedió lo mismo en Diputados, por unanimidad. Muchos diputados de aquel momento hoy son senadores.

Nosotros por unanimidad votamos un artículo –el tercero– que establece lo siguiente: El Estado debe garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos.

Eso votamos nosotros por unanimidad. También hay que hacerse cargo de lo que

 

 

se vota, de los avances y de cada paso que fuimos dando en el transcurso de estos años. Y también tuvo cuestionamientos fuertes –claro está–, pero fue un avance.

No quiero ser reiterativo, se ha dicho mucho y la verdad es que no hay margen para la diferenciación. Solamente quisiera preguntar a todos, con los resultados a la vista, lo siguiente: entre la tensión religiosa y la visión laica, ¿cuál fue el saldo o el balance para la sociedad argentina? ¿Fueron retrocesos o fueron avances en materia de derechos? Fueron avances; nítidamente fueron avances.

También escuché aquí hablar de la cuestión del federalismo. Y me extrañó esta idea de que se impone una visión unitaria y no federal en este recinto. Miren, no sé la realidad de algunas provincias, porque en algunas hay senadores que votan por unanimidad de la misma manera. Pareciera ser que el aborto toca a algunas provincias y a otras no.

Pero yo tengo otra mirada. Creo que esta es una casa federal que también nos interpela. ¿Qué representamos en esta casa? ¿A las provincias? ¿La opinión mayoritaria de nuestros ciudadanos? Les pregunto: ¿quién tiene la vara para saber por dónde pasa la mayoría o si faltó quizás un requisito esencial de participación ciudadana que no se ha dado en el marco de este debate?

En segundo lugar, si hablamos de derechos o de ampliación de derechos, ¿qué prevalece, una minoría que tracciona para que se generen los cambios, o una mayoría que no quiere que se modifiquen las cosas?

Esto lo digo, porque también quiero mirar un poco al interior y a mi propia provincia. Y quiero decir a mis comprovincianos que en Formosa están representadas las dos posiciones. Hay dos senadores que se apegan al rechazo de la ley, para que nada cambie, es decir, la regla seguirá siendo la penalización de la mujer y la clandestinidad de los abortos; y los que estamos a favor de dar un paso hacia delante, con inteligencia y madurez, un salto de calidad que merece la Argentina.

El resultado desde luego que algunos dirán que no es el esperado. Miren, la historia nos demuestra que cuando se trata de ampliar derechos y autonomía, la sociedad siempre está a la vanguardia; siempre está a la vanguardia. La política, siempre un paso atrás. A la vanguardia va la sociedad.

Ante esta votación cantada me quiero dirigir particularmente al colectivo de mujeres y a los miles de jóvenes que de manera apasionada están bancando para que esto sea ley –y especialmente a los jóvenes de mi partido, a la juventud radical y a los  de Franja Morada– diciéndoles que este es un primer paso y más allá del resultado y de mayorías circunstanciales, nada está perdido. Porque es solo cuestión de tiempo para que desde la política tengamos la valentía de entender que un Estado laico siempre es mucho más potente que alguna creencia individual.

Reafirmando esta visión vamos a garantizar libertad, autonomía, igualdad y derechos. Nunca será un retroceso, siempre será un avance. Gracias presidenta.

Sra. Presidente.- Corresponde la autorización de las inserciones y las abstenciones a mano alzada.

– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente.- Aprobado. Quedan autorizadas. ¿Abstenciones va a haber?

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Señora presidente:

Sra. Presidente.- Para debate no.

Sr. Mayans.- Es para pedirle que usted aclare el sentido del voto.

Sra. Presidente.- Ah. Ahora lo digo.

Tiene la palabra la senadora Crexell.

 

 

Sra. Crexell.- Solicito permiso para abstenerme.

Sra. Presidente.- Habrá, entonces, dos abstenciones de los senadores Perotti y Crexell.

 

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR BASUALDO

 

Señora presidente:

 

Desde hace semanas el tema del aborto se instaló de manera contundente en la sociedad argentina. Es una discusión sumamente importante que no hay que pasar por alto, especialmente entre quienes estamos en un lugar de decisión gracias al voto de los ciudadanos. En este sentido, cabe destacar que tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores se dio un debate ejemplar donde cada uno pudo expresar libremente su posición, donde se escucharon todas las voces y a especialistas representando a ambas posiciones.

Por mi parte, considero que la respuesta no es el aborto, sino dar un fuerte impulso a la educación sexual, con alcance a todas las esferas sociales y a cada región del país, para prevenir casos de embarazos no deseados.

Aprobar esta ley, tal cual vino de Diputados, sería afirmar el fracaso de todo trabajo de prevención. Y creo que no hay que darse por vencido, sino todo lo contrario: el Estado tiene que tener un rol potente y ampliar la trascendencia de la educación sexual. En este sentido, desde hace tiempo vengo impulsando en el Senado un proyecto para que se realicen campañas en hospitales, centros de salud, en todas las dependencias de los establecimientos sanitarios, clubes y escuelas, tanto públicas como  privadas, de todo el país.

Asimismo, desde el Estado se deben fortalecer e impulsar nuevas políticas para la protección y el acompañamiento de la mujer que transita un embarazo no deseado, acercando una solución superadora para contener y cuidar las dos vidas.

Cuando me dicen que los abortos deben existir porque la mujer o la familia no tienen dinero para mantener a otro bebé, me parece que el tema a solucionar es el social y el económico, eso como punto de partida. Apuesto a preservar ambas vidas, tanto la de la mujer como la del niño por nacer, donde el Estado diga presente, acompañe y realice un seguimiento, para que después del parto, si la mujer no quiere quedarse con el bebé, la adopción se realice de manera rápida y segura. Es por eso que considero fundamental avanzar en una ley integral de adopciones, que permita hacer más eficiente todo el proceso y donde los niños institucionalizados no pierdan su infancia a la espera de un hogar.

En paralelo, quiero destacar que, en ocasión de la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, el Congreso Nacional sancionó la ley 23.054, que aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida igualmente como Pacto de San José de Costa Rica. En su artículo 4º trata el derecho a la vida, que dice: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Posteriormente, en el año 1990, durante la presidencia del doctor Carlos Menem, se sancionó la ley 23.849, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20/10/89. En el artículo 2º de la ley 23.849, el Congreso Nacional hace la siguiente interpretación auténtica, que dice: “Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años de edad”.

Al encontrarse vigentes estas normativas constitucionales, este Honorable Congreso no posee la suficiente capacidad para aprobar una ley que legalice la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) ya que tal cual reza actualmente nuestra Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23, estaríamos incumpliendo “la obligación de proteger al niño desde el embarazo”.

Señora presidente: por las razones aquí expuestas, adelanto mi voto negativo.

 

 

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA SOLARI QUINTANA

 

Señora presidente:

 

Nuestro rechazo al proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados sobre interrupción voluntaria del embarazo (en adelante, el proyecto) se enmarca en diversos fundamentos, que abrevan tanto en las profundas deficiencias que presenta su texto desde el punto de vista constitucional, como en

 

 

las lagunas e inconsistencias que genera en nuestro derecho, pasando por la negación de datos que aporta la ciencia.

Luego de las largas e intensas jornadas que ha celebrado el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de este cuerpo, un concepto ha quedado claro entre nosotros: el aborto es un drama para nuestra sociedad, no es un derecho. Es un drama porque es la más clara expresión de que el Estado y la sociedad han fallado, no han sabido contener a la mujer embarazada que se encuentra en situación de desamparo, angustia o desconocimiento frente a los desafíos que se enfrenta y, por sobre todo, nos muestra que el sistema de salud y el educativo no han conseguido dar las respuestas eficientes y necesarias para acompañar a todas las mujeres.

El drama es profundo y hoy nos invita a reflexionar y a asumir nuestro compromiso para lograr que las cosas cambien: el aborto se cobra la vida de un niño por nacer e incluso lleva a que fallezca la madre. A nuestro entender esta situación no encuentra solución en la legalización de un drama, sino en querer redoblar los esfuerzos y poner todo nuestro trabajo a disposición del Estado nacional y de los estados provinciales para avanzar en reformas profundas, producto del consenso. Así se lograrán los cambios reales que la sociedad y, fundamentalmente, las mujeres necesitan.

Reconocemos que este Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de dar respuestas serias y eficaces frente a este grave problema, fundamentalmente a través de la sanción de normas que instrumenten políticas públicas ordenadas a reducir la pobreza y desigualdad, generar inclusión social, mejorar el sistema de salud, promover la educación sexual integral, prevenir los embarazos no deseados y brindar asistencia integral a las mujeres embarazadas, particularmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, así como también a los niños por nacer. Son esas, entre muchas otras políticas públicas, las que este Congreso debe instrumentar a fin de proteger a la mujer y al niño por nacer. A fin de salvar las dos vidas. Sobre esos puntos son varios los proyectos de ley presentados y hacen falta aún muchos otros. Nos comprometemos a procurar sacar adelante esas leyes, dando respuesta cabal a la manda del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional.

Frente al grave problema del aborto, entendemos que la respuesta que ofrece el proyecto venido en revisión no atiende su problemática desde una perspectiva integral, que asista a las mujeres con medios idóneos ordenados a solucionarlo o mitigarlo. Por el contrario, el proyecto pretende erigir al aborto en un derecho prácticamente absoluto, gratuito y de prestación obligatoria por parte del Estado y de  particulares. El proyecto no busca así evitar el aborto, sino garantizarlo, tal como lo declara abiertamente su artículo 5º, llegando incluso a crear figuras penales nunca pensadas, que pondrían en jaque al personal sanitario. En lugar de instrumentar medios para abordar de modo integral el drama el aborto, tutelando los derechos en juego y en especial el derecho a la vida, se rinde ante el problema y pretende legitimarlo, institucionalizarlo, para darle un pretendido marco de legitimidad y seguridad.

Por otra parte, este proyecto pone a la vida de la persona por nacer como un bien que está a disposición de un tercero que, paradójicamente, según nuestro ordenamiento jurídico vigente, es uno de sus representantes legales (cfr. artículo 101, inciso a), del Código Civil y Comercial). De tal modo, solo se tutela la vida de quienes tengan una progenitora que los quiera y acepte y, en cambio, aquellos niños por nacer no deseados quedarán expuestos al descarte y a la negación de su personalidad y humanidad. El niño por nacer queda, así, como el sujeto más vulnerable del sistema jurídico argentino: la regla no es más el derecho a vivir de la persona no nacida, sino el derecho de la mujer o persona gestante a decidir si requiere o no terminar con la vida del niño por nacer.

A partir de lo expuesto, en lo que sigue de esta inserción se procura fundar el rechazo que planteamos a este proyecto, analizando la situación social y la existencia de alternativas viables al aborto, la realidad que la ciencia ha develado sobre el ser humano no nacido, los principales problemas que encuentra el articulado del proyecto en consideración, las razones constitucionales sobre el derecho a la vida y la obligación de protegerlo, a la par que la inexistencia de un derecho al aborto y de una obligación constitucional o internacional de reconocerlo, la no discriminación y tutela debida a las personas discapacitadas incluso desde el vientre materno, las razones relativas al funcionamiento del derecho penal en la tutela de los bienes humanos básicos, las incongruencias con el plexo normativo de carácter civil que cimientan la vida en sociedad, el debido respeto a la libertad de conciencia y las exigencias del régimen federal argentino y del respeto a las autonomías provinciales.

 

  1. El drama real del aborto
  • La realidad social y el espejismo del aborto seguro

El aborto es un grave problema para la mujer, una tragedia, no un derecho. Y el proyecto en revisión no se hace cargo de esa realidad y, por ende, no ve ni asiste a la mujer real: no la acompaña en su

 

 

angustia, ni le ofrece alternativas posibles que no pongan en riesgo la salud materna ni la existencia del niño por nacer. El proyecto solo ofrece aborto y el aborto suma una vulnerabilidad más para las mujeres, que no podemos desconocer a la hora de proteger su salud física y emocional.

Pero eso no es todo, el proyecto pone un peso enorme sobre la mujer: la convierte en jueza y en ejecutora de la pena. Y en medio de esa vulnerabilidad y de problemática profunda por la que atraviesa, le quita la posibilidad de ayuda en el discernimiento, ya que impide y prohíbe expresamente, bajo amenazas penales, que se le aporten alternativas viables o que se le mencione que ese niño o niña por nacer es una persona distinta a ella, albergada dentro del cuerpo materno, con un ADN completamente diferente al de sus padres, con derechos reconocidos por la Constitución y por la ley. El proyecto genera así un quiebre social muy profundo: pone a la persona gestante en la función de decisora del valor de la vida, del valor del ser humano, en función de si es o no previsto, aceptado o deseado.

Los legisladores tenemos el deber de ponernos en el lugar del otro, en este caso, de la mujer vulnerable. De aportar claridad y comprensión. Nos preocupan y nos ocupan los derechos humanos de todos. Y una madre que atraviesa por un embarazo no deseado, una mujer que enfrenta aquello que “nadie quiere”, debe ser acompañada y cobijada y tiene derecho a que el Estado y la sociedad, todos, cuiden de ella y del ser humano en todas sus etapas. Hay soluciones posibles cuando la tarea es integral. Una realidad tan compleja no se soluciona con un espejismo, como la “legalización” del aborto. Hacen falta prevención, educación sexual, inversión en salud, centros obstétricos de emergencia, mejores cuidados de la salud materna hasta el año de vida del bebé, junto a asistencia social, posibilidades de trabajo, protección contra el abuso, acompañamiento psicológico, etcétera.

Comprender y ponerse en lugar de la mujer que enfrenta un embarazo no deseado es también ocuparnos como legisladores de mejorar nuestro sistema de adopción, una solución siempre posible a esta problemática y que evita incluso el estrés postraumático para la mujer. Si la mujer no quiere ejercer su maternidad, el deber del Estado es ayudarla con opciones concretas para ese niño o niña que anida en su cuerpo, para que pueda dar a luz y luego no ejercer la maternidad, porque entrega a su hijo en adopción a otra persona.

Toda muerte evitable es un hecho gravísimo. No queremos ninguna mujer muerta por abortos clandestinos y tampoco niños y niñas muertos por abortos, sean estos legales o clandestinos. Si las causas reales y más graves por las que una mujer llega al aborto son los problemas que atraviesa en estado de vulnerabilidad (pobreza, falta de educación adecuada, violencia familiar, abusos sexuales, drogas, alcohol o el inicio sexual a muy temprana edad), el Estado debe hacerse cargo mediante leyes y medidas de diverso género que busquen soluciones reales a cada una de esas dificultades. Este proyecto no propone nada al respecto. Con el aborto no se dejará atrás la miseria ni el abuso ni la falta de horizontes. El proyecto dice traer la solución y solo aporta lo que todos afirman que “nadie quiere”: el aborto. Lo que realmente hace falta es generar espacios de asistencia, acompañamiento y contención aun en las circunstancias más traumáticas.

Muchas veces, la mujer no planeó ni deseó quedar embarazada. Ante el hecho consumado, se enfrenta a la limitación de recursos tanto afectivos como económicos para poder cuidar debidamente de su propia persona y la de su hijo. Urge entonces asegurarle condiciones aptas, que ataque los problemas, que son multicausales. Hace falta educación para promover la inserción social, aprendizaje de oficios, guía para el desarrollo de un proyecto de vida personal, de acuerdo a diferentes habilidades e intereses, acompañamiento en la contención del niño en horas hábiles con guarderías y salas maternales, permitiendo la formación de la madre y su inserción en el mercado laboral. Este proyecto en revisión no se ocupa de esa mujer ni de este contexto ni vislumbra las soluciones multidimensionales a la problemática de la vulnerabilidad en relación a la mujer y sus vínculos. El proyecto solo tiene por objeto garantizar el aborto.

Por otra parte, queremos llamar la atención sobre un punto central. Si el proyecto trata una cuestión de “salud” de la mujer, tiene que evitar que ella pueda sufrir cualquier daño físico como  producto de la práctica que procura instaurar. Ha sido mostrado por diversos médicos expositores en el trámite del proyecto que la realización de varios abortos puede provocar serios daños en la salud de la persona gestante.

Los propulsores del proyecto han dicho que, si se sancionara, la gran mayoría de abortos se realizarían mediante aborto farmacológico, en especial con misoprostol. Pero la seguridad no es tal: numerosos médicos especialistas advirtieron que el misoprostol no es inocuo y que está contraindicado, por ejemplo, en casos de que la mujer haya tenido una cesárea previa o una cirugía uterina. Son frecuentes, además, las internaciones hospitalarias por uso de misoprostol. Por su lado, el aborto quirúrgico es una intervención invasiva, que conlleva riesgos, en ocasiones con gravísimas consecuencias para la salud e incluso la vida de la madre.

 

 

A esto debe sumarse la permisión que el proyecto implícitamente contiene para la realización de abortos por personas que no son profesionales de la salud, como se verá al exponer los problemas de derecho penal que involucra.

 

  • Alternativas viables a encarar por el Congreso de la Nación

Existen alternativas. El aborto no es una necesidad que no pueda evitarse con otros medios y menos un derecho prioritario a garantizar. Hay propuestas superadoras.

Hemos señalado ya que el proyecto en revisión no aborda la problemática del aborto de manera integral, con el objeto de solucionarla y atender a la situación de las personas a quienes afecta, esto es, las mujeres embarazadas y los niños por nacer. Así, el proyecto es irrazonable, entre otras cosas, porque si se quisiera empoderar a la mujer y solucionar muchas situaciones trágicas e indeseadas, lo razonable es trabajar en el dictado de diversas normas en tal sentido, que brinden soluciones factibles, en un marco de legitimidad que respete los derechos de ambas vidas. Normas que tengan como norte la inclusión, no la exclusión.

El niño por nacer, en tanto ser humano, merece absoluto respeto y pretender institucionalizar y legitimar la acción de terminar con su vida, como lo hace el proyecto, implica “cosificar” a esa persona. Esto entraña rechazar de cuajo lo que ha entendido invariablemente nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación: “El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y, en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente– su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental”. Y que la vida es: “El primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional” (Fallos 338:1110 (2015), considerando 17 del voto mayoritario de los doctores Highton de Nolasco y Maqueda; en similar sentido, considerando 14 del voto concurrente del doctor Lorenzetti; cfr. también Fallos 302:1284 (1980), considerando 8 del voto mayoritario, entre muchos otros).

Con ese espíritu de considerar y tratar a cada ser humano siempre como un fin y jamás como un medio, al decir de Kant, existen muchos proyectos de ley presentados en estos últimos años, tanto en la Honorable Cámara de Diputados como ante este Senado de la Nación, que de distintas maneras buscan proteger de manera integral los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños y niñas por nacer, atender a todas las causas de mortalidad materno-infantil de manera integral y reducir las tasas de aborto que existen actualmente en el país. Muchos de ellos están ordenados a ofrecer una adecuada respuesta a las problemáticas que presenta la maternidad vulnerable, crear organismos que detecten tempranamente los embarazos de mujeres en situaciones de vulnerabilidad social y dar atención  prioritaria a aquellas que se encuentran en grupos de riesgo, garantizar el adecuado desarrollo del embarazo y ofrecer cuidados necesarios para la madre y el niño por nacer (incluso, luego de nacido, en sus primeros años de vida).

Entre muchos otros proyectos de ley que representan alternativas más idóneas, necesarias y razonables para atender a la problemática del aborto, buscando prevenirlo y preservar las dos vidas, cabe mencionar solo en 2017 y 2018 a los siguientes: S.-2.001/18 (Pereyra), sobre ley especial de protección  de la mujer con embarazo no deseado; S.-1.328/18 (Fiad), sobre ley de maternidad segura centrada en la familia en el marco de la regionalización perinatal; S.-1.825/18 (Pinedo y Boyadjian), sobre creación del programa El Estado se hace cargo y te acompaña; S.-2.851/17 (Basualdo), sobre creación del programa nacional de asistencia y contención psicológica a menores adolescentes embarazadas y sus familiares; S.- 159/17 (Fiore Viñuales), sobre creación del programa nacional de atención y prevención del embarazo adolescente; S.-14/17 (González, Labado y García), sobre creación del programa nacional de acompañamiento de la madre y el recién nacido; 324-D.-2018 (AA. VV.), sobre ley de protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer; 2.555-D.-2018 (Bruegge), de adopción de personas por nacer; 459-D.-2018 (Bianchi), sobre creación del servicio de asistencia e información a mujeres en estado de gravidez con diagnóstico de anomalías en el período prenatal; 539-D.-2018 (Bianchi y Vallone), sobre sistema de protección integral de los derechos fundamentales de las mujeres en edad reproductiva, embarazadas y de los niños por nacer; 2.862-D.-2018 (Enriquez, Schlereth, Carrizo), sobre el régimen de seguridad social especial para la madre y el niño en situación de vulnerabilidad; 5.939-D.-2017 (Caselles), sobre programa Mis primeros dos años de vida; 3.159-D.-2017 (Díaz Roig), sobre programa nacional de acompañamiento de la madre y del  recién nacido; 794-D.-2017 (Marcucci, Toledo y Barletta), sobre atención preferencial a mujeres embarazadas o con niños pequeños, adultos mayores y discapacitados; 2.757-D.-2018 (Regidor Belledone, Dindart, Molina, Goicochea), sobre contención integral del embarazo y preservación de la vida de la persona por nacer.

 

 

Estos proyectos, a diferencia del proyecto en revisión, sí tienen por objeto instrumentar políticas públicas que persiguen fines legítimos y que aparecen como adecuadas, necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho a la vida de las mujeres gestantes y de las personas por nacer, atendiendo a las situaciones de angustia y desamparo en que se ven involucradas muchas mujeres que hoy recurren al aborto.

Las alternativas existen y están al alcance de nosotros, que tenemos la responsabilidad institucional de cumplir con un claro mandato del constituyente de 1994: dictar, de una vez por todas, “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”, que lleva casi 25 años sin dictarse, así como “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos […], en particular respecto de los niños [y] las mujeres”, tal como nos impone el artículo 75, inciso 23, de la Constitución.

 

  • Cuestiones sanitarias y estadísticas

Se ha querido presentar al aborto como una realidad que genera enorme cantidad de muertes maternas por año en la Argentina y sobre la cual el único modo de evitarlas es legalizando el aborto. Sin embargo, el análisis de las cifras oficiales arroja otras conclusiones. Las cifras son importantes porque dan una dimensión real del problema y permiten asignar prioridades y diagramar las políticas más adecuadas que van a mejorar la salud de la población. No debería morir ninguna mujer por causas evitables, pero es importante para este Senado tener los datos precisos para poder tomar las mejores decisiones.

Por otra parte, así se trate de temas de salud pública, no puede tomarse decisiones ilegítimas, que no respeten derechos humanos fundamentales, para solucionarlas. Tal acción implicaría un cálculo utilitarista, sin consideración al debido respeto a cada persona, que este Congreso no se puede permitir.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales disponibles del año 2016, murieron por embarazo terminado en aborto 43 mujeres6. A estas 43 hay que restarles 12 mujeres que murieron por aborto espontáneo, por lo que la cifra real es entonces de 31 muertes maternas por aborto provocado. Estas muertes representan el 0,4 por ciento del total de las 7.936 defunciones femeninas de 15 a 44 años ocurridas en el año 2016.

También se ha sostenido que el aborto constituye la primera causa de muerte materna en la Argentina, pero de acuerdo al análisis de las cifras oficiales esto no es así, pues sería la tercera, según datos del Ministerio de Salud de la Nación (tabla 41 de mortalidad materna, año 2016), contribuyendo  con el 12,6 por ciento sobre la totalidad de la mortalidad materna.

Nuestra tasa de mortalidad materna es comparativamente baja a nivel mundial, según informa la OMS7. La mortalidad materna por aborto ha ido descendiendo significativamente (2001-2016, reducción del 53 por ciento) llegando en el año 2016 a una tasa de 5,9 cada 100.000 nacidos vivos. La Argentina tiene una de las tasas de mortalidad materna por aborto de las más bajas del mundo, similares e incluso más bajas que la de países con aborto legalizado y en condiciones seguras (cfr. WHO, The World Health Report 2008 – Primary Health Care Now More Than Ever, Ginebra, 2008).

Asimismo, según las estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el porcentaje de egresos hospitalarios del sector público por “aborto” sobre el total de egresos por causas relacionadas al “embarazo, parto y puerperio” ha disminuido un 29 por ciento en el período 2005-2014. En el año 2014, el 9,9 por ciento de los egresos hospitalarios asociados a la maternidad referían al aborto (47.063 internaciones). El 37 por ciento de estos egresos por su definición no incluye abortos de carácter clandestino (ectópico, mola, espontáneo, médico, productos anormales de la concepción). El 63 por ciento restante debe ser analizado con mayor atención, pues no hay datos claros de que sean producto de abortos clandestinos.

Por otra parte, se afirma que la tasa de mortalidad materna por aborto disminuyó en otros países luego de reformas legales permisivas. Sin embargo, Uruguay bajó su mortalidad materna asociada con aborto antes de que este fuera legalizado (cosa que ocurrió en el año 2012). Durante los cuatro años previos a la legalización del aborto, en 2008-2011, Uruguay no registró ninguna muerte materna por

 

 

 

6 http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/tabulados-2/

7 https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?curid=24015

 

 

aborto8. La razón de esta disminución, de acuerdo a un trabajo del doctor Lionel Briozzo, fue por el mejoramiento del Índice de Desarrollo Humano previo a la legalización del aborto9.

Datos de México muestran que los distritos con regulación más restrictiva del aborto tienen mortalidad materna más baja10. En Chile la mortalidad materna por aborto entre 1957 y 2007 disminuyó un 93,7 por ciento y el aborto no estaba legalizado. Las razones de esta disminución fueron fundamentalmente el acceso de la mujer a la educación, al acceso a atención sanitaria de alta calidad y seguridad (embarazo y parto seguros) y el acceso a sistemas de agua potable y cloacas que lograron disminuir notablemente las infecciones puerperales11.

Se afirma también que la legalización de la interrupción del embarazo lleva a disminuciones en las tasas de aborto. Sin embargo, los datos muestran que en la mayoría de los casos el número de abortos aumentó en los primeros años o se mantuvo estable, como en México DF, Uruguay, Francia, España, Reino Unido y EE.UU., entre otros. En Uruguay, una vez legalizado el aborto (2012) su número aumentó anualmente: 7.171 (2013), 8.537 (2014), 9362 (2015) y 9.719 (2016)12. En España, una vez legalizado (1985) se observó un aumento de la tasa de abortos sobre nacidos vivos: año 1990, 9 por ciento; 1995, 14 por ciento; 2000, 16 por ciento; 2005, 20 por ciento; 2010, 24 por ciento. En Francia (1975), la tasa de abortos sobre nacidos vivos fue aumentando progresivamente: año 1975, 4 por ciento; año 1979, 21 por ciento; año 1985, 23 por ciento; desde el año 1990, entre 25 y 27 por ciento. Estados Unidos (1973) denota un aumento significativo de esa tasa de abortos durante los primeros 10 años: año 1973, 24 por ciento; año 1978, 42 por ciento; 1983, 43 por ciento.

Por otra parte, desde la sociología jurídica es contraintuitivo que algo que es ilegal, costoso, inseguro, pero a la vez requerido, disminuya en su demanda cuando pasa a ser legal, gratuito y seguro, porque el requerimiento del bien o servicio se mantendrá o aumentará. La legalización por sí sola es imposible que baje la cantidad de abortos, la cual, si ocurre, será causada por otros factores, como prevención, educación, disminución de la población en edad fértil, eficacia de métodos anticonceptivos, etcétera.

En todo análisis de salud pública es necesario tener en cuenta los posibles factores de riesgo que podrían afectar a la salud. En los países con aborto legal numerosos estudios indican e informan los riesgos y las consecuencias para la salud física y psíquica del aborto en la mujer. Uno de los factores a tener en cuenta es el riesgo de muerte asociado con el aborto, ya que aumenta con el avance del embarazo, desde 0,4 a las ocho semanas, o antes, a 6,7 cada 100.000 después de las 18 semanas13.

Si tenemos en cuenta que las complicaciones del embarazo y de los abortos están además asociadas a las hemorragias, se observa que, según datos del Ministerio de Salud (2010-2011), solo el 44 por ciento de las maternidades públicas en la Argentina cumple con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y, de estas, la que menos cumplimiento tiene es la disponibilidad de sangre14.

Tampoco corresponde ignorar la declaración del Foro Nacional de Instituciones Médicas, publicada en el mes de julio de 2018, sobre la capacidad actual para implementar esta ley de aborto: “Aquí, debemos decir que la mayoría de los establecimientos del país no están preparados para esto, en especial los del sector público que se encuentran colapsados por sobrecarga de trabajo e insuficiencia de medios”15.

Por otra parte, se suelen dar cifras de aborto que van desde 340.000 a superiores a 500.000 por año en el país, en base a diversas estimaciones. De ser así, tendríamos una de las tasas de aborto sobre población y sobre nacidos vivos más altas del mundo, si no la mayor.

En conclusión, muchas de las cifras invocadas en las audiencias el plenario de comisiones o son controvertidas o no son concluyentes y, en cualquier caso, como se dijo, no pueden justificar decisiones en contra de derechos humanos fundamentales.

8 http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/Presentaci%C3%B3n_0.pdf

9 International Journal of Gynecology and Obstetrics 134(2016) S20-S23

10 Koch, E. y col., “Abortion legislation, maternal healthcare, fertility, female literacy, sanitation, violence against women and maternal deaths: a natural experiment in 32 Mexican States”, BMJ Open. 2015 Feb 23;5(2):e006013

11 Koch, E., “Epidemiologia del aborto y su prevención en Chile”, Revista Chilena de Obstetricia 2014 , SOCHOG 2014; 79(5): 351-60

12 http://www.msp.gub.uy/sites/default/files/archivos_adjuntos/IVE%202016.pdf

13 Zane S et al., “Abortion-related mortality in the United States, 1998-2010”, Obstetrics & Gynecology

2015, 126(2):258-65.

14 “Dónde y cómo nacen los niños en la Argentina”, Lomuto, 2011, Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud de la Nación.

15 http://www.comra.org.ar/assets/images/cms/440916add15a7c71358510a1f9cba2fb.pdf

 

 

 

  1. Razones científicas para el reconocimiento del ser humano no nacido

Como se ha expuesto, el aborto encierra un drama. Y parte esencial de ese drama es el hecho de que su ejercicio implica la eliminación lisa y llana de un ser humano, tal y como ha sido explicado numerosas veces en las distintas exposiciones de médicos, científicos y académicos que participaron en el debate en este Congreso.

El tema del aborto no puede soslayar la respuesta científica. Si la ciencia establece que tras la concepción hay un ser con vida humana, es inaceptable sostener la existencia de un derecho a eliminarlo.

Ahora bien, diversas exposiciones realizadas en las audiencias convocadas evidencian que para la ciencia no existen dudas acerca de que lo que se denomina “embrión” y luego “feto” es un ser vivo con características humanas y no de otro tipo. La propia Academia Nacional de Medicina, en su declaración del 22 de marzo de 2018, indicó que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano  cuya existencia comienza en el momento de su concepción y que destruir a un embrión o feto humano significa impedir el nacimiento de un ser humano.

Uno de los mayores logros de la embriología descriptiva ha sido establecer el concepto de ciclo de vida como algo generalizable a cualquier animal16. El ciclo vital de cualquier animal comienza al unirse un espermatozoide (o gameto masculino) y un óvulo (o gameto femenino), lo que se conoce como fertilización: en ese momento también comienza a existir un nuevo individuo o ser vivo humano17.

Los dos tipos de gametos son incapaces de desarrollarse por sí solos como embrión, porque contienen la mitad del número de cromosomas (estructuras presentes dentro del núcleo celular formadas por ADN –ácido desoxirribonucleico– y proteínas, que contienen la mayor parte de la información genética de un individuo) y carecen de factores y de la carga genómica necesarios para ello (genoma: conjunto del material hereditario de un organismo). Los gametos aportan su material genético (gen: segmento de ADN que contiene la información necesaria para producir una proteína) y sus proteínas18  que permiten que, al unirse los gametos, se produzca esa célula llamada cigoto, con la capacidad especial y única de dividirse y desarrollarse como individuo, pasando por los distintos estadios que caracterizan a un ser humano: embrión, feto, niño nacido, adolescente, adulto y anciano.

La ciencia indica que el cigoto comenzará pronto a dividirse originando todas las células que conformarán nuestro cuerpo y la placenta. La información contenida en el ADN del cigoto será la misma que podrá encontrarse en cada una de las células que de él derivan, lo que demuestra la identidad del mismo sujeto que se desarrolla a partir de esa primera célula. Desde el primer momento de su existencia, el embrión no es simplemente una célula o un cúmulo de células. Es un individuo vivo, completo en sí mismo, que posee cromosomas humanos y en pocas horas comienza a producir sus propias proteínas humanas. Aunque su forma es muy distinta a la de un feto o un recién nacido, sus células ya han iniciado un programa de desarrollo que inexorablemente les llevará a que adquiera la forma humana característica de cada estadio de su desarrollo. Embrión preimplantatorio, embrión implantado, feto, niño nacido, adulto: en todas esas etapas hay un individuo con capacidad endógena de desarrollarse, con un ADN único, humano, diferente al de los progenitores y al de cualquier otro.

La ciencia ha aclarado que las células troncales que se encuentran en el embrión temprano no dependen de un destino azaroso, sino de precisas interacciones con las células vecinas y de factores ambientales, que controlan la activación del genoma en cada una de ellas. Los ejes corporales, que recién se visualizan a fines de la segunda semana de vida, son precedidos por la activación anatómicamente ordenada de los genes que determinan la aparición de esos mismos ejes19. Como consecuencia de este proceso aparecen las tres capas embrionarias (ectodermo, endodermo y mesodermo) y las células empiezan a interactuar entre ellas y a reorganizarse para producir tejidos y órganos, en un proceso conocido como organogénesis.

 

 

 

16 Gilbert, S. F., Developmental biology, 6th ed., Sunderland, 2000, cap. 2.

17 Gilbert, S. F., Developmental biology, cit.; Okada Y., et al., “A role for the elongator complex in zygotic paternal genome demethylation”, Nature 2010 Jan 28;463(7280):554-8; Santella L. et al., “Calcium and fertilization: the beginning of life”, Trends in Biochemical Sciences 2004 Aug; 29(8):400- 8; Berridge M. J., et al., “Calcium, a life and death signal”, Nature 1998 Oct 15; 395:645-648

18 Stewart, C.L., “Blastocyst implantation depends on maternal expression of leukaemia inhibitory  factor”, Nature 1992 Sep 3; 359 (6390):76-9.

19 Gilbert, S. F., (2000), cap. 2, cit.

 

 

Uno de los primeros órganos en comenzar a desarrollarse es el cerebro, aunque su maduración culmina hacia la tercera década de vida postnatal20. Las primeras neuronas corticales nacen y migran hacia su localización definitiva hacia los días 31 y 32 del desarrollo embrionario21. Las primeras conexiones entre neuronas de la corteza cerebral se forman en la quinta semana gestacional.

Algunos circuitos neuronales asociados a dolor probablemente comienzan a ser activados hacia la sexta semana de gestación, con receptores de dolor presentes en la membrana celular de neuronas sensoriales y estímulos que pueden ser procesados por ellas (nocicepción)22. Los receptores de dolor están alrededor de la boca en la semana séptima y en toda la cara y en las palmas de manos y pies hacia la semana 11ª. Por lo tanto, los embriones pueden experimentar dolor en el sentido de nocicepción en esos momentos. Por otro lado, la corteza cerebral empieza a madurar hacia la semana octava de gestación. Así, la pregunta acerca de si el embrión/feto puede sentir nocicepción o dolor, comienza a ser relevante hacia la octava semana de gestación. Las prolongaciones de neuronas sensitivas, que transmiten sensaciones de dolor desde la cara, se conectan con las neuronas del tallo cerebral hacia los 40 días posteriores a la fertilización23. Por lo tanto, desde entonces el embrión podría percibir dolor difuso, al menos a partir de estímulos originados en el rostro. Otros autores explican que el dolor fetal estaría relacionado con la maduración de estructuras mesodiencefálicas; por esta razón, a partir de la semana 15ª de gestación serían extremadamente sensibles a estímulos dolorosos rudimentarios24.

Otro de los órganos con desarrollo y funcionalidad tempranos es el corazón. A partir de la tercera

semana de gestación el embrión produce su propia sangre y ya se pueden identificar los precursores de las células musculares cardíacas25. A los 22 o 23 días posteriores a la fertilización, el corazón empieza a latir26.

Por lo tanto, el embrión humano, como todo ser de esta especie, desde la fertilización contiene toda su información genética, que le permite desarrollar una actividad interna que lleva, por ejemplo, a que desde la tercera semana de gestación ya sea un organismo formado por diversos sistemas de órganos, caracterizados todos ellos por compartir la misma información genómica. El desarrollo del organismo es un continuo desde la fusión de los gametos hasta el nacimiento, que impide determinar cambios drásticos que pudieran sugerir un momento diferente para el comienzo de la existencia del ser humano que el de la fertilización.

Como conclusión sobre el ser humano por nacer y su realidad biológica puede decirse que la genética y la embriología nos han demostrado que existe una diferenciación absoluta entre el ser concebido y su madre. Desde la fertilización o fusión de los gametos se da lugar a un nuevo individuo, con un ADN humano propio, distinto del de sus progenitores, incluso con grupo sanguíneo diferente. A ese ser solo le resta tiempo, cobijo y alimento para llegar a ser un adulto. Puede así concluirse que el derecho denomina “persona por nacer” a lo que es biológicamente un ser humano distinto que su madre. Desde la concepción está toda la carga genética y la potencialidad para llegar a anciano; entre ese momento y el nacimiento solo se da el desarrollo continuo de lo que está previsto.

Resulta claro que el proyecto venido en revisión no ha logrado contrarrestar el argumento científico. Quienes pretendan el aborto como derecho tienen la carga de la prueba de demostrar que no hay un ser distinto a la madre o que el ser que hay en el vientre materno no es humano. Quien afirme que en algún momento de ese desarrollo muta de cosa a persona, de ser, sin más, a ser humano, debería poder demostrarlo; la ciencia enseña, por el contrario, la unicidad de ese ser y su continuidad durante el desarrollo intrauterino.

 

20 Tau, G.Z. y Peterson, B.S., “Normal development of brain circuits”, Neuropsychopharmacology 2010 Jan; 35(1):147-68; Baumann N. Pham-Dinh D., “Biology of oligodendrocyte and myelin in the mammalian central nervous System”, Physiological Reviews 2001 Apr; 81(2):871-927.

21 Bystron I. et al., “Development of the human cerebral cortex”. Nature Reviews. Neuroscience 2008 Feb; 9(2):110-22.

22 Kluge, E.H., “Ethical considerations on methods used in abortions Health Care Analysis: HCA”,

Journal of Health Philosophy and Policy 2015 Mar; 23(1):1-18.

23 Erzurumlu, R.S. et al., “Mapping the face in the somatosensory brainstem”. Nature Reviews.

Neuroscience 2010 Apr; 11(4):252-63.

24 Sekulic, S. et al., “Appearance of fetal pain could be associated with maturation of the mesodiencephalic structures”, Journal of Pain Research 2016 Nov 11; 9:1031-1038.

25 Ross, M.H., Pawlina, W., Histology: A Text And Atlas: With Correlated Cell And Molecular Biology, Baltimore, MD, 7th ed., 2016, p. 292; Sylva, M. et al., “Development of the human heart”, American Journal of Medical Genetics, Part A, 2014 Jun; 164A(6):1347-71.

26 Sylva, M. et al. 2014, cit.

 

 

  1. Razones constitucionales sobre el derecho a la vida
  • El valor del derecho constitucional a la vida

Sin vida no es posible titularizar ni ejercer ningún otro derecho: según la Corte Suprema, el derecho a la vida es el “primer derecho natural de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes” (Fallos 302:1.284, 1980, considerando 8; en similar sentido, entre los más recientes, Fallos 338:1110, 2015, considerando 17 del voto mayoritario; considerando 14 del voto concurrente). Un agravio al derecho a la vida, como es el aborto, constituye un ataque a la persona misma, al sujeto del derecho, que es el niño por nacer.

Es que, en efecto y en consonancia con lo sostenido por la ciencia, para el sistema constitucional y legal argentino la existencia de la persona humana comienza desde el momento mismo de la concepción. Ya en el año 2002 la propia Corte Suprema destacó esa compatibilidad entre lo que indica la ciencia y lo que prescribe el derecho argentino, al sostener –fundándose en la opinión de distinguidos biólogos y genetistas–: “La disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que ‘tan pronto como los veintitrés cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo […]. Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos, […] el ser humano comienza con la fecundación’” (Fallos 325:292, 2002, considerando 4). A partir del dato científico anterior, la Corte Suprema también afirmó: “Este tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción” (ibídem, considerando 12).

En ese contexto, entendemos que no existe modo alguno de compatibilizar la protección constitucional del derecho a la vida con la consagración de un derecho irrestricto a acceder al aborto durante 14 semanas y a su extensión casi sin cortapisas mediante causales amplísimas hasta el término del embarazo.

Nuestra Constitución impone la tutela y promoción del derecho a la vida del ser humano no nacido, al igual que los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro país, a los cuales se ha otorgado jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En efecto, los instrumentos internacionales que se analizan a continuación permiten concluir que la distinción entre ser humano y persona es contraria a los principios más elementales y fundantes de nuestro ordenamiento constitucional. A la luz de estos principios, todo ser humano, desde el primer momento de su existencia, esto es, desde el instante mismo de su concepción, es persona y merece el reconocimiento y la garantía de todos sus derechos fundamentales, empezando por el soporte existencial de todos ellos: el derecho a la vida.

 

  • La protección de la vida desde la concepción en la Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención sobre los Derechos del Niño (CND) de la ONU establece en este sentido: “Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad” (artículo 1). Además, al ratificarla nuestro país realizó una declaración interpretativa (ley 23.849, artículo 2º), expresando que, con relación al artículo 1º de la convención: “La República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”. Se ha dicho en los debates de comisión sobre este proyecto que dicha declaración no tiene valor, por no llamarse “reserva” o por ser supuestamente contraria al objeto y fin del tratado. Esto implicaría un desconocimiento tanto del derecho internacional como del derecho interno argentino.

Debe tenerse en cuenta que, al momento de enviar el proyecto de ley de ratificación de la CDN a este Congreso de la Nación (expediente P.E.-114/90, DAE 75/90), el Poder Ejecutivo nacional manifestó, al fundamentar dicha declaración respecto del artículo 1º: “Teniendo en cuenta que, conforme a lo dispuesto por el Código Civil Argentino, la existencia de las personas comienza desde su concepción en el seno materno, se entiende que niño es todo ser humano desde la concepción y hasta alcanzar los 18 años. Esta declaración solo hace necesaria ante la falta de precisión del texto de la convención con respecto a la protección de las personas por nacer. Sobre las materias antes señaladas continuará siendo de aplicación para nuestro país la legislación nacional”. Se evidencia de esta manera el espíritu que se tuvo a los fines de realizar la mencionada declaración, la cual fue ratificada por este Congreso.

En efecto, los tratados obligan a los Estados partes en las condiciones en que cada uno ha decidido obligarse. Así, un Estado puede modificar los efectos de un tratado para sí mismo, mediante la introducción de reservas, que consisten en “una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él,

 

 

con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado” (Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –CVDT–, artículo 2º, inciso 1, d). Es decir, no importa que la introducida por ley 23.849 se llame declaración: en la medida que excluya o modifique los efectos jurídicos, será una reserva, pues resulta obvio que el resultado efectivo de la aplicación de esa supuesta “declaración” modifica los efectos jurídicos de la convención en materia de aborto y del alcance derecho a la vida del niño por nacer. Así lo confirma la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados, aprobada por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (A/66/10/Add.1, pár. 1.3.1 y su comentario). Por lo demás, la propia Convención sobre los Derechos del Niño permite la formulación de reservas (artículo 51).

En todo caso, desde el punto de vista del derecho interno, debe aclararse también que la CDN fue elevada al rango constitucional “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional). Esto es, incluyendo tal declaración interpretativa. Tal inclusión, por tanto, tiene efectos no solo como obligación o modulación de la obligación internacional, sino como precepto de derecho constitucional –cualquiera sea el valor que pretenda dársele de acuerdo al derecho internacional–. Así lo reconoció el miembro informante de la Convención Constituyente de 1994, cuando sostuvo: “Los tratados sobre derechos humanos que adquieren y adquieran en el futuro rango constitucional, lo hacen ‘en las condiciones de su vigencia’, esto es, tal y como fueron incorporados al ordenamiento argentino”27, aclarando que las “reservas y declaraciones interpretativas –repito– integran el tratado, a los efectos, tanto del derecho interno como del compromiso internacional que nuestro país asume”28.

En similar sentido, en la doctrina se ha dicho: “El constituyente tomó la precaución de contemplar estas posibles variantes a los tratados respecto de su texto originario, y en consecuencia los elevó a jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia, es decir, tal como rigen respecto de la Argentina, con las reservas aceptadas por los demás estados parte y con las declaraciones interpretativas formuladas”29.

Que las condiciones de su vigencia en el texto constitucional consagrado en 1994 son las relativas a la vigencia hacia nosotros, fue sostenido asimismo por varios exconvencionales constituyentes al exponer en el plenario de comisiones en este Senado, como son los doctores Eduardo Menem y Alberto García Lema.

Por último, no puede dejar de subrayarse que el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de carácter normativo para el derecho internacional (CVDT, artículo 31, inciso 2), en su párrafo 9º establece que el niño “necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Por otra parte, si se planteara alguna suerte de ponderación o proporcionalidad entre la madre y el niño, debe reconocerse que el derecho a la vida no es ponderable según un más y un menos: se está vivo o no; no hay escalas intermedias; una vez muerto, ya la vida no se recupera más. Por eso, plantear estos temas en términos de ponderación y no de legitimidad es completamente inadecuado. De todos modos, si se quisiera ponderar, debe cumplirse la convención, que en su artículo 3.1 establece la prevalencia del interés superior del niño. Así, establece una de las pocas normas de ponderación existentes, al otorgar un amplio alcance a la protección del niño (incluyendo la vida), al disponer: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (el énfasis es nuestro).

Por último, debe notarse una práctica internacional consistente a lo largo de décadas de los representantes argentinos en foros de Naciones Unidas, en el sentido de que la República Argentina se ha obligado internacionalmente a proteger la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción30.

27 Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, Obra de la Convención Nacional Constituyente 1994, t. I, La Ley, Buenos Aires, 1997, p. 2836.

28 Ibíd., p. 2837; ver también Barra, Rodolfo C., La protección constitucional del derecho a la vida, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, pp. 28-35.

29 Manili, Pablo L., El bloque de constitucionalidad. La recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho constitucional argentino, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 183.

30 Naciones Unidas, Asamblea General, Tercera Comisión, 915º sesión, Decimocuarto período de sesiones, 5 de octubre de 1959, A/C.3/SR.915, p. 46, intervención del representante argentino José María Ruda; Naciones Unidas, Asamblea General, Tercera Comisión, 57º sesión, 28 de noviembre de 1989, A/C.3/44/SR.57, p. 6, intervención de la representante argentina Zelmira Regazzoli, subrayando que en la incorporación de la CND a la Constitución se protegía expresamente la vida vulnerable del niño no  nacido desde la concepción; Naciones Unidas, Asamblea General, XXIII sesión especial, 8 de junio de 2000, A/S-23/PV.8 p. 25, intervención del Embajador Enrique Candioti: “La posición del gobierno

 

 

En otro punto de su texto, tal convención establece en el artículo 6º que: “1. Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño”.

Asimismo, la convención indica: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales” (artículo 2.1).

La claridad del conjunto es meridiana: todo ser humano menor de dieciocho años, desde la concepción, independientemente de su edad y grado de desarrollo, es “niño” y tiene derecho a la vida; vida que no solamente no deberá ser dañada, sino que, más aún, deberá ser garantizada en su desarrollo por el propio Estado.

 

  • La Convención Americana de Derechos Humanos y la tutela de la vida desde la concepción, prohibiendo todo ataque arbitrario

Otro tratado de rango constitucional –la Convención Americana de Derechos Humanos– dispone, por su parte, que todo ser humano es persona (artículo 1.2); que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (artículo 3) y que todos tienen derecho a que se respete su vida, siendo la regla la protección legal de tal derecho desde la concepción, sin que nadie pueda ser privado de la vida arbitrariamente (artículo 4.1).

Las normas son claras y en ellas no puede basarse un derecho al aborto; por el contrario, ellas obligan a tutelar legalmente la vida y vedan la muerte arbitrariamente infligida a cualquier ser humano.

En el plenario de comisiones de este Honorable Senado se discutió en numerosas ocasiones  sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Artavia Murillo y otros v. Costa Rica” (sentencia de 28 de noviembre de 2012, serie C Nº 257). Conviene reparar en que ella fue dictada contra otro país, no contra la República Argentina. Por ello su valor es mero argumento de autoridad, no de obligación. Y tal argumento de autoridad existe en tanto la interpretación de la convención no contradiga lo que ella dice. Por otra parte, como expuso el doctor Alejandro Pérez Hualde en las audiencias de comisiones, su holding está firmado por tres jueces, de los siete que conforman el tribunal. Además, el fallo se refiere a la fecundación in vitro, no al aborto. En el caso de aborto se está hablando siempre de seres concebidos ya implantados, sean embriones o instancias posteriores de desarrollo. En consecuencia, la sentencia no avala un derecho a terminar con la vida de seres humanos concebidos en el seno materno, eliminándolos o desimplantándolos. En la sentencia no se dice en ningún sitio que se sostenga el aborto a demanda o que el aborto no contravenga el artículo 4.1 de la CADH.

Así lo afirmó con claridad la abogada constitucionalista María Angélica Gelli al exponer en el plenario de comisiones. Allí no solo ratificó que el mencionado fallo no involucró un supuesto de aborto, sino que trató de la “obligación del Estado frente a los padres que quieren tener el procedimiento de fecundación in vitro”. Explicó además que “no es obligatorio para la República Argentina porque no fue condenada la República Argentina y tampoco es en materia de aborto”.

En idéntico sentido se expresó, entre otros muchos expositores, el constitucionalista Néstor Pedro Sagüés, quien no solo explicó que “Artavia Murillo” no legitimó el aborto discrecional a la luz de la Convención Americana, sino que además criticó por inconvencional e irrazonable la tesis de una protección gradual e incremental del derecho a la vida. Dijo en tal sentido: “En ‘Artavia Murillo’, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos define a la protección de la persona por nacer como algo gradual e incremental. Esto es una invención de la Corte Interamericana. No surge del documento de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero, además, esta declaración o esta sentencia no indican, no indica, que el aborto puramente discrecional, libre, sin causa, decidido por la mujer sea una alternativa permitida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

Incluso antes, en una publicación en la que analizó el caso en detalle, afirmó Sagüés que el texto de la CADH, en “Artavia Murillo”: “Fue reducido y manipulado por operativos mutativistas que lo tornan innocuo o inefectivo, cuando no frontalmente opuesto a su misma razón de ser. De hecho, tal desnaturalización implica un claro caso de vaciamiento o de desconvencionalización de una cláusula- principio distintiva de un instrumento internacionalista, de perfil regional, singularmente valioso para la

argentino, proclamada desde siempre en los foros internacionales, está inspirada en los valores más preciados de todo ser humano: la vida, la libertad y la dignidad. Las premisas de nuestra acción en esta materia incluye la salvaguardia y la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta su término natural”.

 

 

tutela de un sujeto desvalido e inerme (el más vulnerable, por cierto), como es la persona por nacer”31. Sagüés llega incluso a sostener que una interpretación semejante del artículo 4.1 de la CADH es “intrínsecamente absurda” y por tanto “absolutamente rechazable”, en la medida que importa “un desmontaje o vaciamiento de lo sentado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y consumar, así, un grosero caso de desconvencionalización, valga la paradoja, de tal instrumento regional”. Se trataría, así, de “una interpretación mutativa por sustracción del artículo 4.1 del Pacto, desnaturalizándolo y tornándolo, llegado el caso, inoperante”, pues resulta inaceptable que la CADH “enuncie un derecho y que, al mismo tiempo, otorgue al Estado la facultad de negarlo”, algo que considera de “visceral ilogicidad, [que] no podría ser un ingrediente admitido para una interpretación racional del texto”.

Por último, no debe perderse de vista que el derecho a la vida no admite derogaciones. Declarar que un derecho de la madre contiene un derecho al aborto violaría el principio de inderogabilidad del derecho a la vida, establecido en el artículo 27.2 de la Convención. Al respecto, la Corte ha interpretado este artículo expresando que el derecho a la vida es inderogable pues “no puede ser suspendido por los Estados bajo ninguna circunstancia” (cfr. Corte IDH, caso “Baldeón García vs. Perú”, sentencia de 6 de abril de 2006, serie C Nº 147, párrafo 82; caso de la “Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”, sentencia de 31 de enero de 2006, serie C Nº 140, párrafo 119). Si situaciones excepcionales no pueden llevar a su eliminación temporal, menos situaciones estables pueden llevar a dar un derecho perpetuo a su eliminación.

Por otro lado, avasallar el derecho a la vida desde la concepción en base a cálculos de proporcionalidad entre la vida del no nacido y un supuesto derecho de la mujer al aborto atentaría contra la convención pues, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos” (Corte IDH, caso de la “Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”, cit., párrafo 120; caso 19 “Comerciantes vs. Colombia”, sentencia de 5 de julio de 2004, serie C Nº 109, párrafo 153; caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, sentencia de 25 de noviembre de 2003, serie C Nº 101, párrafo 152). Por esa razón, en caso de duda o litigio, prevalece sobre cualesquiera otros intereses que puedan invocarse.

Es evidente, en consecuencia, que no resulta válido desde ningún punto de vista, y sería ilegítimo, interpretar que la Corte IDH haya admitido en “Artavia Murillo y otros v. Costa Rica” que la CADH garantiza o es compatible con el derecho a abortar discrecionalmente. Incluso más, es posible sostener que la doctrina de la protección gradual e incremental del derecho a la vida de los niños por nacer no solo no existe en nuestro sistema constitucional (y sería abiertamente contraria a él), sino que incluso resulta inconcebible en el marco del sistema convencional interamericano a la luz del texto expreso de la CADH.

 

  • El derecho humano a la vida en otros instrumentos internacionales con jerarquía constitucional

Por otra parte, la obligación de considerar a todo ser humano como persona y la consiguiente protección del derecho a la vida de todo ser humano, puede encontrarse también en otros instrumentos constitucionalizados por nuestro país, como la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, cronológicamente anterior a las otras declaraciones y tratados con jerarquía constitucional, sostiene en el artículo I: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La norma reconoce a todo ser humano tanto la calidad de persona, como su correspondiente derecho a la vida, independientemente de su grado de desarrollo vital. Y, como se ha visto a partir de la ciencia, el ser que está en el seno materno es, a todos los efectos biológicos, un ser humano.

En cuanto al segundo de estos instrumentos, la Declaración Universal, dispone: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3). La disposición no distingue entre distintas categorías humanas, sino que reconoce la calidad de persona y el derecho a la vida a todo individuo humano. El nasciturus es un individuo de la especie humana, con características genéticas y morfológicas distintas a la de su madre y merecedor a la tutela que dicha declaración le reconoce.

Por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su considerando 1: “Todos los miembros de la familia humana tienen derechos iguales e inalienables, que se derivan de la

31 Sagüés, Néstor Pedro, “El derecho a la vida prenatal en el Pacto de San José de Costa Rica. Interpretaciones y manipulaciones”, El Derecho 277, diario del 04/04/2018, Nº 14.379.

 

 

dignidad de la persona”. Poco después, en el artículo 6.1, establece: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. El texto no deja lugar a dudas: en primer término, todo ser humano, sin distinción, es persona. En segundo orden, toda persona/ser humano tiene derecho a la protección legal de su vida. La veda de privación arbitraria de la vida es la fuente de la CADH.

Todas estas normas citadas reconocen, individualmente o en su conjunto, a todo ser humano como persona. Reconocen, todas ellas, el derecho a la vida de todo ser humano. Es más, como se ha visto, algunos de los instrumentos referidos reconocen la existencia del ser humano “desde la concepción”. Y todas, finalmente, obligan, individualmente o en su conjunto, a proteger legalmente al ser humano no nacido.

 

  • Implicancias de las normas internacionales con jerarquía constitucional que protegen el derecho a la vida

Esas normas de tutela del derecho a la vida no obligan necesariamente a la Argentina a sancionar penalmente a una mujer por la realización de cualquier aborto. Tampoco se obliga a que la protección penal del no nacido deba ser necesariamente con sanción de prisión; podría haber sanciones diferentes a  la amenaza de prisión para la mujer que aborta, sumando quizá la potestad judicial de perdonar la pena. Incluso esas normas podrían albergar la despenalización a la mujer que aborta, en algunos casos, aunque siempre sin considerar que tal acción sea un derecho y siempre disponiendo de medios legales de protección eficaz de los derechos del no nacido.

Pero esto no significa ni puede derivarse razonablemente de ello, que sea lícito sostener que en la Argentina esas normas de derechos humanos protegen al ser humano concebido aún no nacido solo si es deseado, pudiendo ser eliminado voluntariamente en caso contrario. Una afirmación semejante sería irrazonable. Los derechos humanos son algo a proteger, de manera adecuada y completa; no son un elemento que se titulariza si los demás consideran que vale la pena reconocerlo en un momento determinado y de lo cual se carece si los otros no quieren reconocerlo o le deniegan la personalidad jurídica.

Nunca podría afirmarse que esas normas permitan que la misma existencia de un ser humano, como el niño no nacido, pueda depender de la voluntad ajena si sus “intereses son divergentes”. En efecto, bajo ningún punto de vista permiten que se prive a otro arbitrariamente de la vida, tal como lo establece expresamente el artículo 4 de la CADH. Los derechos humanos justamente son una coraza que se impone ante su negación, incluso por el derecho de un Estado parte.

A partir de la Constitución y los tratados, entonces, en la República Argentina cualquier distinción entre “ser humano” y “persona” se vuelve contraria a los principios más elementales. Todo ser humano es persona para el derecho y merece su reconocimiento y garantía.

Por lo tanto, estos tratados e instrumentos internacionales imponen que los Estados establezcan su protección por ley, garantizando en la máxima medida posible su supervivencia, y vedan a la vez que alguien pueda ser privado de su vida arbitrariamente, por mera decisión de un tercero.

Es más, tal como lo dispone expresamente la CADH en su artículo 29: “Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: […] b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno […]”.

En este sentido, sostuvo María Angélica Gelli al exponer en el plenario de comisiones: “La Convención Americana de Derechos Humanos dice que ninguno de los derechos declarados en esa convención podrá interpretarse de modo tal que restrinja los que ya tiene el Estado o los que se le conceden a los habitantes de los países por otros acuerdos. Bueno, nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. […] En la Convención Americana hay otro inciso en el artículo 4º, el 5, que dice que no puede aplicarse la pena de muerte a la mujer en estado de gravidez. Yo me pregunto: si solamente estuviéramos frente a un montoncito de células como se ha dicho,

¿la Convención Americana hubiera protegido a la mujer en estado de gravidez de esta pena cruel e inhumana que de todas maneras mantienen? Por supuesto que tenemos otra norma convencional que protege la vida humana desde la concepción y es la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Ese artículo 29 de la CADH es parte, además, del conocido principio pro homine –aplicado repetidamente por la comisión y la Corte interamericanas– establece que, en caso de duda, prevalecerá la interpretación que otorgue mayor protección a los derechos humanos del individuo y que rige como pauta interpretativa de la convención y del derecho internacional de los derechos humanos. Resulta claro, en

 

 

consecuencia, que no es posible sustentar razonablemente ninguna de las forzadas interpretaciones que  los defensores del proyecto han hecho de la CADH y de las propias normas constitucionales, entre ellas, del artículo 75, inciso 22, de la Constitución. Menos aun cuando el propio sistema convencional interamericano impide restringir sobre la base del derecho internacional el alcance del goce y ejercicio de los derechos de cualquier persona, incluidos los niños por nacer, expresamente reconocidos en nuestro país por normas de jerarquía constitucional y legal.

 

  • Inexistencia de una supuesta obligación internacional de legalizar el aborto

Algunos de los expositores al defender el proyecto en el plenario de comisiones han hecho ingentes esfuerzos por intentar argumentar en contra de la obligación internacional de proteger la vida desde la concepción, atacando la validez y obligatoriedad de normas expresas y claras a favor de la vida. Han sostenido, en cambio, con poco o nulo fundamento normativo, una obligación contraria, aunque inexistente: la supuesta obligación del Estado argentino de legalizar el aborto.

Ahora bien, frente ello, cabe preguntarse ¿existe alguna norma en el derecho internacional, entre las mencionadas en el título anterior u otras, que impongan a la República Argentina la obligación de “legalizar” el aborto y erigirlo en un derecho de la madre a terminar con la vida del niño por nacer? No existe ningún tratado o norma vinculante para la República Argentina que establezca una obligación semejante y obligue al Estado a reconocer un supuesto derecho al aborto.

Conforme han dicho en numerosas ocasiones quienes expusieron en el plenario de comisiones, despenalizar no es lo mismo que legalizar. Despenalizar implica que el aborto deja de ser delito. Y el proyecto de ley en revisión busca legalizar el aborto, esto es, que el Estado lo reconozca como derecho y tenga el deber de garantizarlo, pagarlo, etcétera. Las exposiciones a favor del aborto que se han presentado en el plenario de comisiones han hecho un uso abundante del derecho internacional y de pronunciamientos de organismos internacionales que se refieren únicamente a situaciones donde se discutían situaciones de despenalización, como el aborto en caso de violación, como si esto pudiera justificar su legalización. Sin embargo, como se viene diciendo, la Argentina no está obligada internacionalmente a legalizar el aborto ni ningún organismo internacional así lo exige ni podría exigirlo.

Cualquier obligación de los Estados podría surgir únicamente de las diversas fuentes reconocidas del derecho internacional: tratado, costumbre, principios generales del derecho, etcétera. Puede establecerse sin controversia que no existe una norma consuetudinaria o principios generales que establezcan la obligación de legalizar el aborto, pues el número de países que no solo no reconocen el aborto es grande, sino que es alto el de los que lo prohíben o penalizan, en mayor o menor medida.

En cuanto a los tratados, no existe ninguno que la Argentina haya ratificado en el que se contemple un derecho al aborto o la obligación de proveerlo. En su exposición en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el abogado Ricardo Bach de Chazal sostuvo en tal sentido: “Ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye al aborto voluntario como un derecho ni admite siquiera, indirectamente, que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo”. Afirmó asimismo que ningún organismo se encuentra facultado para imponer, proponer ni sugerir que en la Argentina se disponga la grave violación al derecho a la vida que supone la legalidad del aborto como algunos sostienen.

Es más, como ha expresado el constitucionalista Fernando Toller en el plenario de comisiones, ningún tratado internacional fuera de un convenio africano, el Protocolo de Maputo, contiene siquiera el término “aborto”. Aun en ese convenio, el aborto, mencionado en el artículo 14, es relativo a la despenalización en caso de violación o de peligro para la vida; no impone su “legalización”. La CEDAW, por ejemplo, ni siquiera contiene el término “derechos reproductivos”. Las plataformas de acción de las conferencias de El Cairo y Beijing, que no son tratados, contienen referencias al aborto, pero hacen la salvedad de que cualquier reforma legal sobre aborto es un asunto no impuesto por el derecho internacional: “Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden determinar únicamente a nivel nacional o local…”.

El Pacto de San José de Costa Rica, muy contrariamente, contiene disposiciones claramente favorables a la vida, inclusivas de la persona por nacer y –en cambio– carece de toda disposición en la que pudiera fundarse seriamente un derecho al aborto. Para terminar con los tratados, la Convención sobre los Derechos del Niño tampoco establece un derecho al aborto para las niñas y adolescentes.

A la luz de todas estas disposiciones antes referidas, que obligan al Estado argentino, es evidente que el proyecto en revisión es inconstitucional e inconvencional. No existe, en cambio, tratado alguno en materia de derechos humanos al que nuestro país haya suscripto y que consagre explícitamente el derecho de la mujer a practicarse un aborto ni tampoco existe norma específica que interprete al acto de realizar  un aborto como garante de la libertad y de la igualdad entre hombres y mujeres. Por el contrario, el

 

 

Estado argentino se encuentra obligado a proteger el bien jurídico primario por excelencia que es la vida y, en mayor medida, aquella de toda persona vulnerable, como lo son los niños en el seno del vientre materno.

 

  • Inexistencia del derecho al aborto en resoluciones del Sistema Interamericano

Se ha insistido, empero, en que el derecho al aborto surgiría de los pronunciamientos de los organismos internacionales, tanto jurisdiccionales como los que no lo son, encargados de velar e interpretar dichos tratados.

Pero constatamos que la Corte IDH nunca se ha pronunciado a favor del aborto. En efecto, como se ha visto, en el caso “Artavia Murillo y otros v. Costa Rica” (2012) se discutió algo distinto: la fertilización in vitro preimplantatoria. El único caso sobre el tema aborto en que conoció la Corte IDH, el “Asunto de B” respecto de El Salvador, se limitó exclusivamente a dictar unas medidas provisionales a favor de una mujer con un embarazo de riesgo, en las que en ningún momento ordena al Estado a practicarle un aborto, sino que le requiere que asegure su derecho a la vida y a la salud. Es decir, no le determinó los medios. En el caso, el Estado cumplió con las medidas salvando las dos vidas.

En una situación similar, respecto de Paraguay, donde la embarazada era una menor, la Comisión Interamericana tampoco dispone en ningún momento que el medio concreto para garantizar los derechos de la niña Mainumby sea la práctica del aborto, a pesar de que así lo habían solicitado las organizaciones peticionarias. Si se lee despacio las medidas cautelares se comprueba que no menciona expresamente ese medio pues no puede basarlo en ninguna fuente de derecho internacional. Nuevamente el Estado pudo garantizar los derechos de la menor salvando las dos vidas.

En el único caso en que un comité de tratados de las Naciones Unidas se dirigió a nuestro país en el marco de una petición individual es el caso “L.M.R.”, del Comité de Derechos Humanos. El caso versaba sobre el supuesto previsto en el artículo 86, inciso 2, de nuestro Código Penal. Nada de lo que dijo el comité puede ser interpretado en el sentido de que exista una obligación estatal de ampliar los supuestos del Código Penal, de garantizar un derecho general al aborto.

Existen otros pronunciamientos no vinculantes de organismos internacionales, como los comunicados de prensa de la CIDH, que aun cuando exhortan a los Estados a “adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres” (p. ej., en octubre de 2017), solo se refieren a las causales de excusas absolutorias de nuestra legislación.

Concluyendo: ningún órgano de derechos humanos exige actualmente la legalización del aborto a petición de la madre. Nuestro país no tiene ninguna obligación legal internacional de fuente convencional o consuetudinaria de adoptar la legalización del aborto, que tampoco los órganos internacionales han pedido ni podrían legítimamente demandar.

En síntesis, ¿exige el derecho internacional que se reconozca y consagre el derecho a la realización del aborto, garantizándolo con diversos elementos de derecho administrativo e incluso con amenazas penales? Desde luego que no; afirmar lo contrario excede cualquier lectura de buena fe de los textos de los tratados que la República Argentina ratificó y que elevó a rango constitucional.

En el contexto del debate que ha tenido lugar en el plenario de comisiones, donde una y otra vez se niegan las expresiones claras de los tratados a los que se ha dado jerarquía constitucional, que reconocen el derecho a la vida y exigen para este la protección legal, debe recordarse que todas las anteriores normas deben “interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (CVDT, artículo 31, inciso 1). No se puede, por tanto, poner por encima de la letra de los tratados internacionales a los que se obligó el Estado argentino a interpretaciones forzadas –de doctrinarios o aun de comités internacionales– que desnaturalizan las cláusulas de los tratados. A esto debe además sumarse que las declaraciones de esos cuerpos internacionales no son obligatorias para el país, como se señala en el próximo punto.

 

  • La cuestión de las recomendaciones emitidas por los comités de la ONU a favor de algunas formas de aborto

Otro punto surgido en diversas exposiciones en el plenario de comisiones ha sido el valor de las recomendaciones de comités de la Organización Naciones Unidas.

Todos los tratados de derechos humanos concebidos en el sistema de la ONU contienen un mecanismo consistente en la evaluación periódica, por parte de un comité creado por el propio tratado, de la observancia e implementación del tratado respectivo por el Estado parte. Como la Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, periódicamente debe enviar un informe de avances en el

 

 

cumplimiento de sus obligaciones al Comité de Derechos del Niño, que es el encargado de monitorearlo. Por cada informe, el comité emite unas observaciones, que son información para los Estados.

Las observaciones contienen aspectos positivos y negativos: reconocimientos de avances en la protección de derechos y recomendaciones acerca de lo que se debe corregir y avanzar. Ninguna de estas observaciones es de cumplimiento obligatorio para los Estados, sino –como la palabra indica– son “recomendaciones”. Es lo que en derecho internacional se llama soft law (derecho suave), es decir, no tienen carácter vinculante.

Lo único vinculante para los Estados parte es la letra del tratado que han ratificado, con sus reservas y declaraciones, que es aquello a lo que se han obligado. Como ya se dijo, la Convención sobre los Derechos del Niño no establece en ninguna parte un derecho al aborto para las niñas y adolescentes. Establece sí el derecho a la vida y la Argentina –al ratificar ese tratado– se obligó a reconocer todos los derechos allí contenidos desde el momento de la concepción.

El último informe periódico del Comité (del 1/6/18, publicado el 6/6/18), todavía solo en inglés, contiene más de 125 recomendaciones, referidas a los más variados derechos y situaciones (educación, derechos civiles, castigos físicos, explotación y abuso sexual, discapacidad, etcétera). Tiene un solo párrafo sobre aborto, ubicado en la sección de derecho a la salud, que dice: “Ensure access to safe abortion and post-abortion care services for adolescent girls, ensuring that their views are always heard and given due consideration as part of the decision-making process”. Este párrafo debe ser leído en su contexto: se refiere solo a situaciones en las que está en riesgo el derecho a la vida y a la salud de la adolescente embarazada. Por tanto, más que recomendar al Estado argentino ampliar las causales donde el aborto no está penalizado actualmente, como pretenden hacerle decir aquellos que lo citaron en los debates en comisión, lo que recomienda es asegurarlo o no negarlo en los casos actuales de no punibilidad relativos a la salud. Entonces, más allá de las consideraciones que sobre un concepto amplio y extralimitado de salud se realizan en otras partes de esta inserción, aquí basta aclarar que la recomendación del comité lo que dice es –simplemente– que se garantice un aborto seguro en los casos donde esté en peligro la salud.

Por tanto, el comité no está creando un nuevo derecho al aborto (no podría hacerlo, ya que no está en la convención), ni está recomendando que se legalice el aborto. Solo que se asegure lo que ya está vigente actualmente en nuestra ley penal, para lo cual no hay que hacer modificación legislativa alguna. Este último informe del comité recomienda, como en casi todos los informes anteriores, quitar la reserva hecha por la Argentina sobre adopción internacional y la declaración interpretativa sobre educación sexual. Sin embargo, elocuentemente, no dice nada acerca de quitar la declaración interpretativa de la ley 23.849, artículo 2º, sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción.

Ahora bien, aunque no lo ha hecho hasta ahora en esos términos, cabe preguntarnos si podría un comité de tratado recomendar a la República Argentina que se legalice el aborto. Y la respuesta es que no, pues –por todo lo dicho hasta aquí–, si lo hiciera, estaría actuando contrariamente a la voluntad de obligarse que tuvo el Estado argentino al momento de entrar en los tratados, así como contrariamente a la letra y el espíritu de esos tratados. Y que, de todas maneras, esas declaraciones no son obligatorias para el país.

Es importante recalcar que la competencia para evaluar a los Estados miembros la tiene el comité en virtud de la propia convención (no de otros protocolos). Dentro de ese marco jurídico indica recomendaciones, que tienen un valor jurídico señalado por su propia convención. En el caso del Comité de los Derechos del Niño, el mecanismo de evaluación periódica surge de los artículos 44 y 45 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El artículo 45, d), dice: “El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados partes” (las bastardillas son agregadas). Se trata, como puede verse, de sugerencias y recomendaciones de tipo general. Nada más.

Además de la CDN, hay que ver el reglamento del comité (que se lo dicta a sí mismo) y otro documento denominado Working methods. En ambos se dice casi lo mismo que la CDN (p. ej. artículos 75 y 76 del reglamento). Es decir, usa siempre las palabras “sugerencias y recomendaciones generales”, no decisiones, sentencias, fallos, resoluciones ni nada parecido que indique obligación. En ninguna otra parte del reglamento existe norma alguna que indique la naturaleza de esas sugerencias o su obligatoriedad. En los Working methods se detalla un poco más cómo se adoptan esas sugerencias y qué se transmite al Estado. Allí se indica que el comité espera que el Estado le dé “debida consideración” a sus sugerencias, que la próxima vez que informe le diga al comité qué hizo de aquello que se le señaló, etcétera, pero en ninguna parte se señala que sean de cumplimiento obligatorio para el Estado, que los

 

 

informes y decisiones del comité creen normas jurídicas o nuevas obligaciones para el Estado o que modifiquen las ya existentes en la convención.

Tampoco surge esa obligatoriedad del protocolo adicional a la CDN, ratificado por nuestro país por ley 27.005, pues solo reconoce competencia al comité para recibir comunicaciones individuales (es decir, denuncias que den lugar a casos concretos sobre violaciones al tratado). Al igual que ocurre con las “recomendaciones” que el comité emite en el marco del procedimiento previsto por los artículos 44 y 45 de la convención, el referido protocolo adicional, tampoco establece que los dictámenes y recomendaciones que puede emitir en el marco de esas comunicaciones sean obligatorias para el Estado. Muy por el contrario, dispone expresamente y en idénticos términos que el Estado debe darles “debida consideración” (artículo 11.1). Es más, incluso al referirse a las “medidas provisionales” el protocolo reconoce expresamente que se trata de una “solicitud” del comité dirigida al Estado a fin de que este las adopte (artículo 6º), mas no una orden obligatoria. En cualquier caso, debe aclararse que la cantidad de casos contra la Argentina en el Comité de Derechos del Niño es cero.

 

  • Reconocimiento constitucional del niño por nacer como sujeto de derecho desde el embarazo: el artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional y la obligación de dictar un régimen de seguridad social para su protección

Dejando de lado los tratados internacionales con jerarquía constitucional, conviene recordar que ha sido jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema el enmarcar el derecho a la vida en el artículo 33 de la Constitución, relativo a derechos implícitos.

A su vez, desde 1994, nuestra Constitución Nacional en su propio articulado contiene una norma específica de gran claridad protectoria para los niños no nacidos. En efecto, en la reforma constitucional de 1994 se impuso al Congreso la siguiente obligación: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia” (artículo 75, inciso 23, segundo párrafo, el énfasis es agregado).

La Constitución, en su propio texto, denomina así expresamente “niño” al ser humano concebido aún no nacido. Y lo hace mediante un mandato imperativo del constituyente que tiene un claro sentido tuitivo y especial, pues el primer párrafo del artículo 75, inciso 23, ya refiere al dictado de “medidas de acción positiva” que “garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños […]”. En el segundo párrafo, el constituyente contempló particularmente, de modo expreso, la situación especial de los niños en situación de desamparo desde el embarazo y de la propia madre durante este, ambos como sujetos de derechos distintos y diferenciados. El énfasis puesto por la propia cláusula constitucional en la protección del niño desde el embarazo, frente al mandato general de su párrafo primero, evidencia con claridad la referida finalidad protectora que inspiró esta cláusula, con la mirada puesta en los niños por nacer y las madres embarazadas. En las dos vidas.

En segundo término, si el Congreso tiene la obligación de legislar un régimen integral “en protección del niño” y “desde el embarazo” (algo en lo cual se encuentra en mora), ¿puede entonces legítimamente dictar un régimen general de desprotección y facilitación de su destrucción? Se impone la conclusión negativa. Es evidente que el mandato de protección existe y que, aun cuando no se haga operativo con medidas de acción positiva, por las circunstancias que fueran, jamás podría concebirse que el Congreso estableciera normas abiertamente contrarias a ese mandato.

Incluso más: ¿es posible pensar que se pueda proteger al niño por nacer, reconociéndole el derecho a “régimen de seguridad social especial e integral […] desde el embarazo”, pero al propio tiempo se le niegue personalidad, humanidad y derecho a la vida? El reconocimiento constitucional expreso de ese derecho de protección especial e integral, que es obligación de este Congreso dictar, supone necesariamente el reconocimiento del estatus de sujeto de derecho del niño por nacer y, por ende, de su personalidad humana. No es posible, ni lógica ni jurídicamente, reconocer al niño por nacer como titular de un derecho de protección especial e integral en materia de seguridad social, desde el embarazo, pero negarle al propio tiempo su derecho a la existencia y su carácter de titular, como ser humano, del derecho a la vida: ningún otro derecho puede ser ejercido sin el reconocimiento de este derecho básico y esencial a la vida.

En este sentido, fueron elocuentes las palabras del exconvencional constituyente y exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rodolfo Barra, quien en su exposición en la Honorable Cámara de Diputados afirmó: “Con respecto al artículo 75, inciso 23, no se puede decir que eso sirve solo para cuestiones de beneficencia social, porque es como burlarse de la voluntad del constituyente. Si el

 

 

constituyente definió que allí hay un niño, es decir, que se es niño desde el embarazo, ¿cómo se puede ser niño desde el embarazo para ser acreedor de alguna determinada prestación social y no para ser acreedor a la vida? Insisto: no se necesita ser estudiante de derecho para advertir esto con toda claridad. Realmente me parece absurdo”. Agregó, asimismo: “Además, esa norma dice que es obligación del Congreso fijar un régimen de protección integral –y subrayo la palabra ‘integral’– en protección del niño y de la madre. Separa a los dos. Esto es muy importante, porque quiere decir que son dos acreedores distintos, o sea, dos sujetos de derecho distintos”.

Incluso antes de su exposición en el plenario de comisiones, en un trabajo publicado en 1996, el citado exconvencional constituyente había sostenido con claridad: “La distinción de la personalidad jurídica del por nacer con respecto a la de su madre es una guía fácilmente inteligible impresa por el constituyente en la norma” y que ese “reconocimiento de la personalidad jurídica es imposible sin el previo reconocimiento del sustrato humano […]”, por lo que, “cuando el constituyente admite tal personalidad en el niño –expresión por demás significativa, como veremos– desde el embarazo, es porque desde ese momento reconoce la existencia de humanidad, de vida humana” (Barra, La protección constitucional del derecho a la vida, cit., pp. 28 ss.).

El artículo 75, inciso 23, de tal modo, se asienta necesariamente sobre el reconocimiento expreso del derecho a la vida de los niños por nacer desde el momento mismo de la concepción, tal como ha establecido la República Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la ley 23.849. En este sentido, en su exposición en el plenario de comisiones, el doctor García Lema, también exconvencional constituyente, sostuvo que, en su carácter de miembro informante, al fundar esa disposición constitucional, expresamente invocó dicha fuente normativa. Dijo textualmente: “Cuando a mí me tocó fundar este inciso me referí a la reserva argentina y a la protección del derecho a la vida. Me referí al artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica. […] En mi caso particular, cité la reserva argentina como uno de los fundamentos del artículo 75, inciso 23. Es decir: en mi caso personal, cuando actué como miembro informante de la incorporación de este inciso, consideré que la reserva argentina era una fuente del derecho a tomar en cuenta; por lo menos, esa fue mi interpretación”.

El doctor Eduardo Menem, otro exconvencional constituyente, ofreció razones similares que ratifican la interpretación constitucional antedicha, reconociendo expresamente que en el artículo 75, inciso 23, segundo párrafo, se reconocen dos sujetos de derecho: el niño por nacer, desde el embarazo, y la madre, durante él. Además, puntualizó que el embarazo comienza con la concepción a los efectos jurídicos y constitucionales. En efecto, sostuvo en el plenario de comisiones el doctor Menem: “Hay dos situaciones en el 75, inciso 23, segunda parte: una, el derecho de la seguridad social del niño –dice– desde el embarazo, desde el comienzo del embarazo, y la situación de la madre durante el embarazo. […] Es decir que en alguna medida se reconoce –no expresamente, pero se reconoce– que el sujeto del derecho a la seguridad social es a partir de la concepción, porque comienzo de embarazo y concepción es exactamente lo mismo. Lo dice un abogado, no lo dice un médico. Por ahí hay alguna diferencia, pero a los fines legales es exactamente lo mismo”.

Esta misma fue la posición expresada por otros constitucionalistas en el plenario de comisiones, como la abogada María Angélica Gelli y el doctor Gregorio Badeni, entre otros. La primera, en efecto, afirmó que el artículo 75, inciso 23: “Establece un deber del Congreso de proteger la vida del niño y de la mujer desde el embarazo y hasta los 18 años del niño”. El segundo, por su parte, sostuvo: “Es importante tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico, nos guste o disguste, la vida empieza en el momento de la concepción. Y a partir del momento de la concepción existe un niño, no un embrión, como a veces maliciosamente se trata de distinguir una cosa de la otra. Si nosotros vamos al artículo 75, inciso 23, de la Constitución, en el segundo párrafo, le impone al Congreso la obligación de establecer un sistema de seguridad social para el niño desde el embarazo. ¿Cuándo empieza el embarazo? Desde el momento de la concepción”.

Sobre tales bases y refiriéndose también a los tratados internacionales con jerarquía constitucional –en particular, a la CDN tal como ha sido ratificada por la República Argentina–, el doctor Badeni explicó que la sanción de una ley como la propuesta en el proyecto en revisión exigiría denunciar dichos tratados y reformar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional. En efecto, sostuvo que  en esa hipótesis: “Lo primero que tenemos que hacer en un Estado de derecho es denunciar la Convención sobre los Derechos del Niño; denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos; modificar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución. Entonces vamos a tener un orden jurídico perfecto y lo vamos a poder hacer”.

En síntesis, es evidente que la interpretación constitucional del artículo 75, inciso 23, en el sentido de que reconoce al niño por nacer como sujeto de derecho desde el embarazo, admitiendo su personalidad, humanidad y la titularidad del derecho a la vida (sin el cual no podría gozar de ninguna protección de un régimen de seguridad social especial e integral), no solo tiene sustento en el texto de la

 

 

norma constitucional y su contexto, sino también en su espíritu, reconocido por los propios convencionales constituyentes que han participado en su redacción y sanción. Pocas veces al interpretar un texto puede tenerse a mano a sus autores. Este es el caso en cuanto a esa norma, pues quienes elaboraron y votaron esa norma han participado en el Congreso de las audiencias con relación a este proyecto y han sido unánimes con relación a él, así como con relación al sentido dado al resto de los tratados que se constitucionalizaron en 1994.

Finalmente, cabe destacar que, por su parte, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires se pronunció en el mismo sentido en su declaración del 20 de marzo de 201832, indicando que los proyectos de aborto son inconstitucionales porque violan el derecho intrínseco a la vida consagrado en las normas de jerarquía constitucional indicadas en el apartado anterior y porque la Constitución garantiza el derecho a la vida desde el embarazo (artículo 75, inciso 23). La Academia destacó que en el mandato de esta disposición constitucional cabe un régimen asistencial público que proteja ambas vidas y, a la vez, otorgue a la madre la posibilidad de entregarlo en adopción, previendo un régimen legal regulatorio de tales situaciones.

 

  • La ley establece medidas claramente regresivas y prohibidas por el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos

Por otra parte, en relación con la protección integral al niño desde el embarazo, lo que pretende establecer el proyecto en revisión, en tanto restringiría el alcance de protección del derecho a la vida y la integridad física del niño por nacer (reconocido expresamente en normas constitucionales, convencionales y legales, como se está viendo en esta inserción), importa una medida claramente regresiva que viola el principio de progresividad y no regresión que rige en materia de derechos humanos (artículos 2º y 5º del PIDESC y 2º y 26 de la CADH), principio que, en los términos de la Corte Suprema, se asienta incluso en el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución Nacional (cfr. Fallos 331-2006, 2008, considerando 5, entre otros). Máxime cuando “el principio de progresividad […] impone que todas las medidas estatales de carácter deliberadamente ‘regresivo’ en materia de derechos humanos […] requieran la consideración ‘más cuidadosa’, y deban ‘justificarse plenamente’”. (CSJN, Fallos 336-672, 2013, considerando 9 del voto unánime, entre otros).

En tal sentido, se ha señalado que la prohibición de regresividad complementa y refuerza las exigencias del principio de razonabilidad con otras limitaciones, vinculadas a criterios de evolución temporal e histórica: una norma, además de ser razonable, no puede empeorar la situación de reglamentación del derecho en cuestión en cuanto a su alcance y amplitud de goce33.

 

  • El no nacido es persona para la Corte Suprema

Es importante notar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha reconocido a la persona por nacer como verdadera persona humana, distinta a su madre.

Entre las sentencias más recientes, cabe mencionar el fallo dictado en la causa “Elvira Sánchez c/ Ministerio de Justicia y DD. HH.” (Fallos 330:2304, 2007). En dicha sentencia la Corte reconoció a la señora Sánchez doble indemnización con fundamento en la ley 24.411, una por María del Carmen Pérez, su hija secuestrada y muerta por la represión, y otra por su nieta nonata, asesinada en conjunto con aquella. La Corte contó para ello con los votos de Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Argibay (mayoría), más Zaffaroni y Highton de Nolasco (en concordancia, por su propio voto).

Sostuvo allí la Corte: “El artículo 30 del Código Civil define como personas a todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones; mientras que el artículo 63 señala como especie del género «persona» a las «personas por nacer», definiéndolas como aquellas que, no habiendo nacido, están concebidas en el seno materno” (ibídem, considerando 9 del voto mayoritario) y que “tratándose en el caso del fallecimiento de una persona ‘por nacer’, vale decir una de las especies jurídicas del género persona según nuestra ley civil, y aplicando la máxima latina ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, no existe motivo alguno para negar a la señora Sánchez su pretensión” (ibídem, considerando 11 del voto mayoritario).

Esta decisión de la Corte Suprema fue consistente con su jurisprudencia previa, en la que reconoció expresamente que el derecho a la vida debe ser garantizado desde el momento de la

32 http://academiaderecho.org/pdfs/139.pdf

33 Courtis, Christian, “La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales: apuntes introductorios”, en ídem, (comp.), Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, Editores del Puerto, 1ª ed., Buenos Aires, 2006, p. 22.

 

 

concepción. En efecto, así lo hizo en “Portal de Belén” (Fallos 325-292, 2002), ya citado, donde además afirmó –en lo que aquí interesa–: “El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 323:1339) […] Este Tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción” y que los pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida de la persona humana desde el momento de la concepción, destacando finalmente: “Cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130)” (considerandos 12 a 15 del voto mayoritario).

Por otra parte, en algo relacionado con el caso “Elvira Sánchez”, 2007, la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto este mismo año en la sentencia sobre la tragedia de Once (8 de mayo de  2018), siguiendo esa línea jurisprudencial. En este caso sorprende que resolvió condenar por 52 homicidios, siendo que fallecieron 51 personas ya nacidas, una de ellas embarazada, y un niño en situación gestante. La sentencia lleva la firma de los camaristas Riggi, Gemignani y Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, “Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ recurso de casación”, causa CFP 1188/2013/TO1/CFC5, sentencia del 8 de mayo de 2018).

En conclusión, estos dos tribunales de altísima instancia han tratado como personas, con diversos efectos según lo que se tratara en cada causa, a los no nacidos. Así, el hecho de no nacer con vida, previsto como causa resolutoria de la personalidad solamente a efectos patrimoniales (artículo 21 CCyC), no es óbice para postrera protección penal o administrativa, justamente cuando la parte que se busca exculpar en un proceso es aquella que le ha causado la muerte, aspecto del cual no puede prevalecerse.

En sintonía con esto, toda la jurisprudencia civil, administrativa y penal nacional reconoce la personalidad, la subjetividad, del ser humano no nacido, dándole distintos efectos jurídicos, según los temas de que se trate: sucesiones, responsabilidad por daños físicos al no nacido o por muerte del nasciturus, sanciones por mala praxis, delito de aborto preterintencional, etcétera.

 

  1. Razones constitucionales vinculadas al tratamiento penal del aborto
  • El proyecto modifica el Código Penal, habilitando el aborto sin trabas

En el proyecto se prevén modificaciones a los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal (artículos 1º, 3º y 4º del proyecto). Una lectura integral de estos nuevos artículos lleva a concluir que el proyecto pretende que el aborto pueda realizarse prácticamente sin consecuencia alguna en todas las etapas del embarazo.

En efecto, en primer lugar, se dispone que el aborto no es delito cuando es realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional (artículos 1º y 3º del proyecto, que modifican los artículos 85 y 86 Código Penal). Luego, se establece también que nunca será delito (hasta los 9 meses inclusive) el aborto practicado en causales de amplísima aplicación (artículo 3º del proyecto, que modifica el artículo 86 del Código Penal).

Además, si alguna situación no se lograra encuadrar en las “excepciones generales” previstas, el proyecto prevé penas muy leves (prisión de 3 meses a un año) al médico que causare un aborto desde la semana 15 (artículo 1º del proyecto, que modifica el artículo 85, inciso 2, Código Penal), así como a la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare en las mismas circunstancias (artículo 4º del proyecto, que modifica el artículo 88 Código Penal).

Finalmente, se propone una norma que da facultad al juez para disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a abortar, actitud posterior y otras circunstancias a ponderar (artículo 88, segundo párrafo).

Estas reformas al Código, que dejan amplias ventanas al aborto, van en contra de las bases mismas del sistema penal argentino, en donde la vida es el bien jurídico protegido por excelencia, por ser el principal derecho. Si la vida no mereciera alguna tutela penal, no se comprende por qué otorgarla a otro bien jurídico.

 

  • El proyecto consagra el derecho irrestricto al aborto hasta la semana 14, conculcando la vida y estableciendo un corte temporal arbitrario

El proyecto en revisión establece un derecho irrestricto de la mujer o persona gestante a terminar con la vida del niño no nacido mediante la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 14 del proceso gestacional, sin ningún requerimiento más que el deseo manifestado a través de la voluntad de la

 

 

mujer o persona gestante. Además, lo consagra como un “derecho urgente”, que veda intervención al juez e impone penas de prisión al que intente obstaculizarlo. Instaura así el aborto como un método anticonceptivo de última instancia, un aborto sin necesidad de expresar causa alguna. Esta “privación de la vida arbitrariamente” es algo vedado expresamente por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No podemos acompañar esta norma.

Si bien han sido incontables los expositores en el plenario de comisiones que así lo reconocieron, es de destacar lo afirmado por la constitucionalista María Angélica Gelli, quien sostuvo: “La ley tampoco es de despenalización o de descriminalización de los abortos, sino que es una ley que establece un derecho subjetivo de la mujer hasta las catorce semanas de producido el proceso de embarazo, para provocarlo libremente, a petición y, además, con un deber consecuente del Estado de proveerlo. […] No es una ley que despenaliza, es una ley que establece un derecho subjetivo a abortar hasta las catorce primeras semanas inclusive, sin expresión de causa. Y, después de ello, hasta el momento mismo del embarazo llevado a término en tres hipótesis determinadas: una es la violación, otra es la vida –que ya estaría contemplada en la ley penal– y la salud”.

También lo reconoció así, entre muchos otros expositores, el abogado Juan Pablo Echeverría, al sostener: “El proyecto crea y legaliza un supuesto derecho al aborto, ya que no es una simple despenalización de una conducta […] Más aún, no se trata solo de despenalizar y liberalizar  una conducta, sino de hacerla de prestación obligatoria, y no solo para el Estado, sino para cualquier tercero que brinde servicios de salud, a los que obliga a practicar el aborto con un plazo perentorio de 5 días”.

Debe subrayarse, además, que el corte temporal en la semana 14 es absolutamente injustificado. No hay razones válidas para establecer esa semana y no otra antes o después, según señalaron diversos profesionales médicos en las exposiciones en el plenario de comisiones. El proyecto de ley discrimina a las personas según su grado de desarrollo, distinguiendo categorías de personas. Es una decisión muy grave, que desprotege a los más vulnerables. En derecho la gradualidad se da a nivel de la capacidad jurídica, que va creciendo; la personalidad, en cambio, es única, no admite grados. El proyecto contraviene esto.

 

  • El proyecto no logra la seguridad pretendida en los abortos

En adición a lo ya señalado del espejismo de un aborto “seguro” como solución universal al problema, conviene reparar en que el proyecto viene a habilitar a cualquiera a realizar abortos, sean previos a las 14 semanas o sean abortos debidos a causales a partir de la semana 15.

En efecto, el artículo 14 del proyecto establece: “La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a profesional de la salud…”. La diferencia es clara entre uno y otro caso y no se explica por qué ofrece ambas posibilidades; si se pretende aborto seguro debería prescribirse que sea realizado por un médico ginecólogo u obstetra matriculado, y no por otro bajo su supervisión, y debiera haber sido mucho más preciso en qué significa “profesional de la salud”, que abarca una gama muy amplia de posibilidades. De esta manera, el proyecto no es consecuente con uno de los objetivos, de evitar que se produzcan muertes maternas por malas prácticas abortivas.

Aquí hay que señalar otra contradicción del proyecto. Más allá de la previsión de derecho administrativo de que el aborto se realice en establecimientos de salud bajo la supervisión de un profesional, lo cierto es que no se sanciona penalmente a quienes realizan prácticas abortivas y que no son médicos ni están bajo su supervisión: podrán seguir haciéndolo, sin amenaza penal, con el riesgo que ello conlleva para las mujeres, tanto en el caso de abortos de menos de 14 semanas como en el caso de aborto por causales hasta la semana 40. La razón es que en la reforma a los artículos 85, 86 y 88 del Código Penal que se prevé en los artículos 1º, 3º y 4º del proyecto no aparece una sanción especial para quien realiza un aborto y no es profesional.

En este sentido, se habló mucho de aborto “seguro”: sin embargo, el proyecto no logra esa finalidad, en tanto cualquier “cualquiera” podría realizar la práctica del aborto, incluso mediante aborto quirúrgico. El aborto clandestino inseguro dejaría de ser clandestino, pero no dejaría de ser inseguro, pues la ley lo habría “institucionalizado”. En pocas palabras, no se estarían penando en el proyecto lo que hoy se denominan “abortos clandestinos inseguros”, realizados por no profesionales.

Podría pensarse que las acciones abortivas de un tercero no profesional de la salud, y en especial no médico, caerían en el “ejercicio ilegal de la medicina”. La respuesta es negativa, pues en dicha hipótesis la acción sería atípica: los supuestos del artículo 208 del Código Penal son siempre con el fin o la promesa de curar enfermedades y el embarazo no es enfermedad, tampoco en este proyecto.

En definitiva, se pretende alcanzar la “seguridad” en el marco del aborto pero la acción habitual de realizar abortos por personas que no son profesionales de la salud (lo que inevitablemente entraña

 

 

serios riesgos, como se ha expuesto tanto en este Congreso en estos meses) no estará prohibida y sancionada. Sorprende esta omisión grave, tanto en sí misma como en comparación con muchas otras figuras penales, por ejemplo, si se compara esta situación con la acción de un farmacéutico que consista en vender un producto sin receta o que entregue un fármaco con más miligramos que el indicado en la receta, lo que tiene hasta 3 años de prisión por el artículo 204 del Código Penal.

 

  1. El proyecto permite acceder fácilmente al aborto hasta el parto al ampliar sin límites fijos la causal de peligro para la salud

En diversas instancias de discusión del proyecto se sostuvo que, con relación a las causales de no punición del artículo 86, el artículo no hace más que repetir algo que se encuentra vigente en la Argentina desde 1921, cuando fue sancionado el Código Penal. Esto no es correcto, pues el proyecto con media sanción realiza una ampliación significativa del impacto de esas causales para la permisión del aborto hasta los 9 meses de embarazo.

En efecto, el artículo 3 del proyecto dispone la sustitución del actual artículo 86 por una norma que, tras disponer que no es delito el aborto hasta la semana 14, establece que en ningún caso será punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer en tres supuestos. Estos abortos “permitidos”, estas excusas absolutorias, no tienen límite temporal: podrán ser invocadas desde la semana 15 hasta el término del embarazo, es decir, mucho más allá del límite de la viabilidad extrauterina del feto.

En cuanto al primer supuesto, el inciso a), el proyecto amplía el artículo 86, inciso 2, del Código, aborto en caso de violación, disponiendo que se podrá realizarlo solo mediando una declaración jurada de la mujer ante el profesional interviniente. Por tanto, para obtener un aborto luego de la semana 15, hasta el propio término del embarazo, solo será necesario el afirmar bajo juramento ante un médico u otro profesional que se ha sufrido violación, la cual ha acaecido considerable tiempo atrás. Además, no se plantea la innecesariedad del aborto, pudiendo tras la viabilidad adelantar el parto y dar al neonato en adopción o guarda.

Por otra parte, se introduce un inciso c), que elimina la pena en caso de que se hubiera diagnosticado la inviabilidad de la vida extrauterina. Esto no estaba en el Código.

Una enorme ampliación de las causales del artículo 86 del Código Penal viene configurada por lo previsto en el inciso b) del propuesto artículo sustitutivo del 86: el aborto cuando “estuviera en riesgo la vida o de la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano”. Si quedaran dudas, el artículo 18 del proyecto dice que “salud” debe entenderse como lo hace la Organización Mundial de la Salud, esto es, abarcando un estado de bienestar que comprenda la salud física, psíquica y social.

Con este punto, el proyecto realiza varias innovaciones de gran trascendencia al actual artículo 86, inciso 1, del Código Penal.

En primer lugar, al igual que en caso de violación, ya no es menester que el aborto sea realizado por un “médico diplomado”, como exige el artículo 86 CP, sino que, en ausencia de amenaza penal en la norma sustitutiva, cualquier persona podría practicarlo impunemente.

En segundo término, en el proyecto con media sanción se garantiza el derecho al aborto siempre que se considere que hay un mero riesgo de la vida o la salud de la mujer –artículos 3º, inciso b), y 7º, inciso b)–. Se ha pasado del “peligro relevante”, existente en la normativa actual del Código Penal (“evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”), a un mero “riesgo” posible. Se pasa de casos con peligro actual, cierto, grave, inminente e inevitable para la salud física de la mujer, tal como se lo pensó al adoptarse el Código Penal en 1921, a la “posible ocurrencia”, al “riesgo” de un difuso perjuicio a la salud psíquica o social, entendida en el sentido más amplio.

Como podrá observarse, el concepto de riesgo es mucho más laxo que el de peligro. “Peligro” es una relevante probabilidad del acaecimiento de un daño antijurídico, es decir, que no se tiene el deber de soportar. “Riesgo” es más amplio, pues es una situación de mera posibilidad especulativa, abstracta. Una persona siempre está en “riesgo” de que le roben, pero está en “peligro” si un ladrón ha entrado a su morada. En este punto, en la discusión en particular en Diputados, a iniciativa del legislador Iglesias, se cambió “riesgo” por “peligro”, pero solo en la parte de derecho administrativo del proyecto (artículo 7º), siendo rechazado su cambio en el título I, la parte penal, por lo cual el aborto realizado por mero “riesgo” es impune.

Por tanto, por la fuerza del principio de tipicidad penal, no se puede sancionar un aborto cuando se haya dado cualquier “riesgo” a la salud, entendida de manera amplísima. No se requiere que “no se pueda evitar por otros medios”, como atención, terapia, ayuda social, etcétera.

En tercer lugar, ya no se trataría de un “peligro que no puede ser evitado por otros medios”. La exigencia se elimina, lo cual es inaceptable. Se trata de una regulación de derechos fundamentales que

 

 

eliminaría el “principio de necesidad” de la medida que se adopte, elaborado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán y seguido por la moderna teoría de la decisión jurídica. El principio de necesidad como baremo insoslayable para regular un derecho pasa a ser sustituido por el principio del deseo: no se elimina la pena porque se cometió una acción considerada inevitable, sino que se da derecho a abortar cuando tal aborto podría haber sido evitado, cuando había otras posibilidades de acción, factibles, que sin embargo se desecharon.

Por último, un cuarto elemento ha cambiado en esta propuesta de nuevo artículo 86, que surge como la conjunción de varios de los anteriores. Sin cambiar la expresión, que sigue siendo “salud”, se ha sustituido la salud “física” por la salud “amplia”, que cobija en su seno un rango casi ilimitado de posibilidades para requerir el aborto hasta el término del embarazo.

En esta línea, debe notarse que el proyecto introdujo un concepto de “salud” “considerada como derecho humano” (artículos 3º y 7º), es decir, considerada del modo más amplio posible. Este concepto de salud que incluye lo psíquico y social trasmuta y amplía de manera exponencial el número de abortos permitido con relación al actual artículo 86 del Código Penal, que solo admite el peligro a la salud física.

En efecto, la salud del artículo 86 del Código Penal incluye solo la salud física, porque si el peligro para la salud requiere que “no puede ser evitado por otros medios”, se está aludiendo a un problema físico de la salud, que compromete la vida y no la sociabilidad, la estabilidad emocional, etcétera. Asimismo, si no se refiriera a la salud física, no se entendería la exigencia de que el aborto haya sido practicado por un médico diplomado, para considerarlo no punible. Es que la razón de la exigencia de médico diplomado es requerir que un profesional, un médico, hubiera evaluado la situación y considerado que existía ese peligro relevante para la salud corporal y la vida y que no había alternativas terapéuticas de acuerdo al grado de avance de la ciencia y a la situación médica de la paciente, siendo irrazonable que el peligro para la vida y la salud en virtud de un embarazo sea dictaminado por cualquiera que no tenga los conocimientos especiales de un médico34.

Surge claro el concepto acotado de salud del Código de 1921, enfocado en los aspectos físicos, que podían generar un peligro relevante para la vida. Al abandonarse el concepto de salud relativo a lo corpóreo y acoger lo psicológico y lo social se multiplica muchas veces el número de situaciones donde sería posible recurrir a un aborto, que pasa a ser prácticamente libre durante los 9 meses.

En definitiva, al referir el proyecto como causal de la interrupción del embarazo luego de la semana 14 al “riesgo” o “peligro” para la salud de la madre, entendida la salud como derecho humano fundamental, se permite, por la amplitud de los términos, que la realización del aborto pueda requerirse en cualquier momento del embarazo y con la sola invocación por parte de la mujer de un “riesgo” para su salud que afecte la dimensión física, psíquica o social del concepto. No existe en el texto del proyecto ninguna precisión respecto de cómo se pondera el riesgo o de quien efectúa esa ponderación. No es admisible que, como ocurre en algunos protocolos de aborto no punible, se refiera al peligro a la salud expresando: “La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE”. En esta línea, no es irrazonable pensar que el “riesgo” para la salud amplia va a depender de la percepción de la mujer que solicita la realización de la práctica, lo que definitivamente implica legalizar el aborto en cualquier estadio del embarazo.

Por último, lo que en el Código Penal fue concebido como un perdón hacia el pasado, en el proyecto se transforma en requerimientos obligatorios para el futuro, en virtud de la conjunción del artículo 3º con otras normas de la ley, que establecen un plazo perentorio, obligaciones de practicar el aborto, etcétera.

En conclusión, no se ha tratado de reproducir las causales de no punibilidad del aborto del artículo 86 del Código Penal existentes desde 1921, sino que se las ha expandido ilimitadamente, generando un “aborto a demanda” desde el inicio del embarazo, hasta su finalización.

 

4.5. El proyecto deja abierta la posibilidad del aborto eugenésico

Como se adelantó, los artículos 3º, inciso c), y 7º, inciso c), del proyecto garantizan el derecho al aborto sin limitación de tiempo, para aquellos casos en los cuales “se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto”. Esta previsión fue incorporada al proyecto luego de las serias objeciones que recibieron los proyectos originales en cuanto autorizaban a abortar, hasta los 9 meses, cuando “existieren malformaciones fetales graves” (v.gr., artículo 3º, inciso 3, proyecto 230-D.-2018), permitiéndose una suerte de aborto eugenésico.

 

34 Sebastián Soler, Derecho penal argentino, 1992, t. III, p. 112; Fontán Balestra, Manual de derecho penal. parte especial; comentarios al artículo 86; entre otros

 

 

Observamos que, sin embargo, lejos de haberse eliminado el problema, ahora se mantiene de una manera opaca. La razón es que el proyecto no es un valladar al descarte liso y llano de personas con discapacidad, sino que contiene los elementos para que esto pueda ocurrir. Como se analizó en los puntos anteriores, a partir del proyecto el aborto podría realizarse prácticamente sin consecuencia alguna en todas las etapas del embarazo. Pero no solo eso. El proyecto realiza una fina sincronización entre aborto irrestricto hasta las 14 semanas (artículos 3º y 7º) y fomento de estudios prenatales (artículo 16), lo cual plantea el escenario para la realización de prácticas de aborto eugenésico en el país, motivados en evitar el tener niños con alguna discapacidad.

En efecto, la mayoría de las enfermedades o de síndromes, en especial el de Down, pueden ser detectados antes de la semana 14 con la realización de estudios cada vez menos invasivos, más precisos y más accesibles. Son estudios de diagnósticos que hasta la fecha no estaban incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO), pero que ahora, según lo expresamente establecido en el artículo 16 in fine del proyecto, deberán ser incluidos, al menos si se manifiesta la voluntad de abortar.

En la estructura del proyecto, se logra que los padres sepan antes de la semana 14 si su hijo padece alguna enfermedad o discapacidad. Ante esto la disyuntiva será tratarlos, algo costoso y de resultado siempre incierto, o abortarlos libremente y sin expresión de causa. Esto, lejos de ser una suposición, es lo que ha pasado en aquellos países en los cuales se legalizó el aborto, de la misma manera que se pretende hacer aquí por medio del proyecto. Las estadísticas demuestran que existe una clara relación entre aborto libre y estudios prenatales. Así, a mayor facilitación del ejercicio del aborto, mayor incremento de los estudios prenatales para detección de enfermedades y discapacidades tempranas. Y, a su vez, a mayor detección de enfermedades o discapacidades tempranas, mayor cantidad de abortos.

Como bien se ha expresado, actualmente “los padres son colocados ante dramáticas decisiones que probablemente nunca se plantearon. Aquí radica la diferencia entre la eugenesia del siglo XX y la eugenesia del siglo XXI. En el siglo XX la eugenesia se imponía desde el Estado por leyes coercitivas de aborto, matrimonios prohibidos y esterilización, entre otras. En el siglo XXI se recurre a mecanismos más sutiles: ofrecimiento rutinario de estudios prenatales mucho más precisos, una ventana de tiempo para abortar a simple demanda, amenaza de juicios de mala praxis a los médicos, amenazas de exclusión o recargos en la cobertura a los padres. Pero también en el siglo XXI siguen siendo decisivas las leyes para la expansión de las políticas eugenésicas” (ponencia del doctor Nicolás Laferriere en la audiencia del día 11 de julio del plenario de comisiones).

La experiencia internacional indica que, en países con legislaciones permisivas de prácticas abortivas, alrededor del 90 por ciento de los niños con ciertas formas de discapacidad, como por ejemplo el síndrome de Down, son abortados luego del estudio prenatal (entre ellos: Gran Bretaña, Australia, China, los Países Bajos, etcétera).

Esto mismo fue advertido por la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), al indicar: “Hoy más que nunca debe tenerse en cuenta en relación al uso de las biotecnologías para los modernos diagnósticos prenatales que, más allá de sus innegables bondades, en la práctica se distorsionan para ser utilizados como método de selección de seres humanos con motivaciones y fines eugenésicos, como lo demuestran los alarmantes porcentajes de abortos por detección prenatal del síndrome de Down en países europeos –hoy está sucediendo esto–, de alrededor de 90 por ciento, que obviamente implica que en pocos años las personas con síndrome de Down sean un grupo humano en vías de extinción” (ponencia del doctor Andrés Vaira Navarro, secretario general de ASDRA, en la audiencia del día 25 de julio convocada por el Senado de la Nación).

Por otra parte, lo establecido en el proyecto impactará de lleno en las prácticas profesionales y la relación médico paciente, dado que ahora el médico podría instar a la realización de todos los estudios posibles para la detección de las enfermedades tempranas, pues estará bajo la amenaza de ser pasible de responsabilidades civiles por pérdida de la posibilidad de abortar. Sin embargo, nada dice el proyecto en revisión sobre protocolos de intervención y acompañamiento en caso de detección de enfermedades tempranas. El punto es poder conocer para poder abortar.

Además, no se regula una prohibición de que las obras sociales cobren primas diferenciadas a aquellos que no se hicieron los estudios para detectar la enfermedad o a los que quieran continuar con el embarazo; podrían alegar que los primeros fueron negligentes y que los segundos han tomado una decisión personal cuyos costos deben ser asumidos por el que elige. Todo esto se constituiría como un factor de presión más para elegir el aborto por sobre la vida del niño con discapacidad.

Por último, y más allá de todo lo dicho, debe prestarse atención a otro elemento fundamental en esta cuestión del aborto a personas por nacer con enfermedades o con discapacidades. En efecto, al introducir el derecho a abortar hasta los 9 meses por el mero “riesgo” a la “salud”, considerada de manera amplísima y ambigua, y eliminando todo requisito de que ese riesgo “no sea evitable por otros medios” (como prevé la legislación actual), se abre lugar a que la persona gestante invoque angustia (salud

 

 

psíquica) o dificultades en la vida de relación (salud social) al conocer que el hijo o hija tendrá una malformación o padece de una discapacidad, como el síndrome de Down. Con lo cual podría concluirse que el proyecto permite con amplitud el aborto por razones eugenésicas, sea esto de intento o inadvertidamente, por el juego de las medidas jurídicas que instaura. En todo caso, es algo que rechazamos.

En síntesis, la estructura de aborto en virtud de evitación de hijos enfermos o discapacitados que permite este proyecto viene a contrariar la rica tradición de nuestro país en favor de las personas con discapacidad: v.gr. ley 22.431, de protección integral de los discapacitados; 24.901, de sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (donde, en el artículo 14, da prestaciones preventivas a “la madre y el niño tendrán garantizados desde el momento de la concepción, los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico-psíquico y social. […]. Si se detecta patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar”); ley 26.378, por la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo; entre muchas otras. En este punto, el proyecto permite acciones sumamente excluyentes, y esto es inaceptable.

Queremos una sociedad inclusiva. Una sociedad en donde la persona valga por lo que es y no por su utilidad. Una sociedad que contenga y acompañe. Una sociedad que no excluya personas, negándoles la existencia, por el hecho de estar enfermos o tener una discapacidad.

 

  1. Razones civiles
  • Incongruencias del proyecto con el reconocimiento del niño por nacer en la legislación civil y con diversas instituciones civiles para su tutela

El proyecto resulta incoherente, asistemático y contradictorio con el ordenamiento argentino, que además de que en sus normas con jerarquía constitucional entiende al concebido como sujeto de derecho con especial protección de su vida (artículo 1º de la CDN, declaración interpretativa efectuada por la República Argentina al ratificarla –cfr. ley 23.849– y artículo 75, inciso 23, de la Constitución), reconoce en numerosas leyes nacionales la personalidad, humanidad y el derecho a la vida y a diversos cuidados de los niños por nacer desde el momento mismo de su concepción.

En efecto, el proyecto en cuestión entra en colisión manifiesta con una gran cantidad de normas jurídicas de nuestro ordenamiento, dándose diversas incongruencias que son necesarias manifestar al menos someramente.

La primera y más importante contradicción se da con el sistema instaurado por el nuevo Código Civil y Comercial. Este cuerpo legislativo prevé en forma precisa: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción” (artículo 19). Es el caso más evidente y preocupante. La norma expresa con contundencia la personalidad del no nacido y es concordante con el resto de la normativa argentina, lo  que sitúa a este proyecto como un cuerpo extraño a nuestra legislación.

Para nuestra legislación el niño por nacer tiene todos los derechos de un adulto y puede ejercerlos a través de sus representantes, que son sus padres (artículos 100 y 101). El artículo 24 habla de las personas incapaces de ejercicio, refiriéndose a la persona por nacer. Si sus padres no ejercen sus derechos, puede ejercerlos en forma principal en beneficio del nasciturus el Ministerio Público (artículo

103) o puede designarse un tutor especial cuando hay intereses encontrados (artículo 109). El hijo por nacer tiene derecho a reclamar la paternidad, a pedir alimentos y a presentarse en el juicio sucesorio de su padre. Puede reclamar todos los derechos que puede reclamar un adulto sin excepciones. Como la personalidad es única, no varía la extensión de sus derechos, sino que lo único que varía es su capacidad, es decir, la forma en que ejerce tales, que es a través de sus representantes (artículo 22, 26 y concordantes).

Por otra parte, conforme el Código Civil y Comercial, los padres tienen obligaciones respecto de sus hijos por nacer. Estas obligaciones son de reconocerlo (artículo 574) y de prestarle alimentos. Si no lo hicieren, podría demandarse el establecimiento de la paternidad por vía judicial y luego reclamarse daños y perjuicios. Más aún, la madre tiene derecho a que el presunto padre del niño la acompañe y la sostenga durante el embarazo, proveyéndole alimentos (artículo 665). Además, los abuelos tienen derecho a impedir que los padres del niño aborten a sus nietos, porque pueden oponerse a todas las acciones que resulten perjudiciales para la salud de su nieto, si los progenitores son menores (artículo 644). Por otra parte, el artículo 592 da la posibilidad de impugnar la filiación del hijo por nacer.

 

 

Asimismo, el artículo 2.279 del Código legisla sobre las personas que pueden suceder al  causante y a tales efectos menciona “las concebidas a ese momento que nazcan con vida”.

En definitiva, las reiteradas menciones de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, de reciente aprobación, a la persona por nacer, no podrían hacerse si no fuera porque se le reconoce la condición de persona y, por ende, de sujeto de derechos.

Es decir, que el proyecto deviene en una norma irrazonable que contraría todo el sistema de reconocimiento y garantía del niño por nacer instaurado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El proyecto es así una norma antisistema, que trastoca todo un esquema racional de protección de la persona humana.

Por otra parte, el proyecto no solo contradice al Código Civil y Comercial, sino que también colisiona con una pluralidad de normas, de redacción muy reciente, en las cuales se reconoce derechos específicos del nasciturus, dando lógicamente por supuesta su personalidad jurídica. Entre otras muchas, pueden verse la ley 24.174, de régimen de asignaciones familiares, que establece con carácter nacional y obligatorio una asignación prenatal que se abona desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo (artículo 9º); la ley 25.543, de test de diagnóstico del virus de inmunodeficiencia humana, que establece la obligatoriedad del ofrecimiento del test de VIH a la mujer embarazada y dispone que en caso de ser positivo informará sobre las implicancias de la aplicación o no del tratamiento para el hijo por nacer (artículo 4º); y la ley 26.413, que establece que deben registrarse las defunciones fetales (artículos 1º y 40). Puede verse también la ley 25.929 –artículo 2º, inciso d)–, relativo al parto natural, que procura evitar prácticas invasivas y el suministro de medicación “que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer”.

Además, otras leyes vigentes se refieren también expresamente al respeto del “derecho a la vida” y la “integridad física” de la “persona humana” “desde la concepción”. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley 24.004, de ejercicio de la enfermería –artículo 10, inciso b)–; la ley 24.301, de ejercicio de la profesión de licenciado en nutrición –artículo 11, inciso a)–; la ley 24.317, de ejercicio de la kinesiología y fisioterapia –artículo 10, inciso a)– y la ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad (artículo 14).

El proyecto, como se dijo, contradice abiertamente este sistema coherente de normas legales vigentes que reconocen un amplio nivel de goce y protección del derecho a la vida y a la integridad física de toda persona desde el momento mismo de la concepción, pero sin siquiera hacer referencia a ellas, modificarlas o derogarlas expresamente. Estas son apenas algunas de las disposiciones que demuestran como el proyecto resulta incoherente, asistemático y contradictorio con el ordenamiento argentino. Por eso no puede aprobarse.

 

  • El proyecto excluye a los padres, al admitir que una menor de 12 años o menos aborte acompañada por un referente afectivo y que una niña de 13 años pueda requerir por sí un aborto

El proyecto posibilita que una menor embarazada de 13 años o más pueda requerir un aborto sin la voluntad de sus padres, y aun contra esa voluntad, o con el concurso de alguien de la “familia ampliada”, sea política o comunal. A su vez, una niña de 12 o menos edad podría requerir el aborto contando con el consentimiento de alguien de la “familia ampliada”, como puede ser un referente afectivo.

En efecto, el proyecto remite al artículo 26 del Código Civil y Comercial, que da a los adolescentes la aptitud para decidir por sí sobre tratamientos médicos cuando tales tratamientos no son invasivos ni comprometen el estado de salud o provocan un riesgo grave en la vida o integridad física, a  la vez que debe prestar consentimiento con asistencia de sus progenitores en caso contrario.

Con respecto al aborto quirúrgico, dado que es invasivo, en principio no habría dudas de la necesidad del consentimiento de los padres. Sin embargo, tal como está redactado el proyecto, se permitiría que los padres sean ignorados aún ente estos casos de aborto, pues el consentimiento podría ser suplido por otros. Es que, con la remisión a la ley 26.061 y al artículo 7º de su decreto reglamentario 415/2006, también podrían acompañar a la adolescente a realizarse un aborto quirúrgico, sin que los padres se enteraran y estando en riesgo la vida de la adolescente: (i) las personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas de parentesco por consanguinidad o por afinidad (por ejemplo, padrastro o progenitor afín, suegra); (ii) otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente, vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo, asistencia y protección (por ejemplo, la maestra o alguna maestra significativa de la infancia, pero también el abusador puede presentarse como alguien con vínculos afectivos significativos) y (iii) los organismos del Estado y de la comunidad que presten asistencia a las niñas (por ejemplo, la escuela, el mismo hospital).

 

 

Por otro lado, si el aborto se produjere por medio de medicamentos (misoprostol y mifepristona  o solo misoprostol), la adolescente de 13 años o más podría abortar sin el concurso de sus padres, dado que podría considerarse un tratamiento no invasivo y que las autoridades sanitarias parecieran entenderlo como una práctica sin riesgos a la salud. Esto, como ya ha sido advertido por varios especialistas, es significativamente grave, dado que todo aborto implica graves riesgos a la salud de la mujer, pudiendo provocar diversas patologías y efectos colaterales serios en el útero, hemorragias, etcétera.

Por último, el proyecto tampoco asegura que una menor de 12 o menos edad no pueda abortar  sin el consentimiento de los padres. Ello ocurre también por la remisión efectuada al artículo 7º del decreto 415/2006, en el cual se considera como “familia ampliada”, además de los progenitores, a “personas vinculadas a los niños, niñas y adolescentes”, pudiendo incluir, además de abuelos y otros consanguíneos, a los parientes políticos y a “otros miembros de la comunidad que representen para la niña, niño o adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal como así también en su desarrollo”. Entre tales vínculos afectivos podría encontrarse quien es su abusador, perpetuándose el círculo de opresión y extrema vulnerabilidad.

Un problema similar ocurre con el artículo 10, relativo a las personas con capacidad restringida: la remisión al artículo 59 del CCyC termina habilitando a la figura del “allegado” a consentir el aborto. Eso es muy riesgoso e innecesario. El Código lo prevé para situaciones urgentes, donde debe actuarse con premura. No tiene sentido admitir que una persona con capacidad restringida integre su consentimiento con un allegado, lo que podría encubrir penosas situaciones de abuso.

 

  • El proyecto omite referencia alguna a los derechos del padre del ser concebido

El proyecto incurre en una clara omisión en cuanto a los derechos del padre del ser concebido. Para el proyecto pareciera que el progenitor es un ser inexistente, toda vez que no le da la más mínima participación en todo el proceso.

A pesar de que en el artículo 12, inciso b), del proyecto se prevé “un espacio de escucha y contención integral”, esa integralidad pareciera ser muy particular, dado que no tiene lugar alguno la opinión el padre. Pareciera que el proyecto entiende que el padre es un ser totalmente ajeno a la concepción y no tiene nada que decir al respecto.

Esto implica otra grave incongruencia con nuestro ordenamiento jurídico.

La paternidad no comienza con el nacimiento, como alguno ha sostenido. Entre la concepción y el nacimiento el padre puede reconocer sus hijos (artículo 572 CCyC) y puede ser demandado por paternidad, así como requerido por alimentos (artículo 665 CCyC). Su responsabilidad parental comienza con la concepción, como presunción matrimonial todo concebido se presume su hijo y los hijos concebidos antes de su muerte lo heredan (artículo 592 CCyC), siendo uno de los representantes naturales del no nacido (artículo 582 CCyC). Sin embargo, en el proyecto venido en revisión se lo excluye totalmente, siendo que tiene una voz importante en este tema y derechos que deben serle reconocidos.

 

  • El proyecto prevé un sistema de consejerías y de consentimiento informado que no contienen alternativas al aborto

El proyecto prevé un procedimiento de consentimiento informado (artículo 8º) y una consejería preaborto (artículo 12), pero en esas normas solo se subraya la información aséptica sobre las metodologías de aborto y que siempre se debe potenciar la “autonomía en la toma de decisiones” de la gestante. En distintos artículos puede verse que tal autonomía va siempre en sentido de facilitar y promover el aborto y no de fomentar el nacimiento con vida.

Por otra parte, en la norma sobre garantía de acceso a la práctica (artículo 14) se prohíbe dar cualquier consejo personal, ético o axiológico a la persona que pide abortar o alternativas reales al aborto (asistencia social, trabajo, asistencia psicológica, etcétera), en orden a salvar la vida del no nacido. Por el contrario, ese artículo 14 dispone que “el mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo”, el profesional interviniente “debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación”.

No se prevé nada con relación a adopción, asistencia social, apoyo psicológico a la maternidad, cobertura en situación de vulnerabilidad (artículo 75, inciso 23, Constitución Nacional), etcétera.

La información debe ser “objetiva”, estableciéndose que “[e]n ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as” (artículo 14). Es decir, ni los profesionales ni los miembros de las consejerías pueden dar ninguna

 

 

consideración “personal” o “ética”. ¿De qué pueden hablar? De lo que fomente la “autonomía” de la requirente. Es decir: no debe informar o aconsejar de nada que disuada a abortar.

Se obliga al profesional a hablar de ciertas cosas; se le censura hablar de otras. Si lo hace, puede ser incurso en el delito de dilación de aborto (artículo 2º del proyecto).

 

  1. Razones constitucionales sobre la libertad de conciencia
  • La admisión restrictiva del derecho a la objeción de conciencia

Vemos con seria preocupación las dificultades y restricciones al derecho a las objeciones de conciencia individual y colectiva introducidas por el proyecto.

La objeción de conciencia consiste en el derecho a no realizar acciones que afectan seriamente a la propia conciencia personal y, cuando se trata de personas morales (que, en definitiva, son una pluralidad de personas asociadas) en el derecho a no realizar acciones que están en contra del ideario fundacional. Este derecho ha sido reconocido en diversas ocasiones por la Corte Suprema de Justicia, en sentencias que van al menos desde 1979 a 2012.

El artículo 15 del proyecto venido en revisión establece un derecho a la objeción de conciencia restrictivo que, en la práctica, lleva a serias dificultades para su ejercicio, cuando no a su anulación en concreto. Así, se ponen trabas inadmisibles al ejercicio de este derecho.

Se establece en primer lugar el principio general de que el profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene “la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización” (artículo 15, primer párrafo). De esta manera, el proyecto coacciona a los médicos para que realicen el aborto, renunciando a los principios básicos de la medicina, que son los del juramento hipocrático y el arte de curar, no de matar. Más aún, se coacciona no solo a médicos, sino que, con total amplitud, se obliga a una gama enorme de profesionales que trabajan en la atención sanitaria.

El artículo 14, a su vez, obliga a que el mismo día en que se requiera el aborto el profesional debe informar a la madre los distintos métodos para abortar. Se violenta así no solo los deberes médicos para con la vida, sino también la libertad de expresión y de ejercicio médico.

En segundo término, el artículo 15 establece después que el profesional de la salud solo puede eximirse de esa obligación de abortar cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece, o en cada uno cuando trabaje en varios. En consecuencia, el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales se prevé de manera muy restrictiva. Actuar en conciencia es un derecho, que podría ejercerse directamente, sin inscripciones previas ni cargas que perjudiquen al objetor en su vida laboral.

En efecto, como tercera cortapisa el proyecto establece un registro de objetores en el hospital donde se objeta, el cual debe ser informado a las autoridades de salud, que tendrá a su vez un registro en el ministerio de la jurisdicción provincial –artículos 15 y 17, inciso c)–. De esta manera se viola el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia y a la intimidad del objetor, junto al derecho a trabajar y ejercer la profesión de manera igualitaria. Esto abre la puerta a un sistema de “listas negras” y probables discriminaciones laborales y sociales en virtud de las propias convicciones. Además, se viola el derecho a la intimidad y a la reserva de los datos personales, obligando a revelar las propias creencias y pensamientos (cfr. artículos 19 Constitución Nacional, 11 CADH, Ley de Protección de Datos Personales).

Debe observarse, como siguiente punto, que, al obligar a proveer al aborto a todo profesional requerido, se involucra a multitud de especialidades médicas y a otros profesionales de la salud y no solo a obstetras y tocoginecólogos: pediatras, clínicos, médicos de guardia, médicos de familia, etcétera. Ante requerimientos inesperados, profesionales que nunca lo pudieron prever estarían en riesgo de procesamiento penal por no haber hecho una objeción previa escrita.

En quinto lugar, el proyecto venido en revisión solo admite la objeción para el profesional que interviene “directamente” en la práctica del aborto (cfr. artículo 15, párrafos 1 y 2). Pero interviene todo un equipo, donde diversas personas participan de modo indirecto. Todas ellas merecen el derecho a objetar. Hacer un aborto o colaborar de alguna manera con su realización, para quien entiende que hacerlo es eliminar a un ser humano, son acciones sinónimas.

Además, como sexta restricción, se anula el derecho del objetor al impedirle negarse a realizar el aborto cuando “la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable” (artículo 15, párrafo 4). No queda claro qué podría significar en concreto esta atención médica “inmediata e impostergable”, con una ley que establece un plazo impostergable de 5 días en cualquier caso y abraza un concepto de salud difuso y casi ilimitado. De esta

 

 

manera, por ejemplo, si quien realiza los abortos en un hospital está ausente, se pone al resto de los profesionales, objetores, en riesgo próximo de cometer un delito o de violentar sus convicciones más profundas. Es inadmisible que, cuando un objetor declarado e inscripto se encuentre en esta situación, pueda incurrir, ante su negativa, en las sanciones penales de negativa y obstrucción de aborto.

Asimismo, como la causal “salud” es casi ilimitada a tenor de su definición por la OMS, que la ley adopta directamente en el artículo 18 e indirectamente en el artículo 7º, el peligro para la salud pasa a ser un terreno difuso, de perfiles muy amplios, violatorios del principio de legalidad, que habilitan denegar la objeción de conciencia y hacer correr al médico con la disyuntiva de realizar un acto que implica para él la destrucción de sus valores más precisados, de su autonomía moral, o hacer frente a sanciones penales, civiles y administrativas de perfiles indeterminados.

En séptimo lugar se encuentran la amenaza penal para todo lo anterior, más otras posibles responsabilidades administrativas y civiles. Es decir, un objetor podría encontrarse acusado de dilatar, obstaculizar o negar un aborto, mereciendo la cárcel. Sobre esto queremos volver en un acápite ulterior.

En conclusión, el proyecto parece no comprender qué implica la objeción de conciencia, donde la persona está dispuesta a padecer cárcel para no violar su recinto más sagrado de decisión como persona autónoma, provista de capacidad de determinación moral. Por el contrario, parece una mera concesión graciosa, una mera tolerancia, y no el reconocimiento de un derecho humano con sustento en la Constitución y en numerosas normas de tratados internacionales.

Estas limitaciones de la objeción de conciencia individual, junto a la prohibición de la objeción de conciencia colectiva que se verá en el siguiente apartado, vienen a poner en jaque a las libertades de pensamiento, de religión y de conciencia. Nadie puede ser sancionado por sus pensamientos ni obligado por la ley a realizar algo que ofende su voluntad, cuando de tal omisión no se deriva un daño directo para terceros no evitable por otros medios.

 

  • El proyecto crea delitos inéditos de dilación, obstrucción y negación de aborto para profesionales de salud y directivos

El proyecto venido en revisión introduce algo inédito y sumamente grave. Su artículo 2º establece modificaciones al Código Penal, buscando incorporar un nuevo artículo, el 85 bis. Esa norma quiere crear una nueva figura penal seria contra los profesionales de la salud y contra los directivos de establecimientos sanitarios, que contiene además una agravante que triplica el tiempo de prisión.

La figura básica consiste en dilatar injustificadamente, obstaculizar o negarse a practicar un aborto; se eleva la pena si en virtud de esas acciones se genera un “perjuicio” a la salud de la persona gestante.

En efecto, el propuesto artículo 85 bis prevé lo siguiente: “Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”.

Es decir, se crea un delito por la tentativa de salvar una vida, con verbos típicos que implican una vaguedad peligrosa para los profesionales involucrados, que violan el principio de legalidad penal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las interpretaciones que puedan dar lugar el verbo “dilatar” o la configuración de una “obstaculización” dejan a los profesionales y directivos a merced de las situaciones que puedan ocurrir, quiebran la confianza médico/paciente y generan un estado de angustia para el ejercicio de la profesión, cuando no directamente procesamientos y posibles condenas. No hay justificación alguna para que este “nuevo derecho” al aborto venga acompañado con sanciones penales ante la mera tentativa de no querer participar en él.

Si se considera, por ejemplo, que el artículo 14 prohíbe hacer consideraciones éticas a la paciente, esto podría significar que la libertad de consejo médico y de expresión sea considerada una obstrucción. Se podría dar lugar al procesamiento de un profesional, con riesgo de cárcel, o a la inhabilitación de médicos y enfermeras por hasta dos años por querer dialogar con la persona y pedirle que reflexione. ¿Un médico que ha resuelto respetar la vida humana prenatal y aún no lo haya comunicado, cometerá un delito al negarse a realizar un aborto de un bebé de 8 meses?

Pero hay más: como segundo párrafo del artículo 85 bis del Código Penal se prevé una figura agravada con penas de prisión que triplican la de la figura básica: “La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante”.

Podría ocurrir que se considere cometido este delito agravado si, en virtud de esas “acciones” de dilación, obstaculización, etcétera, resultare que la mujer no haya podido acceder al aborto y se entienda

 

 

que esto le ha traído algún perjuicio a su salud psíquica o social (entendida la salud muy ampliamente, como hace la OMS). En este contexto, ¿qué pueden implicar unas acciones que habrían generado un mero perjuicio a la salud? Toda persona requirente que quisiera un aborto podría entender que encontró “dilaciones, obstrucciones o negativas” que le provocaron una afectación a su salud psíquica o social, activándose la figura agravada y sus consecuentes penas hasta tres años de cárcel.

Por otro lado, estas figuras penales podrían ver cancelada la posibilidad de la suspensión del juicio a prueba (probation, artículos 76 bis y ss., Código Penal), puesto que la letra misma del Código Penal, que dispone: a) que esta posibilidad no esté disponible para el médico u otro profesional de hospital público, considerado como “funcionario público”; b) además, en la figura básica no procedería la probation para ningún profesional de la salud, pues se encuentra en principio vedada para los delitos que llevan pena de inhabilitación, como ocurre en este caso. Sorprende que la figura agravada no tiene inhabilitación, que sí posee la figura básica, y en este caso procedería la probation. Esto significa que, de acuerdo al criterio del tribunal interviniente, un médico u otro profesional podría tener que enfrentar en todos los casos un proceso penal hasta su conclusión, con perspectiva de condena.

Debe tenerse en cuenta, además, que una posible sentencia represiva podría ser de condena de ejecución condicional (artículos 26 bis y ss. del Código Penal). Pero en estos casos la pena puede ser de prisión efectiva, si se comete un nuevo “delito” de negarse a abortar, así como cualquier otro ilícito penal. Esto es especialmente grave en estos casos, dado que la naturaleza repetitiva de la actividad sanitaria y los amplios derechos que quiere consagrar este proyecto, pueden llevar a que la reiteración de causas en contra de una misma persona no parezca algo especulativo, sino una eventualidad probable.

Más allá de la prisión concreta, es también seria la pena de inhabilitación para ejercer el arte de curar, pues saca a una persona de su vida laboral, en un ámbito donde no sobran profesionales en el país, quitándole no solo la posibilidad de ejercer su vocación de curar, sino también su sustento y el de su familia.

Por otra parte, la sucesión de procesos penales es angustiosa para cualquiera y es además muy costosa para el profesional de la salud, que habitualmente no tendrá recursos para financiar una o sucesivas defensas técnicas penales.

Estas nuevas figuras penales son inconstitucionales e irrazonables por muchos motivos. Por ejemplo, establecen tipos penales amplísimos, toda vez que las acciones de dilatar u obstaculizar pueden ser interpretadas de mil maneras, violando el principio de legalidad del artículo 18 Constitución Nacional, según se ha dicho. Se violenta el derecho a trabajar, a ejercer industria lícita, a asociarse, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de expresión, etcétera, reconocidos en múltiples normas de rango constitucional.

En cuanto a la técnica de legislación penal, resulta paradójico que se busque insertar en el capítulo de los delitos contra la vida del Código Penal a figuras nuevas que precisamente consisten en impedir una muerte o permitir que alguien nazca vivo; asimismo, desde la técnica penal, sorprende que el propuesto artículo 86, previsto en el artículo 3º del proyecto, no contenga un delito, sino una declaración de no delito.

Al crearse esas obligaciones de los médicos y otros profesionales y directivos, junto a las nuevas figuras delictivas, se abre la puerta a responsabilidades civiles y administrativas de los médicos y otros profesionales por no realizar el aborto o por haber dilatado el procedimiento o procurado disuadir a la interesada.

Además, el artículo 13 del proyecto, relativo a las obligaciones de las instituciones de salud, remite a los artículos 40 de la ley 17.132, sobre ejercicio de la medicina, y 21 de la ley 26.529, sobre derechos de los pacientes, que prevén responsabilidades administrativas y acciones civiles de daños y perjuicios para los directivos por no dar una prestación.

Por otra parte, si hay un derecho subjetivo a exigir el aborto, los médicos podrían ser acusados de cometer otros delitos más graves que puedan hurgarse en el Código Penal. Serían además pasibles de acciones de responsabilidad civil por no haber practicado un aborto o no haber alertado de una malformación. Podrían además ser sancionados con inhabilitación de la matrícula por hasta cinco años por el hecho de haberse negado a hacer abortos (artículos 13 y 15 del proyecto, en posible concordancia con el artículo 21 de la ley 26.529, y el título VIII, sobre sanciones, de la ley 17.132; para esto ver epígrafe siguiente). Todas estas posibles responsabilidades son injustas e irrazonables.

En conclusión, luego de anunciar que nadie quiere el aborto, la dinámica del artículo 5º del proyecto, que enuncia que el objetivo directo de la ley es garantizar la práctica de la interrupción del embarazo, se crea un sistema en donde por todos los medios se trata de facilitarlo y de reprimir a aquellos que no están de acuerdo en eliminar vidas humanas.

 

 

  • El proyecto obliga a todo establecimiento de salud y prohíbe la objeción de las instituciones en virtud de su ideario

El proyecto venido en revisión obliga a todo centro asistencial: “Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la presente ley” (artículo 13, ab initio). No se discrimina especialidad, circunscripción, experiencia y especialización, si es público o privado, etcétera. El aborto sería así la única prestación en el ámbito sanitario absolutamente obligatoria para cualquier prestador de salud. Esto no parece razonable, adecuado, necesario ni proporcionado y va a generar en la práctica muchos inconvenientes. Son los resultados de un proyecto que ha puesto todo el afán en garantizar la práctica del aborto y que no ha medido los efectos colaterales de cada disposición.

Por otro lado, el proyecto venido en revisión manifiesta taxativamente que “queda prohibida la objeción de conciencia e ideario institucional” (artículo 15, in fine).

La objeción de ideario de las instituciones privadas ya había sido contemplada en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en su artículo 10. Se plantea ahora un gravísimo retroceso, exigiendo a las instituciones ir en contra de los principios fundacionales.

El ser humano precisa de otros, a todo nivel. Por eso, los derechos constitucionales que poseen las personas individuales se transmiten a las entidades que ellas conforman cuando, ejerciendo el derecho a asociarse con fines útiles, se reúnen para realizar mediante esas personas jurídicas tareas comprendidas dentro de aquellos derechos. Entre estos fines comunes que lleva a asociarse y a crear instituciones están, hoy en día, las tareas de asistencia sanitarias, que, por su sofisticación y costos, serían en muchos casos imposibles sin la mancomunidad de profesionales que se unen, formando clínicas y hospitales, para dar un servicio de calidad y de equipo al servicio de la población.

La prohibición que contiene el proyecto afecta gravemente la libertad de muchos establecimientos de salud, de actuar y curar de acuerdo a sus convicciones fundacionales o criterios éticos o religiosos plasmados en un ideario y en una misión institucional. Queda así seriamente comprometido el ejercicio pleno de las libertades de asociación, de trabajar, de ejercer la profesión, de pensamiento, de religión, de conciencia, entre otras.

Estos derechos están en la Constitución y los tratados de derechos humanos. En efecto, la “objeción de conciencia institucional”, sintagma que ayuda a su fácil conceptualización, o, más técnicamente, la objeción de ideario de las instituciones tiene un claro basamento en la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía suprema, en normas que incluyen el Preámbulo y los artículos 2º, 14, 14 bis, 16, 17, 19, 20, 28, 29 y 33 de la Constitución Nacional; los artículos II, III, XIV, XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; los artículos 2.1, 7, 18, 20.1 y 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 18.1, 19, 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 6, 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y los artículos 12.1, 16.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este derecho se encuentra protegido en diversos ejemplos del derecho comparado. Así, en Estados Unidos las leyes de más de cuarenta estados reconocen el derecho a la objeción de conciencia de las instituciones de salud para oponerse a realizar abortos. Normas similares pueden encontrarse en Francia o Uruguay. La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció el derecho a la objeción de personas jurídicas en materia de aborto y salud sexual en el fallo “Hobby Lobby: Burwell, Secretary of Health and Human Services vs. Hobby Lobby Stores”, Inc., 573 U. S. (2014). Recientemente, el 26 de junio de 2018, el tribunal ha refrendado esto de manera muy específica, apoyando una aplicación de la objeción institucional por ideario en el caso “National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra, Attorney General of California”, 585 U. S. (2018), sosteniendo que, por respeto a las convicciones institucionales de asociaciones privadas, el estado de California no puede obligar a clínicas e instituciones de salud que poseen un ideario provida a dar siquiera información relativa a la realización de abortos. La Corte concluyó que una ley que obligue a los centros de atención para embarazadas en crisis a notificar a esas mujeres que el estado ofrece abortos gratuitos o a bajo costo, cercena gravemente su derecho a la libertad de expresión y es inconstitucional al obligarlos a ir contra el propósito principal de su creación, cual es el de ofrecer alternativas fuera del aborto. Lo mismo ha ocurrido en Chile, receptando la objeción de conciencia de las instituciones de salud en materia de aborto mediante la sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de agosto de 2017.

Por el contrario, si se consagrara la norma que establece el proyecto venido en revisión, debe subrayarse que, de la mano de esa prohibición de objeción a realizar abortos en virtud del ideario institucional, encubiertamente se encuentran las sanciones de clausura temporal o definitiva del establecimiento de salud privado, por el hecho de haberse negado a hacer abortos. Esto ocurre puesto que

 

 

el artículo 13 del proyecto remite al artículo 21 de la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud; tal norma, a su vez, remite al título VIII, “Sanciones”, de la ley 17.132, de reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración entre ellas, que contiene sanciones de clausura temporal y definitiva de los establecimientos, e inhabilitaciones de hasta cinco años para los profesionales.

El Estado no puede sancionar, y menos llegar a clausurar, a centros de salud privados que se opongan a terminar con vidas humanas en virtud de sus ideales fundacionales. Esto violentaría de manera palmaria los derechos a asociarse, a la libertad de pensamiento, de religión y de conciencia, de trabajo, etcétera, y no puede tolerarse.

Además, el proyecto impone a toda obra social o cobertura la prestación del aborto quirúrgico o por medio de medicamentos, incluyendo el aborto en sí mismo y todo lo adyacente:  diagnósticos, etcétera, en el Plan Médico Obligatorio. Todos sus afiliados pasarán ahora a financiar abortos, incluso aquellos que rechazan moralmente dicha práctica. Queda además la duda de si sería aplicable el artículo 2º y delitos que pretende crear, si los directivos de esas obras sociales se demoraran en dar la cobertura.

 

  1. Razones constitucionales basadas en el sistema federal

El artículo 23 del proyecto, al establecer que “las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”, consuma un claro avasallamiento a las autonomías provinciales. Esto ocurre dado que, sin requerir adhesión o consentimiento, se pretende imponer programas sanitarios, con obligaciones de prestación y financiamiento, en una facultad no delegada con exclusividad a la Nación.

Vemos con preocupación, en este sentido, que el proyecto en revisión impacta directamente en las autonomías provinciales, poniendo en crisis nuestro sistema federal y sentando un precedente peligroso para un eventual camino de debilitamiento de las jurisdicciones locales. Como se verá, esto implica además dejar de lado la práctica constitucional en materia sanitaria que este Congreso de la Nación ha instaurado con el dictado de más de 35 leyes en los últimos 25 años, de las cuales al menos 24 son de los últimos 10 años y siendo la última de hace apenas unas semanas, la famosa “Ley Justina”.

Por otra parte, el avasallamiento de las autonomías provinciales se presenta aún más intenso, si se tiene en cuenta que el objeto del proyecto colisiona en forma directa con disposiciones constitucionales de 13 provincias que han incorporado, expresamente, en sus Cartas Magnas la protección del derecho a la vida desde la concepción.

 

  • El proyecto viola el sistema constitucional de distribución de competencias en materia de salud, que veda las imposiciones a las provincias sin su consentimiento y sin transferencia de fondos

La forma de gobierno federal adoptada por nuestros constituyentes (cfr. artículos 1º, 5º y 121 y ss. de la Constitución Nacional) conlleva un atento reparto de competencias entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, en el articulado constitucional encontramos competencias exclusivas de las Nación (v.gr., artículo 75, inciso 1, y 126 de la Constitución Nacional), competencias exclusivas de las provincias (v.gr., artículo 123 de la Constitución Nacional), competencias compartidas (v.gr., artículos 41 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional) y competencias concurrentes. En estas últimas, la Nación y provincias pueden regular en lo que a cada una respecta, por ejemplo, temas de derecho administrativo, en las que la Nación regula sus procedimientos y las provincias regulan los suyos, o el caso de los impuestos indirectos (artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional).

Ahora bien, como punto de partida para determinar la naturaleza de una competencia, la regla básica del federalismo establece que las provincias conservan todo el poder no delegado al gobierno federal (artículo 121 de la Constitución Nacional) siendo sus competencias, en principio, indefinidas.

Como ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “De acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (artículo 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (artículo 75) (Fallos: 304:1186; 312:1437; 329:976; 332:66, entre muchos otros). Ello implica que las provincias pueden dictar las leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las prohibiciones enumeradas en el artículo 126 de la Carta Magna, y la razonabilidad, que es requisito de todo acto legítimo (Fallos: 7:373; 289:238; 320:89; 619; 322:2331 y 330:3098, disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni)” (CSJN, 27/10/2015, Fallos 338:1110, voto concurrente del doctor Lorenzetti, considerando 10).

 

 

En lo que aquí interesa, debe señalarse que la regulación en materia de salud no ha sido delegada con exclusividad al Congreso Nacional y, por tanto, las provincias conservan su autonomía regulatoria.

La Corte Suprema de Justicia en el fallo antes mencionado también sostuvo, citando el Diario de Sesiones del Senado, que “es muy importante que se reconozca que la policía de salubridad constituye una facultad provincial o municipal” (ibídem, voto de la mayoría, considerando 22).

No obstante, el Estado nacional también cuenta con facultades en la materia a través de las llamadas “cláusulas de progreso” (ver artículos 75, incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional) y de la incorporación de instrumentos internacionales que consagran el derecho a la salud y le imponen la obligación de garantizarlo (cfr. artículo 75, incisos 22 y 23, Constitución Nacional). Sobre este segundo punto es importante aclarar que las obligaciones que comprometen internacionalmente al Estado nacional no modifican el esquema federal de distribución de competencias entre la Nación y las provincias, que sigue siendo un tema de organización interna de cada país.

Por lo anterior, la materia de salud es una atribución provincial (“poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad”) que no ha sido delegada con exclusividad a la Nación en la Constitución. Por ello, los temas de salud no pueden ser privativos de la Nación, sino que son responsabilidad primaria de las provincias. Cualquier determinación que haga la Nación que implique obligaciones para las provincias debe contar con la anuencia y adhesión de las provincias. Lo mismo cabe decir respecto a las obligaciones que quepan al Estado nacional según los tratados internacionales vigentes: el Estado nacional es el sujeto obligado internacionalmente y el garante de que los derechos allí contenidos sean respetados, pero esta condición no abole el sistema federal argentino, dándole al gobierno central la posibilidad de imponer obligaciones a las provincias dentro de los ámbitos de sus competencias.

Lamentablemente, de manera inconstitucional, el proyecto pretende regular materias de salud como si fuera una competencia exclusiva de la Nación, sin participación alguna de las provincias. Como representantes de las provincias, no podemos permitir esto.

Téngase presente que la enorme mayoría de los temas tratados por el proyecto, a excepción de la reforma al Código Penal, han sido declarados de materia local de las provincias por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 335:197. Esto encuentra apoyo en materias como “salud sexual y procreación responsable”, por la ley 25.673; la contracepción quirúrgica, por la ley 26.130, que invitan a adherir a las legislaturas provinciales, con apoyo en varios precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el proyecto, en los hechos, pretende imponer a las provincias la obligación de realizar y costear con fondos provinciales un “programa de salud” centrado en el aborto, enteramente diseñado y planeado por la Nación sin intervención de las jurisdicciones locales y sin estimación de costos y recursos. Se ha generado así un proyecto enteramente irresponsable y avasallador de las autonomías y realidades provinciales.

En síntesis, si se aprobara el proyecto, se aceptaría que la Nación le ordenara a una provincia, en una facultad concurrente, lo que debe hacer, trocándose nuestro federalismo por un sistema unitario.

 

  • El proyecto abandona la práctica constitucional en el dictado de leyes con contenido sanitario de invitar a las provincias a adherirse

El esquema de distribución de competencias que se ha descripto anteriormente ha dado lugar, sobre todo en los últimos años, al llamado “federalismo de concertación”. Se trata de una coordinación consensuada del ejercicio del poder entre la Nación y las provincias que ha sido receptada en la Constitución en materias como la coparticipación federal y que ha tenido especial aplicación en materia de salud.

Cuando la Nación considera conveniente que las provincias implementen determinado programa o den una prestación, jamás lo impone, sino que, respetando la autonomía provincial, invita a la adhesión.

Son muchísimos los precedentes en donde se ha respetado este criterio, siendo las provincias libres de adherir o no; en este segundo caso no les es exigible ninguna acción. De hecho, hace pocos días este Congreso Nacional siguió su criterio en la denominada “Ley Justina”, sobre trasplantes de órganos (ley 27.447).

El mismo temperamento puede observarse en las leyes 24.417, de protección contra la violencia familiar (“Art. 9º: Invítase a las provincias a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en la presente”); 24.742, de creación de comités de ética en los hospitales (“Art. 7º: Invítase a las provincias a adherir al régimen de la presente”) y en textos y formulaciones similares en las leyes 25.392, de registro nacional de donantes de células hematopoyéticas” (artículo 6º); 25.404, de protección de personas que padecen epilepsia (artículo 12).; 25.421, de asistencia primaria de salud mental (artículo 7º); 25.501, de prevención de enfermedades cardiovasculares (artículo 7º); 25.649, de promoción de la utilización de

 

 

medicamentos por su nombre genérico; obligación de expresar en recetas o prescripciones médicas el nombre genérico del medicamento o denominación común internacional (artículo 12); 25.689, de cupos en administración pública para personas con discapacidad (artículo 3º); 26.529, de salud pública, derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de salud (artículo 22); 26.396, de trastornos alimentarios (artículo 16); 26.588, de protección de celíacos (artículo 16); 26.687, de regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco (artículo 39); ley 26.688, de declaración de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos (artículo 13); ley 26.689, de promoción del cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes (artículo 8º); 26.816, de protección integral de los discapacitados (art 38); ley 26.872, de patología mamaria; cirugía reconstructiva; cobertura (artículo 2º); 26.906, de investigación, producción, denominación y trazabilidad de medicamentos (artículo 24); 26.928, del sistema de protección integral para personas trasplantadas (artículo 13); 27.043, de trastornos del espectro autista (artículo 6º); ley 27.113, por la que se declara de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública (artículo 17); 27.130, de detección y atención de personas suicidas (artículo 19);

27.142 (artículo 7º), 27.114 (artículo 10) y 26.095 (artículo 11) sobre temas de alimentación (sodio, estevia, etcétera); 27.197, de lucha contra el sedentarismo (artículo 12); 27.234, de protección contra la violencia familiar y de género (artículo 5º); 27.447, de trasplante de órganos (artículo 73), entre otras.

En todos estos casos cada provincia, de manera independiente, puede resolver adherir o no, con un absoluto respeto del sistema federal, sin ser obligada a realizar ninguna prestación porque el Congreso Nacional así lo decida.

Sin embargo, con el proyecto se enerva todo el camino construido en cuanto a concertación federal en el sistema de salud, en una clara conculcación a las autonomías provinciales.

 

  1. El proyecto avasalla a las provincias que expresamente han reconocido en sus constituciones la protección del derecho a la vida desde la concepción

El proyecto también afrenta a las autonomías provinciales al colisionar en forma directa e injustificable con disposiciones constitucionales de 13 provincias que han incorporado expresamente en sus Cartas Magnas la protección del derecho a la vida desde la concepción.

En este sentido, como Senadores de la Nación, en un país federal como es el nuestro, no podemos dejar de alertar sobre la intromisión de una ley nacional violando las constituciones provinciales, muchas de ellas con expresa protección al derecho a la vida desde la concepción. Podemos mencionar las constituciones de provincia de Buenos Aires (artículo 12), provincia de Catamarca (artículo 65), provincia de Chaco (art 15), provincia del Chubut (art 18), provincia de Córdoba (art 4 y 19), provincia de Formosa (artículo 5), provincia de Salta (artículo 10), provincia de San Luis (art 13 y 49), provincia de Santiago del Estero (art 16), provincia de Tierra del Fuego (artículo 14), provincia de Tucumán (artículo 146).

Es sabido que la Constitución Nacional no exige que las constituciones provinciales sean idénticas a ella, o entre sí, toda vez que “la constitución de una provincia es el código en que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el derecho natural que la comunidad social posee para gobernarse, a toda la suma originaria de soberanía inherente, no cedida para los propósitos más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del código de derechos y poderes de esta, cabe la más grande variedad, toda la que pueda nacer de la diversidad de caracteres físicos, sociales e históricos de cada región o provincia o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivos”35.

Todo ello nos obliga como representantes de las provincias argentinas a velar por la voluntad de la ley máxima de nuestros pueblos. En este sentido, el proyecto avasalla las autonomías provinciales pues trastoca sistemas normativos de protección de derechos de las personas por nacer que, con total libertad, han sido reconocidos por las constituciones provinciales de acuerdo a las condiciones, valores e idiosincrasia propia de cada jurisdicción, lo cual es perfectamente acorde al sistema constitucional federal (artículos 1º, 5º y 121 y ss. de la Constitución Nacional). Impone a las provincias, en una materia de competencia concurrente, la prevalencia de un criterio federal sobre uno provincial en un tema absolutamente regulable por la jurisdicción local, configurándose un injustificable desconocimiento de la autonomía provincial: la Nación no puede bajo ningún punto de vista imponer a una provincia  la adopción de una determinada política pública (y a su costo, como lo hacen los artículos 16 y 23 del proyecto), menos aun cuando ella se encuentra en franca contradicción con su sistema constitucional de derechos.

35 González, Joaquín V., Manual de la Constitución Argentina (1853-1860), actualizado por Humberto Quiroga Lavié, La ley, Bs. As., 2001, p. 634.

 

 

En síntesis, de aprobarse el proyecto se estaría imponiendo a las provincias, en una materia de competencia concurrente, la prevalencia de un criterio federal sobre uno provincial en un tema regulable por la jurisdicción local, configurándose un nuevo e injustificable abuso a la autonomía provincial. La Nación no puede exigirle a una provincia la adopción de una determinada política pública que se encuentra en franca contradicción con su sistema constitucional de derechos.

 

7.4. Conclusión: el proyecto viola el sistema federal de competencias en materia de salud

La Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias argentinas tienen autoridad constitucional para legislar en materia sanitaria. Si la Nación legisla, no puede ordenar su ejecución y financiación a las provincias, sino que debe invitar a adherir. Si la Nación legisla en este tipo de materias de facultades concurrentes, como la salud, y quiere que algo suceda, deberá proveer a ejecutar los temas con sus propias instituciones y a financiar los costos de lo que resuelva.

Por otra parte, la Nación no puede exigirles a las provincias que contravengan sus propias instituciones en materias que conforma su plexo constitucional de derechos.

Lamentablemente, el proyecto avanza sobre todas estas esferas de la autonomía provincial, erigiéndose en un precedente desintegrador del federalismo argentino. En consecuencia, todo lo anterior hace que el proyecto en revisión enfrente en este punto otro claro e insalvable conflicto con nuestra normativa constitucional.

 

  1. Conclusiones

El análisis que hemos podido efectuar en las páginas anteriores, que culmina una intensa ronda de jornadas de debate en el plenario de comisiones, nos lleva a la conclusión de que el proyecto en revisión, como ha sostenido la Academia Nacional de Medicina, viola la dignidad intrínseca e inherente al ser humano, que es tal desde la concepción, y, como han declarado la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, de esa manera conculca diversos derechos fundamentales que de ella se derivan, como la vida y la integridad física, y, correlacionado con lo anterior, se constatan violaciones a otros derechos, como la libertad de expresión, la libertad de ejercicio profesional, la libertad de asociación, de pensamiento, conciencia y religión, la libertad ambulatoria, entre otros.

En definitiva, el proyecto promueve una clara relativización del derecho a la vida y del derecho a la personalidad jurídica, junto al interés superior del niño, supeditándolos a etapas, procesos y en definitiva al arbitrio de la voluntad de otro: la madre, a quien se dota del poder de tomar la decisión ad libitum o en función de causas extremadamente amplias y flexibles que terminan desvirtuando la excepcionalidad de excusas absolutorias que contiene el actual marco normativo en los términos de la legislación penal vigente.

En efecto, y contrariamente a lo que se ha sostenido en el plenario de comisiones, el proyecto en revisión no trata de una ley que se limita a quitar la pena (no la tipicidad o la antijuridicidad) a la mujer que realiza un aborto bajo circunstancias ciertamente dramáticas o en las que carece de un ejercicio pleno de su libertad, sino que establece un derecho absoluto de la persona gestante a terminar con la vida del niño no nacido mediante la interrupción voluntaria del embarazo, hasta la semana 14 del proceso gestacional y, además, para un amplio espectro de casos, en cualquier momento antes del nacimiento. De tal modo, el proyecto establece garantías variadas para un derecho que no existe, estableciendo el derecho al aborto como un derecho superior o preferido, como un derecho supraconstitucional con características que no posee ningún otro derecho fundamental en nuestro sistema.

Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto de ley que al final no brinda soluciones reales a los problemas que está atravesando una mujer en situación de embarazo no intencional o inesperado, se cierra a las variadas alternativas al drama del aborto y termina promoviendo tal práctica, no solo por la cantidad de medios y obligaciones que establece para asegurar que la práctica abortiva se realice (incluidos tipos penales para los profesionales de la salud) y que se deba hacer inmediatamente, sino también porque únicamente incluye medidas que conducen a garantizar la realización del aborto en un tiempo récord, eliminando y descartando cualquier alternativa posible que pudiera existir para proteger y salvar las dos vidas: la de la madre o persona gestante y la del niño por nacer.

Además, las disposiciones del proyecto son contrarias a la integridad y sistematicidad de nuestro orden jurídico y carecen de la razonabilidad que debe caracterizar a cualquier ley nacional que pueda válidamente sancionar este Honorable Congreso.

En consecuencia, por todas las razones expuestas, ratificamos nuestra postura con respecto al proyecto venido en revisión, que no puede ser otra que la del rechazo.

 

 

Con relación a nuestra posición sobre el tema de fondo, la problemática de la madre y el embarazo no deseado nos interpela y nos insta a trabajar en la búsqueda de respuestas reales ante las diversas situaciones que enfrenta la mujer con un embarazo no intencional, para lo cual en este acto nos comprometemos.

Es por ello, y por todas las razones expuestas anteriormente, que hemos asumido el compromiso político, sea cual fuere el resultado del tratamiento del proyecto en el recinto, de presentar iniciativas legislativas para poder lograr una ley que finalmente cumpla con el mandato constitucional de dar una protección integral del niño desde el embarazo y de la madre durante ese período. Erigir el aborto en un pretendido derecho no solo es inconstitucional, sino que, como se dijo, no es una verdadera solución al problema que golpea las puertas del Congreso. La búsqueda de esa solución, como se expuso, debe estar en la sanción de normas que instrumenten políticas públicas ordenadas a reducir la pobreza y la desigualdad, generar inclusión social, mejorar el sistema de salud, promover la educación sexual integral, prevenir los embarazos no deseados y brindar asistencia integral a las mujeres embarazadas, particularmente a aquellas en situación de vulnerabilidad, así como también a los niños por nacer, cuyo interés superior siempre debe ser prevalente. Son esas, entre muchas otras políticas públicas, las que este Congreso debe instrumentar a fin de proteger a la mujer y al niño por nacer a fin de salvar las dos vidas.

 

 

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK

 

Señora presidente:

 

Quiero resaltar algunas observaciones respecto del tratamiento que se le ha dado al proyecto de ley sobre legalización del aborto, que preocupan a este senador:

  1. En primer lugar quiero destacar, el tratamiento espasmódico que tuvo el proyecto de ley en el ámbito de la Cámara de Diputados, generando una división transversal tanto dentro como fuera del ámbito
  2. Que, más allá de que mi postura ha sido siempre la de rechazar el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, en aras de que aquello no sucediera en el ámbito de este H. Senado y de buscar consenso, inmediatamente de haber ingresado la media sanción de la Cámara de Diputados, este senador y su equipo preparamos un proyecto alternativo con modificaciones que armonizaban los derechos constitucionales involucrados en el proyecto de ley y que recogía las demandas de ambos sectores de la sociedad enfrentados por el

Como primera medida, se reformaron sus artículos 5º y 6º del siguiente modo:

Artículo 5º: Objeto. Esta ley tiene por objeto armonizar los derechos que la Constitución Nacional garantiza a las personas gestantes, a los niños en gestación, a los progenitores de estos, a los profesionales de la medicina y a las instituciones de salud, priorizando la continuidad del embarazo y estableciendo el acceso a su interrupción voluntaria como última ratio, de conformidad con las disposiciones de la misma.

Artículo 6º: Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal,  la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. Procura dar a cada norma constitucional el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto, para evitar que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí. En ejercicio de estos derechos, y priorizando siempre la continuidad del embarazo, se establece que toda persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo solo en los casos, circunstancias y requisitos establecidos en la presente ley.

En ese sentido, se modificó su artículo 12 con el objeto de que la consejería tuviera como fin intentar que la persona gestante desistiera voluntariamente de su decisión de abortar. Y para ello el proyecto ponía a su disposición todo el apoyo asistencial que le permitiera seguir adelante e incluso se modificaba la ley de adopción creando un sistema sumario para que ella pudiera disponer al hijo en adopción una vez nacido y decidir a quién dárselo.

También se revertía la forma de objeción de conciencia y se amparaba la objeción institucional.

  1. Que con dicho objeto buscamos el apoyo de los senadores y quienes estaban en favor de la aprobación de la media sanción venida en revisión de Diputados se negaron rotundamente a introducirle a ella cualquier modificación, manteniéndose en su aprobación
  2. Que en este H. Senado también se cometió la imprudencia de tratar este tema tan delicado sin respetar debidamente las solemnidades y los tiempos que él

 

 

  1. Que tan así fue que, finalmente, los mismos senadores que inicialmente se oponían a la introducción de cualquier cambio al proyecto venido de Diputados terminaron forzando a último momento la firma de un dictamen con cambios simbólicos, al solo efecto de sacar despacho para esta sesión por razones
  2. Por último, en esta misma sesión, dos senadores han recurrido al artículo 166 del reglamento, reservando dos proyectos para que se los considere en caso de rechazo de la media sanción de Diputados y en virtud de su artículo 167, lo que importa otro acto espasmódico, sin respetar debidamente las solemnidades y los tiempos que el tratamiento serio de esta cuestión, tan importante para nuestra sociedad,

Con esto quiero llamar a la reflexión de este H. Cuerpo para no repetirlo en adelante con ningún proyecto de ley y, menos aún, cuando se trate un tema tan delicado e importante como el de esta sesión.

 

 

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BRIZUELA Y DORIA

 

Señora presidente:

 

Quiero comenzar agradeciendo, en primer lugar, al pueblo de La Rioja. A los miles de argentinos movilizados en las calles, de punta a punta de la Argentina, manifestándose a favor de la vida. Ellos nos dieron la fuerza y aliento. A los cientos de profesionales, expertos en distintas materias, conocidos y anónimos, que dedicaron horas de estudio y trabajo desinteresado a favor de ésta causa. A los miles de argentinos que nos hicieron llegar su mensaje de aliento. A esa mayoría silenciosa y respetuosa que, de Norte a Sur y de Este a Oeste del país, nos hizo sentir el amor por la vida. Al equipo de lujo que conformamos senadores de distintos partidos, asesores y personal de este Senado, unidos por el mismo hilo conductor. Un especial agradecimiento a los Radicales por la Vida: diputados, senadores, dirigentes y militantes mayores y de la juventud que nos hacen saber que se sienten representados. Y un especial agradecimiento a la Juventud Radical de La Rioja por el apoyo y el respeto en las diferencias.

Discutimos hoy un tema muy difícil, muy sensible para la sociedad, e intentaremos hacerlo con profundo respeto por los que piensan distinto: el drama del aborto y el aborto clandestino como causa de muerte materna. Mi convicción sobre mis propios valores viene unida al hecho de saber que existen otros, distintos e igualmente respetables.

El aborto es un drama, una tragedia que nos interpela. Desnuda, por un lado, la ausencia del Estado y el fracaso de políticas públicas de educación, prevención y contención. Por otro lado, la indiferencia de gran parte de la sociedad, que le ha dado la espalda a la mujer en situación de vulnerabilidad, muchas veces violentada, abandonada y maltratada.

Intentaré, a través de mi exposición, romper esa falsa disyuntiva en la que pretenden colocarnos, respecto de que es incompatible defender a la mujer y, al mismo tiempo, defender el derecho a la vida del niño por nacer.

Como dice Cristina Miguens: se puede ser feminista y estar en contra del aborto.

Mi exposición se centra en 3 cuestiones: 1) La cuestión constitucional. 2) La eficacia de la media sanción como herramienta para resolver el drama del aborto. 3) La razón de mi voto.

 

  • La cuestión constitucional

Si existe una cuestión en la que han coincidido todos –o, al menos, la mayoría– los expositores que escuchamos en las largas jornadas del plenario, es en el hecho de que hay vida desde el momento de la concepción.

Debemos partir entonces del análisis jurídico del derecho a la vida para saber de qué manera está receptado en nuestro sistema legal, constitucional y convencional y, a partir de ello, determinar cuándo comienza la protección de ese derecho y la constitucionalidad del proyecto en revisión.

Nuestra ley de fondo, Código Civil y Comercial, en su libro primero, bajo el título I, “Persona humana”; capítulo I, “Comienzo de la existencia”, establece con absoluta claridad en su artículo 19 que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

Aun cuando hemos escuchado a algunos juristas intentar cambiar el sentido de las palabras allí contenidas, contando supuestos trasfondos de la elaboración de la norma, la letra de la ley es por demás clara y contundente y, como sostuvo la doctora María Angélica Gelli: “Nos guste o no, para nuestro derecho la existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

 

 

En nuestro sistema no existen “categorías” de persona humana. Es persona o es cosa. O se es persona o no se es. Por aplicación del principio lógico de no contradicción, nadie puede ser humano y no serlo al mismo tiempo.

En consecuencia, el “carácter” de persona se adquiere, como reza nuestra ley civil, desde el momento de la concepción, que es el momento de inicio de su existencia o, en otras palabras, de su vida.

Tradicionalmente, la jurisprudencia de la CSJN ha enmarcado el derecho a la vida en el artículo 33 de la Constitución Nacional, dentro de los derechos implícitos. Y es que el derecho intrínseco a la vida es anterior a la ley y al Estado. Es propio de la persona humana: sin vida no hay libertad ni igualdad ni ningún otro derecho posible.

La reforma constitucional de 1994 trajo consigo un mandato expreso para este Congreso de la Nación: dictar una norma protectoria para los niños no nacidos y para la mujer embarazada. Así, el artículo 75, inciso 23, contiene la manda (todavía incumplida) de dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

Nótese, señora presidenta, el claro sentido tuitivo de la norma, que en su primer párrafo se refiere, justamente, a los grupos más vulnerables: niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad y, luego, en el segundo párrafo, de manera contundente, reconoce dos sujetos distintos y diferenciados: el niño por nacer y la mujer embarazada. Podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que defender las dos vidas es un claro mandato constitucional.

No es aceptable, ni lógica ni jurídicamente, que se le reconozca al niño por nacer como titular de un derecho de protección especial e integral en materia de seguridad social, desde el embarazo, pero negarle al mismo tiempo su existencia y su carácter de titular del derecho a la vida.

Este, además, es el sentido que le asignan a la norma figuras trascendentes de la vida política y jurídica de nuestro país y que fueron protagonistas de la Convención Constituyente del 94, como los doctores Rodolfo Barra, García Lema y Eduardo Menem. En el caso del doctor García Lema, miembro informante de este artículo en la Convención, ante el plenario de comisiones de este Senado nos expresó que, en oportunidad de fundar el inciso 23 del artículo 75, se refirió a la reserva argentina al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, mediante ley 23.849, que extiende la protección de la Convención, aclarando que para el Estado argentino se considera niño desde la concepción hasta los 18 años, y el artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos), como fuentes de derecho del inciso en cuestión. Posición abonada también por prestigiosos constitucionalistas de la talla de María Angélica Gelli, Gregorio Badeni, Néstor Pedro Sagüés, Fernando Toller, Vanossi, Alfredo Vítolo, entre otros.

Así las cosas, a partir de 1994, nuestra Constitución y los tratados internacionales de rango constitucional incorporados mediante el artículo 75, inciso 22, entre ellos la CDN, conforman un bloque de constitucionalidad infranqueable que, al decir del doctor Eduardo Menem, es un “canto a la vida”.

Respecto de los tratados internacionales, solo me referiré a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU, que en su artículo 1º señala que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad”.

Nuestro país, al ratificar dicha convención mediante la ley 23.849, realizó una declaración interpretativa con relación al artículo 1º de dicha convención, declarando que ese artículo debe interpretarse en el sentido de que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad”.

En los plenarios hemos escuchado voces en el sentido de intentar quitarle valor a dicha declaración, por el simple hecho de no llamarse “reserva”, lo cual implica un serio desconocimiento de las reglas que rigen en materia de derecho internacional.

Y es que, en materia de derecho internacional, los tratados obligan a los Estados parte en las condiciones en que cada uno ha decidido obligarse, esto es, en las condiciones de su vigencia, tal y como lo establece el artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional. Un Estado puede modificar las condiciones y los efectos de un tratado para sí mismo, introduciendo reservas. Y es que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que las “reservas” consisten en una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado –artículo 2º, inciso 1, d)–.

En otras palabras, no importa que la ley 23.849 denomine “declaración”, ya que la misma Convención de Viena aclara “cualquiera que sea su denominación”. Importa la clara y manifiesta voluntad del Estado argentino de modificar los efectos jurídicos de la CDN y ampliar la cobertura de los derechos allí reconocidos, reafirmando el inicio de la existencia del niño desde la concepción.

 

 

Esas son las condiciones de vigencia de la CDN para el Estado argentino. Y ella, como ya se ha dicho, tiene jerarquía constitucional.

Como lo señalábamos anteriormente, el proyecto pretende presentar un conflicto entre el derecho a la vida del niño por nacer y el derecho de la mujer al ejercicio de la autonomía de su voluntad. Frente a este aparente conflicto, el proyecto propone sacrificar la vida en gestación y privilegiar la autonomía de la voluntad de la mujer embarazada.

Frente al dilema de un embarazo no deseado, no planificado, y una mujer en situación de vulnerabilidad, en lugar de instrumentar medios para abordar el problema de manera integral y atacar las causas del aborto, el proyecto pretende crear una falsa disyuntiva: uno u otro. Y se inclina por tomar un atajo y legalizar la práctica que terminará con la vida del niño por nacer. Una práctica indeseable para la mujer, como también lo han sostenido de manera coincidente todos los expositores.

Se ha sostenido, para justificar que el derecho a la vida del niño por nacer ceda ante la autonomía de la voluntad de la mujer, que la protección de la vida en gestación es “incremental” de acuerdo al grado de desarrollo o al tamaño. En verdad no hay ningún hecho biológico que permita establecer un corte y justificar un antes y un después. El ser humano no es incremental.

Lo que se da incrementalmente es la “capacidad jurídica”, no la personalidad jurídica, que es única. Se puede ser más o menos capaz, según la edad o distintas circunstancias. Pero no se puede ser más o menos persona.

Las teorías que sostienen ideas de “cuasi personalidad” o “carácter incremental” de la persona (sostenida por la civilista Aída Kemelmajer ante el plenario de comisiones) son para el derecho cosas del pasado. Tal y como sucedió a lo largo de la historia de la humanidad con los negros, los pueblos originarios, los judíos. Razones de orden étnica o religiosa fundaron la disminución de la “condición de persona” de ciertos grupos y justificaron su sometimiento o extinción.

Considerar aplicable a esta altura de la historia semejante discriminación implica un claro retroceso en materia de derechos humanos. Semejante teoría no tiene nada de progresista, es claramente retrógrada, porque implicaría aceptar “categorías” de personas.

Por otro lado, la propuesta del proyecto en revisión restringe el alcance de la protección del derecho a la vida y a la integridad física del niño por nacer, que goza de la más alta tutela, tal como se ha analizado, y se constituiría en una medida regresiva, violatoria del principio de progresividad y no regresión en materia de derechos humanos. Absolutamente inadmisible en una sociedad civilizada.

Consagrar la garantía propuesta en el artículo 4º del proyecto implica dejar la vida del ser humano no nacido a merced de la voluntad inapelable de otro ser humano, acto prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Paradójicamente, se dejaría la vida del niño por nacer a merced de la misma persona que, según nuestro ordenamiento jurídico, es uno de sus representantes legales.

Durante el plenario, incluso en el recinto de la HCDN, hemos escuchado argumentos respecto de supuestas “exigencias” de organismos internacionales para la legalización del aborto en nuestro país, como el caso de la recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño, emitida el pasado 1º de junio de 2018. Resulta necesario echar luz sobre ésta cuestión, ya que en un tema tan serio y sensible para nuestra sociedad debemos hablar siempre con la verdad por delante.

Lo cierto es que el Comité de los Derechos del Niño es un órgano de naturaleza subsidiaria, creado por la propia CDN para dar seguimiento a su implementación. Las denominadas “observaciones finales” son, conforme los términos de la misma convención, “sugerencias y recomendaciones generales”. No son obligatorias ni vinculantes para los países que las reciban y solo pueden versar sobre obligaciones asumidas por los Estados en dicho tratado internacional.

El comité no representa a los Estados parte de la convención. Su integración es cambiante y no existe autoridad ni mecanismo alguno que supervise el contenido del trabajo del comité, por lo tanto, las “recomendaciones” que formula dependen exclusivamente de la posición personal de los integrantes de turno.

En el caso de la “recomendación” formulada a la Argentina el pasado 1º de junio, a raíz de la presentación por parte del Estado argentino del informe periódico de 2016, el comité recomendó: “Asegurar el acceso al aborto seguro y servicios de cuidados post aborto para las adolescentes, asegurando que sus puntos de vista sean siempre escuchados, y se les de la suficiente consideración como parte del proceso de toma de decisión”.

Con esta recomendación, y a la luz de las reglas de funcionamiento y de las condiciones de vigencia de la CDN para la República Argentina, se advierte una clara extralimitación de las funciones y facultades del comité. Pero aun así, reiteramos, representan la opinión personal de los integrantes del comité: son simples recomendaciones y no obligan a los Estados.

Un dato importante a tener en cuenta para reafirmar la falta de supervisión de las tareas del comité es la opinión oscilante en el mismo tema. Veamos:

 

 

Al mismo tiempo que el comité recomendó a la Argentina asegurar el acceso al aborto seguro, solicitó a Angola educar sobre las consecuencias negativas del aborto (CDN, observaciones conclusivas de los informes periódicos 5º al 7º combinados, presentados por Angola, 27 de junio 2018).

Por otro lado, Lesoto, un país con legislación más restrictiva en materia de aborto que la Argentina y con un índice de mortalidad materna siete veces superior, no recibió ninguna sugerencia al respecto (observaciones conclusivas del 2º informe periódico, 25 de junio 2018).

A Montenegro se le señaló con preocupación la continua práctica del aborto selectivo en razón del sexo y el comité le pidió atender las causas de raíz de dicha práctica y concientizar sobre el impacto perjudicial que esto tiene en la sociedad en razón del igual valor de niños y niñas.

No puedo dejar de referirme a una supuesta obligación internacional de legalizar el aborto, sostenida por algunos expositores en el plenario.

Al respecto, no existe ninguna norma de derecho internacional que obligue al Estado argentino a establecer semejante obligación. No existe ningún tratado o norma vinculante para la Argentina en tal sentido. Y, si existiera, sería contraria a nuestro derecho interno y chocaría con nuestro bloque de constitucionalidad.

Pensar siquiera la posibilidad de que existiera una obligación de tal naturaleza, significaría lisa y llanamente la abdicación, la renuncia, de nuestra soberanía social y política al tolerar que intereses externos determinen la imposición de leyes en la Argentina.

Legalizar no es lo mismo que despenalizar. El proyecto en revisión no despenaliza a la mujer, sino que legaliza. Pretende garantizar un derecho que no existe ni puede existir en la Argentina, pues sería contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico.

Por todas las razones expuestas y otras que no es posible enunciar en razón del tiempo, el proyecto en revisión no supera el test de constitucionalidad.

 

  • La eficacia de la media sanción como herramienta para resolver el drama del aborto

Todos los expositores que hemos escuchado han coincidido en que el aborto es un drama. Que ninguna mujer toma esta decisión con alegría. Que es un proceso muy doloroso, que no es algo bueno ni deseable. Nótese: esta es la segunda coincidencia.

Cabe preguntarnos: ¿es la legalización del aborto el medio adecuado para el fin social compartido por todos: evitar la muerte de mujeres?

Se ha intentado plantear la cuestión desde una perspectiva sesgada, como si fuera  exclusivamente un problema de salud pública y de políticas sanitarias. Indudablemente que es un problema de salud pública, pero no solo de salud pública: es un problema multidimensional.

Pero, desde la perspectiva de la salud pública, hemos escuchado durante este tiempo –y hasta casi se ha instalado en la conciencia social– que mueren miles y miles de mujeres a consecuencia del aborto clandestino. Lo cierto es que las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Salud (ratificadas por el ministro de Salud ante este Senado) indican que durante 2016 hubo en la Argentina 245 muertes maternas, de las cuales 31 fueron por aborto inducido.

Esta cifra representa el 0,4 por ciento del total de las 7.936 muertes de mujeres en edad gestacional durante el período 2016.

En la mayoría de las provincias, incluidas La Rioja, Río Negro, Chubut, Chaco, Misiones y otras, hubo cero muertes. Un par de provincias con una, 2, 3 y 4. Y la cifra se dispara en Buenos Aires, con 13.

En el mismo año, murieron en la Argentina 525 mujeres por desnutrición, 585 mujeres se suicidaron, 32.500 mujeres murieron por cáncer, 49.700 por enfermedades cardiovasculares… Y la lista sigue: un total de 171.408 muertes de mujeres durante el mismo período.

Las muertes por aborto provocado representan un 0,01 por ciento de muerte femenina y ni siquiera es la principal causa de muerte materna.

La principal causa de muerte materna en la Argentina es la falta de condiciones para el parto seguro: 170 muertes maternas por partos mal tratados, por falta de insumos, de recursos, de personal. En definitiva: por desidia, ausencia de voluntad política y falta de presupuesto.

El aborto no es la principal causa de muerte de mujeres en edad reproductiva en la Argentina. Se ubica en el puesto número 40, detrás del cáncer de mama, de los accidentes, de las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Ninguna mujer debería morir por causas evitables. Pero, a la hora de definir prioridades para establecer políticas públicas en materia de salud, las estadísticas son fundamentales. Debemos legislar con la verdad sobre la mesa y con la precisión de los datos.

La contundencia de los números me exime de mayores comentarios.

 

 

Ahora bien, intentando responder a la pregunta inicial: ¿es el proyecto en revisión la herramienta adecuada, idónea y eficaz para resolver el problema?

Desde esta perspectiva, se impone la respuesta negativa. La media sanción no resuelve el problema.

De hecho, en los últimos 15 años en la Argentina se ha logrado reducir la mortalidad por aborto en un 53 por ciento, conforme lo ha expuesto la licenciada María Elena Critto ante el plenario. Y esto se ha logrado sin legalizar la situación dolorosa del aborto.

Se ha dicho entonces que se trata de “ampliación de derechos”.

En una sociedad democrática y civilizada no es posible pensar en ampliar derechos sobre la base de eliminar los derechos de otro ser humano. El ejercicio de un derecho no puede implicar la negación del derecho del otro.

¿En qué momento nos convertimos en una sociedad que, para resolver un problema de salud pública, pretende colocar la vida del ser humano a merced de la voluntad inapelable de otro ser humano? Actos de semejante naturaleza están expresamente prohibidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. No podría este Congreso avanzar en tal sentido, sin violentar abiertamente la Carta Magna.

¿Cuándo la supresión de la vida de otro ser humano se convirtió en el camino para ampliar los derechos de las mujeres? Es inviable en nuestro sistema constitucional, atento a que el derecho a la vida goza de protección supralegal, conforme lo desarrollamos al principio.

Escuchamos también en estos días, relacionado con la supuesta “ampliación de derechos”, que la legalización del aborto sería una medida progresista.

El progresismo sin dudas implica un avance, algo novedoso, un cambio en sentido axiológicamente positivo. Justo es reflexionar en este sentido: una medida será progresista siempre y cuando nos lleve lograr un mayor grado de bienestar. Es decir, será progresista una medida no en relación a su condición de novedad (es sabido que hay novedades que atrasan), sino a su contenido y si nos ayuda al resultado buscado por todos: mejorar la vida de la sociedad y de las mujeres en particular.

No hay mayor progresismo, señora presidenta, que seguir la hoja de ruta que nos marca la Constitución de la Nación: allí está nuestro programa de gobierno. Seremos progresistas en la medida en que seamos capaces de generar acciones que nos ayuden a obtener el resultado allí propuesto.

Vuelvo entonces a las coincidencias: el aborto es un drama. No es recomendable para nadie.

¿Qué tiene entonces de progresista?

A esta altura se impone la respuesta al interrogante planteado en este punto: el proyecto en revisión no es el medio adecuado para lograr el fin propuesto de evitar la muerte de mujeres. Y no redunda en un mayor bienestar para la mujer.

 

  • La razón de mi voto

Represento a La Rioja. Un pueblo que fue capaz de hacerse cargo de su destino, entendió el sentido de escribir su propia historia y, a fuerza de poner el cuerpo a las balas, desde Famatina, se hizo escuchar frente al mundo con la consigna: el agua vale más que el oro. La vida no se negocia.

Un pueblo que nos ha elegido en forma mayoritaria para traer a este recinto federal por excelencia su voz y su sentir. Sus valores más profundos. Sus dolores y sus problemas.

Hemos escuchado a nuestro pueblo. Hemos conversado con todos, con los que están a favor del aborto y los que creemos que el aborto no es la respuesta al problema.

Y a aquellos que hoy no se sienten representados les decimos que queremos trabajar junto a ellos para intentar superar tantos años de abandono.

Las causas que llevan a embarazos no deseados y al aborto: pobreza, exclusión, falta de acceso al sistema educativo, falta de llegada al sistema sanitario, son los verdaderos adversarios. La deuda de la democracia en la provincia es enorme después de 35 años del mismo gobierno. Esa es la realidad que debemos cambiar, esas son las causas que llevan al aborto clandestino.

Nos avergüenza ser la provincia con más alta tasa de embarazo adolescente. Queremos que todas las niñas, adolescentes y mujeres riojanas tengan igualdad real de oportunidades: acceso a la educación, prevención y contención.

Nuestro compromiso lo dejamos firmado, con sendos proyectos presentados en el día de ayer ante este Senado: ley de garantía de alimentos durante el embarazo, protección integral de la maternidad vulnerable, “descarcelización” de la mujer.

Se nos imputa no haber hecho nada por salvar la vida de las mujeres. Y seguramente en parte tienen razón: la mayoría de nosotros, incluso los que están a favor del aborto, no hicimos nada.

Pero, silenciosamente, miles de argentinos a lo largo y ancho del país están haciendo algo, y mucho. En este tiempo conocimos más de 200 organizaciones no gubernamentales que, con esfuerzo

 

 

propio, recursos propios y mucho amor, cubren la ausencia del Estado y salvan vidas. Aprendamos de ellos para convertir esa acción en políticas de Estado.

La defensa de la vida es, para mí, además de un mandato constitucional, una firme convicción y así lo manifesté cada vez que me propuse representar a mi pueblo.

Mi posición no se sustenta en creencias religiosas, más allá de que, si así fuera, no sería menos valiosa. Se trata de valores, de los valores que abrazamos cuando como pueblo decidimos constituirnos en una Nación jurídicamente organizada. Se trata de preservarnos, de cuidarnos entre nosotros, de educar en solidaridad para avanzar en una sociedad más justa e igualitaria, de avanzar con políticas activas que aseguren un mayor grado de bienestar para todos, de construir la Argentina que queremos, desde el amor por la vida.

Los argumentos de Norberto Bobbio, filósofo italiano, socialista y laico, son contundentes: El 8 de mayo de 1981, en vísperas del referéndum italiano por el aborto, el diario Corriere della Sera publicó una entrevista donde este explicaba sus razones a favor de la vida, resumidas en el imperativo categórico “no matarás”, de la antigua ley mosaica. Para justificar su posición, Bobbio decía: “Es el mismo derecho en nombre del cual soy contrario a la pena de muerte. Se puede hablar de despenalización del aborto, pero no se puede ser moralmente indiferente ante el aborto”.

Ante la pregunta del periodista sobre la sorpresa que causaría en sus amigos laicos esa postura, Bobbio respondió: “Querría preguntar qué sorpresa puede haber en el hecho de que un laico considere como válido en sentido absoluto, como un imperativo categórico, el ‘no matarás’. Y me sorprendo por mi parte de que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar”.

Señora presidenta: mientras debatimos este proyecto, en mi provincia hay paro de los profesionales de la salud, que están en pie de lucha reclamando decisión política, inversión y dignidad para todos los riojanos.

Mientras debatimos este proyecto, en mi provincia se marcha reclamando justicia para las menores víctimas de violencia y abuso sexual. En la marcha, señora presidenta, hay pañuelos verdes y celestes, unidos bajo la misma consigna de justicia.

Este debate sobre el aborto genera, sin dudas, una grieta. Pero no hay grieta imposible de superar cuando un pueblo coincide en la urgente necesidad de proteger a los más débiles. Como decía Leonard Cohen: “Hay una grieta en todo. Solo así entra la luz”.

Porque me duelen las mujeres que abortan; porque me duele el aborto; porque me duelen las causas que llevan al aborto: me duele la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la falta de acceso a la educación y a la salud de miles de mujeres, niñas y adolescentes; porque me niego a elegir entre unas y otros. Nuestra obligación como representantes del pueblo es proteger a los dos. Porque estoy convencida, señora presidente, de que tenemos un destino de grandeza como Nación y ese destino solo se construye siguiendo el programa de gobierno contenido en la Constitución Nacional: defendiendo la vida, la vida de los dos.

 

 

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS

 

Señora presidente:

 

He anunciado públicamente mi decisión de no acompañar la aprobación del proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Corresponde entonces explicar los motivos que sostienen mi posición, pero no lo haré sin antes manifestar que ejercer el cargo de presidenta de la Banca de la Mujer no condiciona mi voto ni me obliga a votar en un único sentido.

Soy lo suficientemente responsable para evaluar una iniciativa, emitir una opinión y definir si acuerdo o no con ella.

En lo particular, en lo referido específicamente a este proyecto, quiero dejar claramente establecido que no hemos entorpecido su tratamiento. De hecho, no tuvo giro a la comisión, lo que oportunamente no compartí, pero acepté en el entendimiento de que se debía habilitar su tratamiento con la mayor celeridad posible.

Finalmente, deseo manifestar que, desde mi condición de militante, siempre trabaje en defensa de los derechos de la mujer y lo seguiré haciendo; pueden dar testimonio de ello miles de mujeres en mi provincia.

Sin embargo, y a efectos de despojarme de las presiones que intentan ejercer para que cambie el sentido de mi voto, pongo a disposición mi renuncia a la Presidencia de la comisión.

 

 

Introduciéndome a la fundamentación de mi voto debo decir que no puedo soslayar la dolorosa circunstancia en que una mujer pierde la vida si se somete a un aborto.

La interrupción de un embarazo es, indudablemente, una tragedia porque pone en riesgo la vida de una mujer y termina abruptamente con la posibilidad de otra vida en desarrollo. Estoy absolutamente convencida de que terminar con un embarazo no deseado de manera violenta es evitable (me refiero a un embarazo producto de una relación sexual consentida).

En este siglo el acceso a la información se encuentra al alcance de todos y el acceso a la salud pública gratuita es una realidad concreta en nuestro país. Sin embrago, el aborto, en muchos casos, es la dolorosa consecuencia de un embarazo no deseado que puede evitarse.

En este país contamos con las herramientas necesarias para hacerlo, pero se necesita del firme y real compromiso del Estado nacional y de los estados provinciales para dar cumplimiento a la aplicación de la legislación vigente, de las familia como facilitadoras de la aplicación de las herramientas  disponibles y de la Iglesia posibilitando y facilitando que se imparta sin obstáculos la enseñanza de la educación sexual integral en todos los niveles educativos en los establecimientos educacionales  en general y en los de carácter confesional en particular.

Como sociedad debemos vencer las barreras que nuestros niños, adolescentes y jóvenes enfrentan al negarles la posibilidad de acceder a una educación sexual y reproductiva integral que los oriente.

Hay que definir e implementar políticas públicas de prevención dirigidas y con la participación de adolescentes y niñas, con especial atención en el abordaje del embarazo precoz, asegurando la información sobre métodos de planificación familiar y la disponibilidad y provisión de métodos anticonceptivos de manera accesible. Cabe aquí solicitar al gobierno nacional que no escatime esfuerzos y recursos en campañas de prevención y en la provisión de los métodos anticonceptivos; ello resulta clave y forma parte de la responsabilidad y del compromiso que se tiene sobre la salud pública. La aplicación plena en todos los establecimientos educativos del país y en todos los niveles escolares de la ley 26.150 de educación sexual integral, ley que establece el derecho de los educandos a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, se constituye en una herramienta valiosísima para educar en la prevención del embarazo no deseado y un reclamo concreto de nuestros adolescentes y jóvenes.

Tengo, señora presidenta, la absoluta seguridad de que también defiendo los derechos de la mujer si defiendo el derecho a la vida. Pero también creo que se hace necesario el acompañamiento y la protección del Estado a aquellas mujeres en estado de vulnerabilidad social, las que, pese a las dificultades, deciden llevar a término su embarazo, asistiéndolas mediante la implementación de acciones de protección que acompañen su estado de gravidez, protegiendo su salud y la salud del niño por nacer. Un sistema que las contenga, que las asesore, las oriente en base a un diagnostico cierto de su situación socioambiental y que le asegure el acceso a atención médica, psicológica y social. En este sentido estoy presentando un proyecto de ley de creación de un sistema de protección de la mujer en estado gestacional. Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el primero y es fuente y origen de los demás derechos humanos. Es entonces que, como legisladores, tenemos la responsabilidad de cumplir con la obligación de protegerla, ya que en la reforma del año 1994 nuestra Constitución Nacional ha incorporado

los tratados de derechos humanos de derecho internacional, donde la manda principal es proteger la vida. La ley 23489, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, estableció en su artículo

2º: “Se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción”, estableciendo, además, en su artículo 6º: “Todo niño tiene el derecho intrínseco de la vida”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone en su artículo 6º: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana y este se encuentra protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Asimismo, el artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), aprobada por la Argentina mediante la ley 23.054, en el que se reconoce que “persona es todo ser humano a partir del momento de la concepción”, con “derecho a la vida”, la que debe ser protegida por la ley, y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

La Constitución de mi provincia, Catamarca, establece con claridad absoluta en el artículo 65, punto 3, “De la niñez”, inciso 1, la protección de la vida desde su concepción.

Realizado este análisis queda claro que el proyecto de legalización del aborto en debate vulnera el derecho a la vida consagrado en normas de jerarquía constitucional. Por su parte, la protección jurídica del derecho a la vida se encuentra contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece en el artículo 19 que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, (título I, “Persona humana”; capítulo I, “Comienzo de la existencia”).

 

 

Consagrada la vida como un derecho humano fundamental, garantizado constitucionalmente y reconocida jurídica y científicamente la existencia de la persona humana desde la concepción, también estamos llamados a proteger la vida del niño por nacer. El derecho a decidir sobre mi cuerpo no me  otorga el derecho a poner fin a interrumpir el desarrollo evolutivo de un ser, de una vida en desarrollo. No hay duda de ello.

Este proyecto legaliza la interrupción voluntaria del embarazo sin límites razonables en el acceso a la práctica, lo que pone en riesgo la integridad psicofísica y social de la mujer en tanto que, vencido el plazo de 14 semanas, habilita el acceso al IVE durante todo el período de gestación. Porque una menor de edad, una niña de 12 años o una adolescente de 13 –aunque acompañada de sus tutores–, con la sola expresión de su voluntad y con consentimiento informado puede acceder a la práctica, pero, ¿están maduras para hacer un aborto? Porque para los casos de violación no es requisito que medie denuncia. Sí, se trata de un delito de instancia privada, pero, ¿no creen ustedes que esta situación, el someterse a un aborto, puede servir para limpiar el honor de un abusador cuando este se produce en el ámbito intrafamiliar? Yo tengo ese temor.

También me parece inviable que en un plazo de cinco días corridos se pueda dar respuesta a los casos que se presenten. Más aún si lo miro con sentido federal, si miro a las provincias como la que represento, donde su dispersión geográfica atrasa los tiempos por las distancias y muchas veces por la escasez de recursos a mano, cercanos, para ser asistidas en un centro de salud, estando los de mayor complejidad en la capital de la provincia.

El proyecto obliga a los establecimientos de salud a garantizar las prácticas de interrupción voluntaria del embarazo estableciendo expresamente la prohibición de objeción de conciencia institucional o de ideario, sin respetar que muchos de ellos desde su fundación trabajan en la protección y defensa de la vida. Me parece que se avanza sobre un derecho que se legitima en su trayectoria.

Comparto con ustedes algunos números de mi provincia, proporcionados por el Ministerio de Salud. La tasa de mortalidad materna para el año 2016 es de 1,6 casos por 10.000 mujeres; mientras que los casos de embarazos adolescentes en el año 2014, la cifra era de un 23,8 por ciento, reduciendo en el año 2017 a un 19,5 por ciento. Esta disminución se debe principalmente a las políticas públicas implementadas desde el gobierno de la provincia mediante la ejecución de programas de salud integral del adolescente, de salud sexual y procreación responsable, por convenio con UNICEF, programa sobre salud sexual de la y los adolescentes desde la perspectiva de género, escuelas saludables, solo por mencionar algunos.

Respecto del aborto, les cuento que en la Maternidad Provincial funciona un área de consejería de reciente creación cuyo objetivo se orienta a disminuir la posibilidad que las mujeres tengan que recurrir a abortos provocados, con buenos resultados.

Respecto de intervenciones producto de abortos que se presumen clandestinos, en 2016, de tres muertes, dos fueron maternas por shock séptico que se presentaron en la maternidad.

Para concluir, quiero manifestar mi preocupación por la falta de respeto hacia quien piensa diferente, sobre el grado de intolerancia y violencia con que se pretendió ejercer influencia sobre la decisión de los senadores y del grave nivel de agresión con que se enfrentaron los militantes de una posición y otra. Estas conductas no contribuyen a fortalecer el sistema democrático; por el contario, lo debilita.

Para cerrar, destaco el trabajo del plenario de comisiones y la presencia de todos los oradores de diferentes disciplinas y representaciones que concurrieron al Senado para manifestarse sobre el tema. Y agradezco las miles de demostraciones de apoyo y acompañamiento que recibí por diferentes medios de mi provincia y de todo el país. Destaco las palabras de la Rama Femenina del Partido Justicialista de Catamarca; de la Agrupación Mujeres Comprometidas Peronistas de Catamarca; de la Asociación de Mujeres de Ayuda Mutua; de la Asociación Paradigma del Derecho, también de mi provincia; agradezco al Movimiento Peronista Unidos del Sur; al grupo “La Manada”, Catamarca, en la persona de su administrador, y a todos los compañeros que de manera individual se pronunciaron en solidaridad contra los ataques que sufrí y en apoyo a mi posición y, por supuesto, a mis amigos y familia, que son el sostén en los momentos más complejos.

Si hoy no fuera ley, el debate sigue abierto y ha dejado de ser tabú en la República Argentina.

 

 

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI

 

Señora presidente:

 

 

En primer lugar, el proyecto desconoce la realidad inobjetable de la existencia de vida humana desde la concepción, tal como de manera contundente y por diferentes vías ha revelado la ciencia. La genética, la biología celular y la embriología, entre otras disciplinas, han tenido notables avances en los últimos tiempos, dejando fehacientemente establecido el momento preciso de inicio de la vida humana.

El niño y la niña por nacer en el vientre de su madre es una persona humana que tiene un valor en sí mismo, independientemente del efecto que pueda causar en un tercero. Por ello, merece nuestro total respeto y un reconocimiento equitativo en relación al resto de los seres humanos ya nacidos. Mucho más teniendo en cuenta la total imposibilidad de “autodefensión” en el que se encuentran durante la gestación.

El verdadero progreso o avance de los países se mide, ante todo, por la forma en que se protege a los más necesitados. ¿Qué hay más necesitado que un niño por nacer? El falso progreso, en cambio, es aquel que otorga mayores derechos y autonomía a los más fuertes, a costa de afectar derechos o directamente eliminar a los más débiles.

Los autores del proyecto no han revelado su postura sobre el origen y valor de la vida humana, pese a que proponen ciertos momentos y situaciones concretas para justificar la terminación del niño o niña por nacer. A pesar de esa carencia elemental del texto de la iniciativa, se favorece una legalización amplísima del aborto voluntario, estableciendo una suerte de línea imaginaria en torno a las 14 semanas de gestación. Dicho límite carece de cualquier fundamento científico o legal para establecer que en ese momento se iniciaría la vida humana.

Más allá de la evidencia científica contundente, el proyecto es abiertamente inconstitucional. Se violan de manera clara y evidente tratados con rango constitucional, reconocidos en el artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna. En primer término, el proyecto va en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Asimismo, esta iniciativa va en contra de la Convención sobre los Derechos del Niño, también con rango constitucional. El Congreso de la Nación no puede sancionar una norma de rango inferior que viole una norma de jerarquía superior. De concretarse, sería un acto totalmente irresponsable e ilegal.

Por otra parte, el proyecto establece un aparente derecho a la objeción de conciencia. Pero, en realidad, resulta discriminatorio en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, al crear un registro que viola los artículos 2º y 7º de la ley 25.326, de habeas data, ya que se obliga a los objetores de conciencia a brindar a las autoridades datos sensibles que pueden revelar convicciones religiosas, filosóficas, ideológicas o morales.

El proyecto penaliza a los profesionales médicos que pretendan evitar la muerte de una persona, algo que va en contra de los principios hipocráticos más elementales. Se califica erróneamente al aborto como acto médico, cuando si hay algo que caracteriza a un médico es actuar a favor de la vida y de la integridad física de las personas. El proyecto incluso obliga a los objetores de conciencia a realizar abortos en caso de peligro a la vida o la salud de la mujer. Para ello, se ampara en conceptos ambiguos, pasibles de todo tipo de interpretaciones.

Asimismo, el proyecto dictamina, en su artículo 15: “Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”. La iniciativa viola así el derecho constitucional contemplado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna “de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto”, como así también la limitación expresa, prevista en el artículo 28, de no alterar estos derechos.

Los artículos 13, 14 y 15 del proyecto condicionan a través del poder de coerción estatal, bajo amenaza de sanciones administrativas y penales, el accionar de los profesionales y establecimientos de salud, aboliendo la objeción de conciencia institucional. A su vez, el proyecto deja en un estado de total desprotección jurídica a los demás profesionales del establecimiento de salud que eventualmente decidieran ser objetores de conciencia.

Cabe resaltar también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictaminado en el caso “Bahamondez” (1993): “La libertad de religión es particularmente valiosa, asegurando en el artículo 14 de la Constitución Nacional el derecho de todos los habitantes de profesar libremente su culto. Por lo tanto, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia tiene raigambre constitucional, consistiendo esta última en no ser obligado a un acto prohibido por la propia conciencia, sea que la prohibición obedezca a creencias religiosas o a convicciones morales”.

El proyecto también toma como referencia una amplísima definición de “salud”, por la cual todo embarazo no deseado eventualmente podría poner en peligro la salud “psíquica y social de la persona gestante”, para lo cual esta requeriría atención médica inmediata e impostergable, en un plazo máximo de cinco días. Esto deja la vida los niños y niñas por nacer a merced del total arbitrio de un tercero.

En tanto, el proyecto también desconoce el principio de igualdad y no discriminación en relación al derecho del padre a oponerse al aborto, o no, y defender así el derecho a la vida, o no, del niño/a por nacer. Es decir, de su propio hijo/a.

 

 

Cabe destacar que rige desde 2006 la ley 26.150, del programa nacional de educación sexual integral, sin perjuicio de mejoras que podrían realizarse en su formulación e implementación, pero jamás a costa de suprimir derechos fundamentales protegidos por nuestra Constitución.

El proyecto tiene, asimismo, un claro sesgo antifederal, nota fundamental de la forma de gobierno adoptada en el artículo 1º de nuestra Constitución. Invocando la figura del “orden público”, el proyecto pretende obligar a las provincias a financiar la iniciativa, sin consulta alguna acerca de su capacidad presupuestaria.

Para concluir, es preciso atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen principalmente de nuestra realidad socioeconómica y de la falta de educación e insuficiente promoción de información sobre prevención de embarazos no deseados. Entiendo que existe amplio consenso político en la necesidad de afrontar y buscar una solución integral al drama del aborto. Ese debiera ser el camino a seguir.

De ninguna manera la solución a esta problemática puede ser a costa de legalizar el aborto. Tampoco esa solución puede ser a expensas de avasallar potestades y derechos fundantes de nuestro sistema institucional, expresamente reconocidos en la Constitución Nacional. Como representante de Entre Ríos, una de las provincias cuna del federalismo y del constitucionalismo argentino, jamás podría permitir el avance de un proyecto que implique semejante retroceso institucional.

 

 

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR REUTEMANN

 

Señora presidente:

 

El tema del aborto, en cualquiera de sus aristas posibles, es del todo conmovedor, por lo que no hay espacio para las falsas alegrías. Se trata de una de esas decisiones límite de las que no puede salirse indemne, como si nada hubiera acontecido. Ello vale fundamentalmente para la persona que aborta, desde luego, pero lo propio le sucede a todo el entorno familiar y al círculo de relaciones de una madre que, siendo la máxima sufriente, nunca puede ni debe quedar sola.

En cualquier caso, privarle la posibilidad de vida a un ser en estado de gestación es siempre un hecho conmovedor. Y ello, a pesar de haberse meditado suficientemente una decisión tan extrema, a pesar de las condiciones socioeconómicas insatisfactorias por las que se pueda estar atravesando o a pesar de estarse en presencia de un embarazo no querido.

Se ha dicho, basándose en una situación real que nadie desconoce, aunque avalando la posición con cifras que no siempre parecen pasar el test de razonabilidad, que lo que debe primar es la consideración de la situación de quienes forman parte de los sectores más desfavorecidos que pueden hallar la muerte en el marco de abortos clandestinos realizados en las peores condiciones.

Todo eso es cierto, es un asunto penal, es un asunto sanitario, es particularmente alarmante lo que le sucede a las personas desfavorecidas. Lo que no debe derivarse de ello es que la solución legislativa solo tenga en cuenta uno de esos factores sin ver la cuestión desde una perspectiva integral y más profunda, que incluya desde los alcances y la viabilidad de las políticas públicas hasta una mirada ética (particularmente bioética), filosófica, espiritual y axiológica.

Podría creerse que, dejando por un momento cierto relativismo cultural al que suele quedar asociada la modernidad, deberíamos regresar a una perspectiva metafísica que nos recuerde la importancia de la vida, su necesidad, la posibilidad de que todo tenga un sentido, la vigencia permanente de un ancestral misterio de la existencia que se renueva en cada generación, en cada persona, en cada ser que merece ser parte de este proyecto que se denomina humanidad.

Por supuesto que se comprende perfectamente, señora presidente, la angustia de las mujeres que quedan embarazadas sin haberlo deseado, siendo muchas veces, aunque no siempre, víctimas de un contexto cultural en el que se advierte el fracaso de los programas de salud sexual y reproductiva.

Por supuesto que se comprende, también, la situación por la que pasan cientos de mujeres que, frente a un escenario traumático, meditan y en muchos casos adoptan la decisión de abortar.

En este sentido, es particularmente dolorosa la situación de personas que ven transcurrir sus días en condiciones de marginalidad, miseria, indigencia, pobreza extrema, carencia de un proyecto de desarrollo de la propia vida que terminan por acudir a prácticas en las que impera la clandestinidad y la explotación de la desesperación ajena.

¡Qué poco hemos hecho por esas personas como sociedad!

Comprendiendo perfectamente toda esta situación, lo que no se puede ni se debe compartir es la solución jurídica que se le quiere dar a una problemática tan delicada. No se soluciona la cuestión privándole la vida a quien tiene todo el derecho de nacer. Se lo soluciona con más educación,

 

 

fortaleciendo el sistema sanitario, dando mejores condiciones culturales y económicas a los habitantes del país, de forma tal de que se llegue a un embarazo desde el deseo, la información y la decisión responsable, dándose todas las condiciones para que luego el nuevo ser pueda desarrollar plenamente toda su potencialidad.

Desde el punto de vista legislativo, por las razones dadas y por otras más puntuales que luego daré, anticipo claramente que rechazo toda posibilidad de aprobar el proyecto de ley que estamos considerando

La persona por nacer es un ser según las opiniones científicas más reconocidas.

La Academia Argentina de Medicina se ha pronunciado claramente en el sentido de que el niño por nacer, científica y biológicamente, es un ser humano cuya existencia comienza en el momento de su concepción.

Al respecto se ha expresado diciendo: “Que destruir a un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. […] Que el pensamiento médico a partir de la ética hipocrática ha defendido la vida humana como condición inalienable desde la concepción”.

Este consenso en asignarle calidad de persona a los seres por nacer ha sido receptado desde una perspectiva legal en el país y en el exterior.

Incluso la Argentina ha consagrado el día 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer en una decisión pionera que fue seguida por otros países del mundo. Esa conmemoración proviene del decreto 1406/98, en el cual se expresa como fundamentos: “Que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. […] Que el derecho a la vida no es una cuestión de ideología ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana. […] Que la calidad de persona, como ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, deviene de una prescripción constitucional y para nuestra Constitución y la legislación civil y penal, la vida comienza en el momento de producirse la concepción”.

Por otra parte, en este proyecto se admite la objeción de conciencia únicamente a título individual y con una inscripción previa.

Acá no se habla de privacidad ni de discreción: el médico que no desee practicar abortos deberá anotarse en un registro.

La objeción de conciencia es solo individual, no vale para los establecimientos aunque el aborto sea una práctica contraria a sus idearios.

No se admite la objeción de conciencia por parte de una entera institución. Para que quede claro, hospitales fundados y administrados por congregaciones religiosas –que son muy numerosos en nuestro país, pensemos en el Sanatorio Mater Dei, el Hospital Austral o las muchas clínicas adventistas, por citar algunos– estarán igualmente obligados a practicar abortos aunque eso vaya en contra de su ideario o de la misión con la cual fueron creados.

Obviamente la ley fija una cobertura total para esta práctica en hospitales, obras sociales y prepagas. La gratuidad del aborto es para todas, sin privilegiar a las mujeres de escasos recursos, aunque supuestamente esta ley les estaba destinada.

Desde el punto de vista jurídico, los proyectos de ley que permiten la interrupción voluntaria del embarazo no superan el test constitucional.

Nadie puede desconocer, que el derecho argentino, en disposiciones con jerarquía constitucional, determina la existencia de persona humana desde el momento mismo de la concepción.

La legislación vigente no deja duda al respecto. Así lo establece el artículo 1º de la Convención sobre Derechos del Niño, con la declaración interpretativa formulada por nuestro país al ratificar el tratado conforme la exigencia establecida en el artículo 2º de la ley 23.849, el cual dispone que “se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”.

Está claro que el niño por nacer es un sujeto de derecho, como lo reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el inciso 1 del artículo 4º expresa: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

En este mismo orden de ideas hay que resaltar que el aludido Pacto de San José de Costa Rica, que fue suscripto en 1969, tiene rango constitucional dado que su última reforma, llevada a cabo en 1994 en la Argentina, ha incorporado con esa clase de jerarquía una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Congreso de la Nación.

El Congreso no puede sancionar una norma que viole normas de jerarquía constitucional, conforme lo dispone el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución. Para ello debe instar previamente su reforma.

 

 

Esta misma clase de reconocimiento se deriva de otra prescripción del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, cuando expresamente se indica que corresponde al Congreso: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. Está claro que, para que el niño pueda disponer de los beneficios de un régimen de seguridad social, debe tener asegurada una condición previa: que se le permita nacer.

También los distintos códigos nacionales y provinciales de nuestro país contemplan prescripciones sobre los niños por nacer. En este sentido, y para no ser del todo extensos y enumerativos, bástese con señalar que, en el artículo 19 del Código Civil y Comercial aprobado por ley 26.994, se plantea que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”.

Particularmente, como Cámara que ejerce la representación de los intereses de las provincias (y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), no se puede dejar de señalar el hecho de que una legislación nacional en la materia no puede significar un avance respecto de las autonomías provinciales.

Al respecto, en muchas provincias argentinas sus propias legislaciones, incluso en las de orden constitucional, se prevé el derecho de la persona por nacer, como, por ejemplo, en el caso de las provincias de Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Salta, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Rechazo la media sanción de Diputados o modificaciones cosméticas, como la reducción de catorce a doce semanas para poder tomar la decisión, que puedan hacerse a un régimen que, como he dicho antes, no procura despenalizar, sino que legaliza el aborto.

De suceder lo que no comparto, mucho me preocupará que el aborto no se convierta en otra práctica anticonceptiva más o que se alienten prácticas eugenésicas. Otros han manifestado su inquietud en el sentido de que, con el aborto, no se ejerza un control poblacional, en particular evitando el crecimiento de los núcleos de familias de las personas socialmente más humildes.

La decisión del aborto, con ley o sin ella, teniendo como centro a la mujer embarazada, no debería ser tomada en soledad. Se ha asegurado que así se respeta absolutamente el criterio de personas que son “dueñas de su cuerpo”. Bajo esa consigna se oculta el hecho de que la persona por nacer no es un mero órgano de la madre gestante, sino un ser que tiene vida y que merece ser protegido.

Fue dicho, y nunca habría que dejar de remarcarlo. Las personas por nacer tienen vida desde la concepción: no son simplemente un conjunto de células y tejidos; no se los puede ni debe “cosificar” desembarazándose de su existencia; no se debería hacer referencia a ellas con cierto desdeño, como cuando se los simplemente denomina “fetos” o “embriones”; detentan derechos (incluso sucesorios); poseen huellas dactilares; tienen ADN; son, en definitiva, una persona independiente de la madre gestante. Una persona a la que se debe proteger.

La madre merece por cierto toda nuestra consideración, pero en ese caso hay alternativas. La de que se contribuya a la mejora su situación de vida; la de que acceda al sistema de salud integral y, fundamentalmente, al alcance de los programas de salud sexual y reproductiva; la de que cuente con un acompañamiento obstétrico; la de que tenga la posibilidad de dar a las criaturas en adopción; la de que disponga de una asistencia de un Estado que debe estar presente en todo momento, en el proceso de gestación y en el camino de evitar los embarazos no deseados.

Todos los que estamos aquí hemos podido ser partes de este milagro que significa vivir. Toda persona por nacer tiene eventualmente algo muy importante para aportar a un proyecto común denominado humanidad. Toda persona, que lo es desde el momento en que fue concebida, tiene el derecho de crecer y desarrollarse, primero dentro del útero materno y, más tarde, seguramente tras un sollozo al ver por vez primera la luz, fuera del seno de quien lo ha gestado.

Así las cosas, en esta disyuntiva de hierro de la forma en que se ha encarado este debate, me coloco en defensa de los intereses de los más débiles, de quienes aún no pueden hacerse oír, de quienes reclaman y merecen la oportunidad de ser.

Por todo lo dicho, señora presidente, habré de rechazar con mi voto el proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

 

 

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR MENEM

 

Señora presidente:

 

Estamos hoy aquí debatiendo acerca de un proyecto de ley que debe ser absolutamente  rechazado por este Honorable Senado de la Nación. Se trata de un proyecto viciado en cuestiones

 

 

trascendentes, que podemos sintetizar en: 1) vicios morales y antropológicos, 2) vicios políticos, 3) vicios jurídicos constitucionales, 4) vicios jurídicos de legislación común.

Ya he recordado en otra oportunidad que cuando me toco ejercer la máxima dignidad y responsabilidad conferida por el pueblo de la Nación, mi gobierno hizo honor a sus compromisos electorales de respetar y hacer respetar toda vida humana, en cualquier circunstancia.

A nadie engañamos ni sorprendimos; no actuamos de manera artera y oportunista. El pueblo que me votó –como también el que no lo hizo– sabía perfectamente que estaban eligiendo, o rechazando, a un presidente profundamente comprometido, en lo que aquí importa, con la protección de la vida del niño por nacer y de su madre que, en cualquier circunstancia, es la principal realizadora del mandato –ya lo consideremos divino o natural, pero, en todo caso, evidente por sí mismo– de engendrar un ser humano en el permanente proceso de la continuación de la especie.

Así, continuando con la histórica posición internacional de nuestro país y de las enseñanzas de Perón y Eva Perón, fui enérgico en la defensa de la vida del ser humano desde el mismo momento de su concepción. Esta fue una clara convicción de nuestros padres fundadores y de nuestra legislación civil, respetada y sostenida aún por los gobiernos de orientación más profundamente laicista. Es la enseñanza que siempre se impartió en nuestros hogares, escuelas, iglesias y templos de todas las confesiones que se instalaron y desarrollaron en el suelo argentino al amparo de la más absoluta libertad de cultos garantizada por nuestra Constitución. La defensa de la vida desde la concepción acompañó también al desarrollo y consolidación del federalismo y así fue proclamada y garantizada en gran parte de las constituciones provinciales.

Es la Argentina profunda la que reclama el respeto por la vida de nacidos y no nacidos, que reclama solidaridad y ayuda integral para la mujer embarazada con problemas, tal como lo exige el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, en la reforma de 1994, que mi gobierno impulsó. La misma norma impone al Congreso asistir al “niño” (así lo califica jurídicamente) en situación de desamparo, desde el momento mismo del inicio del embarazo, protección que estaría muy lejos de brindarse (se trataría de una verdadera contradicción absoluta) de aprobarse el proyecto de aborto libre y eugenésico que hoy está analizando el Congreso.

Aborto libre, o más bien arbitrario, porque hasta un momento tan avanzado como la semana 14 de embarazo, cuando el niño hasta morfológicamente exhibe el esplendor de su humanidad, el proyecto autoriza su muerte sin necesidad de invocar razón alguna. Aborto eugenésico, porque permite la muerte del niño sujeto a determinadas afecciones, haciendo recordar desgraciadas y diabólicas experiencias históricas que todos reconocemos como vergüenza del género humano.

La defensa de la vida desde la concepción y en todas las etapas de la vida es, ciertamente también, mi convicción personal, explicitada al electorado tanto provincial como nacional en las ocasiones en que le solicité, en mi provincia natal y en la Nación, el apoyo a la política de humanismo integral que el justicialismo llevó adelante conforme con las circunstancias en las que le tocó gobernar. Por la defensa integral de los derechos humanos, fundamentalmente el de la vida, estuve privado de mi libertad en condiciones de severo confinamiento por grupos que, al usurpar el poder del Estado, demostraron su total desprecio por la vida humana.

Por tales razones, impulsé la adhesión de nuestro país a la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo presente el compromiso logrado en su discusión previa, para permitir su firma tanto por países abortistas y no abortistas, al dejar abierto (para las condiciones de adhesión de cada país)  la fijación del término inicial de la consideración jurídica de “niño”. Así también promoví la que es ley 23.849, según la cual la Argentina adhiere a la convención declarando que se es “niño” desde la concepción. Esta es la condición de vigencia de la convención según la cual ha adquirido nivel constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución reformada en 1994. Este ha sido también el contenido que me permití sugerir a los convencionales constituyentes para su inclusión en el texto constitucional, sobre lo que luego volveré.

Así, por decreto 1406/98 y como representante del pueblo argentino, instituí al 25 de marzo de cada año como Día del Niño por Nacer para recordar y homenajear a la maravilla de la generación de la vida humana. Se trató esta de una afirmación de significación cultural frente a sociedades supuestamente desarrolladas, pero envejecidas moral y culturalmente, que hacen del descarte de los más débiles –y el niño por nacer es, de no ser protegido por la madre, un absoluto desamparado– un vicio que, con la sofística de los perversos, pretenden presentar como virtud.

Desgraciadamente aquellas posturas tan equivocadas también han llegado hasta nuestras orillas, sin que sus impulsores se hayan dignado a consultar abiertamente al profundamente humanista pueblo de la Argentina real, aquel que no se guía por lo políticamente correcto, sino por el sentido común, las tradiciones culturales y la autoevidente moral natural.

 

 

Como lo señalé al inicio de esta exposición, el proyecto de ley que hoy analizamos debe ser absolutamente rechazado por las siguientes razones, que expondré de manera más que sintética.

 

  1. Vicios morales y antropológicos

El por nacer es un ser humano, desde el mismo momento de la concepción. No soy yo un especialista en la materia, de manera que me limitaré a transcribir lo que hace pocos meses –pero conforme a declaraciones varias veces reiteradas a lo largo de los años– ha manifestado públicamente la Academia Nacional de Medicina, con fecha 22 de marzo de 2018, precisamente al inicio del presente debate: “La Academia Nacional de Medicina considera: Que el niño por nacer, científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza al momento de su concepción. […] Que destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano”.

¿Qué más es posible o necesario decir luego de esta terminante declaración? ¿Es que la vida humana nade vale para los sostenedores del proyecto cuyo rechazo propongo?

El embrión humano es un ser de la especie humana, por tanto es un ser humano. Y el ser humano, todo ser humano, es merecedor de la máxima consideración y dignidad por parte de los otros seres humanos, de todos y cada uno de los seres humanos, en cualquier circunstancia.

Precisamente es otro ser humano tanto con respecto a su madre como con respecto a terceros. Recordemos aquella famosa trilogía donde se unen la moral y el derecho: vivir honestamente, darle a cada uno lo suyo (en este caso, el derecho a sobrevivir, a nacer), no dañar a otro.

Nuestra Constitución expresó genialmente estos principios en su artículo 19, permitiendo la intervención de los magistrados cuando la conducta perjudique a un tercero (en este caso, al niño por nacer). El aborto no es una conducta privada, sino una conducta pública sometida “a la autoridad de los magistrados”, esto es, de la ley y de los jueces.

Algunos podrían poner en duda la humanidad del embrión desde la misma concepción. ¿Pueden demostrarlo con, siquiera, algún grado de verosimilitud, que permita superar el “principio de prevención”? Recordemos que, según este, en caso de duda acerca de que una determinada acción comporte un daño moral (no dañar a otro) el agente debe abstenerse de realizarla hasta que la duda quede disipada. Por el contrario, este absurdo proyecto, permite la absoluta y discrecional conducta abortiva hasta la semana catorce, inclusive, de gestación.

 

  1. Vicios políticos

Ya hace casi tres cuartos de siglo que el general Perón, en otra de sus geniales anticipaciones, advertía acerca de la necesidad universal de la protección del medio ambiente y de la especial necesidad de la protección de nuestro medio ambiente, de nuestros recursos naturales, frente a la voracidad de los imperialismos tanto de izquierda como de derecha. Pero a esa concepción tanto cultural como geopolítica, el fundador de nuestro movimiento y de la Argentina con justicia social agregaba una clara y definida concepción demográfica: para evitar que nos dominasen los imperialismos del Norte, el Sur no solo debía unirse, sino también poblarse. Muchos años antes, otro genio fundador de nuestra nacionalidad, Alberdi, enseñaba que “gobernar es poblar”.

Alberdi y Perón identificaron muy bien uno de nuestros más graves problemas, que todavía no hemos podido resolver: la despoblación. Hoy podemos parafrasear la sentencia alberdiana diciendo: soberanía es población.

Los distintos imperialismos del Norte financian a los movimientos antinatalistas en el Sur de nuestro planeta o bien condicionan las ayudas económicas a la implementación de tales medidas, condición a la que ciertos gobiernos débiles se someten, mientras que otros, como el que dignamente me tocó presidir, resisten aprovechando igual los beneficios del sistema financiero internacional sin ceder un ápice a aquellas exigencias.

 

  1. Vicios jurídicos constitucionales

Durante las presentaciones hechas en la Cámara de Diputados y ante este mismo H. Senado, los principales expertos en derecho constitucional de nuestro país han destacado la contradicción constitucional de este proyecto de ley. Entre muchos y destacados juristas, han coincidido en tal postura juristas de distintas tendencias, como Badeni, Vanossi, Gelly, Bianchi, Barra, García Lema, etcétera. Se han expedido también en el mismo sentido las academias con competencia sobre el tema, como así también las principales entidades jurídicas.

 

 

Me permito aquí transcribir la declaración del prestigioso Colegio de Abogados de la Ciudad de Bue